Cartas El Mercurio, Domingo 16 de Mayo de 2010
Señor Director:
Hasta en 2000, la pesca industrial chilena era el ejemplo de máxima ineficiencia económica. Regía protección ambiental con límites máximos de captura, pero la organización productiva era realmente inadecuada. Las empresas corrían para pescar todo lo posible con lo cual rápidamente se entraba en veda. Barcos con tripulantes varados en los puertos y fábricas cerradas con trabajadores desocupados a la espera de insumo era el panorama típico.
En 2001, y luego en 2002, con la Ley Corta de Pesca, se ordena la extracción concediendo cuotas individuales por 10 años a cada empresa preexistente en el sector e imponiendo un impuesto a la captura. Así pasó a ser absurdo tratar de pescar lo más rápido posible. Con ello se necesitaron menos barcos (mayor eficiencia, pues bajaron de 160 en la década del 90, a 60 el 2004), y se pudo avanzar hacia productos de mayor valor para consumo humano de exportación. En los hechos, se posibilitó contar con insumo regularmente dentro del año y además se afirmó la posibilidad de cerrar contratos de largo plazo de carácter exportador, potenciándose la construcción de marcas y redes comerciales. En este último caso, la regularidad de abastecimiento del insumo pasa a ser como en el tema de la uva para los fabricantes de vino, donde la integración vertical de la producción adquiere un sentido y valor mucho más relevante que en otras producciones.
¿Por qué se estableció un período de 10 años? Básicamente fue un acuerdo político para avanzar en el proyecto de ley. Continuar con cuotas individuales por períodos de dos años, como proponían algunos, mantendría la sequía de inversiones. En efecto, sin seguridad jurídica de largo plazo, no habría grandes emprendimientos para agregar mayor valor al insumo. Los diez años, entonces, posibilitaron un acuerdo en el Congreso, pero se sabía que la escasez de inversiones volvería a producirse hacia la segunda mitad de la década, cuando reapareciera la inseguridad legal de la continuidad de las cuotas.
En verdad, este es un sector donde los objetivos nacionales debieran ser proteger el recurso pesquero, cobrar los tributos que corresponda a quienes lo explotan y conseguir una industria eficiente, orientada a la exportación de valor agregado. Ello se potenciará si la propiedad de las cuotas deja de ser un tema de revisión periódica y protegiendo nuestros recursos de la depredación que buques factoría hacen en aguas internacionales.
Para el país, el dilema es cómo acabar con la inseguridad jurídica de un régimen que amenaza cada cierto tiempo con restar valor a una cadena productiva que compite en el exterior. Esto es porque la pesca industrial no consiste sólo en pescar y vender lo extraído.
En consecuencia, si sobreviene un proceso de licitación, la perpetuidad de las cuotas es lo más conveniente. Nuevos entrantes podrían verificarse en el futuro, como en muchas áreas de la economía, mediante adquisición de empresas existentes. Las concesiones periódicas de obras públicas calzan bien en la idea de entregar derechos de explotación de las obras por plazos definidos: terminado su período, el concesionario simplemente traspasa la infraestructura y se va. En la pesca industrial, si se asignaran las cuotas con concesiones periódicas, quedaría todo el resto de la cadena, barcos, fábricas, marcas y redes comerciales hasta el mercado final, habiendo perdido las ventajas de la integración vertical para competir en el exterior.
Jorge Rodríguez Grossi
Decano Facultad de Economía y Negocios
Universidad Alberto Hurtado