Artículo publicado en Observatorio Económico Nº 57, Octubre de 2011
Por Juan Foxley Rioseco, Profesor Facultad Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado
El siguiente párrafo del reciente Informe de perspectivas económicas para América Latina y el Caribe difundido por el Fondo Monetario Internacional ha parecido sorprender a algunos:
“en los países con una presión tributaria relativamente baja (Chile, México, Perú), es necesario llevar a cabo esfuerzos orientados a movilizar ingresos fiscales para atender las necesidades sociales y de infraestructura de la región, tales como los niveles aún elevados de desigualdad y las necesidades insatisfechas de una clase media en rápida expansión”.
La parte más anecdótica de la sorpresa estaría en que el resumen del informe fue leído por un ex-ministro de Hacienda de Chile, país donde cobra vigor la presión por aumentar impuestos. Pero más importante: por lo que revela respecto de los prejuicios de los sorprendidos, está el decir tácito que etiqueta al FMI como un organismo que preferiría impuestos bajos, gasto público bajísimo y Estados pequeños. Aunque no se sostenga explícitamente, se critica que alentar ahora una subida de impuestos sería una suerte de guiño tardío a la justicia distributiva, la misma justicia que el FMI habría menoscabado en su historia de recetas de ajuste macro sobre países en problemas.
Con la misma facilidad y torpeza con que se podría confundir al pirómano con el bombero, los mitos y prejuicios sobre el FMI suelen lograr arraigo en dirigentes inspirados en el voluntarismo populista, tan bien representada en esa frase que mejor ganar elecciones con déficit fiscal que perderlas con superávit.
Pues bien, y en su lugar, antes ir a los datos: todo lo que está diciendo el FMI hoy es aquello que cautela desde su fundación: que la estabilidad económica y financiera (fue creado para preservarla) no pueden sostenerse si las políticas sociales no están adecuadamente financiadas.
Léase: gastos permanentes que no descansen en ingresos permanentes, terminan en apretones de programas públicos y/o “impuesto-inflación” que pagan –¿será necesario recordarlo?– los más pobres.
Y si de examinar mitos y prejuicios se trata, un estudio reciente del propio FMI ofrece datos interesantes.
Primero, el aumento del gasto social se aceleró en los países con programas de ajuste en comparación con los países sin programas. Y más se aceleró en los países de bajo ingreso que tenían programas con el Fondo.
Segundo, la mediana del aumento anual del gasto en educación y atención de la salud en los países de bajo ingreso con programas fue, desde 2000 en adelante, más del doble del promedio de 1985-1999.
El mismo estudio llega a conclusiones aún más robustas cuando controla estadísticamente por variables como la estructura de la población por edades, los niveles de ingreso y las condiciones macroeconómicas.
Un canal importantísimo por el cual fluyen los programas que contribuyen a promover el gasto en educación y atención de la salud es el de los impuestos. Las políticas de sanidad financiera crean así espacio fiscal para la inversión social.
No es cierto, entonces, que la disciplina que imponen las políticas del FMI a países que no la tienen, derive en menos gasto social.
Por otro lado, existen países que aún sin tener programas de crédito con el FMI, se benefician al recibir asistencia técnica específica. Soy testigo, no imparcial, claro. Por varios años me ha tocado participar en misiones de asistencia técnica a bancos centrales en países con PIB menor al chileno. Puedo dar cuenta y fe de la creación de capacidades de análisis y gestión. Por citar uno de entre muchos ejemplos: el aprendizaje para bajar riesgos de pérdida en el manejo de reservas internacionales, en países donde como en ningún otro, las necesitan líquidas y estables.
Así pues, sorprenderse de la contribución del FMI a salvaguardar la estabilidad no debería resultar novedoso. Menos aún si se pretendiere cosecha ideológica de una determinada recomendación sobre impuestos para financiar gasto permanente.
Los mitos y prejuicios ayudan poco a resolver problemas de política pública. El fortalecimiento del gasto social y la asistencia técnica gracias al FMI lo dicen todo.