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rtículo publicado en Observatorio Económico Nº 57, Octubre de 2011 Por Carlos García* *Profesor Facultad de Economía y Negocio UAH, Ph.D. en Economía, Cornell University, Estados Unidos.
Una serie de artículos de opinión y declaraciones de prensa de connotados políticos y expertos en la materia mencionan las diferentes bondades o desventajas que tiene la propuesta de gratuidad en la educación universitaria, o su extensión a toda la educación superior, así como también los aportes basales a las universidades estatales y el nuevo trato entre el Estado y sus universidades, entre otros. Es decir, a ojos de quien opine, una propuesta puede ser tan buena como la contraria, o simplemente un error extremo.
El primer punto es la “gratuidad de la educación superior”. Los grandes beneficiados serían en forma directa todos los estudiantes, sean de universidades, institutos y centros de formación técnica. La primera lectura es que ello significaría un subsidio enorme del Estado a todos los estudiantes y sus familias, lo que crea dos aristas interesantes. La primera es que ello sería una política regresiva, pues los grandes beneficiarios serían quienes más tienen. Se ha argumentado que ello sería incorrecto, puesto que quienes más hoy gastan en educación como porcentaje de sus gastos son los más pobres, con lo cual una gratuidad completa reduciría la desigualdad. Respecto de este punto, interesante como inicio del debate, me parece que una mirada más general no termina en ver el monto relativo de los gastos en educación solamente, pues en un contexto de presupuesto fiscal limitado, los recursos públicos deben competir con otros gastos de igual o mayor impacto social. Así, en tanto los recursos que se destinen a financiar la gratuidad de la educación sean extraídos íntegramente del presupuesto de la nación, la medida tendría un impacto regresivo, pues se desplazarían inversiones que benefician directa o indirectamente a los más pobres, como son el gasto en salud, educación escolar, vivienda, obras públicas y otras.
La segunda arista tiene que ver con que el arreglo institucional actual quedaría completamente fuera de lugar. Hoy existen un conjunto de universidades públicas y privadas, algunas de ellas “tradicionales” y otras nuevas (y sin mayores derechos a fondos públicos), institutos de educación superior y centros de formación técnica. Por de pronto, la gratuidad generalizada rompería una serie de privilegios que tienen las actuales universidades estatales y muchas de las privadas tradicionales (Pontificia Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Concepción, Universidad católica del Norte, etc.), todas ellas agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). Entre los privilegios más importantes se cuentan los aportes directos del Estado (desde el presupuesto de la nación) a estas universidades –conocido como AFD– y créditos estatales con tasas subsidiadas. De más está decir que en un nuevo contexto de gratuidad no tendría sentido que el Estado además dispusiera de otros cuantiosos recursos a sus universidades protegidas, lo que sin duda movería el mapa de forma tal que las piezas allí colocadas tomarían una posición muy diferente: no es claro que las instituciones beneficiadas fueran las mismas que en la actualidad.
Gratuidad y algo más
Como consecuencia de lo anterior, lo único claro es que la propuesta de fondo no puede ser solamente gratuidad. Los estudiantes y el colegio de profesores plantean que una reforma solo es posible si va acompañada de una reforma tributaria. La razón de fondo es económicamente simple: se garantizaría que la reforma no impactara en los gastos sociales del gobierno en un contexto de presupuesto público limitado, y además se asegurarían los recursos para sostener un nivel mínimo de la calidad de la educación. En otras palabras, los estudiantes son consistentes en su petición, aun cuando en mi opinión esa no es la mejor solución para el país ni para los sectores más pobres, pues gratuidad y educación de alta calidad no se sostienen juntas sin gasto focalizado ADEMÁS de una reforma tributaria profunda.
A partir de la opción de gratuidad, con o sin reforma tributaria, las universidades estatales han entrado al ruedo: exigen un nuevo trato de parte del dueño. Es decir, a río revuelto… Ellas buscan sellar la situación de privilegio de la que gozan asegurándose aportes basales para su sustento. Ciertamente estaríamos frente a un trato discriminatorio en el que nada garantiza que los nuevos recursos se asignen en base a productividades de tipo alguno… el “mérito” sigue consistiendo en haber nacido estatal, de manera de asegurar trabajo, financiamiento y otros recursos a los académicos que los usan para fines públicos y muchas veces privados también. A ello se suman las universidades privadas que, por haber sido fundadas antes del año 1981, tienen privilegios importantes de parte del Estado, y no pretenden dejar pasar la oportunidad de seguir contando con los privilegios parecidos a sus pares estatales. Todo trato discriminatorio en este sentido pone una cuña entre estas universidades y las privadas creadas a partir de los años ochenta, lo que genera una distorsión en la asignación de recursos y regalías a un grupo de presión poderoso.
Otras peticiones ya son definitivamente más ideológicas, como aquellas que buscan por ley eliminar la propiedad privada en la educación: una medida tan ideológica como la norma constitucional que eliminó la propiedad pública en muchos sectores de la economía. De fondo esta propuesta tiene poco sustento, salvo el ser un complemento al nuevo trato que definitivamente sepulte la competencia en la educación universitaria. En otras palabras: los aportes basales solicitados para las universidades públicas son niños de pecho ante esta petición de estatización completa de la educación superior.
En un contexto de ganadores y perdedores, y considerando además a los que hablan poco y que son los miles de usuarios del sistema, parece correcto aventurar que la única medida de las mencionadas que tiene sustento y coherencia es la que plantean con más fuerza los estudiantes más radicales: gratuidad de la enseñanza junto con una reforma tributaria que le dé sustento de largo aliento a esta medida. Sin embargo, y tal como el gobierno y muchos actores han sostenido, esa medida debe ser contrastada con la opción de una educación no discriminatoria, que no distinga entre quién la imparte, pero que asegure la calidad y controle que las instituciones de educación superior no tengan fines de lucro. Suponiendo que es posible evitar el lobby de las universidades estatales y privadas tradicionales, una medida que es también coherente y que apunta al corazón del problema es otorgar gratuidad hasta los deciles 4 o 5, financiamiento asegurado y subsidiado a una tasa de 2% sea cual sea la institución de estudio para la población de ingresos medios (deciles 5 a 7), y controlar que no haya lucro con la creación de una superintendencia que haga cumplir la ley.
Sin duda esta medida también requiere de una reforma tributaria, pues detrás de todo lo propuesto no solo está el gasto de las familias, sino la calidad de la educación superior, y por eso es necesario asegurar que la reforma será permanente y no, como lo hace el gobierno, patear para adelante, y con tibieza, la pelota… total ya una próxima revolución pingüina le tocará a otro gobierno. Esta medida, siempre que las instituciones hagan su pega, tiene como ganadores a todos los chilenos, quienes recibirán una educación de calidad, financiada adecuadamente y con un gasto público focalizado en aquellos que realmente la requieren.
La alternativa que plantean los estudiantes apunta a una educación de calidad, pero como el gasto público sería mucho mayor, necesariamente se requiere una reforma tributaria más profunda que empeoraría la eficiencia económica, más allá de lo que lo hace la opción de gasto focalizado. Las otras opciones complementarias a las de gratuidad son solo pan para unos pocos privilegiados y hambre para todos los demás.
Cualquiera sea la opción tomada, el nuevo mapa de la educación superior será definitivamente distinto. Quienes deberían perder son las instituciones que han abusado de la fachada de sociedades inmobiliarias y otras martingalas financieras para licuar sus recursos ante una anodina vigilancia del Ministerio de Educación. Por ello, debería esperarse que sean ellas las que más se opongan a cualquier medida de cambio profundo al sistema. Visto de otro modo, controlado el fin del lucro, solo las instituciones públicas y privadas que reinvierten sus excedentes en mejorar la calidad de su educación deberían ser las grandes beneficiadas.
La opción que proponen de los estudiantes apunta a que el estándar sea igual, como en los alumnos del video clip The Wall de Pink Floyd, mientras que una medida de gasto focalizado y control del lucro apunta a fortalecer instituciones con diferentes estándares de enseñanza, y que sean los propios estudiantes quienes opten a cuál de ellas asistir.