Jorge Rodríguez Grossi, Diario El Mercurio, Jueves 13 de Enero del 2011

Hay zonas del país que requieren subsidios: se debe apoyar políticas de poblamiento en zonas geopolíticamente importantes. Aquello podrá gustarnos o no, pero basta que vecinos lo hagan para que también tengamos que hacerlo. Así ocurre en Chile, pero con instrumentos muy ineficientes.

Ciertamente la peor manera de apoyar consumos básicos es manteniendo artificialmente precios bajos sin ninguna limitación de consumo. ¿Por qué es malo de esa manera?
Primero, porque ello significa que tanto los consumidores ricos como pobres pagan por ese producto menos que su costo de oportunidad y porque se genera mayor consumo del bien que si al consumidor se le diera el dinero equivalente y tuviera libertad para gastarlo. El caso de Argentina con su precio del gas y la explosión de consumo es un ejemplo: se bajaron tarifas a un tercio y se cargó el costo a los productores. Resultado conocido: el consumo creció violentamente y los productores frenaron dramáticamente la oferta.
Segundo, porque toda vez que la autoridad requiere modificar el subsidio provocando alzas de precios, sobrevienen las lógicas protestas de los miles de perjudicados. El costo político es obvio y muchas veces se termina fracasando en el intento. El reciente “gasolinazo” en Bolivia y las manifestaciones de los magallánicos reflejan aquello: a nadie le gusta que el gobierno le suba los precios.
Tercero, en nuestro caso la entrega del subsidio es más ineficiente aún porque es costeado por una empresa pública, ENAP, asumiendo un rol y una carga fiscal impropia. Muchas de nuestras empresas estatales hacen como que son empresas, pero parecen “servicios públicos” en el sentido que los criterios de eficiencia que se le exigen a una empresa son superados por los deseos del dueño de dar servicios aunque a la empresa no le convenga.
Es así como ENAP, sin dudas con la mejor de las intenciones, está vendiendo gas más barato que lo que alternativamente cuesta, en circunstancias que lo que correspondería, si el dueño deseara subsidiar, es que se le pasaran los correspondientes dineros a la parte de la población que se quiere ayudar. Con seguridad el consumo de gas natural sería menor y los consumidores estarían más satisfechos.
Cualquiera sea la razón para que un país quiera tener empresas públicas, éstas deben responder por su patrimonio que es de todos los chilenos. Es decir, no pueden disponer de éste para dar subsidios porque no les corresponde: esa es una tarea del Estado, del dueño de las empresas públicas, el que sí puede comprar bienes y servicios, a sus empresas o a las privadas, para distribuir en la población beneficiada de acuerdo a lo que junto al Congreso cada año se disponga.
No se puede negar que el país debe continuar aplicando políticas de apoyo económico a las zonas que lo requieren para asegurar soberanía a través de la consolidación de población. Pero ojalá que esta ayuda se haga eficientemente. Quizás sea ésta la oportunidad de discutir el tema abiertamente.