Aysén crece casi al 20% y su tasa de desempleo alcanza solo un 4,5%, situándose por debajo de la tasa natural que alcanza el 5%. Entonces, ¿cuál es el fundamento del descontento de los compatriotas que habitan estas latitudes?
Por Gustavo Marcos E., Director del Magister en Economía Aplicada a Políticas Públicas, Universidad Alberto Hurtado. Master of Arts in Economics, Georgetown University, USA.
Artículo publicado en Revista Observatorio Económico Nº 60, Marzo de 2012
En busca de una solución para sus problemas, los ayseninos han levantando un petitorio que se resume en disminuir los costos de transporte e insumos que enfrentan las actividades económicas de la región, ampliar y mejorar la oferta de bienes públicos –en especial salud y educación–, subsidiar el costo de la vida en la zona (rebajar las canasta de vida y subir las pensiones), reimpulsar el sector pesca artesanal y regionalizar los recursos naturales y los procesos participativos vinculantes en proyectos de inversión.
Probablemente el mercado sí funciona y cumple su labor de asignar eficientemente los recursos, con excepciones como la pesca, que es un recurso de propiedad común. Pero no olvidemos que él asigna dada una distribución inicial de recursos y no actúa sobre esta condición de partida. Entonces, si alguien al principio no tiene, o posee muy poco para intercambiar como resultado de la mano invisible del mercado, puede mejorar su posición inicial, pero aun así no alcanzar el nivel de subsistencia mínimo. Desde un punto de vista social una situación donde los más desaventajados no pueden cubrir lo mínimo no es aceptable1. De aquí que surja la necesidad de redistribuir una de las funciones que justifican la existencia del Estado.
Parte del problema –y un factor amplificador del mismo–, fue el mal diagnostico que declaró que el Estado no tenía ninguna función a desarrollar. He aquí la ratificación de la incomprensión inicial de algunos de los actores involucrados.
Sin embargo, esta omisión inicial no debe corregirse aceptando todas las intervenciones posibles del Estado, pues no debemos olvidar que las mediaciones sobre los equilibrios de los mercados producen distorsiones. Ellas son permitidas solo si producen un bienestar social mayor, o son deseables por razones estratégicas como las geopolíticas. Hay que decir que tampoco son sensatas solo tomando en cuenta las consecuencias sociales para la población, pues existen otros factores a considerar, como la sustentabilidad y crecimiento económico.
Podemos agrupar el petitorio en cuatro grandes áreas:
1. Necesidad de mejorar y aumentar los bienes públicos en la región (salud, educación y hasta cierto punto conectividad).
2. Aplicar políticas que alteren las condiciones de equilibrio en el mercado del trabajo, bienes de primera necesidad y combustibles.
3. Regulación de recursos naturales.
4. Cambios a la institucionalidad vigente de aprobación de megaproyectos y recaudación proveniente de las actividades económicas regionales.
En el primer punto, sin duda que el Estado debe realizar un esfuerzo por cubrir las brechas de necesidades que se plantean, pero no es menos cierto que problemas de oferta en salud y educación los enfrentan los chilenos en todo el territorio nacional. En cuanto a las inversiones físicas necesarias, se puede concordar un itinerario para satisfacer dichas necesidades.
Frente a la interrogante de si el Estado podría estar creciendo desmedidamente en estas áreas, vale la pena recordar que no existen colegios particulares pagados ni clínicas privadas en la región; y por ende la entrega de estos bienes públicos no expulsarían inversión privada. Cuando existen estas circunstancias la inversión pública en términos de crecimiento es muy positiva.
Pero existen problemas anexos que debe el Estado abordar: por ejemplo la falta de médicos especialistas, un punto no bien resuelto que afecta la oferta de salud en regiones y que requiere una política de atracción de capital humano avanzado especial.
Tengo mis dudas acerca de si es pertinente instalar una universidad en una zona que solo posee 100.000 habitantes, y cuyas universidades estatales más cercanas no cubren la matrícula en todas las carreras. En este sentido sería mejor explorar iniciativas que permitan subsidiar el alojamiento de los estudiantes de esta región en la ciudad donde decidan estudiar.
En cuanto a la infraestructura vial y conectividad, las concesiones no parecen haber despertado interés en los privados en iniciar obras. Un plan de infraestructura que resuelva primero la conectividad de los grandes asentamientos urbanos parece lo correcto, como está planificado por el Estado.
En la segunda área se debe tener presente que los subsidios no son otra cosa que impuestos negativos y que van a alterar el equilibrio de los mercados no sólo en forma estática sino también dinámica2. Un ejemplo que no necesariamente representa casos reales de la región sirve para ilustrar posibles causas. Supongamos que se aprueba el subsidio de transporte a bienes de primera necesidad o se reduce su IVA: el precio a consumidor debiera ser menor, y tal vez algunos productores locales de bienes sustitutos podrían quedar fuera de mercado. Entonces solo es plausible aplicar dicha política si las actividades productoras de bienes de primera necesidad no son muy importantes para el empleo. En cuanto a los servicios básicos, los subsidios deben ser focalizados y han de tener en cuenta el nivel de costo de la producción de dichos servicios.
El salario mínimo es una política que busca proteger a las personas de menores ingresos. Aumentar el salario mínimo en algunas regiones dado su alto costo de vida parece loable, pero depende también de las condiciones de mercado laboral local.
En este sentido debe considerarse que las personas en general no migran entre regiones, entonces el factor trabajo es más bien fijo en Chile. En épocas de alto crecimiento económico el salario mínimo no afecta la cantidad de equilibrio de horas trabajadas, es decir, no resiente el empleo, pero esto cambia cuando hay bajo crecimiento económico.
El aumento de la cuota pesquera artesanal busca proteger el empleo en la región. Pero la disminución de la cuota de pesca se debe a razones de sustentabilidad del recurso. Entonces se deben conjugar ambos objetivos: conservación del recurso y empleo en la región. Una medida que podría ayudar en este sentido sería dividir la pesca artesanal en dos tipos: la semi industrial y la propiamente artesanal. Las disminuciones de cuota con motivos de conservación debieran ser asumidas por el sector industrial y este nuevo sector semi industrial. Sin embargo el proyecto de ley de pesca recientemente enviado al congreso no incluye esta materia.
Respecto del último punto, aunque está fuera del ámbito de lo propiamente económico, la institucionalidad se ha revelado como un factor importante para el crecimiento económico y el funcionamiento de los mercados. La aprobación de mega proyectos y la participación ciudadana son temas relevantes en muchos países, en particular en el mundo emergente. De acuerdo a la experiencia mundial es poco consistente entregar todo el poder de decisión a una instancia local respecto de bienes que involucran a todo el país. Pero sin duda que el proceso actual de decisión debe ser perfeccionado de forma que permita efectivamente incorporar las apreciaciones de las comunidades locales.
La petición de regionalización de los recursos naturales no ha sido especificada suficientemente, pero debe involucrar algún tipo de recaudación aplicada a actividades económicas que se realicen en la región para financiar con libertad iniciativas públicas consideradas relevantes por las autoridades locales. En este sentido, debe recordarse que en Chile el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) entrega recursos de elección de las autoridades regionales, pero quienes deciden sobre estos recursos (CORES e Intendente) no son directamente votados por los ciudadanos: ello puede explicar en parte los desvíos de las preferencias.
En resumen parece irrelevante la discusión de si tenemos más o menos Estado si no es a luz de la complementariedad de las acciones del mercado y los privados, considerando también los incentivos que producirán las diversas intervenciones del Estado no solo en la situación actual. Se requiere más que una negociación parcial con la región de Aysén. La política del Estado con las regiones debe actualizarse considerando los nuevos mínimos sociales y de participación que parecen haber emergido en nuestro país. Ello requiere repensar la acción del Estado y no soslayarla.
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1Rawls, J. “A theory of justice”. (1971)
2Auerbach, A. & Hines, J. (2001) “Taxation and Economic Efficiency”