Por Gonzalo Doña* y Eugenio Giolito**.
* Alumno tesista del Magister en Economía (ILADES/Georgetown)
** Ph.D en Economía y Magíster en Economía, Universidad de Maryland, Estados Unidos. Magíster en Economía, Universidad de CEMA, Argentina.
Artículo publicado en Revista Observatorio Económico Nº 66, septiembre de 2012
Actualmente en Chile, de cada 10 parejas que deciden casarse, 7 ponen fin a su matrimonio. De acuerdo con datos del Registro Civil, en 2011 66 mil parejas comenzaron su matrimonio, mientras se divorciaron más de 47 mil. Además, según el SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer), durante el 2010 se efectuaron 192 mil demandas por pensiones de alimentos impagas, con un aumento de 60% respecto del año anterior. Estos datos nos llevan a preguntarnos acerca de las consecuencias económicas que los cambios en la estructura social chilena podría deparar a las familias, especialmente a las de menores recursos.
La historia oficial del divorcio en Chile comienza en 2005 con la aprobación de la nueva ley de matrimonio civil, que reguló la existencia de éste en formato unilateral, que no exige el consenso de ambos cónyuges para deshacer la unión. Antes, las parejas sólo podían separarse sin romper el vínculo legal entre ellas y, por lo tanto, las partes no podían volver a casarse. Según datos de la CASEN, en 2009 8,5% de mujeres que tenían entre 19 a 59 años se encontraban separadas, divorciadas o habían anulado su matrimonio.
El tema del divorcio y sus consecuencias sobre las familias ha sido ampliamente analizado en la literatura económica, especialmente en Estados Unidos, donde durante la década del 70 y principios de los 80 se llevaron a cabo reformas en un gran número de estados. Estas reformas llevaron a la adopción del divorcio unilateral, dado que para esa época, en muchos casos, las leyes ya autorizaban el divorcio de mutuo consentimiento. Gran parte de dicha literatura estuvo dedicada a evaluar el impacto de los cambios sobre la tasa de divorcio (Wolfers, 2006), aunque también ha sido vinculado a otros resultados. Por ejemplo Gruber (2004) señala que adultos que fueron afectados cuando niños por el paso de estas leyes tienen un menor nivel educativo.
Recientemente, Cáceres-Delpiano y Giolito (2012) encuentran una relación causal entre las leyes de divorcio unilateral y el aumento en la tasa de crímenes violentos en EE.UU. Utilizando tasas de arrestos por año y edad, observan que las cohortes de adultos que fueron niños en el tiempo de las reformas estuvieron particularmente afectados. Un canal que podría explicar dichos resultados es el aumento de la pobreza y la desigualdad en madres de niños nacidos antes de las reformas, que de alguna forma fueron “sorprendidas” por el cambio del régimen de disolución matrimonial. Estas mujeres se casaron bajo un régimen que exigía mutuo consentimiento para la disolución del matrimonio, tomaron decisiones de trabajo y fertilidad bajo esas condiciones, y el cambio de régimen pudo haberlas afectado negativamente.
La relación entre divorcio y desigualdad en los EE.UU. también fue estudiada por Ananat y Michaels (2008), quienes encontraron que la ocurrencia del divorcio empeora la distribución del ingreso. Mientras que algunas mujeres son capaces de generar ingresos tras el divorcio a través de un aumento de horas trabajadas, regresando al hogar paterno o a través de subsidios gubernamentales, muchas otras fracasan en el intento.
Comprobar la relación causal entre divorcio y caída del ingreso no es sencillo pues los hogares donde este ocurre suelen tener condiciones económicas y sociales más desfavorables que los hogares donde el divorcio no ocurre. Por ejemplo, puede que pase que los matrimonios sean más propensos a romperse cuando tienen un shock negativo a sus ingresos. Para evitar este problema de la selección del divorcio, Ananat y Michaels emplean un método de variables instrumentales usando como instrumento el sexo del primer niño.
En el caso de Chile aún es prematuro evaluar los aspectos de la ley de divorcio, pues tiene recién siete años de existencia. Sin embargo, existen datos suficientes como para analizar el impacto de la separación de los padres (formal o de hecho) sobre variables relevantes al bienestar de la familia. En un trabajo reciente, Doña (2012) aplica métodos similares a los de la literatura citada para el Censo 2002 y las encuestas CASEN del 2000 al 2009 para una muestra de madres con niños menores de 18 años en Chile.
Los resultados sugieren un fuerte deterioro en la situación económica de las familias posteriores a una separación. Específicamente, Doña considera que la separación aumenta más de 20% la probabilidad de una madre de ser pobre -y con ella sus hijos-, y al menos 10% la de caer en la indigencia. Estos efectos son más fuertes para las madres con menor educación. Los datos son similares a los obtenidos para los Estados Unidos en la investigación de Cáceres-Delpiano y Giolito. En ambos casos se sugiere un aumento en la desigualdad. Usando el Censo, también se comprueba un efecto adverso sobre la educación de los hijos. Los jóvenes entre 15 y 18 años aumentan en 50% la probabilidad de abandonar su educación dejándola incompleta. Sin embargo, dado a que en Chile existe una mayor especialización en el hogar, con una mayor fracción de madres dueñas de casa, era esperable encontrar un impacto mayor al observado en Estados Unidos.
Estos resultados pueden tener algún tipo de relación con datos sobre pensiones de alimentos impagas, lo que indicaría la necesidad de un estudio profundo de la legislación y las disposiciones judiciales que regulan la materia. Esto no hace más que resaltar el cuidado que debe tenerse en el diseño de políticas que pueden afectar a la familia, ya que muchas veces pueden producir consecuencias indeseadas y afectar el futuro de los niños, sobre todo aquellos pertenecientes a los hogares más vulnerables.