Por Fernando López, Ph.D. en Finanzas, Olin Business School, Washington University in St. Louis, Estados Unidos. Académico FEN.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 99, 2015.
El 15 de agosto de 2015, un grupo de parlamentarios ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone introducir educación financiera obligatoria en los programas de estudios de los alumnos de educación primaria y secundaria. Específicamente, el proyecto establece que “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incorporar en sus mallas curriculares, y en todas las etapas del proceso educativo, contenidos o módulos de educación financiera, con especial consideración en promover el ahorro y la disciplina en el manejo de los recursos económicos”. Con esta iniciativa, Chile se suma a más de 60 países que tienen, o se encuentran en vías de desarrollar, una política de educación financiera (OECD, 2015). Este artículo analiza las dificultades para diagnosticar la necesidad de una política de educación financiera, los principales desafíos de diseño y una de las principales alternativas disponibles.
DESAFÍOS DE DIAGNÓSTICO
En términos conceptuales, una política de educación financiera se sustenta en la hipótesis de que la falta de conocimiento y habilidades financieras reduce la capacidad que tienen las personas para tomar decisiones relacionadas con el uso de medios de pago, ahorro, endeudamiento, inversión y/o administración de riesgos. Como resultado de esta falta de habilidades, las personas pueden tomar decisiones que no maximicen su bienestar individual y, a nivel agregado, esto conlleve a una asignación ineficiente de recursos en la economía.
En términos prácticos, el principal desafío para justificar una política de educación financiera consiste en identificar decisiones de alto impacto en que las personas cometen errores porque no tienen elementos de juicio suficientes. Para ilustrar este desafío, analicemos el caso de la deuda y el ahorro. La falta de información detallada acerca de las preferencias y circunstancias individuales dificulta la capacidad para establecer si una persona está subutilizando o utilizando en exceso un determinado servicio financiero. Por ejemplo, para personas afectadas por un evento adverso de salud u otra fuente de gasto, podría ser óptimo tener un nivel de endeudamiento que genere obligaciones por un monto superior a los niveles sugeridos en la industria (25% o 30% del ingreso mensual). Del mismo modo, para otra persona que tiene recursos limitados para financiar su nivel de gasto, podría ser óptimo minimizar su nivel de ahorro. En consecuencia, como el nivel de deuda y ahorro óptimo de una persona dependen de sus preferencias y circunstancias individuales, es difícil determinar si una persona no está maximizando su bienestar y, por lo tanto, recomendar una meta de deuda o ahorro a través de un programa de educación financiera.
Por otro lado, un ejemplo de decisiones de alto impacto en que las personas no maximizan su bienestar debido a la falta de habilidades financieras es la inversión en educación superior. A pesar de que esta decisión es una de las más trascendentales desde un punto de vista económico para los jóvenes, dos estudios recientes sugieren que los estudiantes universitarios chilenos (Hastings et al., por aparecer) y estadounidenses (López, 2014) están poco informados acerca de los aspectos económicos involucrados. Al mismo tiempo, existe evidencia de que, debido a la falta de habilidades financieras, muchos jóvenes estadounidenses norteamericanos no acceden a la educación superior (Bettinger et al., 2012) y, muchos de los que lo hacen, no ingresan a las instituciones que les ofrecen las mejores condiciones financieras y de desarrollo profesional (Avery y Hoxby, 2013; Hoxby y Turner, 2014). El hecho que estudiantes talentosos no aprovechen sus oportunidades de acceso a educación superior representa una pérdida de bienestar para ellos y un daño a la productividad de la economía debido al capital humano subutilizado.
DESAFÍOS DE DISEÑO
Suponiendo que se decide implementar una política de educación financiera, surgen al menos cuatro desafíos que se deben considerar. Primero, es necesario invertir en investigación que permita identificar decisiones financieras de alto impacto sobre las personas que cometen errores debido a que no tienen elementos de juicio suficientes. A pesar que existe una serie de estudios internacionales que sugieren cuáles podrían ser estas decisiones, es necesario validar los resultados para el mercado chileno. Estos estudios requieren financiamiento y tiempo, lo cual retrasará la definición de los contenidos que deberían enseñarse.
Segundo, las personas tienen capacidades limitadas para resolver problemas matemáticos y de cálculo, habilidades que son necesarias para la toma de decisiones financieras. El 44% de la población chilena no entiende lo que lee y más del 80% no es capaz de comparar e integrar información (Centro de Microdatos, 2013).
Tercero, hay una brecha entre el momento en que se ofrece la educación financiera y aquel en que las personas tienen que tomar decisiones. En este contexto, una capacidad limitada para retener conceptos y un mercado financiero cambiante, reducirá el impacto potencial de un programa de educación financiera en la toma de decisiones de las personas.
Cuarto, la heterogeneidad de las preferencias y circunstancias de cada persona reducen la capacidad que tiene un programa de educación financiera para entregar consejos concretos que sean relevantes para todos. De esta manera, un programa de educación financiera que promueva el ahorro o endeudamiento responsable no necesariamente producirá un aumento en el nivel de ahorro o un nivel de endeudamiento acotado.
La educación financiera no es la única política disponible para mejorar la toma de decisiones financieras individuales. Es sólo una de varias alternativas de política que podrían contribuir a mejorar la toma de decisiones individuales y la asignación de recursos en la economía. Por ejemplo, si consideramos que nuestro nivel de habilidad financiera está dado por la dificultad para entender productos y servicios financieros, una alternativa lógica consiste en estandarizar y reducir la complejidad de los contratos financieros. En efecto, si la compra de servicios financieros fuera tan sencilla como la compra de un microondas, entonces no estaríamos discutiendo una política de esta categoría. Para ilustrar el grado de complejidad del mercado chileno, basta considerar que en 2014 las Isapres tenían más de 11.000 planes de salud vigentes y las administradoras de fondos mutuos comercializaban más de 2.000 series de fondos mutuos.
En este contexto, una reducción en la complejidad reducirá el nivel de habilidades financieras necesarias para comparar los costos y beneficios de distintas decisiones financieras. Esta simplificación involucra una reducción en el número de productos financieros disponibles en el mercado y la construcción de indicadores que resuman los principales elementos necesarios para comparar los contratos financieros que sobrevivan.
La principal ventaja de una reducción en la complejidad es la rapidez y costo de implementación comparado con una política de educación financiera. Dado el bajo nivel de competencias de la población, el costo de educarla financieramente será mucho mayor al costo de reducir la complejidad.
Por su parte, existen al menos dos posibles desventajas. La primera, es que la política de estandarización y simplificación no se realice sobre la base de estudios científicos, principalmente experimentos controlados, que identifiquen de manera rigurosa los elementos que deben incluirse y excluirse en la oferta de servicios financieros disponibles para las personas. Si este fuera el caso, no es claro que se logre el objetivo de la simplificación. La segunda desventaja es una reducción en la variedad y la capacidad de satisfacer necesidades específicas de las personas. Sin embargo, la teoría muestra que cuando los mercados no son perfectos, un aumento en la variedad de alternativas de inversión puede reducir el bienestar de la población (Hart, 1975 y Elul, 1995). Del mismo modo, desde un punto de vista empírico, dado que la mayoría de la población tiene un bajo nivel de educación financiera y competencias básicas en general, es poco probable que las personas se beneficien con un exceso de variedad.
¿QUÉ TAN EFECTIVAS SON LAS POLÍTICAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA?: EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Los resultados de estudios que analizan el impacto de la educación financiera no ofrecen resultados muy alentadores. Por ejemplo, Fernandes, Lynch y Netemeyer (2014) revisan 168 estudios de impacto de esta educación financiera y encuentran que los efectos de los programas en el nivel de conocimiento y toma de decisiones han sido modestos. Similarmente, Cole, Paulson y Shashtry (por aparecer) encuentran que la exposición a requerimientos de educación financiera obligatoria en los colegios de educación media norteamericana no tuvo un impacto significativo en las decisiones financieras de los jóvenes. Los estudios que encuentran un impacto positivo son una minoría que aborda cuidadosamente cada uno de los desafíos asociados al diseño de dichos programas de educación financiera descritos anteriormente.
¿EN QUÉ DIRECCIÓN DEBERÍAMOS AVANZAR?
De acuerdo a la evidencia internacional, el problema de fondo es que la falta de habilidades financieras reduce la capacidad de las personas para tomar decisiones que maximicen su bienestar personal y asignar sus recursos de manera eficiente. Sin embargo, a la fecha, existen pocos estudios para el mercado chileno que documenten estas situaciones. En este contexto, el primer paso debería ser invertir en investigación que permita identificar estas situaciones y que evalúen las ventajas y desventajas de distintas alternativas de política.