Por Evangelina Dardati. Académica FEN UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 119, 2017.
El rechazo al proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros puso en la mesa varios problemas relacionados con la institucionalidad de evaluación de inversiones que potencialmente pueden tener un impacto grande en el medio ambiente. Dominga es un proyecto integrado por una mina y un puerto de alrededor de USD 2.500 en la región de Coquimbo. El proyecto contempla la producción anual de 12 millones de tonelada de concentrado de hierro y 15.000 toneladas de concentrado de cobre. En marzo de este año, después de tres años de análisis, el sistema de evaluación ambiental (SEA) aprobó dicho proyecto ya que según su informe “se estableció un detallado plan de medidas para la mitigación, reparación y compensación, considerando las fases de construcción, operación y cierre, para los aspectos ambientales relativos al ruido, recursos hídricos, suelo, flora y vegetación, fauna terrestre, medio marino, paisaje, medio humano y patrimonio cultural.” (SEA, noticias, 2017). En la siguiente instancia, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo rechazó el proyecto. Finalmente, la decisión final la tomó en agosto, el Comité de Ministros que rechazó el proyecto con una votación de 3 contra 2 y una abstención, aduciendo que el proyecto no contemplaba ciertos temas ambientales. Luego de estos acontecimientos surgen dos reflexiones: uno, ¿por qué dicho Comité rechazó el proyecto por su potencial impacto ambiental cuando el SEA lo había aprobado? El segundo tema tiene que ver con la discrecionalidad en la toma de decisiones y la incertidumbre que esta genera para proyectos actuales y proyectos futuros.
La valoración de los bienes ambientales es complicada pues no tienen una valoración en el mercado. Para poner un ejemplo, ¿cuánto valen los pingüinos en la Patagonia? Para algunas personas valen cero, para otros valen infinito. En la minoría de los casos estas personas se ven con la obligación directa de dejar algo de lado por tener ese bien, con lo cual su valoración es más bien subjetiva. Su valoración probablemente esté entre esos dos extremos, pero lo importante es que esta no debiera ser una cuestión de opinión de políticos o de la gente sino que debiera ser producto de un análisis cuidadoso y de decisiones que van más allá de la opinión de ciertos grupos de influencia. El proyecto se rechazó porque “no se hace cargo del impacto que podría generar en la flora y la fauna de una zona ecológica única en el mundo donde, entre otras cosas, habitan el 80% por ciento de los población mundial del Pingüino de Humbold y otras especies”. Entonces, si esta es la razón del rechazo ¿por qué en primer lugar se contempló la posibilidad de realizar el proyecto ahí? ¿no es trabajo del SEA analizar esa clase de impacto? Acá se juegan varias cosas, primero, el SEA debiera tener la credibilidad y los recursos suficientes para hacer un análisis exhaustivo del impacto ambiental y en caso de aprobarlo esto no debería estar sujeto a las opiniones de otras autoridades políticas de turno. Segundo, se necesita un ordenamiento territorial más claro, si hay zonas que son importantes de preservar por la razón que sea, ello debería quedar claro desde el principio. El ordenamiento territorial debe incluir decisiones a nivel local y a nivel nacional sobre cuáles son los objetivos en términos de medio ambiente y de crecimiento de largo plazo. De lo contrario existe una discrecionalidad innecesaria de las decisiones políticas que a su vez, aumenta la incertidumbre encareciendo las inversiones.
Después de varios años en los que el proyecto Dominga fue aprobado en todas las instancias ambientales llega una decisión de Si/No por parte de las autoridades políticas de turno. Para ponerlo en términos simples: se invierte una gran cantidad de recursos para aprobar cada parte del proyecto y luego viene una decisión que puede ser equivalente a jugar una lotería. Podríamos pensar que el 50% de las veces el proyecto se aprueba si el Gobierno es pro-proyecto y el otro 50% de las veces no se aprueba si el Gobierno es anti-proyecto. Dado que estos programas son de largos tiempos de desarrollo no es tan fácil predecir qué tipo de gobierno estará a cargo cuando se tome esta decisión final. Esto encarece las inversiones, lo que reduce la cantidad de proyectos. Entonces, es necesario cambiar el momento en el que se ejecuta la discrecionalidad, en vez de ser en la instancia final debiera ser en instancias iniciales. Una vez que la decisión política esté aprobada, se puede pasar a lo técnico, en donde la incertidumbre es menor porque la empresa tiene más conocimiento sobre si podrá hacer frente a las demandas ambientales. Dominga dejó en manifiesto que la decisión política final es demasiado política. Y también deja la duda si es una decisión realmente informada.
Las consecuencias ambientales de cualquier proyecto son importantes pero debieran ser abordadas técnicamente por los organismos capacitados para ello. Segundo, la discrecionalidad política debiera ser mínima, e idealmente puesta en las etapas iniciales del proyecto. Por último, es necesario un ordenamiento territorial que baje la discrecionalidad en las decisiones y que entregue un marco de mayor certidumbre para inversiones que en última instancia ayudarán al crecimiento del país.