Abordar el descontento ciudadano es uno de los grandes desafíos de nuestro sistema de pensiones.
Esto es tan urgente y necesario como el aumento en la cotización obligatoria, y el fortalecimiento del Pilar Solidario planteados en el proyecto de reforma.
Basta recordar que las multitudinarias marchas de 2016 cambiaron las prioridades del gobierno de Michelle Bachelet, posicionaron a las pensiones como uno de los temas centrales del debate presidencial y es una de las principales reformas impulsadas por el actual Gobierno.
Las AFP han reaccionado con una serie de iniciativas para acercarse a sus afiliados como cuentas públicas, mayor gasto en publicidad y educación previsional, incluso, ofreciendo cupones de descuento. Esto es claro reflejo del poder de la calle sobre nuestras instituciones.
Desafortunadamente, poco de lo que se ha anunciado aborda las causas de la falta de legitimidad del sistema.
Aunque el proyecto apunta a mejorar las pensiones actuales y futuras, no se ha explicitado que la reforma está lejos de cumplir con la aspiración de una pensión “razonable”, que de acuerdo a un estudio de Clapes UC bordearía los $400.000.
Tampoco se ha visibilizado que las pensiones dependen de múltiples factores y que es difícil anticipar el nivel de las pensiones en el largo plazo.
Lo que más resuena es el aumento de 40% en las pensiones futuras cuando la reforma esté en régimen, sin precisar que este impacto esta medido respecto a las pensiones que observaríamos en ausencia de dicho aumento en la cotización.
De esta manera, el mensaje comunicacional da la impresión de que una pensión de 100 aumentara a 140, pese a que las pensiones futuras dependen de la rentabilidad de los fondos, formalidad del mercado laboral, trayectoria de los salarios, del crecimiento económico y expectativas de vida.
Al igual que lo hizo el gobierno anterior, esta manera de presentar las cifras podría inducir a los afiliados a volver a sobrestimar el impacto de la reforma en las pensiones futuras y acentuar el descontento hacia el futuro.
Respecto a la fundada percepción de que hay actores que se quedan con un trozo grande de una torta que no alcanza para todos, lo más llamativo es la propuesta de permitir el ingreso de nuevos actores a la administración del 4%. Pero la medida difícilmente reducirá el costo de administración de los fondos porque las AFP han planteado que administrarían gratis esta nueva cotización.
También llama la atención que no se haya considerado la idea de extender las licitaciones a los afiliados antiguos, que aborda de manera directa el problema de la insensibilidad a las comisiones y, además, tuvo el apoyo de un grupo transversal de 21 de los 24 miembros que integraron la Comisión Bravo y varios otros que participaron en la Comisión Marcel.
Por último, más allá de no aumentar la edad de jubilación y entregar incentivos para postergarla, tampoco se han escuchado iniciativas para aumentar el sentido de propiedad de las personas sobre sus fondos de pensiones.
El bajo nivel de conocimiento previsional de la población, la percepción de indiferencia y de promesas incumplidas, así como un debate mediático, podrían llevar a la ciudadanía a apoyar medidas que mejoran las pensiones hoy pero son insostenibles en el largo plazo. En definitiva, la calle importa y hay que tomarla muy en serio.
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