Por Eugenio Giolito, Ph.D. en Economía, University of Maryland, EE.UU. y académico FEN UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 123, 2018.
En su tercer año de vigencia, la gratuidad en la Educación Superior sigue siendo un tema permanente de debate en cuanto a su alcance y sus efectos en términos de acceso e inclusión de los sectores más vulnerables. Recordemos que para el presente año 2018, el porcentaje de alumnos con gratuidad se ha extendido a los estudiantes provenientes de familias del 60% de menores ingresos. Asimismo, se han sumado cinco nuevas instituciones (tres centros de formación técnica (CFT), un instituto profesional (IP) y una universidad, que dan un total de: 33 universidades, 6 IP y 7 CFT suscritos a la gratuidad. Si bien a simple vista puede parecer que estos cambios van en dirección a generalizar el acceso y hacia un sistema más inclusivo, en este artículo nos valdremos de información del sistema de Educación Superior para mostrar que, al menos hasta el momento, la gratuidad (independientemente del porcentaje de la población que cubra) no estaría contribuyendo demasiado a una mayor inclusión, así como tampoco ha producido cambios sustanciales en el acceso a ella.
La Figura 1 nos muestra la matrícula de primer año entre 2005 y 2017 para los distintos tipos de instituciones, discriminando, a partir de 2016, entre aquellas que están adscritas a la gratuidad y aquellas que no (para universidades privadas, IP y CFT, dado que todas las universidades del CRUCh están adscritas). Note que, en 2017, alrededor de la mitad de la matrícula de primer año del sistema estaba enrolada en las instituciones adscritas a la gratuidad. Del mismo gráfico se desprende que no ha habido cambios importantes en matrícula total desde que se implementó la gratuidad, como sí los hubo hacia finales de la década pasada, luego de la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Aunque todo indica que el advenimiento de la gratuidad no tuvo impacto en el acceso a la Educación Superior (dado que ya había aumentado gracias a la disponibilidad de crédito), esto no significa desconocer el alivio financiero que debe haber producido este cambio en familias de escasos recursos cuyos hijos accedieron a estudios superiores. Si alrededor de la mitad de los estudiantes del sistema lo hacen en instituciones adscritas a la gratuidad, cabría preguntarse cómo están distribuidos en términos de ingreso esos estudiantes. ¿Están las instituciones adscritas recibiendo a los estudiantes más vulnerables?
Para responder a dicha pregunta, y dado que no disponemos de la información sobre el ingreso de los estudiantes, nos valdremos de que la información sobre la PSU y el Sistema Único de Admisión (SUA), provista por el DEMRE, permite observar la educación de los padres de los postulantes, la cual es comúnmente utilizada como proxy del ingreso. La Figura 2 muestra los datos sobre la situación final de los postulantes en 2017, clasificados por educación de la madre. Cada columna indica el número de postulantes que se matricularon en universidades del CRUCh o en las nueve universidades privadas que el año pasado pertenecían al SUA (cuatro adscritas y cinco no adscritas a la gratuidad). Por lo tanto, la porción al tope cada columna indica que el destino final de los estudiantes ha sido, o bien en una universidad fuera del SUA (solo una universidad fuera del SUA era sujeto de gratuidad en 2017), o en un IP o CFT, o directamente desistieron matricularse el año pasado.
La Figura 2 nos muestra que, del total de los postulantes cuya madre no había completado la educación media (y que probabilísticamente son los de menores ingresos) el 80% no accedía a una universidad del SUA (y por lo tanto prácticamente no podía estudiar gratis en la universidad (recuerde que el año pasado había una sola universidad gratuita fuera del SUA). Es cierto que es posible que al menos parte de dichos estudiantes haya accedido a la gratuidad a través de un CFT o un IP, pero también es probable que esta difícilmente haya sido su intención original dado que la PSU que rindieron no es requerida para acceder a la gratuidad en dichas instituciones. Con esto no queremos decir que la gratuidad debiera extenderse a todas las universidades del país, puesto que se están adoptando criterios de acreditación mínima que son razonables, pero no queda muy claro que la gratuidad haya implicado tampoco una mayor inclusión. Demás está decir que llevar el porcentaje de gratuidad al 100%, como muchos reclaman, tampoco soluciona el problema.
La razón por la que estudiantes de menores recursos quedan fuera del sistema universitario no radica fundamentalmente en la falta de acceso financiero, dado que, como dijimos más arriba, la disponibilidad de crédito ya había contribuido a solucionar a ese problema, sino a una causa de mucho más difícil de solucionar: muchos de estos niños quedan afuera por su bajo puntaje en la PSU. La Figura 3 muestra los promedios ponderados (por área del conocimiento) de los puntajes de corte (PSU Matemáticas-Lenguaje) para carreras en las universidades adscritas a la gratuidad en 2017. Note que, para todas las áreas el puntaje mínimo promedio no baja de los 500 puntos. Para el mismo año, los datos de la PSU nos indican que el puntaje promedio de los hijos de madres de menor educación es de 480 puntos, y de 503 si restringimos a quienes son beneficiarios de la Beca de Excelencia Académica, o sea quienes pertenecen al 10% superior del establecimiento donde estudiaron. Esto explica por qué la gran mayoría de dichos estudiantes queda fuera de las universidades gratuitas.
Creemos que, si realmente nos importa que la universidad sea inclusiva, el debate debería ser mucho más amplio que una mera discusión presupuestaria acerca de los fondos que se dedican a las instituciones de educación superior. En el mejor de los casos (de solución más sencilla), tendríamos un problema con el método de selección, que quizás no refleje las aptitudes necesarias para el ingreso de la universidad y perjudique a quienes no tienen los medios para prepararse especialmente para el ingreso. Lo más grave sería que la PSU efectivamente reflejara la preparación necesaria y lo que esté fallando sea directamente el sistema educativo. Esto no se arregla solamente con un número en el presupuesto, si no con un plan de mediano largo plazo que “empareje el terreno” para los niños que a priori tienen menos posibilidades. ¿Estamos dispuestos a dar ese debate?