Por: Rafael Romero M., Doctor of Business Administration, Questrom School of Business, Boston University, EE.UU. Académico FEN-UAH
Publicado en revista Observatorio Económico Especial Octubre, 2020
El retiro del 10% ha tenido un impacto positivo en la actividad económico y éste ha sido realizado por la mayoría de los afiliados. Dado este “éxito”, en el Congreso cobra forma un segundo retiro del 10% el que, si es evaluado con el mismo criterio, seguramente tendrá “similar éxito”. Sin embargo, si este segundo retiro ocurriera, la pregunta sería ¿por qué no permitir el retiro del resto de los fondos de pensiones?
El propósito de este artículo es reflexionar sobre la toma de decisiones políticas en nuestro país, asociado con políticas para aliviar la crisis que ha traído la pandemia de Covid-19. Nuestro sistema de representativo le otorga el poder al Congreso de representarnos en la toma de decisiones. ¿Cuál sería el resultado de un plebiscito en que se sometiera la decisión de retirar todos los fondos de las cuentas mantenidas en las AFPs? Lo más probable es que nuestros congresistas interpretarían que la decisión mayoritaria sería retirar los fondos, ya que hay muy pocos parlamentarios que se opusieron al primer retiro y no se escuchan en el Congreso voces convincentes o convencidas en contra del segundo retiro.
¿Esto significa que deberíamos eliminar el sistema de ahorro previsional obligatorio?
Estas dos preguntas me llevan a reflexionar sobre el origen de los sistemas de previsión. ¿Por qué se obliga a los trabajadores e independientes a ahorrar cada vez que éstos perciben ingresos?
Los estados modernos obligan a sus ciudadanos a ahorrar para su vejez debido a que, si se dejara a la libre voluntad de cada persona, la mayoría no lo haría, pero durante el período de retiro de la fuerza de trabajo, el estado tendría que hacerse cargo de ayudar a los conciudadanos retirados. ¿Cómo se puede financiar un sistema en que pocos quieren ahorrar y en el que el estado tendría que hacerse cargo de las jubilaciones? Ese tipo de sistema tendría que financiarse con impuestos generales, el que colapsaría porque los ingresos nunca serían suficientes para financiar pensiones y todo otro gasto social que se deba hacer frente.
Para algunas políticas públicas es necesario tomar medidas que son impopulares, tal como es el caso del ahorro obligatorio para la vejez.
Ya hay algunos balances del primer retiro. Según la Superintendencia de Pensiones, luego de transcurrido dos meses desde la promulgación de la Ley, cerca de 9,8 millones de afiliados han solicitado retirar fondos, con un retiro promedio de $1.356.801 por persona, lo que alcanza a pagos del orden de US$ 16.000 millones. Para poner las cifras en perspectiva, según el Ministro de Hacienda, el presupuesto total anual en educación alcanza US$15.000 millones. ¿Es una muestra del “éxito” de la medida? Más que éxito, es una muestra de una decisión racional de los afiliados.
Analizando la situación, un afiliado típico, podría concluir que, si no retira los fondos, luego de un año perdería la opción de hacerlo. Por otro lado, si retira los recursos, podría utilizarlo en lo que más le convenga, ya sea consumo, pago de deudas o ahorro. Lo más probable que el afiliado no esté pensando en la menor pensión que obtendrá en el futuro, ni que quizás sus hijos o nietos tengan que pagar mayores impuestos para financiar su pensión o la de otros afiliados. Con respecto a este último punto, el Ministerio de Hacienda ya estima que el valor presente de las transferencias que tendrá que hacerse cargo el Fisco debido al primer retiro, alcanza a US$3.500 millones.
Un aspecto que ha sido muy discutido por los especialistas, es el potencial ahorro de impuestos de los afiliados que no han visto perjudicadas sus fuentes de ingresos, y que podrían utilizar esta oportunidad de retiro de fondos para volver a depositarlos en un APV (Ahorro Previsional Voluntario) lo que les permitiría reducir su base imponible y, por lo tanto pagar menos impuestos. El Ministro de Hacienda estima esos menores impuestos debido al primer retiro del 10% del orden de US$1.000 millones.
Otro balance del primer retiro, dice relación con el número de afiliados que vació sus cuentas individuales. Según la Asociación de AFP, aproximadamente 2,7 millones de personas se quedaron con saldo igual a cero en sus cuentas de ahorro, esto es el 27,6% de los afiliados que retiraron fondos. Según esta misma fuente, en caso de concretarse el segundo retiro, aproximadamente 4,0 millones de personas terminarán con saldo cero.
Esta segunda información, ciertamente no la podemos catalogar como éxito. Nos muestra una realidad en que un gran porcentaje de afiliados tiene muy pocas cotizaciones, ya sea por tener pocos años de cotización o por lagunas previsionales. A este grupo habría que agregar a los trabajadores por cuenta propia que no cotizan en el sistema.
Pasadas las urgencias asociadas al Covid-19 tendremos que volver a pensar cómo se financiarán las pensiones. Ciertamente, la solución no pasa por seguir repartiendo los ahorros previsionales existentes. La primera prioridad es identificar a las personas que se han visto más afectados por la crisis y concurrir a otras ayudas que el Estado pueda garantizar mientras dura la pandemia.