El 24 de abril, Fernando López, consultor internacional, ofreció una charla en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) sobre el sistema de pensiones de Chile y su reciente reforma, en el curso de Política Económica que imparte el profesor Carlos J. García en Ingeniería Comercial.

López explicó los factores claves que determinan el pago de pensiones: ahorro, aporte estatal, rentabilidad de las AFP y esperanza de vida. Además, detalló los tres pilares del sistema actual: el pilar solidario, el ahorro obligatorio y el ahorro voluntario.

Entre los principales desafíos del sistema, López destacó la baja productividad de los cotizantes, que limita su capacidad de ahorro, la inercia para mantenerse en AFP con comisiones altas y el aumento de la esperanza de vida. Estos elementos, según el experto, reducen significativamente las pensiones al momento de la jubilación.

La reforma al sistema de pensiones busca abordar estos problemas. López explicó que se incrementará el ahorro en un 8,5%, se reducirá la brecha de género mediante un Seguro Social, se creará el FAPP para financiar dicho seguro, y se licitará el 10% de los afiliados cada dos años para mejorar la competitividad del sistema. Además, se implementarán medidas para aumentar la rentabilidad del sistema, como la introducción de fondos generacionales.

Inexactitudes y falacias sustentan el deseo de levantar un caso para que intervenga el Gobierno estadounidense en favor de sus intereses oligopólicos. Esto es lo que advierte el decano de la FEN-UAH, Eduardo Saavedra, en la carta que el gremio de las aseguradoras de Vida estadounidenses (American Council of Life Insurers, ACLI) envió a las autoridades chilenas reclamando por algunas  disposiciones incluidas en la reforma del sistema de pensiones, proyecto que se despachó a ley el pasado 29 de enero. Una de las cuestiones más relevantes de la arremetida de la ACLI es que acusan expropiación. Sin embargo, Saavedra fue enfático es descartar tal presunción

En la misiva, – profusamente difundida en los medios nacionales – argumentan que esta reforma  no solo impactará negativamente a los trabajadores y a la economía del país, sino que también vulnerará los derechos de inversión de compañías extranjeras que operan en el sector previsional chileno, acusando que algunas disposiciones “socavan” el Tratado de Libre Comercio de Chile y EE.UU. En la  ACLI participan los grupos Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum) y Prudential Financial (controla AFP Habitat en conjunto con ILC).

De esta arremetida de las AFP con capitales estadounidenses conversamos con el decano de la FEN, Eduardo Saavedra, quien también fue ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2014-2020):

¿En términos generales que te parece la carta?

En la carta veo Inexactitudes, amenazas  y el deseo de mantener un derecho con argumentos falaces, sobre todo cuando hablan del impacto en los trabajadores que tendrá esta reforma al sistema de pensiones.

En la carta señalan que con algunas disposiciones de la Reforma de Pensiones (RP) se estaría socavando el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Chile, ¿es así?

No lo socaba, ni remotamente. Se han hecho varias modificaciones a DL-3500, que es el que regula las actividades de los fondos de pensiones de la AFP. Por ejemplo, se ha facilitado la entrada de nuevas empresas. Eso no existía cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Desde la Comisión Marcel, hace 15 años, se licitan los trabajadores nuevos que entran al sistema, a la AFP que cobra menos comisión al afiliado. Así entraron las AFP Modelo y UNO; Planvital licitó después, cuando quería tener más afiliados. Como los afiliados no se mueven de AFP, estas licitaciones son una fórmula para crecer.  Y cuando se hicieron estas modificaciones, nadie reclamó, nadie dijo que era expropiatorio, porque parte de las reglas del juego de mercado es que la entrada de nuevos actores se facilite, sobre todo cuando hay rentas significativas de los incumbentes que son los que están, entre los cuales están estas empresas norteamericanas de aseguradoras. Los grandes beneficiados de esto, son los trabajadores, que, por un tiempo al menos, ven reducidas las comisiones que tienen que pagar cuando estas se licitan.

¿Y esta fórmula de licitar nuevos afiliados a la AFP que cobra menos comisión ha funcionado bien?

El sistema ha funcionado bien y han bajado las comisiones. Pero no ha funcionado perfecto. Sigue habiendo rentas oligopólicas, rentas elevadas para inversiones pequeñas y, por lo tanto, este reclamo de las compañías estadounidenses, lo único que me hace pensar es que quieren elevar la conversación para que el Gobierno de Estados Unidos haga algo, presione y logre un mejor trato para ellos.

¿En qué caso la reforma hubiese violentado el Tratado de Libre Comercio con EEUU?

Por ejemplo, que les expropiaran los activos o les quitaran los trabajadores. Eso podría ser considerado dañino para sus inversiones. Pero aquí, no es el caso.

¿Qué hay detrás entonces de este reclamo?

Es importante decir que las AFP tienen ciertas rentas; rentas que son enormes para las pocas inversiones que hacen; y, principalmente, esas rentas son producto de las comisiones que cobran por gestionar los ahorros previsionales de sus afiliados y de las cotizaciones. Entonces cuando ellos dicen que les están expropiando, se refieren a esas rentas. No dicen explícitamente: «lo que yo pierdo son las rentas que tengo, la comisión que cobro por los ingresos de los trabajadores mes a mes». Por lo tanto, lo importante aquí es dejar claro que en una economía de mercado las rentas sobre económicas o más allá de las rentas que deberían ser las razonables para el nivel de riesgo de estas industrias, esa renta no constituye un derecho de propiedad. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado: ¿Qué es lo que están perdiendo? ¿pierden afiliados? No, porque tienen el derecho a participar también por esos mismos afiliados a una comisión menor. Entonces, lo que pierden son rentas. Pero las rentas en una economía de mercado no constituyen derecho de propiedad. Eso tenemos que tenerlo muy claro.

Sobre esa base, cuando ellos dicen que podrían ir a buscar reparaciones legales, ¿eso no llegaría a buen puerto?

Ellos recurrirían ante el CIADI, que es un foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados; está en el Banco Mundial, sede Washington. Pero, probablemente, les iría pésimo en el CIADI. Yo creo que ellos quieren construir un caso para que intervenga el gobierno de Estados Unidos, diciéndole a Chile: «ustedes me cambian la ley o les aplico sanciones».

¿Se siente como una amenaza cuando dicen que Donald Trump va a tener que tener en cuenta sus reclamos para cuando revise los acuerdos comerciales?

Por supuesto que es una amenaza y ellos están construyendo el caso para despertar al Gobierno norteamericanos y decir: «miren a Chile, nos están expropiando». Eso ya lo han hecho otras veces. Cuando fue la expropiación del cobre, en 1971, obviamente las empresas norteamericanas fueron a presionar y el Gobierno de Estados Unidos intervino. Donald Trump lo está haciendo ahora con México y Canadá  subiendo aranceles para presionar políticas migratorias.

La ACLI afirma  que no se les trata justamente por la disposición que establece la licitación del 10% de afiliados. Ahí hablan de la expropiación, que no es un trato justo y equitativo.

Aquí no hay expropiación porque no se le está prohibiendo a ellos participar. Si es que el mercado estuviese mucho más  concentrado a lo que está hoy día, y si es que hay un actuar coordinado de las AFP norteamericanas para ponerse de acuerdo en variables de mercado, el Tribunal de la Libre Competencia podría resolver, dependiendo de cómo se lleve el caso, que en esas licitaciones no participen. Pero esto, no es el caso como se ha aplicado en Chile, ni es el caso que pretende este nuevo cambio legal.

Otro punto que cuestionan es el rol que tendrá el Instituto de Previsión Social (IPS) y cuestionan la posibilidad de que ingrese al mercado un inversor público

En mi opinión, hay mercados que funcionan relativamente bien con empresas públicas y privadas, y a eso no hay que tenerle miedo. El mercado cuando no funciona como plantean los libros de texto, tiene como una opción regular, tiene  otras opciones complementarias o sustitutas, incluso la propiedad pública. Y aquí estamos hablando de un mercado que tiene siete AFP y que se le permite la entrada de inversionistas nuevos que, van a hacer lo que hacen hoy día las AFP: inversión. Eso significa más competencia y más competencia siempre es bueno.

Argumentan también que otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión.

No hay ninguna ventaja competitiva, porque hoy día ya se licita la cartera de afiliados nuevos que entran al sistema y las AFP participan. Y no es discriminatorio decir que la única obligación es que, si la AFP participa en la licitación con un precio más bajo de las comisiones, ese precio tiene que ser válido para todos sus afiliados. Y por eso, probablemente, las AFP muy grandes no quiere participan, porque tendrían que bajar el precio a todos la cartera de afiliados que tienen. Y por eso entran nuevas AFP a muy buen precio y validan el sistema. La preocupación latente en la carta es que esta licitación ya va a ser por el 10% de afiliados de todo el sistema y eso les va a revolver un poco el gallinero.

Ello hablan que no es justo el trato porque “han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”

Me encantaría saber cuáles son las grandes inversiones que hacen los incumbentes en una industria que deja 700 mil millones de pesos de rentas, de beneficios anuales. Me parece que son mucho menos esas inversiones, porque en esos beneficios están descontadas las depreciaciones de aquellas grandes inversiones. O si son grandes gastos, también están descontados. Y dejan una renta tan grande que la verdad es que es un negocio muy lucrativo a costa de los trabajadores chilenos.

¿Cómo observas la entrada de un inversor estatal?

El Estado muchas veces tiene otra función y objetivo distintos a la de un privado. El privado busca maximizar los beneficios de su empresa. Y, por lo tanto, llega a una cierta cotización. Si son muchos, va a ser la cotización muy parecida al costo medio de la empresa. Pero cuando son pocos, es mucho más grande que el costo medio.  Y eso es lo que está sucediendo en las AFP hoy día. De allí las enormes ganancias que tienen. ¿Por qué? Porque una vez que tienen a la gente capturada (la gente entró a una AFP y no está interesada en moverse), mensualmente le va cayendo el centavito, la cotización. Bueno, esa cotización quizá es un 20%, un 30%, un 40% por encima de aquella que se va a dar cuando haya una licitación. Pero si entra un ente estatal, el ente estatal quizá no está interesado en maximizar beneficios. Quizá el ente estatal está interesado en maximizar el bienestar global del sistema, que ya es algo más complejo. En la práctica, probablemente el inversionista público haría lo mismo que haría una AFP que fuera administrada por los propios cotizantes, como en otros países existe. Iría a costo medio, o sea, no querría perder dinero, pero lo cual significa cobrar bastante más bajo y por lo tanto captar más afiliados.

Y la pregunta que uno se hace: ¿Cuál es la dinámica de la industria cuando el nuevo entrante tiene ese otro objetivo? Si su interés es el costo medio, entonces le va a generar dinámica competitiva a la industria  mucho más grande que aquellos que maximizan beneficios. Y eso es un temor, porque eso no podrían alegarlo como expropiación, porque entró alguien y bajó el precio. Pero lo quieren alegar diciendo, porque es estatal. La argumentación es confundir peras con manzanas, que es muy propio de sectores radicales que dicen que el Estado no debería siquiera existir en esta industria. ¿Cómo funcionaron las AFP  cuando partieron? Con un laissez-faire increíble que lo único que llevó fue a enormes ganancias para sus dueños.

En la carta también señalan que las medidas (ya comentadas) afectan la confianza de inversores de larga data, que disuadirían las inversiones futuras

Chile ha dado muestras de que es un país que respeta los derechos de propiedad, respeta las instituciones e insisto, este cambio es dentro de la institucionalidad, este cambio es conocido por los que llegaron acá. Chile no tiene que seguir saliendo al pizarrón a demostrar que es un país que respeta los derechos de propiedad. Y, ciertamente, si es que se da una dinámica más competitiva en la industria, van a bajar las comisiones, ya no va a haber tanta aseguradora norteamericana queriendo entrar al mercado AFP en Chile. Obvio. Pero eso, es más bien una reacción propia, porque el mercado ya no da tanta renta como daba. Pero de aquí a que un inversionista minero, un inversionista tecnológico, dijera:  ´Chile se convirtió en Venezuela´, por favor. Esto es un pataleo de unos pocos empresarios que ven que sus derechos de rentas se están viendo amenazados. Y esas rentas no son propias de una economía de mercado.

Esta  reforma es un acuerdo de un espectro político amplio, que, por fin, se pone de acuerdo en meterle mano a una industria que funciona pésimo y que ha funcionado pésimo por muchos años y les extrae renta a los trabajadores por muchos, muchos años.

El hecho de que entren actores extranjeros a un sector tan sensible como el de las AFP, ¿preocupa?

Hay mucha gente a la que le preocupa, a mí no. A mí lo que me preocupa es que entren extranjeros que intenten meter a sus gobiernos para lograr beneficios. Como creo, está siendo este caso. Creo que eso está fuera de la regla del mercado. Y  parte de las reglas del juego es que, cada cierto tiempo, se hacen cambios legales – en este caso al sistema de AFP – me parece a mí que es parte de las reglas del juego. Meter al gobierno y sobre todo un gobierno que ha dado muestras de que puede meterle mano a la economía de mercado, porque lo único que le importa son las rentas de empresas norteamericanas, bueno, quizás nos hace cuestionar a muchos más, el qué hacen los norteamericanos acá en Chile. Cuando se aprobó la entrada de capital extranjero a la industria de las AFP, dijimos, como es un negocio nuevo, bienvenidos todos, y jugamos con las reglas del mercado. Pero si ellos no quieren jugar con las reglas del mercado, ahí yo me cuestiono si vale la pena tener este tipo de empresas acá. Esto no es la guerra fría, no es la hegemonía de Estados Unidos en la época de Ronald Reagan o Bush padre. Esta es una época, en donde un gran actor que no existía en aquella época, que es China, podría venir también a invertir acá; está Japón, están los países de la Unión Europea, o sea, ¿nos pegaría que el gobierno norteamericano se ofendiera? Por supuesto que sí, pero tampoco quedaríamos solos contra el mundo.

Por último, en la carta aseguran que esta reforma perjudica la seguridad financiera a largo plazo de los trabajadores, poniendo como ejemplo que obligaría a los gestores de inversión a tomar decisiones subóptimas, que desalentará la inversión en instrumentos financieros de largo plazo, el hecho de licitar cada dos años el 10%  de la cartera de afiliado. ¿Podría ser un efecto?

Las AFP eligen su portafolio pensando en que los trabajadores que ingresan van a quedarse hasta los 60, 65 años, y, por lo tanto, los fondos que tienen los invierten en activos de más largo plazo. Y, además, para asegurar que haya dinero efectivo para poder traspasar cuando alguien se  cambia, el sistema les obliga a que haya un encaje. Esto es, no pueden invertir un cierto porcentaje de los fondos que tienen. Tienen que mantener guardados, líquidos, de manera que si un trabajador dice me jubilo o me cambio de AFP, haya un traspaso efectivo de dinero. Lo planteo por lo siguiente, en este  cambio de ley, el encaje bajó, con lo cual hay más ganancia para las AFP, van a poder invertir más, van a tener menos dinero en encaje. Entonces, lo primero es que hay un beneficio que ellos no lo mencionan que es la reducción del encaje. Lo segundo, es que no todos los trabajadores se van y ahí queda el encaje en la AFP. Y las AFP invierten óptimamente, sin restricciones, en función del perfil de sus afiliados. Si tienen  afiliados jóvenes probablemente invierten a más largo plazo. Si ven que tienen afiliados no tan jóvenes, tienen que asegurar que los fondos no sean tan volátiles.  Y, por lo tanto, tiene que ser un mix de portafolio. No todo se tira a largo plazo. Y por lo tanto ya hoy día hay una suboptimalidad (o no optimalidad), Pero que se refiere a que es óptimo dada nuevas restricciones.

¿Y qué es lo que sucede con esta reforma? Le están diciendo, mire, yo sé que un porcentaje bajo de sus afiliados se va, pero ahora se va a ir un porcentaje más grande. Y, por lo tanto, va a tener que asegurarme que va a tener el dinero líquido cuando yo licite el 10% de los afiliados al sistema. Y si usted no se lo gana, tiene que hacer el traspaso de fondos. Por lo tanto, aquella AFP  que quiera cobrar caro por la comisión, se le va a ir gente. Entonces, es un mercado que debiera obligar al que quiere mantener afiliados a apostar por menores comisiones, por menor precio. Entonces, ¿es subóptimo? No lo sabemos. Puede ser que se mueva en el margen de la optimalidad de las inversiones. Me refiero en el margen a que es una restricción que ya tienen, que es cuántos trabajadores ellos creen que se le van a ir en los próximos dos años, hoy día quizás eso va a aumentar. Pero para los trabajadores, la buena noticia es que se van a ir en la medida en que alguien les bajó  la comisión, y si les bajó la comisión es un beneficio para los trabajadores y en el neto es imposible que lo que les perjudica sea más grande que el beneficio que obtienen pagando menos comisión porque si no, no se cambiarían. Entonces, eso de nuevo es un argumento falaz. El tratar de meter en este baile a los trabajadores para que ellos también reclamen diciendo que es malo lo que no va a suceder. No, es un argumento malo. Aquí, el único riesgo que veo es a las rentas oligopólicas de los inversionistas estadounidense de las AFP más grandes de Chile. Eso yo diría que es lo que sucede.

En este artículo nos concentramos en el nivel de confianza que la ciudadanía tiene en instituciones y actores relevantes. La confianza es un elemento clave para la construcción de un pacto social en materia previsional y no ha recibido suficiente atención en el debate público.

Por: Fernando López, Ph.D. Washington University in St. Louis. Académico FEN-UAH; y Guillermo Rosas, Ph.D. Duke University. Académico del Departamento de Ciencia Política, Washington University in St. Louis.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 160, 2021.

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Marcado por la pauta noticiosa que generaron los anuncios de proyectos de ley, impulsados por parlamentarios de distintos partidos políticos, que establecen -con matices más, matices menos – la posibilidad de retirar el 100% de los fondos de pensiones, los conductores del programa “Estación Central” de la Radio Universidad de Santiago (Radio USACH) analizaron junto con  Eduardo Saavedra, economista y director académico del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de la UAH, los escenarios que se abrirían ante la eventual aprobación de algunos de estos textos legislativos.

Para el economista, aquellas personas que perdieron sus empleos, se gastaron todo el fondo de su seguro de cesantía y las ayudas del Estado les llegaron lentas o finalmente nunca llegaron, su retiro del 100% los mantendría: “En la línea de flotación. Y no mucho más, porque en general esas personas tampoco tenían grandes fondos ahorrados. En el mediano y largo plazo, esas personas quedan completamente desprotegidas respecto a su jubilación, su base. Si uno piensa que pasan 20 años y las personas todas tenemos un mínimo garantizado como jubilación, bueno, esas personas perdieron el extra que tenían, en este caso producto del tema de la pandemia”.

En el caso de aquellas personas con más ahorros, algo ya quedó en evidencia con los tres retiros que se han hecho efectivos hasta ahora, pues: “Esto les significó comprarse los recursos que no habían comprado. Y mira cómo está la venta de automóviles hoy en día. Alguien quiere comprar departamento y tampoco encuentra, porque diferentes personas, en diferentes niveles, van comprando y eso va a generar en algún momento, si no aumenta la oferta, va a generar inflación. Con mucho dinero en los bolsillos, ciertamente, se produce un fenómeno de mucha liquidez, la gente gasta mucho y eso puede generar un problema macroeconómico”.

Sin embargo, a su juicio lo más grave es: “El efecto financiero que tiene; empresas se quedarían sin sus fuentes de financiamiento. Para que haya inversión tiene que haber igualdad por el lado del ahorro. Y si sacas los ahorros, bueno, no quedan recursos para hacer inversión. Y eso tiene consecuencias de largo plazo para la economía”.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar el actual sistema de AFP y si esto contribuiría o no a establecer un mejor sistema de seguridad social, Saavedra fue en enfático en asegurar que: “Las AFP, si bien se nos dijo que era seguridad social, la verdad es que es un tema de capitalización individual”, un sistema, agregó, que: “Nos mete en una lotería. Una lotería que ha sido bastante beneficiosa en promedio -de nuevo los promedios- que ha permitido rentar los fondos, pero no garantiza ni protege ni da argumentos de protección social. Es un tema de ahorro. Entonces si logramos separar, en la discusión, esos dos puntos, creo que se va a entender mejor las consecuencias que tiene el fin del sistema y qué es lo que como Estado debemos hacer”.

Ante la consulta respecto que, si esta estrategia del retiro del 100% permitiría avanzar hacia una seguridad social con un pilar del Estado más robusto, Saavedra sostuvo que: “La pregunta que debemos hacernos es cómo pensamos un Sistema de Seguridad Social que tenga un pilar solidario -como se ha hablado mucho y se ha hecho poco- y que tenga el componente de capitalización individual también. Porque uno puede pensar, razonablemente, que cuando estamos viejos queremos que nos garanticen un piso mínimo. No sé el monto, pero supongamos el salario mínimo, quizás más, dado que los gastos son más. Sobre eso me parece que todo el mundo debiera tratar de ahorrar para cuando esté viejo, para cuando tengamos la jubilación y poder tener un mejor vivir. O sea, el piso, un mínimo. No creo que como país tengamos la posibilidad de garantizar a las personas un millón de pesos de base, pero sí, razonablemente, la mitad de eso uno debiera atender o debiera buscarlo. Pero sobre eso, a todo el mundo debiera incentivársale a seguir ahorrando para la vejez. Son elementos que se discuten juntos, pero van por separado”.

Para escuchar la entrevista completa ingresa a:

Con los panelistas Fernando López, académico de la FEN y Andras Uthoff, doctor en Economía, quien además participó en el Consejo Asesor sobre Pensiones en el gobierno de Michelle Bachelet, se desarrolló el pasado 7 de enero el conversatorio sobre “La legitimidad de las pensiones en Chile”.

Este quinto encuentro forma parte del Ciclo “La otra cara de la crisis: Legitimidad de la democracia en juego”, organizado por la FEN en conjunto con Revista Mensaje. El objetivo es aportar, desde distintas miradas, contenidos a la redacción de una nueva Constitución Política que desaten los nudos críticos que ponen en juego la legitimidad de nuestra democracia. La revuelta social y el contundente resultado del Plebiscito dieron cuenta de la fragilidad del actual marco Constitucional, que no está respondiendo a las demandas por una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

López sostuvo: “La falta de legitimidad puede entenderse como el descontento generalizado de una parte importante de la ciudadanía con nuestro sistema de pensiones vigente, tanto con las bajas pensiones que entrega como resultado, así como con distintos aspectos del cómo está organizado este sistema”. Y este descontento ciudadano, agregó: “Hay que considerarlo muy en serio. Principalmente, porque el bajo conocimiento previsional de la población junto a una percepción fundada de distintos tipos de abusos, podrían llevar a apoyar iniciativas que sean perjudiciales para el sistema de pensiones y en consecuencia para los más necesitados, la población más vulnerable de nuestro país”.

Las causas de este malestar son varias, citando entre ellas: las expectativas con las que se instauró el sistema, prometiendo que las pensiones serían del orden del 70% de los últimos salarios; su origen toda vez que fueron creadas en pleno régimen militar (1981), utilizándose distintos métodos coercitivos para obligar a incorporarse al sistema; las utilidades que obtienen están muy por encima de los cálculos normales: “La industria de las AFP sistemáticamente ha obtenido ganancias por sobre estos mínimos. Y eso está asociado a las características del sistema previsional en donde la gente tiene bajo nivel de conocimiento previsional”.

En tanto, Uthoff aseguró que “…en Chile no hay un sistema de pensiones […] Aquí lo que existe es un mercado individual de ahorro […] que se rige por el principio de equivalencia o sea lo que uno puso es lo que uno recibe ni más ni menos […] Significa que yo me preocupo de mí mismo […] Cada uno se rasga con sus propias uñas”. Y esto, enfatizó: “Es totalmente contrario a los principios que deben guiar la protección social”, pues esta se entiende como: “Un pacto social en que todos nos vamos a ayudar para resolver el tema de falta de ingresos”.

Otro elementos que cuestiona la legitimidad del sistema de pensiones, es respecto del origen de las AFP en medio de una dictadura, pues: “El sistema AFP no solo ignora los deseos de la población, lo que lo hace ilegítimo, sino que también […] la capitalización individual, en la forma que se hizo en Chile, significó un enorme costo para toda la ciudadanía, que la transforma en algo ilegítimo, o sea nos vendieron algo sin que nosotros nos diéramos cuenta […] La generación que hoy día se está jubilando no solo está financiando su mala pensión con su 10% sino que, a través de sus impuestos, pagó todo el costo de la transición de un sistema a otro”. El costo se estima en 1,4 veces el valor del PIB.

Otra causa del malestar con el sistema tiene relación con que el afiliado, dueño de sus ahorros: “…no tiene ninguna injerencia en cómo se asignan esos recursos de inversión”.

Ante este malestar generalizado llama la atención que no se hagan los cambios que se demandan. Es por ello, concluyó Uthoff que: “Chile se conoce como un fenómeno en donde hay mucho descontento con el sistema previsional se demandan cambios, pero es donde seguimos con la misma estructura y los mismos problemas que se vienen denunciando desde hace mucho rato”.

En cada conversatorio se han ido abordando distintas temáticas: “Diálogo Social como base para un proyecto común en Chile”; “Marco Constitucional para un nuevo orden socio-político”; “Nueva Constitución: el Estado en defensa y promoción del ciudadano” y “El fin del modelo y la búsqueda de una sociedad más justa”.

Revive transmisión del conversatorio “La Legitimidad de las pensiones en Chile”.

¿Cómo se construye gobernabilidad en una sociedad democrática? ¿Cómo ajustar congruente e integralmente el rol del Estado con la influencia del mercado y de la sociedad civil? Esas son algunas de las interrogantes que cruzan las distintas temáticas que se están abordando en el Ciclo de Seminarios online: “La otra cara de la crisis: Legitimidad de la democracia en juego”, organizado por la FEN y Mensaje.

Con el descontento social (expresado en las masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre del año pasado): “Se han activado preguntas fundamentales, preguntas por el cómo organizamos la sociedad del futuro”, señaló Eduardo Abarzúa, decano de la FEN, en la apertura del ciclo. La profundidad del malestar de la población dejó en evidencia que su origen está en la forma en que se ha desarrollado el ajuste de la tríada Estado-Mercado-Sociedad Civil. Y es, precisamente, esta articulación la que entró en crisis: “…y si eso no lo resolvemos consistente e integradamente, lo que está en cuestión es la legitimidad de la democracia o del Estado en general, no de los gobiernos”, sostuvo Abarzúa.

En la oportunidad, el director de Mensaje y SJ, Juan Cristóbal Beytía, valoró este trabajo conjunto con la FEN, pues está en línea con la trayectoria y vocación de la Revista Mensaje -fundada en 1951 por el padre Alberto Hurtado- orientada: “…a poner temas que están en el corazón de la discusión nacional y poder llegar con propuestas al país […] Nos parece esencial poder hacernos la pregunta de fondo por nuestra democracia, el estado de nuestra democracia”, indicó Beytía.

A la fecha ya se han realizado cinco de los siete conversatorios contemplados en el ciclo. En cada uno han participado distintos actores con temáticas vinculadas a la reflexión sobre la sociedad que queremos construir, a partir de una nueva Constitución Política.

1. “Diálogo Social como base para un proyecto común en Chile” – 24 de septiembre, 2020

En este primer encuentro expusieron el decano de la FEN, Eduardo Abarzúa, y el investigador principal de la línea Conflicto Político y Social e investigador responsable del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión (COES), Alfredo Joignant.

Revisa acá transmisión del conversatorio

2. “Marco Constitucional para un nuevo orden socio-político” – 13 de octubre, 2020

En este segundo conversatorio participaron Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la UAH y Javier Couso, académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales.

Revisa acá transmisión del conversatorio

3. “Nueva Constitución: el Estado en defensa y promoción del ciudadano” – 29 de octubre 2020

En este tercer conversatorio participaron como expositores, Eduardo Saavedra, académico de la FEN y director del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de la UAH; y Guillermo Larraín, economista y académico de la Universidad de Chile, exsuperintendente de AFP y de Valores y Seguros.

Revisa acá transmisión del conversatorio

4. “El fin del modelo y la búsqueda de una sociedad más justa” – 25 de noviembre 2020

Carlos García, académico de la FEN y Claudio Agostini, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, dieron vida al cuarto conversatorio.

Revisa acá transmisión del conversatorio

5. «La legitimidad de las pensiones en Chile»- 7 de enero de 2021

Fernando López, académico de la FEN junto a Andras Uthoff, doctor en Economía y ex asesor del Consejo Asesor sobre Pensiones en el Gobierno de Michelle Bachelet, conversaron sobre la legitimidad del sistema de pensiones chileno.

Revisa acá transmisión del conversatorio

El primer y segundo retiro lograron salvar la vara de la disponibilidad de recursos susceptibles de ser retirados. Muchos afiliados no ven la cotización en la AFP como un ahorro concreto, sino como un descuento más. Después de este proceso de dos retiros consecutivos, se podría esperar que el modelo de ahorro a través de multifondos tuviera más apoyo o entendimiento por parte de la ciudadanía.

Por: Rafael Romero M., Doctor of Business Administration, Questrom School of Business, Boston University, EE.UU. Académico FEN-UAH.

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El artículo Retiro del 10%: Limitaciones de un proyecto regresivo, del académico de la Facultad de Economía y Negocios UAH, Fernando López,  fue destacado como el segundo más leído de CIPER Académico este 2020.

El sitio informativo publicó este año más de 400 columnas y artículos de investigadores e investigadoras de Chile y  Latinoamérica sobre diversos temas contingentes entre los que se cuentan textos sobre Covid19, la crisis económica, proceso constituyente, entre otros.

Retiro del 10%: Limitaciones de un proyecto regresivo

El 8 de julio de este año la Cámara de Diputados aprobó el primer trámite del proyecto de ley que modifica la Constitución para “incorporar como parte del derecho a la seguridad social, la facultad de los afiliados al sistema de capitalización individual, de retirar parte de sus fondos previsionales, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe.”

Aprobado con 95 votos de diputados de distintos colores políticos, 25 en contra y 31 abstenciones[1], el proyecto tiene por objeto “mitigar los efectos sociales derivados del Estado de Excepción Constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19”. A la fecha de redacción de este artículo, 24 senadores habían anunciado su intención de votar a favor de esta iniciativa que necesita un total de 26 votos[2]. A continuación, presento una evaluación del proyecto que identifica cinco falencias significativas y planteo una propuesta que contribuiría a mitigar las consecuencias de la pandemia con un mecanismo de auto préstamo que no tiene estas falencias.

CONTEXTO DEL PROYECTO Y SINOPSIS DE LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACIÓN

El proyecto se plantea en un contexto que tiene cuatro elementos que es necesario tener presente para su evaluación.

Primero, casi 4 millones de personas se han visto afectadas por el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Según datos de la Universidad Católica, 2,1 millones de personas han perdido su empleo en los últimos 12 meses y 1,1 millones no están buscando trabajo, pero lo habrían hecho si no estuviéramos en la actual crisis sanitaria[3]. Adicionalmente, la Superintendencia de Pensiones reporta que 765.635 trabajadores habrían solicitado suspensiones de contratos[4]. Además de una reducción en el ingreso de millones de familias, estas cifras se suman al temor por los contagios, la perdida de seres queridos y la incertidumbre sobre la capacidad que tendrán para enfrentar sus múltiples necesidades.

Segundo, tanto la ciudadanía como diversos actores consideran que la propuesta del gobierno para enfrentar la pandemia ha sido lenta e insuficiente en relación con la profundidad de la crisis y las necesidades de la población…

Ver columna completa en Ciper académico

Fuente: Ciperchile.cl

Por: Fernando López, Doctor en Business Administration, Olin Business School, Washington University in St. Louis, EE.UU. Académico FEN-UAH

Publicado en revista Observatorio Económico Especial Octubre, 2020

El principal objetivo de un sistema de pensiones es producir pensiones suficientes para financiar las necesidades de las personas en la vejez. En Chile, existe consenso de que las pensiones son bajas y que es necesario aumentarlas, sin embargo, no hay acuerdo sobre los cambios que necesitamos para lograrlo. Las principales discrepancias tienen como trasfondo diferencias ideológicas sobre redistribución de ingreso (solidaridad inter e intra generacional y su financiamiento) y disputas de poder asociadas a la gobernanza y administración del sistema. En este contexto, el propósito de este artículo es entregarle algunos elementos técnicos que le permitan entender y analizar las propuestas de distintos actores. Específicamente, el artículo tiene tres objetivos: (1) explicar los factores que determinan las pensiones, (2) explicar porque tenemos bajas pensiones Chile e (3) ilustrar que la incertidumbre sobre las rentabilidades futuras es un elemento ineludible de cualquier reforma que aspire a asegurar una pensión mínima en la vejez en nuestro país.

¿De qué dependen las pensiones? 

La Figura 1 muestra una versión simplificada de los principales determinantes de las pensiones en cualquier sistema previsional (no solo el chileno). Se aprecia que la pensión de una persona aumenta con el ahorro que ésta logre acumular durante su vida laboral, lo cual depende de las características de su trayectoria laboral (años trabajados, formalidad de su empleo y nivel de ingresos). Otro factor es la rentabilidad de sus ahorros, que en el caso chileno depende del marco regulatorio, de la gestión de las inversiones por parte de las AFP y del desempeño del mercado financiero. Las pensiones también dependen de los aportes del Estado así como de la expectativa de vida de las personas al jubilar y sus personas beneficiarias en caso de fallecimiento.

¿Por qué tenemos bajas pensiones?

Para ilustrar el problema estructural que tiene nuestro sistema de pensiones, consideremos que con la tasa de cotización actual del 10% del ingreso imponible, una mujer que percibe un ingreso imponible de $420.000 y cotiza 45% del tiempo entre los 20 y 60 años, en la práctica ahorra $42.000 mensuales por 18 años. Esto es claramente insuficiente para financiar por 30 años una pensión que sea considerada “digna”. El panorama de los hombres no es mucho mejor.

En este contexto, las alternativas para aumentar las pensiones son aumentar el ahorro, aumentar los aportes del estado, aumentar la edad de jubilación y aumentar la rentabilidad del ahorro. Aumentar el ahorro es complejo porque la mayor parte de la gente prefiere utilizar esos recursos en el presente. Aumentar el aporte del Estado, a menos que sea vía la eterna promesa de mayor eficiencia en el gasto, involucra mayores impuestos y/o reasignaciones presupuestarias que reducen el presupuesto disponible para otras necesidades. Aumentar la edad de jubilación mejora la “contabilidad” de las pensiones porque reduce el periodo a financiar, pero es impopular. Por último, la rentabilidad a largo plazo de los fondos previsionales depende principalmente del desempeño de los mercados financieros, lo cual es altamente incierto y, como veremos a continuación, su impacto en las pensiones es enorme.

Impacto de la rentabilidad en el ahorro acumulado a lo largo de la vida

En nuestro sistema de capitalización individual estamos expuestos a la incertidumbre sobre la rentabilidad de “largo plazo” de las inversiones de los ahorros previsionales. Para ilustrar este punto, consideremos el caso de una persona que ahorra un monto fijo (en UF) durante 40 años y su fondo tiene una rentabilidad real constante durante este periodo. El Gráfico 1 muestra la relación entre rentabilidad de los fondos de pensiones (eje horizontal) y pensión (eje vertical). A modo de referencia, supongamos que con una rentabilidad real de 0% durante los 40 años de ahorro, la persona obtiene una pensión igual a $100. Con una rentabilidad promedio de UF+2%, la pensión será $155 y si la rentabilidad es UF+6%, la pensión será $432. En este contexto, una de las críticas a nuestro sistema previsional es la exposición de las pensiones de cada persona a la incertidumbre asociada a la rentabilidad de los ahorros.

Como alternativa se plantea un esquema que asegure un nivel de pensión mínima, lo que en términos técnicos se conoce como “beneficios definidos”, tal como lo hacen varios países de la OCDE. Sin embargo, la incertidumbre sobre la rentabilidad es ineludible. Tal como muestran las simulaciones de la Figura 2, si la rentabilidad de las inversiones es inferior a la proyectada, el sistema podría ser incapaz de cumplir con los beneficios prometidos, cayendo en una situación de insolvencia. En este caso, la manera en que se ajusta la falta de recursos es obteniéndolos de otras fuentes (cuando están disponibles) o reduciendo los beneficios de los futuros pensionados. La probabilidad de este escenario se ha acentuado por el envejecimiento de la población y las menores rentabilidades de los fondos previsionales. Para abordar esto último, los países de la OCDE han optado por vincular los beneficios a la expectativa de vida de la población, a la disponibilidad de fondos para el pago de pensiones, postergar la edad de jubilación y desarrollar (o potenciar) esquemas de capitalización individual (OECD, 2019)[1].

En el caso chileno, asegurar un nivel mínimo de pensiones es complejo tanto por las características estructurales de nuestra economía como por la incertidumbre respecto a la rentabilidad de los fondos de pensiones en el largo plazo. El actual esquema de capitalización individual no tiene una responsabilidad contractual de financiar un nivel de pensión, pero la ciudadanía se lo exige a través de la protesta y diversas formas de manifestación. Las pensiones son un desafío global que estamos lejos de resolver. Esperemos que en el debate chileno se realice con transparencia y honestidad intelectual sobre las bondades y limitaciones de las distintas alternativas.

Agradezco los valiosos comentarios de Álvaro Arancibia, Bastian Montecinos y Jorge Rodríguez. Cualquier error u omisión son de mi exclusiva responsabilidad.

Referencias

[1] OECD (2019), Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris.

Por: Rafael Romero M., Doctor of Business Administration, Questrom School of Business, Boston University, EE.UU. Académico FEN-UAH

Publicado en revista Observatorio Económico Especial Octubre, 2020

El retiro del 10% ha tenido un impacto positivo en la actividad económico y éste ha sido realizado por la mayoría de los afiliados. Dado este “éxito”, en el Congreso cobra forma un segundo retiro del 10% el que, si es evaluado con el mismo criterio, seguramente tendrá “similar éxito”. Sin embargo, si este segundo retiro ocurriera, la pregunta sería ¿por qué no permitir el retiro del resto de los fondos de pensiones?

El propósito de este artículo es reflexionar sobre la toma de decisiones políticas en nuestro país, asociado con políticas para aliviar la crisis que ha traído la pandemia de Covid-19. Nuestro sistema de representativo le otorga el poder al Congreso de representarnos en la toma de decisiones. ¿Cuál sería el resultado de un plebiscito en que se sometiera la decisión de retirar todos los fondos de las cuentas mantenidas en las AFPs? Lo más probable es que nuestros congresistas interpretarían que la decisión mayoritaria sería retirar los fondos, ya que hay muy pocos parlamentarios que se opusieron al primer retiro y no se escuchan en el Congreso voces convincentes o convencidas en contra del segundo retiro.

¿Esto significa que deberíamos eliminar el sistema de ahorro previsional obligatorio?

Estas dos preguntas me llevan a reflexionar sobre el origen de los sistemas de previsión. ¿Por qué se obliga a los trabajadores e independientes a ahorrar cada vez que éstos perciben ingresos?

Los estados modernos obligan a sus ciudadanos a ahorrar para su vejez debido a que, si se dejara a la libre voluntad de cada persona, la mayoría no lo haría, pero durante el período de retiro de la fuerza de trabajo, el estado tendría que hacerse cargo de ayudar a los conciudadanos retirados. ¿Cómo se puede financiar un sistema en que pocos quieren ahorrar y en el que el estado tendría que hacerse cargo de las jubilaciones? Ese tipo de sistema tendría que financiarse con impuestos generales, el que colapsaría porque los ingresos nunca serían suficientes para financiar pensiones y todo otro gasto social que se deba hacer frente.

Para algunas políticas públicas es necesario tomar medidas que son impopulares, tal como es el caso del ahorro obligatorio para la vejez.

Ya hay algunos balances del primer retiro. Según la Superintendencia de Pensiones, luego de transcurrido dos meses desde la promulgación de la Ley, cerca de 9,8 millones de afiliados han solicitado retirar fondos, con un retiro promedio de $1.356.801 por persona, lo que alcanza a pagos del orden de  US$ 16.000 millones. Para poner las cifras en perspectiva, según el Ministro de Hacienda, el presupuesto total anual en educación alcanza US$15.000 millones. ¿Es una muestra del “éxito” de la medida?  Más que éxito, es una muestra de una decisión racional de los afiliados.

Analizando la situación, un afiliado típico, podría concluir que, si no retira los fondos, luego de un año perdería la opción de hacerlo. Por otro lado, si retira los recursos, podría utilizarlo en lo que más le convenga, ya sea consumo, pago de deudas o ahorro. Lo más probable que el afiliado no esté pensando en la menor pensión que obtendrá en el futuro, ni que quizás sus hijos o nietos tengan que pagar mayores impuestos para financiar su pensión o la de otros afiliados. Con respecto a este último punto, el Ministerio de Hacienda ya estima que el valor presente de las transferencias que tendrá que hacerse cargo el Fisco debido al primer retiro, alcanza a US$3.500 millones.

Un aspecto que ha sido muy discutido por los especialistas, es el potencial ahorro de impuestos de los afiliados que no han visto perjudicadas sus fuentes de ingresos, y que podrían utilizar esta oportunidad de retiro de fondos para volver a depositarlos en un APV (Ahorro Previsional Voluntario) lo que les permitiría reducir su base imponible y, por lo tanto pagar menos impuestos. El Ministro de Hacienda estima esos menores impuestos debido al primer retiro del 10% del orden de US$1.000 millones.

Otro balance del primer retiro, dice relación con el número de afiliados que vació sus cuentas individuales. Según la Asociación de AFP, aproximadamente 2,7 millones de personas se quedaron con saldo igual a cero en sus cuentas de ahorro, esto es el 27,6% de los afiliados que retiraron fondos. Según esta misma fuente, en caso de concretarse el segundo retiro, aproximadamente 4,0 millones de personas terminarán con saldo cero.

Esta segunda información, ciertamente no la podemos catalogar como éxito. Nos muestra una realidad en que un gran porcentaje de afiliados tiene muy pocas cotizaciones, ya sea por tener pocos años de cotización o por lagunas previsionales. A este grupo habría que agregar a los trabajadores por cuenta propia que no cotizan en el sistema.

Pasadas las urgencias asociadas al Covid-19 tendremos que volver a pensar cómo se financiarán las pensiones. Ciertamente, la solución no pasa por seguir repartiendo los ahorros previsionales existentes. La primera prioridad es identificar a las personas que se han visto más afectados por la crisis y concurrir a otras ayudas que el Estado pueda garantizar mientras dura la pandemia.

Por: Humberto A. Borges Quintanilla, Doctor © en Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Zaragoza, España. Director del Diplomado en Gestión Tributaria FEN- UAH

Publicado en revista Observatorio Económico Especial Octubre, 2020

Estamos ad portas de un plebiscito que comenzará un proceso de restructuración de la política de Chile y, tal vez, comenzar un proceso de modernización en busca de un país más justo. Además, paralelamente ha comenzado la discusión tributaria, con la idea solventar el retiro del 10% de las AFPs y otros gastos de la pandemia. Pero, nuevamente, surgen ideas de obtención de recursos mediante el IVA, el impuesto más regresivo y que dañaría más a las clases medias y a las más empobrecidas por la pandemia. Esta situación solo demuestra, una vez más, que muchas de las reformas se piensan mirando los libros de los 1980s y 1990s, sin considerar, que hoy tenemos más de una alternativa para solventar los gastos de la pandemia y los gastos estatales.

Primero, la idea de que el IVA es un impuesto bueno para la economía no es correcta en un momento de crisis como el actual, con alto desempleo y en medio de una pandemia. Podemos observar, los ingresos autónomos mensuales de los hogares pobres estimados en $304.444, en contraste con los hogares no pobres, donde el ingreso autónomo promedio mensual era de $569.510 (nov. 2017; Informe de Desarrollo 2020), observando el tamaño medio de los hogares pobres con 3,5 personas por hogar.

Podemos explicar la injusticia del aumento del IVA, con un ejemplo: una familia con 4 personas que consume una canasta básica por persona de $60.000 afecta a IVA mensual (cuatro canastas). Las familias pobres destinan 78,8% a las canastas básicas y 12,6% es el aporte de IVA al Estado. Por el contrario, un hogar no pobre puede destina 42,1% a la canasta básica y 6,7% es el aporte de IVA de una familia no pobre de su renta mensual.

Para algunos expertos los $1.681 que aumentará las canastas de una familia por el aumento de 1% del IVA es un costo muy bajo, pero para una familia pobre que no tiene espacio para ahorrar para una vivienda o mejorar sus condiciones, es un costo muy elevado. Por otro lado, las familias no pobres pueden ahorrar y absorber el impuesto con el resto de su renta mensual, el impacto no es significativo en su caso.

La OCDE especifica que el IVA representa sobre los 40 puntos de los ingresos estatales en Chile, indicando que el país debe disminuir el porcentaje aumentando otros impuestos, evitando el efecto regresivo del IVA. En cambio, en el país se tomo livianamente esta propuesta y se pretende llevar al consumo el costo del retiro del 10%, es decir, un impuesto IVA encubierto.

Tenemos otras alternativas con el IVA, entrar en una reforma completa de este impuesto, es decir, convertir al IVA en un impuesto diferenciado. La diferenciación se debe realizar en productos de consumo básico (alimentos y salud) los cuales deben tener un impuesto menor que apoyara a las familias más pobres. Además, paralelamente aumentar la tasa en los productos que no son de primera necesidad, enfocándose en los productos que dañan la salud, como son los altos en azucares y saturados en grasa. Por ejemplo, el IVA que hoy se cobra sobre los servicios digitales es positivo, ya que es un costo que se debe pagar por los costos indirectos de Uber y otros servicios.

Alternativa de aumentar otros impuestos

Existen otras alternativas, volver a revisar el impuesto a la renta de las personas. Según la OCDE, el porcentaje de aporte de impuesto a la renta a las personas es muy bajo, generalmente se debe a reformas que la han disminuido en el tiempo. Por ejemplo, la rebaja de tasa de 40% a 35% de IGC al tramo más alto de ingresos (150 UTA y más de ingresos anuales). Las rentas más altas del país corresponden a “altos puestos en las empresas (directores y gerentes), algunos dueños de grandes empresas y profesionales muy cotizados en el mercado, el promedio mensual de renta neta sería más de M$7.046 mensual”. (Borges, 2018), las cuales fueron beneficiadas con esta reforma.

Durante enero 2020 se repuso la tasa de 40% a rentas superiores de 15 millones mensuales, con esto se reduce un poco la desigualdad que se relaciona a la rebaja impositiva entre el 2017 al 2019. La cual podemos observar en el gráfico, donde se muestran los aportes de las rentas más altas del país mediante el impuesto a la renta. Los aportes corresponden al 74,3% en el 2014 y va en aumento hasta el año 2016, luego se aplicó la disminución a las rentas más altas, produciendo una disminución en el aporte de la Región Metropolitana, esta disminución se debe a que las rentas más altas principales se encuentran en esta región. En conclusión, la medida de la rebaja del 40% al 35% generó una desigualdad territorial y por contribuyente, es decir, las regiones entregaron más aportes al Estado. En conclusión, la medida de rebajar el impuesto a las rentas de las personas beneficio a la región más rica y con mayor índice de desarrollo regional del país (Región Metropolitana).

Una propuesta alternativa, es aumentar la tasa del impuesto a las rentas superiores a los 18 millones mensuales con una tasa del 43%, introduciendo de esta manera una mayor carga de impuesto a la Región Metropolitana, mejorando así, la justicia impositiva y territorial.

Bibliografía

Borges, H. (2018). Tributación: Herramienta estratégica para lograr el bienestar social y equidad. Observatorio Económico, (126), 6-7. https://doi.org/10.11565/oe.vi126.55

Informe de Desarrollo Social (IDS) 2020. http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/informacion-social/informes-de-desarrollo-social

Luego de un intenso debate, el 30 de julio se publicó en el Diario Oficial la Ley No 21.248 que permite a los afiliados al sistema de AFP, de manera excepcional, voluntaria y por única vez, retirar hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. El propósito fue mitigar los efectos sociales derivados de la crisis sanitaria. Este artículo presenta una descripción de los principales elementos de la Ley, el contexto económico y de legitimidad del sistema previsional en el que fue aprobado, así como algunas de las principales ventajas y desventajas del proyecto.

Por: Fernando López, Doctor en Business Administration, Olin Business School, Washington University in St. Louis, EE.UU. Académico FEN- UAH

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 147, 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA LEY

La Ley permite que los afiliados al sistema de capitalización individual retiren hasta el 10% de los fondos acumulados ahorrados en su cuenta de cotizaciones obligatorias, de manera voluntaria y por única vez. Dependiendo del saldo de ahorro que tengan los afiliados, el proyecto tiene tres condiciones respecto a los montos que se pueden retirar:

• No puede ser inferior a UF35 ($1.000.000) ni superior a UF150 ($4.300.000).
• Para quienes el 10% de sus ahorros sea inferior a UF35 podrán retirar hasta dicho monto (UF35).
• Si el total de fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual son menores a UF35, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos.

Quienes retiren hasta 35UF ($1.000.000), recibirán su dinero en una sola cuota. Quienes retiren más de esa suma recibirán su pago en dos cuotas, la primera a 10 días hábiles de la solicitud y la segunda a 30 días hábiles del primer desembolso.

Los afiliados tendrán hasta un año para efectuar su retiro, a partir de la fecha en que la Ley fue publicada en el Diario Oficial. Los fondos retirados no serán considerados renta para fines tributarios. Tampoco serán objeto de retención, descuento, embargo, compensación legal o contractual, excepto en el caso de deudas originadas por pensiones alimenticias.

La Tabla 1 presenta el número de afiliados de acuerdo con el monto de dinero que podrían retirar, según datos de la Superintendencia de Pensiones al 31 de marzo de 2020.

Cerca de 3 millones podrían sacar el 100% de sus fondos previsionales puesto que no superan las UF35 ($1.000.000). En el tramo más numeroso, los 4.652.000 afiliados cuyo 10% de saldo en sus fondos de pensiones es inferior a las UF35 podrán retirar un promedio de 34% de sus ahorros previsionales.

Considerando estos dos grupos, 7.554.091 afiliados del sistema podrían retirar un promedio de 59,4% de sus ahorros previsionales.

A nivel agregado, los cerca de 11 millones de afiliados podrían retirar un promedio de 44% de sus ahorros previsionales. A los cinco días de vigencia de la Ley, más de 7 millones de afiliados habían solicitado el retiro de sus fondos previsionales.

CONTEXTO ECONÓMICO

La discusión del proyecto de ley se dio en circunstancias en que las medidas de apoyo del gobierno se consideraban insuficientes y lentas. En efecto, el día previo a la votación del primer trámite legislativo, el presidente Sebastián Piñera anunció un plan económico que proponía diversas medidas para apoyar a la clase media (1). Entre ellas se destacan cuatro. Primero, un aporte o transferencia de $500.000 para trabajadores que tenían ingresos formales entre $500.000 y $1.500.000 mensuales o quienes hayan sufrido una caída de 30% o más en sus ingresos (2). Segundo, un subsidio durante tres meses para el pago de arriendos de hasta $600.000. Tercero, la postergación del pago de contribuciones de bienes raíces el segundo semestre. Cuarto, la postergación de hasta 3 meses del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La principal debilidad de las medidas es que deja fuera de beneficio a trabajadores informales que no se encuentran en el Registro Social de Hogares y no tienen como demostrar una reducción de 30% o más en su nivel de ingresos. Trabajadores de la construcción, asesoras del hogar, meseras y meseros, jardineros, conductoras y conductores de transporte escolar son algunos de los muchos ejemplos invisibles a nuestro sistema tributario y al radar que utiliza el Estado para focalizar su ayuda. De acuerdo a un estudio de la Universidad Católica (3), nuestro mercado laboral tiene más de 3 millones de trabajadores informales. De este total, 1,2 millones serían trabajadores por cuenta propia, esto es, son propietarios de la unidad económica donde trabajan y desarrollan sus actividades de manera individual. Adicionalmente, habría 1,9 millones de trabajadores dependientes precarizados, que son aquellos que trabajan como asalariados públicos o privados o como servicio doméstico, cuyo empleador no realiza cotizaciones previsionales a partir del vínculo laboral.

Diversos actores han señalado las falencias de los instrumentos del Estado para identificar a quienes lo están pasando mal (4) y los problemas de una estrategia de focalización cuando no tenemos instrumentos razonables para identificar las necesidades de una parte significativa de la población (5).

El hecho que la ayuda sea considerada insuficiente y que no llega a todas las capas de nuestra sociedad presiona la búsqueda de alternativas de solución, entre las que el retiro de fondos previsionales fue la más popular.

DESCONTENTO CON EL SISTEMA PREVISIONAL

El efecto económico de la pandemia pone a los fondos de pensiones en el centro de la discusión en medio de una crisis de legitimidad.

Según la Encuesta de Protección Social (2015), un 68% de los afiliados al sistema de AFP tienen una opinión negativa o muy negativa sobre el sistema previsional. En contraste, solo 6,4% tenía una opinión positiva y 0,4% una muy positiva. Las razones de esto último son varias y conocidas: su origen en dictadura, pensiones bajas en relación con la promesa y expectativas creadas por sus fundadores; el hecho de que algunos actores reciben un pedazo grande de una torta que no alcanza para la mayoría (6) o la baja discrecionalidad de los afiliados para disponer de sus ahorros previsionales en etapas de vacas flacas, que fue el tema central en la discusión de esta Ley.

LO POSITIVO

La ley presenta al menos tres ventajas. La primera es que cerca de 11 millones de personas podrán acceder a sus fondos previsionales, permitiéndoles mitigar las consecuencias de la pandemia, estrecheces económicas originadas con anterioridad a esta u otros usos que no están necesariamente asociados a situaciones apremiantes pero son muy bien recibidos. La segunda es la popularidad de la iniciativa.

De acuerdo a un sondeo de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) (7), un 72% de los mayores de 25 años prefería como primera opción de ayuda el retiro del 10% de los fondos previsionales versus otras alternativas como subsidios o créditos del Estado.

De acuerdo con un estudio de “Tú Influyes”, más del 90% de los encuestados señaló que retiraría sus fondos previsionales.

La tercera es la inyección de recursos que contribuirán a dinamizar la actividad económica. En efecto, el monto que podrían retirar los afiliados supera los US$17.000 millones.

Los resultados de los sondeos mencionados sugieren que el principal uso que se dará a estos fondos es pago de créditos, compra de alimentos de primera necesidad y pago de cuentas de servicios básicos.

LIMITACIONES

Entre las principales limitaciones de la elaboración y diseño final de la Ley se destacan cuatro. Primero, la elaboración del proyecto no estuvo respaldada por estudios que fundamentaran su diseño, describieran en detalle los grupos de la población que serían más beneficiados, la manera en que esta propuesta aliviaría su situación actual, cómo se articularía con el paquete de medidas que se han propuesto para aliviar los efectos de la pandemia y con la reforma previsional. Tampoco señalaba cuales serían los costos de la medida y quienes los pagarían.

Segundo, esta Ley es regresiva y comparte el punto ciego de la ayuda estatal. Las personas con mayores montos en sus fondos de pensiones son quienes han trabajado de manera dependiente, con mayores ingresos y pocas lagunas laborales. Estas personas ya están cubiertas por el seguro de cesantía y tienen mayores montos en sus cuentas individuales. Si hacemos un ranking, los beneficios son más generosos con personas de mayores ingresos que no se han visto afectados laboralmente por la pandemia. A continuación, estarían trabajadores dependientes de altos ingresos que han cotizado por periodos prolongados de tiempo que cuentan con mayores niveles de ahorros previsionales, aunque ya han utilizado su seguro de cesantía producto de la ley de protección al empleo (8) o porque han quedado desempleados. Luego vendrían personas con bajo nivel de cotizaciones y quedarían fuera quienes no tienen ahorros previsionales. Por lo tanto, este proyecto tampoco se hace cargo de los trabajadores informales que cuentan con escasos ahorros previsionales, no tienen como demostrar reducciones en sus ingresos y lo están pasando muy mal.

Tercero, la Ley entregará exenciones tributarias por montos que fluctúan entre $610.000 y $1.720.000 para personas que tengan un ingreso mensual promedio superior a los $3.000.000 durante 2020. Esto ocurre porque los ahorros retirados por personas de altos ingresos no pagaron impuesto a la renta y ahora podrán serán retirados libremente. Esto podría haber sido subsanado fácilmente, sin atrasar la discusión ni la entrega de beneficios a las personas.

Una alternativa planteada fue considerar los retiros en el cálculo de impuesto a la renta para personas que durante el año del retiro tuvieran ingresos superiores a los $2.000.000.

Cuarto, la Ley también abre la puerta para una “bicicleta tributaria” que beneficiaría en mayor grado a personas de mayores ingresos y, en consecuencia, incentivaría el retiro de fondos de quienes no han visto reducidos sus ingresos producto de la pandemia. De hecho, los más beneficiados en términos monetarios serán personas con ingresos superiores a los $3 millones líquidos quienes recibirán un regalo del

Estado entre $610.000 y $1.720.000 si retiran el tope de UF150 y la invierten en APV o Depósitos Convenidos (Tabla 2). Esto es adicional a las exenciones tributarias descritas en el punto anterior. Para trabar esta bicicleta se podrían haber eliminado los beneficios fiscales y exenciones tributarias por los aportes al APV o Depósitos Convenidos por un monto equivalente al retiro que efectúen de su cuenta de capitalización obligatoria. Por ejemplo, una persona que retire el tope de $4.300.000 y ahorre UF600 ($17.000.000) anuales en APV recibiría exenciones tributarias por la diferencia $12.700.000 (=$17.000.000-$4.300.000).

Esta traba para la bicicleta tiene tres grandes ventajas. Primero, evita que personas de altos ingresos o que no se han visto afectadas por la crisis obtengan beneficios fiscales y exenciones tributarias al invertir su retiro de fondos previsionales.

Segundo, evita imponer barreras financieras y burocráticas al ahorro previsional voluntario, que será necesario impulsar con mayor fuerza luego de dicho retiro. De hecho, para su implementación bastaría que las AFPs o Superintendencia de Pensiones envíe al SII la nómina de personas que efectuaron el retiro de fondos y su monto.

Sin perjuicio de lo anterior, los incentivos tributarios del ahorro previsional voluntario actuales son desmesuradamente regresivos y deberían corregirse. Por ejemplo, al año 2019 la bonificación máxima del Estado para 75% de los contribuyentes que tienen una renta líquida menor a $670.000 es igual a 15% de lo ahorrado con un tope de $300.000. Al mismo tiempo, la bonificación máxima para menos del 0,8% de los contribuyentes que tienen una renta promedio superior a los $8.000.000 era un 53,8% de lo ahorrado, con un tope cercano a los $6.000.000.

Tercero, al no imponer medidas más estrictas, como lo sería prohibir la entrega de beneficios fiscales y exenciones tributarias hasta que se restituyan los fondos retirados, esta propuesta no castiga al ahorro voluntario respecto a otras alternativas de inversión.

COMENTARIOS FINALES

La Ley de retiro de fondos previsionales tiene un diseño similar al modelo peruano que permitió a sus afiliados retirar hasta un 25% de sus ahorros, con topes mínimos y máximos, sin que estos fondos tuvieran que ser restituidos por el estado u otro en el futuro. En la práctica, el retiro de fondos opera como un auto préstamo que será financiado a través de una menor pensión autofinanciada. Esto se traducirá en un mayor gasto fiscal para personas que recibirán complementos para su pensión a través del pilar solidario y menores pensiones para quienes no cumplan los requisitos para acceder a dicho pilar, debido a que no se encuentran en el 60% de los hogares más vulnerables.

Aunque esta medida fue muy bien recibida por la ciudadanía, esta beneficia en menor grado a las y los trabajadores informales que no tienen como acreditar caídas en su nivel de ingreso para acceder a la ayuda estatal, al igual que la mayoría de las iniciativas de ayuda del Gobierno.

Referencias

(1) https://www.gob.cl/proteccionclasemedia/

(2) En la versión final del proyecto, para la entrega de este beneficio se consideraron ingresos pre-crisis entre $400.000 y $1.500.000.

(3) https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2020/05/Paper-122_VF.pdf

(4) https://ciperchile.cl/2020/07/03/los-graves-problemas-metodologicos-y-practicos-en-el-ingreso-familiar-de-emergencia/

(5) https://ciperchile.cl/2020/07/16/las-consecuencias-de-la-focalizacion/

(6) Algunos ejemplos de esto último son las ganancias de las administradoras de pensiones, que son mayores a las necesarias para atraer capital a la actividad (TDLC, 2008; Comisión Pensiones, 2015;

Grupo Mejores Pensiones para Chile, 2016); las diferencias en los beneficios recibidos por civiles y fuerzas armadas (Comisión Pensiones, 2015); o las sospechas que levanta el tránsito de autoridades del Estado que ocupan cargos ejecutivos en las administradoras o empresas en las que éstas eligen directores (Bril-Mascarenhas & Maillet, 2019).

(7) https://www.ccs.cl/2020/07/24/encuesta-ccs-60-de-quienes-retiren-sus-fondos-piensa-destinar-parte-del-dinero-a-alimentos-y-productos-de-primera-necesidad/

(8) https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/ley_de_proteccion_del_empleo

Prácticamente todos los días surgen noticias relacionadas con las Administradoras de Fondos Previsionales (AFPs). ¿Qué hace que la institución de la administración de fondos para la jubilación genere tanto interés público? ¿Cuál es el tamaño agregado de los fondos administrados? ¿En qué invierten las AFPs? ¿Cómo podrían contribuir las AFPs a las empresas nacionales ante la crisis económica causada por el Covid-19?

Por: Rafael Romero M., Doctor of Business Administration, Questrom School of Business, Boston University, EE.UU. Académico FEN-UAH (1)

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 144, 2020.

LA INSTITUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA LA JUBILACIÓN

Las AFPs nacen el año 1980 en Chile, año de la reforma previsional, cuando se diseña el nuevo sistema de fondo de pensiones (dictado por el Decreto Ley Nº 3.500), que actualmente es administrado por siete entidades privadas de capitalización individual. En el año 2002 la Ley N° 19.795 modificó el DL 3.500 para introducir el sistema de multifondos.

De esta manera, el espectro de posibilidadesnde inversión de las AFPs, está dado por: el DL 3.500, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones y por la normativa complementaria dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Hay diversos actores involucrados en la supervisión de las AFPs, entre ellos están:

• Comisión para el Mercado Financiero (CMF), institución encargada de fiscalizar todas las actividades y entidades que participan en los mercados de valores y seguros de Chile.
• Banco Central (BC), que regula y determina parte de los límites estructurales del Sistema de Pensiones, referidos al porcentaje máximo de inversión.
• Superintendencia de Pensiones (SP), organismo del Estado, contralor, regulador, fiscalizador y técnico, cuyo objetivo es supervigilar y controlar el Sistema de Pensiones.
• Consejo Técnico de Inversiones (CTI), que fue creado por la reforma previsional de 2008, bajo el 1er Gobierno de Michelle Bachelet. Su objetivo principal es realizar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los fondos de pensiones, procurando el logro de una adecuada rentabilidad y seguridad para éstos.
• Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR), organismo al que le corresponde aprobar un conjunto de instrumentos para la inversión de los Fondos de Pensiones. Particularmente, debe aprobar las cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión nacionales y los instrumentos representativos de capital extranjeros.

El desempeño promedio entre 2010 y 2019, de los cinco Fondos en términos reales ha sido positivo. Es decir, luego de descontada la variación porcentual de la UF, que sigue a la variación del Índice General de Precios de la economía, la rentabilidad del promedio de los cinco fondos es mayor que cero.

La Tabla 1 presenta las tasas reales de retornos anuales de los últimos 10 años. Con esta información es posible calcular la cantidad que se podría haber acumulado en una cuenta de ahorro individual durante este período de tiempo. Supongamos que el 1 de enero de 2010 se deposita, en alguno de los Fondos, $1.000.000, equivalente a UF 47,7567. ¿Cuántas UFs y Pesos se podrían haber acumulado en el lapso de 10 años?

Una forma de calcular el valor final después de 10 años, es multiplicar la inversión inicial por 1 más la rentabilidad anual de cada año, o multiplicando este valor 10 veces por 1 más la tasa promedio geométrica que se presenta en la Tabla 2.

Por ejemplo, para el Fondo A, UF 47,7567 invertidos el 1 de enero de 2010, se convertirían en UF 76,8147 al 31 de diciembre de 2019, equivalente a $2.174.619; es decir, que la rentabilidad nominal acumulada fue de 117,46%. Pero, si los UF 47,7567 son invertidos el 1 de enero de 2010 en el Fondo E, al 31 de diciembre de 2019 se obtendrían UF 73,076, o equivalente a $2.068.776, lo que significa una rentabilidad nominal acumulada de 106,88%. Si repitiéramos el ejercicio para los otros tres fondos, el resultado se mantendría. Es decir, la inversión inicial en términos nominales se habría más que duplicado.

A pesar de estos importantes desempeños financieros, las AFPs reciben múltiples críticas, tales como:

• Las pensiones que proveen son muy bajas.
• Las rentabilidades sobre el patrimonio de las empresas que administran los fondos son muy elevadas y, además, no están correlacionadas con el desempeño de la rentabilidad de los fondos que administran.
• Los fondos han ayudado a financiar principalmente a los grandes grupos económicos.
• Dada la caída de las bolsas a nivel mundial de marzo de 2020, con la consecuente pérdida financiera para los fondos administrados, se cuestiona la gestión de las AFPs.

Si bien el foco de este artículo no es discutir la veracidad de estas críticas, es importante tomarlas en cuenta debido a que reflejan la percepción de la población en cuanto al desempeño de las AFPs, lo cual permite tener un parámetro a considerar toda vez que se pretende analizar el aporte de las AFPs en inversiones en empresas chilenas en una situación de crisis económica.

MONTOS ADMINISTRADOS POR LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante el primer semestre del año 2019, los ahorros previsionales llegaron a un valor histórico de US$ 218.706 millones, debido a la mayor rentabilidad acumulada durante la última década, llegando a representar un 77% del PIB nacional. Lo anterior se debe a los altos rendimientos obtenidos por una cartera de inversiones diversificada, centrada en una mayor proporción en el mercado de renta variable internacional y en menor medida en el mercado local, complementada con instrumentos de renta fija local e internacional.

EN QUE INVIERTEN LAS AFPs

El sistema de multifondos consiste en que cada administradora crea cinco Fondos (A, B, C, D y E). Las principales clases genéricas de activos son: Renta Fija (bonos estatales, de empresas y bancarios, letras hipotecarias) y Renta Variable (acciones, activos alternativos, fondos de inversión). La desagregación de las categorías de Renta Fija y Renta Variable, nacional e Internacional, se presenta en la Tabla 3.

Cada fondo tiene una cartera representativa, la cual está establecida en el D.L. 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Por lo tanto, existe una diferenciación entre los distintos tipos de fondos, cuya característica se basa en la proporción de los portfolios invertidos en instrumentos de renta variable. Lo cual, genera diversas alternativas de riesgo-rentabilidad, debido a que el riesgo de cada tipo de fondo responde al porcentaje de renta variable que posee. La Tabla 4 presenta la cota superior e inferior de la inversión en renta variable.

¿DE QUE MODO PODRÍAN LAS AFPs CONTRIBUIR A PALIAR LA CRISIS ECONOMICA QUE ESTA GENERANDO EL COVID-19?

Dada la situación de virtual estancamiento que muchas empresas están enfrentando, es vital para las empresas poder contar con acceso al crédito que ayude a cumplir con los compromisos de corto plazo y entregue recursos para solventarlas por el período de tiempo que dure la crisis sanitaria, que podría ser de uno o dos años A principios de abril, la Asociación de AFPs dio a conocer una propuesta de formar un Fondo de US$1.000 millones para apoyar a las Pymes, que debería contar con una garantía estatal para reducir el riesgo de no pago o default, y así proteger los ahorros de los chilenos. Temas a resolver sobre la propuesta de la Asociación de AFPs es sobre cómo se organizaría dicho Fondo, es decir cómo podría operar y llegar directamente a las empresas necesitadas.

Diversos economistas y dirigentes gremiales han apoyado la idea, ya que va en la línea de mejorar el canal de crédito en el país. Los detractores, por otro lado, argumentan sobre el potencial riesgo que enfrentarían los ahorros previsionales.

Es así como que dicha propuesta sigue siendo analizada y no se ven señales de avance, ya que hay diversos aspectos a considerar, tales como las regulaciones, y los múltiples organismos supervisores

involucrados. Adicionalmente, un alto ejecutivo de AFP Cuprum comenta que se está diseñando un segundo fondo por un monto equivalente a US$1.000 millones, pero esta vez con la colaboración de CORFO, con garantías por hasta el 80%. La desventaja de este segundo fondo sería que utilizaría intermediarios no bancarios, lo que podría aumentar el costo para las empresas.

En paralelo, el Gobierno impulsó un proyecto de ley, ya aprobado por el Congreso que inyecta hasta US$3.000 millones de dólares en garantías para créditos a empresas con ventas de hasta UF 1 millón, lo que cubriría cerca del 99% de las empresas del país, esto es 1,3 millones de empresas. Con este aporte a modo de garantía, se espera que los créditos asciendan a US$24.000 millones. El éxito de este programa depende de que los bancos comerciales adheridos, que abarca a cerca del 90% de las colocaciones, otorgue la llamada “línea de crédito Covid-19” para financiar capital de trabajo, cobre como máximo una tasa de 3,5% anual, otorgue seis meses de gracia para comenzar la devolución del préstamo y que se pague en cuotas que van desde 24 a 48 meses.

Cabe señalar que se espera que los bancos comerciales canalicen los créditos, y que las empresas que lo reciban, hagan buen uso de estos recursos, y logren retomar sus actividades comerciales, con los niveles de empleo, previos a esta crisis.

Son interesantes las propuestas de la Asociación de AFPs en conexión con los problemas actuales de la sociedad, provocada por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, la creación de un Fondo tal como está planteado requiere el aval del Estado que limite las posibles pérdidas. No obstante, debido a que el Gobierno ya lanzó un ambicioso programa por hasta US$3.000 millones en garantías, es poco probable que éste quiera avalar nuevos programas, hasta ver los resultados de la iniciativa ya aprobada.

UNA PROPUESTA

Una alternativa disponible para las AFPs, que conlleva cambios regulatorios menores, y que podría contribuir con la cadena de financiamiento para una gran base de empresas es permitir que las AFPs puedan invertir, a través de fondos de inversión públicos, en facturas y pagarés.

El mecanismo de invertir en activos a través de un vehículo de inversión, como es un fondo de inversión púbico, se le llama inversión indirecta. Al contrario, cuando una AFP invierte en un determinado activo, sin pasar por un vehículo de inversión, se le llama inversión directa.

La principal característica de las facturas y pagarés es que son ubicuas a las actividades comerciales de empresas Pymes y grandes empresas. Estos instrumentos representan un compromiso de pago que, dado su bajo monto promedio y corta duración, no son factibles de ser sujetas a una clasificación de riesgo. Desde un punto de vista práctico, considerando el gran número de este tipo de instrumentos, su bajo monto promedio y su corta duración, no es razonable pensar que las AFPs pudieran invertir en ellas de modo directo. Ya que la AFPs tendrían que transformarse en Factoring. Desde un punto de vista regulatorio, al ser facturas y pagarés clasificables como deuda privada y al no existir una aprobación genérica en el Régimen de Inversión para deuda privada, las AFPs tendrían dificultades para invertir directamente en estos instrumentos.

Por lo tanto, la alternativa es que las AFPs puedan invertir en facturas y pagarés de modo indirecto, esto es, a través de vehículos de inversión, tales como los fondos de inversión públicos regidos por la Ley 20.712, que se especialicen en facturas y pagarés.

En el mercado local ya existen fondos de inversión que compran facturas a empresas de factoring. Con esto aportan al ciclo de liquidez de las empresas. Cada fondo de inversión define su política de inversión y el nivel de riesgo que desea tomar. Las AFPs podrán elegir dentro del abanico de posibles fondos de inversión, aquella combinación de riesgo retorno aconsejable para cada uno de sus fondos administrados.

Dado que facturas y pagarés están presentes en el quehacer diario de empresas de todo tipo, es una interesante alternativa para que las AFPs inviertan indirectamente en estos instrumentos, lo que podría lograr profundizar este mercado y facilitar el financiamiento de las empresas, en particular ante la crisis económica causada por Covid-19.

(1) El autor agradece la excelente ayudantía de investigación de Milton Muñoz y los valiosos comentarios de Claudia Blanco y Fabricio Ibáñez.

El académico del Departamento de Gestión y Negocios, Fernando López, habla en «Miradas Académicas» sobre la reciente caída de los multifondos de las AFP. Escucha su análisis aquí.

Por: Fernando López

El COVID-19 ha tenido un impacto enorme en los mercados financieros del mundo, gatillando un desplome con pocos precedentes en nuestra historia. Los multifondos de nuestro sistema de pensiones no han estado ajenos a esta situación. De hecho, la caída de los fondos más riesgosos ha sido un tema de gran interés en medio de la crisis sanitaria, lo cual ha abierto oportunidades para que distintos actores describan la realidad desde un ángulo que contribuye a impulsar (o defender) sus intereses ideológicos, políticos y corporativos.

Esto es problemático por dos razones. Primero, porque existen distintas alternativas para presentar la información financiera y ninguna de ellas es neutral. Segundo, porque la caída de los multifondos golpea al sistema en medio de una crisis de legitimidad. Las razones de esto último son varias: su origen en dictadura, pensiones bajas en relación a la promesa y expectativas creadas por sus fundadores; la baja discrecionalidad de los afiliados para disponer de sus ahorros previsionales y el hecho de que algunos actores reciben un pedazo grande de una torta que no alcanza para la mayoría.

Algunos ejemplos de esto último son las ganancias de las administradoras de pensiones, que son mayores a las necesarias para atraer capital a la actividad (TDLC, 2008; Comisión Pensiones, 2015; Grupo Mejores Pensiones para Chile, 2016); las diferencias en los beneficios recibidos por civiles y fuerzas armadas (Comisión Pensiones, 2015);o las sospechas que levanta el tránsito de autoridades del Estado que ocupan cargos ejecutivos en las administradoras o empresas en las que éstas eligen directores (Bril-Mascarenhas & Maillet, 2019).Dado que la mayoría de la población tiene un bajo nivel de conocimiento previsional, el descontento y la desconfianza podrían llevarla a apoyar iniciativas sin entender sus implicancias individuales y sociales.

En este contexto, el propósito de este artículo es presentar elementos básicos para entender la discusión sobre la elección de multifondos, con especial énfasis en la caída reciente y las alternativas que tenemos para enfrentar las fluctuaciones del mercado financiero.

ARBITRARIEDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA RENTABILIDAD

En términos simples, la rentabilidad de una inversión es la variación porcentual de su valor en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si el valor inicial de una inversión es 100 y su valor final es 105, entonces la rentabilidad es igual a 5%. Este porcentaje es igual a los 5 que ganó (=105-100) divididos en los 100 invertidos inicialmente.

La arbitrariedad en la presentación de información de rentabilidades está asociada a la elección de los momentos que se eligen como inicial y final; la moneda en que se presentan los datos (pesos vs UF) así como el indicador seleccionado (anual, mensual, periodos completos o promedios anuales/mensuales). Todo esto puede ser utilizado para construir realidades muy diferentes.

Para ilustrar esta idea, la Figura 1 muestra la evolución del valor de una inversión de 100 UF en el Fondo “A” el día 31 de diciembre de 2002. Las rentabilidades utilizadas para construir la línea corresponden al promedio alcanzado por las administradoras vigentes, ponderado por el tamaño de los fondos que administran y ajustado por inflación.

Una lectura posible de los datos es afirmar que al 31 de marzo de 2020 el Fondo A ha perdido un 17% de su valor. Esto es, en solo tres meses, una persona que a diciembre de 2019 tenía $100 millones, vio que sus ahorros se desvalorizaron en $17 millones. Ahora, con el mismo gráfico, pero mirándolo desde diciembre de 2002, se podría afirmar que el valor de UF100 se ha multiplicado por 2,43 veces, lo cual es equivalente a una rentabilidad ajustada por inflación de 143% en el período, y una rentabilidad promedio anual igual a UF+5,3%.Todas estas afirmaciones son correctas y podrían usarse para articular alabanzas o condenas. Sin embargo, lo relevante para los futuros pensionados es tener presente que(1) no existe la inversión sin riesgo para ahorros del tamaño de nuestros fondos de pensiones (ni siquiera debajo del colchón); (2) las alternativas de rentabilidad que nos ofrecen los multifondos dependen de la exposición de nuestras inversiones a las fluctuaciones del mercado financiero nacional e internacional y (3) la inversión con fines previsionales es de largo plazo y no se debe juzgar por lo que ocurre en un periodo corto. En lo que sigue, presento elementos que entregan herramientas para analizar la caída de los multifondos producto del Covid-19 y abordar la elección de los multifondos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Pensiones y del Banco Central de Chile.

Al día 31 de marzo de este año el Fondo A ha perdido un 17%. Esto se explica principalmente porque esta crisis ha azotado duramente a los mercados bursátiles locales y extranjeros, que son el principal destino de nuestros fondos más riesgosos. En la crisis Subprime, los fondos más riesgosos también fueron los más afectados, con el Fondo A que cayó un 40%, mientras que el fondo E solo perdió un 0,9% en 2008.

DISEÑO DE LOS MULTIFONDOS

Como no vemos el futuro, las decisiones de inversión se toman con la información disponible en base a supuestos sobre lo que creemos que ocurrirá y el nivel de tolerancia al riesgo. En este contexto, el esquema de multifondos fue creado en 2002 con la finalidad de que los afiliados pudieran elegir entre cinco alternativas de inversión. Su diseño apunta a que estos estén ordenados de acuerdo a su riesgo, de manera que el Fondo A sea el más riesgoso y que el más conservador sea el Fondo E.

Este ordenamiento se implementa a través de límites en el porcentaje de los activos que se invierten en instrumentos de renta variable (acciones o fondos mutuos de acciones). La Tabla 1 muestra la cartera agregada de los distintos multifondos a febrero de 2020. Se aprecia que el Fondo A tiene 84,1% (65,7%+18,4%) de sus recursos invertidos en el extranjero y 78,8% (65,7%+13,1%) en instrumentos de renta variable (acciones). Por su parte, 88,7% del Fondo E está invertido en instrumentos de renta fija (deuda) nacional.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Pensiones.

RIESGO DE LAS INVERSIONES

El riesgo es un concepto asociado a la posibilidad de que una inversión pierda valor. En este contexto, es razonable esperar que los fondos más riesgosos hayan sido los más afectados por la pandemia del COVID-19. Como se aprecia en la Tabla 2, al día 31 de marzo de este año el Fondo A ha perdido un 17%. Esto se explica principalmente porque esta crisis ha azotado duramente a los mercados bursátiles locales y extranjeros, que son el principal destino de nuestros fondos más riesgosos. En la crisis Subprime, los fondos más riesgosos también fueron los más afectados, con el Fondo A que cayó un 40%, mientras que el fondo E solo perdió un 0,9% en 2008.

Sin embargo, la principal razón para tomar mayores niveles de riesgo es la posibilidad de obtener mayores niveles de rentabilidad. En el caso de los multifondos, al comparar la rentabilidad promedio anualizada que presenta la tercera columna de la Tabla 2, se aprecia que, a 17 años de su funcionamiento y luego de una fuerte caída en los mercados bursátiles, los fondos más riesgosos efectivamente han alcanzado una mayor rentabilidad promedio anual.

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

El hecho de que el Fondo A sea el más riesgoso significa que es el más expuesto a caídas como las observadas durante la crisis Subprime, la pandemia del COVID-19 o el próximo desplome que enfrentemos en el futuro. Por lo tanto, solo deberían optar por este fondo quienes tengan suficiente resiliencia psicológica para tolerar estas caídas y tiempo para que repunte el valor de su inversión

CONSIDERACIONES PARA LOS MULTIFONDOS

La rentabilidad esperada a la que apunta un inversionista es proporcional al riesgo de sus inversiones. Para reducir las pérdidas ocasionadas por el Covid-19 se podría haber tomado un menor nivel de riesgo, pero esto reduciría la rentabilidad esperada de los fondos y la posibilidad de alcanzar mayores pensiones en el largo plazo. En efecto, el hecho de que el Fondo A sea el más riesgoso significa que es el más expuesto a caídas como las observadas durante la crisis Subprime, la pandemia del COVID-19 o el próximo desplome que enfrentemos en el futuro. Por lo tanto, solo deberían optar por este fondo quienes tengan suficiente resiliencia psicológica para tolerar estas caídas y tiempo para que repunte el valor de su inversión.

En el caso que una persona no elija alguno de los multifondos, como ocurre con más de la mitad de los afiliados actuales (Gajardo & López, 2019), sus ahorros son asignados automáticamente a estos según su edad, tal como lo muestra la Tabla 3. La idea es que los afiliados jóvenes inviertan en los fondos más riesgosos y que este riesgo disminuya gradualmente a medida que avanza su edad. Específicamente, los fondos de pensiones de hombres y mujeres que se incorporan al sistema de pensiones con menos de 35 años son asignados al Fondo B. A partir de los 36 años, los ahorros previsionales se transfieren gradualmente al Fondo C. Por último, a partir de los 51 años en el caso de las mujeres y 56 en el caso de los hombres, los fondos se traspasan gradualmente al Fondo D. Esta última diferencia se debe a que las mujeres se pueden jubilar a los 60 años, mientras que en el caso de los hombres esto ocurre a los 65 años.

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

Si pudiéramos ver el futuro, nos gustaría estar siempre en el fondo que entrega una mayor rentabilidad (…) En este contexto, la posibilidad de cambiarse de fondo en pocos días junto con las recomendaciones que ofrecen algunas empresas (a cambio de una suscripción que se paga independientemente de sus resultados), son problemáticas. En el caso chileno, la evidencia para nuestros afiliados muestra un bajo desempeño para quienes se cambian frecuentemente de fondo.

La principal fuente de incertidumbre actual es cuánto durará el “coma inducido” con que se está enfrentando esta pandemia.

Por: Fernando López, Doctor en Business Administration, Olin Business School, Washington University in St. Louis, EE.UU. Académico FEN-UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 143, 2020.

HECHO 1:LA RENTABILIDAD ES CLAVE PARA LAS PENSIONES

La rentabilidad puede entenderse como un multiplicador del ahorro previsional que tiene una influencia enorme en las pensiones. Para ilustrar su relevancia, la Figura 1 muestra el ahorro acumulado por una persona que reúne una cantidad de dinero fija (en UF) por un periodo de 40 años considerando distintos escenarios de rentabilidad (que por simplicidad suponemos constante). Si con una rentabilidad de 0%, la persona logra acumular $1 de ahorro en 40 años, con una rentabilidad de 3% este ahorro duplica. Si la rentabilidad fuera 4%, entonces el ahorro se multiplica por 2,5 y con una rentabilidad de 6%, el ahorro acumulado se multiplica por 4,3.

HECHO 2: ¿QUÉ SON LOS MULTIFONDOS Y EN QUÉ ESTÁN INVERTIDOS?

El esquema de multifondos fue creado en 2002 con la finalidad de que los afiliados pudieran elegir entre cinco alternativas de inversión, acorde a sus características y perfil de riesgo. Los multifondos están denominados por las letras A, B, C, D y E. Su diseño apunta a que estos estén ordenados de acuerdo a su riesgo, de manera que el Fondo A sea el más riesgoso y que el más conservador sea el Fondo E. Este ordenamiento en el nivel de riesgo se implementa a través de límites en el porcentaje de los activos que se invierte en instrumentos de renta variable como acciones o fondos mutuos de acciones. La Tabla 1 muestra la cartera agregada de los distintos multifondos a febrero de 2020. Se aprecia que el Fondo A tiene 84,1% (65,7%+18,4%) de sus recursos invertidos en el extranjero y 78,8% (65,7%+13,1%) en instrumentos de renta variable (acciones). Por su parte, el 88,7% del Fondo E está invertido en instrumentos de renta fija (deuda) nacional.

HECHO 3: RIESGO DE LOS MULTIFONDOS Y EL COVID-19

El riesgo es un concepto asociado a la posibilidad de que una inversión pierdan valor. En este contexto, es razonable esperar que los fondos más riesgosos hayan sido los más golpeados por la pandemia del COVID-19. Como se aprecia en la Tabla 2, al día 29 de marzo de este año el Fondo A ha perdido un 17% de su valor. Esto se explica principalmente porque esta crisis ha azotado duramente a los mercados bursátiles locales y extranjeros, que son el principal destino de nuestros fondos más riesgosos. En la crisis Subprime, los fondos más riesgosos también fueron los más afectados, con el Fondo A que cayó un 40%, mientras que el fondo E solo perdió un 0,9% en 2008.

Sin embargo, la principal razón para tomar mayores niveles de riesgo es la posibilidad de obtener mayores niveles de rentabilidad. En el caso de los multifondos, al comparar la rentabilidad promedio anualizada que presenta la tercera columna de la Tabla 2, se aprecia que, a 17 años de su funcionamiento, los fondos más riesgosos efectivamente han alcanzado una mayor rentabilidad promedio.

HECHO 4: EL DÓLAR Y SU EFECTO AMORTIGUADOR FRENTE A LAS CAÍDAS EN LA BOLSA INTERNACIONAL

Un hecho estilizado en finanzas internacionales es que cuando la bolsa internacional cae el dólar tiende a subir, mejorando la rentabilidad en pesos de dicha inversión. La Figura 2 muestra que la pandemia del COVID-19 no fue la excepción: la línea gris muestra la pérdida de valor de un fondo que invierte en acciones de mercados desarrollados (50% EEUU y 50% resto del mundo) y la línea punteada muestra el aumento en el tipo de cambio durante el periodo. La línea roja muestra la rentabilidad en pesos de la inversión en el mencionado fondo de acciones internacionales y se aprecia que gracias a la depreciación del tipo de cambio (más pesos por dólar), la caída fue más leve. La principal condición para que la depreciación del peso frente al dólar haya contribuido a reducir el impacto del desplome bursátil de los mercados internacionales es que el COVID-19 no haya sorprendido a los fondos con niveles de cobertura cambiaria elevados, como ocurrió en la crisis Subprime. Una operación de cobertura cambiaria permite establecer un valor fijo para el tipo de cambio futuro. En otras palabras, la cobertura cambiaria desactiva el amortiguador natural que tenemos para las caídas en el mercado accionario internacional.

En un estudio reciente que elaboramos con Eduardo Walker, estimamos que 11,3 puntos porcentuales de la caída que tuvo el Fondo A en 2008 se puede atribuir a la cobertura cambiaria (López y Walker, por aparecer). En efecto, la cobertura cambiaria promedio mensual durante 2008 ascendió a 66% del Fondo A y 82% de la inversión internacional de dicho fondo.

REFLEXIÓN 1: ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS? ¿SE PUEDEN REDUCIR?

Es común escuchar críticas hacia las AFP por su presunta incompetencia (o desidia) al no anticipar la caída de los mercados financieros y la presencia de actores que dicen tener una fórmula que les permitiría hacerlo. Sobre esto caben al menos cuatro consideraciones. Primero, las inversiones de las AFP están reguladas por el Decreto Ley 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones y por la normativa complementaria dictada por la Superintendencia de Pensiones. Estas inversiones están bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Banco Central, Superintendencia de Pensiones y un Consejo Técnico de Inversiones (CTI). Por tanto, en caso de haber responsabilidades, estas serían compartidas.

Segundo, es importante recordar que la rentabilidad esperada a la que apunta un inversionista es proporcional al riesgo de las inversiones. Para reducir las pérdidas se podría haber tomado menos riesgo, pero esto reduciría la rentabilidad esperada de los fondos y la posibilidad de alcanzar mayores pensiones en el largo plazo.

Tercero, sobre quienes dicen que es posible anticipar las alzas y evitar las caídas del mercado bursátil internacional de manera “permanente”, la evidencia científica de la disciplina financiera muestra que solo una minoría lo logra y esto generalmente ocurre en el terreno de los mercados menos desarrollados. La historia de las finanzas cuenta con varios ejemplos de profesionales de prestigio mundial que han perdido su patrimonio y el de otros apostando a que pueden anticipar estas tendencias.

Cuarto, parte de la crítica ciudadana por la caída de los fondos riesgosos se puede atribuir a su desconocimiento y la desconfianza en el sistema de pensiones. En gran medida, esto es responsabilidad del Estado, que en los casi 40 años que tiene el sistema no ha hecho lo suficiente para empoderar a las personas de manera que tomen decisiones informadas. Las iniciativas recientes apuntan a delegar parte de esta tarea en las AFP. Sin embargo, esto no es recomendable porque los intereses comerciales se antepondrán a los objetivos educacionales.

El Estado tampoco ha hecho lo suficiente para cubrir los espacios que han permitido a distintos actores obtener beneficios superiores a los que se obtendrían en un contexto competitivo. En este contexto, las AFP han aportado su cuota. Desafortunadamente, el desconocimiento y la desconfianza han sido (y seguirán siendo) terreno fértil para que distintos actores impulsen sus agendas e intereses, en perjuicio de los afiliados.

REFLEXIÓN 2: ¿CÓMO ENFRENTAR LA INCERTIDUMBRE?

La principal fuente de incertidumbre actual es cuánto durará el “coma inducido” con que se está enfrentando esta pandemia. En particular, se sabe poco sobre la posibilidad de que surjan nuevos brotes cuando se hayan cumplido los periodos de cuarentena y, por consiguiente, no sabemos cuánto tiempo durará la interrupción del flujo de personas y de comercio. Esto también agrega incertidumbre sobre la efectividad de las políticas fiscales y monetarias que se están aplicando en las principales economías del mundo para mitigar el impacto económico y humanitario de la crisis.

En el corto plazo, el escenario es muy incierto para los distintos multifondos. En el caso de los fondos más riesgosos (A, B), la incertidumbre está asociada a la evolución de los mercados internacionales que podrían enfrentar nuevas caídas en la medida que los cierres de ciudades se prolonguen más allá de lo esperado y las empresas no logren recuperarse. Por el lado de los fondos más conservadores (D, E), la incertidumbre está asociada a la posibilidad de que aumente la tasa de interés local, lo cual podría ocurrir tanto por un aumento en el riesgo país como por un aumento en la percepción en el riesgo de las empresas y la banca.

Desde una perspectiva de los afiliados, la elección del fondo de pensiones es una decisión de largo plazo que debe tomarse de acuerdo con su nivel de tolerancia al riesgo. El Fondo A es para personas que están dispuestas a tolerar caídas significativas en su fondo de pensiones con tal de obtener una mayor rentabilidad en el largo plazo. La evolución de las variables descritas anteriormente es difícil de predecir y solo una minoría lo logrará con éxito.

*El autor agradece la excelente ayudantía de investigación de Benjamín Solís y los valiosos comentarios de Francisca Gallegos.

Referencias

• López, F. and Walker, E. (por aparecer) “Investment performance, regulation and incentives: the case of Chilean pension funds,” Journal of Pension Economics and Finance. Cambridge University Press, pp. 1–26.
• Walker E. (2008) “Strategic currency hedging and global portfolio investments upside down. Journal of Business Research 61, 657–668.

Por: Jorge Rodríguez Grossi

Qué puede explicar el descontento, porque no parece ser la macroeconomía. Nuestros progresos económicos de las últimas tres décadas son notables comparado con lo que se logra en el mundo. Entonces, qué hechos han sido gravitantes para saber qué ha provocado esta explosión civil.

1. Brusco y súbito pánico de grupo entre los 55 y 60 años al constatar que jubilarán más pobres que en la vida activa. El sistema de AFP no es culpable. Sí lo son: sueldos previos bajos, 10 años más de vida, cotización porcentual baja, lagunas, etc. En realidad, jubilar más tarde y subsidios aparecen como mitigadores de corto plazo. Una reforma profunda es necesaria.
2. Santiago segregada y enormemente expandida es una ciudad agotadora. Se requiere urgente planificación urbana de verdad.
3. Masiva decepción respecto de los liderazgos: Ejército, Carabineros, iglesias, políticos, colusión empresarial.
4. Los políticos no dejan gobernar a los políticos. La lentitud del proceso legislativo en temas claves no es demostración de un gran detalle y minuciosidad en la elaboración de leyes (muchas hasta mal redactadas). La gran división, herencia del sistema binominal, hay que terminarla para recuperar la capacidad de adaptación social.
5. Los propios parlamentarios a veces comienzan a legislar, sin respetar la ley y la Constitución. Eso ha llevado al TC a asumir un rol de colegislador (que a veces nos gusta y otras, nos carga). La Corte Suprema también quiere legislar.

Varios temas más se pueden agregar y son válidos, aunque algunos se extreman. Los índices de salud de Chile son espectaculares, pero las personas no tienen atención amable, deben esperar horas y a veces no son atendidas, etc. Se alega alto costo de la educación, pero la nueva gratuidad universitaria y escolar desmiente con creces aquello. Se hace un escándalo con la desigualdad, que ciertamente es enorme y no solo económica, pero no se reconoce que la distribución del ingreso ha mejorado sostenidamente en las últimas décadas.

Decir que Chile tiene problemas parece chiste cruel, porque la verdad es que también tiene logros fantásticos. Los avances en eliminación de la pobreza, los equilibrios macroeconómicos y muchas mejoras microeconómicas son grandes logros y no podemos, por arreglar lo que tenemos que reparar, echarlos a perder.

Primero tenemos que mejorar la política. Pero buena parte de lo demás que queremos requiere mucho dinero y para ello hay que crecer y redistribuir, pero no solo esto último. Necesitamos estimular la inversión para crecer más.

El aporte de la Economía Social de Mercado, aplicado en Alemania, radica en el principio de relacionar una buena economía con la equidad social. Es el conjunto, el bien común lo que vale, no solo sus partes. Desde 2005 hasta hoy hemos bajado del lugar 21 al 59 en el ranking de mejor país para invertir (190 economías en total). Necesitamos generosidad y solidaridad para que el país sea rico vivirlo, pero también persistir en un camino de crecimiento atrayendo la inversión.

Ver publicación en Diario La Tercera

La administración del aumento de 4% en la cotización obligatoria ha sido uno de los temas más controversiales en la discusión de la reforma previsional presentada en 2018. Contrario a su idea original, el gobierno accedió a la creación de una entidad estatal que administrara esta cotización adicional con tal de lograr los votos necesarios en la Cámara de Diputados para aprobar la idea de legislar la reforma previsional.

Por: Fernando López, Ph.D. en Finanzas, Washington University in St. Louis, Académico FEN-UAH

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 138, 2019.

El gobierno propuso la creación de un Consejo Público Autónomo que se encargaría de la administración de la cotización adicional y empresas de giro único que gestionarían las inversiones del ahorro previsional adicional.

Este artículo aborda tres temas. Primero, describe la propuesta de gobierno para administrar el aumento en la cotización obligatoria. Segundo, plantea que separar la administración de la cotización adicional genera costos innecesarios y no se identifican beneficios relevantes para los afiliados. Tercero, argumenta que una AFP estatal mejora el sistema de pensiones, no compromete aspectos técnicos y su mayor piso político contribuiría a destrabar la discusión previsional. Específicamente, una AFP Estatal que compita en igualdad de condiciones con las actuales AFP por el total de la cotización obligatoria contribuiría a mejorar la legitimidad del sistema porque le daría una alternativa a quienes les gusta lo “estatal” sin incomodar a quienes les gusta lo “privado” (y viceversa).

Contrario a lo que algunos han planteado, una AFP estatal no tiene por qué ser más cara ni entregar menores rentabilidades en los fondos de pensiones. Tampoco tendría incentivos a realizar prácticas que irritan a la ciudadanía como el beneficio tributario al que accedieron algunas administradoras gracias a la finta contable asociada al goodwill.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

La administración de la cotización adicional propuesta por el gobierno opera en base a tres actores. Primero, la entidad estatal a cargo de la administración de la cotización adicional sería el Consejo Público Autónomo, un organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Entre sus principales funciones se encuentran aprobar las bases de la licitación para la gestión de los recursos del ahorro previsional adicional elaboradas por la Superintendencia de Pensiones, llamar a esta licitación y adjudicarla, definir límites de inversión, evaluar el desempeño de las gestoras de inversiones, atender consultas y reclamos de los afiliados, así como desarrollar actividades de educación previsional.

Segundo, la cotización seria administrada por instituciones de giro único denominadas “gestoras de inversiones del ahorro previsional adicional”. Como máximo se permitiría la participación de cinco gestoras que entrarían al mercado a través de la adjudicación de una licitación organizada por el Consejo Público Autónomo. Esta adjudicación se concederá a empresas que cobren la menor comisión sobre el porcentaje de activos bajo administración.

La duración mínima de los periodos de adjudicación es de cinco años. Las gestoras podrán administrar hasta un máximo de tres fondos.

Por último, las funciones de las actuales AFP serian recaudar esta cotización, efectuar cobranzas, registrar cotizaciones, mantener un saldo consolidado, informar y atender consultas de los afiliados y traspasar recursos desde y hacia las gestoras de inversiones de la cotización adicional. Las administradoras no podrán cobrar una comisión distinta de aquella a la que ya cobran por sus cotizaciones previsionales.

Separación de cotizaciones

Desde una perspectiva de inversiones, la creación de fondos adicionales a los multifondos no tiene sustento técnico y duplicaría una tarea que las AFP han realizado por casi dos décadas.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, más del 70% de la inversión internacional del Fondo A fue delegado a gestores externos como fondos mutuos y entidades mandatarias nacionales y extranjeras. Esto ya está regulado en la ley de pensiones (DL 3.500), el régimen de inversiones y es supervisado por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero. Incluso si existiera espacio para mejorar el perfil de rentabilidad esperada y riesgo de los multifondos actuales, estos podrían perfeccionarse a través de la normativa vigente, sin necesidad de crear nuevas leyes ni instituciones.

Por otra parte, separar la cotización adicional de la cotización obligatoria actual tiene tres desventajas. Primero, encarece innecesariamente la administración de ahorros previsionales en el escenario de que las AFP no aumenten la comisión que cobran sobre el ingreso imponible por esta mayor cotización. Además de la comisión que los cotizantes pagan a la AFP, los contribuyentes pagarán la puesta en marcha de la entidad estatal y de las empresas gestoras de estas inversiones.

Segundo, el aumento en las alternativas de inversión (máximo 3 fondos por cada una de las hasta 5 gestoras de inversiones de cotización adicional) se suma a la ya difícil tarea de elegir entre los actuales multifondos frente a una ciudadanía con bajo nivel de conocimiento previsional y alfabetización funcional en general. En efecto, según datos de la Superintendencia de Pensiones, solo 46% de los afiliados a diciembre de 2018 había elegido sus multifondos, mientras que 54% había sido asignado por defecto a uno de acuerdo a su sexo y edad.

Tercero, desde la perspectiva de la libertad, la separación de la cotización no logra su propósito para quienes preferirían que la totalidad de sus ahorros previsionales fuera administrada por esta entidad estatal porque la mayor parte de su ahorro seguiría siendo gestionado por las actuales AFP. Del mismo modo, también deja descontentos a quienes quieren que el total de su ahorro sea administrado por entidades privadas.

¿POR QUÉ NO UNA AFP ESTATAL?

Una AFP estatal tiene mayor piso político que una entidad estatal que solo administre la cotización adicional. En efecto, diversos actores han expresado su simpatía con esta idea y, por tanto, permitiría destrabar la discusión parlamentaria. Según la encuesta de percepción sobre el sistema de pensiones encargada por la Comisión Bravo, 79% de los consultados estaba de acuerdo con la creación de una AFP Estatal. Estos resultados no reflejaban mayores diferencias dependiendo del nivel de ingreso y educación de los entrevistados. Un grupo transversal formado por 21 de los 24 miembros de la Comisión Bravo también estuvo de acuerdo con su creación. Incluso ejecutivos de las AFP Modelo y AFP Capital han declarado públicamente a favor de esta idea.

El principal beneficio de una AFP Estatal es aumentar la libertad y legitimidad del sistema, permitiendo a los afiliados que puedan elegir la entidad que administre sus ahorros previsionales. Del mismo modo, una AFP Estatal tiene menos incentivos para realizar prácticas cuestionables que irritan a la ciudadanía, como la finta contable que permitió a dos administradoras obtener beneficios tributarios por más de 400 millones de dólares o premiar a sus trabajadores con viajes al caribe.

Si bien una AFP estatal no mejora las pensiones, la evidencia sugiere que tampoco debería empeorarlas. En efecto, los fondos de pensiones de distintas administradoras obtienen rentabilidades similares, que a su vez están en línea con el riesgo de sus inversiones. En términos simples, no le “ganan” ni tampoco “pierden” respecto a alternativas de inversión de riesgo similar. A modo de ejemplo, pese a que AFP Modelo se incorporó al sistema en 2010, hay periodos en que la rentabilidad de sus fondos incluso ha superado a la que han obtenido otras administradoras de mayor trayectoria y más caras.

Entre las objeciones a la AFP Estatal se plantean eventuales mayores costos de administración. Sin embargo, aunque las AFP actuales tengan mayores incentivos para minimizarlos, esto no se traduce necesariamente en mayores comisiones para los afiliados. Diversos actores concuerdan, incluso, en que las comisiones que cobran las AFP les permiten obtener ganancias que exceden a las que serían suficientes para atraer capital a su actividad (Comisión Bravo, 2015; Grupo Mejores Pensiones para Chile, 2016; TDLC, 2008). En este contexto, incluso con costos superiores a los de las AFP actuales, una AFP estatal tendría espacio para cobrar comisiones similares o inferiores a las que pagan actualmente los cotizantes. Por ejemplo, AFP Modelo ha sido una de las administradoras más baratas y ha obtenido altas rentabilidades sobre el capital que ha invertido.

Un aspecto clave en la creación de una AFP estatal es la necesidad de resguardos contra la captura por parte de grupos de interés y el eventual perjuicio que esto podría ocasionar a los afiliados y contribuyentes. Sin embargo, operar bajo las mismas reglas de las AFP actuales alinearía los incentivos para invertir los ahorros previsionales y mantener sus costos en un nivel razonable.

El mayor desafío de la implementación corresponde a garantizar autonomía e independencia, pero ya contamos con algunos ejemplos exitosos como nuestros fondos soberanos.

En definitiva, una AFP estatal mejora el sistema de pensiones, no compromete aspectos técnicos y su mayor piso político contribuiría a destrabar la discusión previsional.

Por Fernando López, Ph.D. en Finanzas, Washington University in St. Louis, Académico FEN-UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 132, 2018.

El proyecto de ley que reforma el sistema previsional (Mensaje No 171-366) plantea una serie de medidas orientadas a promover la competencia por la administración de ahorros previsionales. Este artículo describe las principales propuestas, analiza sus fundamentos y evalúa su potencial para mejorar uno de los pilares de nuestra seguridad social.

A nivel de diagnóstico, el proyecto identifica oportunidades para el ingreso de nuevos actores, aumentar la eficiencia en costos, fomentar el conocimiento previsional de la población y profundizar las licitaciones de nuevos afiliados. Sin embargo, los fundamentos en que se sustenta el proyecto presentan tres omisiones significativas: (1) no cuantifica el tamaño del problema, (2) ignora la baja sensibilidad de los cotizantes a las comisiones como la principal barrera que limita la competencia en la industria y (3) no explicita sus supuestos respecto al desempeño financiero esperado de las inversiones de las AFP y de las nuevas instituciones que eventualmente se incorporarían a la administración de cotizaciones obligatorias.

Respecto a las propuestas, la principal limitación es que ellas no abordan el problema de fondo que está relacionado con la actual administración del 10% de cotización obligatoria. Tampoco su principal causa que es la insensibilidad de los cotizantes a las comisiones cobradas por las AFPs. Por el contrario, la discusión se focaliza en la administración del 4% en que aumentaría la cotización obligatoria. Adicionalmente, la separación de la administración entre 10% y 4% no tiene sustento técnico desde una perspectiva de costos ni de beneficios. Finalmente, no se presentan estimaciones del impacto esperado de las medidas propuestas ni de las razones por las cuales se descartaron las licitaciones de afiliados antiguos, que resolverían el problema de competencia por la administración del 10% actual y que fueron apoyadas por 21 de los 24 miembros que participaron en la Comisión Bravo.

ANTECEDENTES: FUNDAMENTOS Y PROPUESTAS PARA AUMENTAR COMPETENCIA

El proyecto de ley presenta cuatro fundamentos que justificarían las medidas pro competencia. Primero, el texto del proyecto (en comillas) plantea la presencia de “exigencias legales y reglamentarias que aumentan el requerimiento de capital necesario para constituir una administradora y entrar al mercado”. Segundo, “actualmente se encuentran excluidas de la industria de administración de ahorro previsional algunas entidades que, por su giro y experiencia, podrían participar con éxito en la misma”. Tercero, “el mecanismo de licitación de nuevos afiliados, introducido en la reforma al sistema de pensiones del 2008, aunque ayudó a bajar comisiones y para que se abriera a los afiliados la posibilidad de elegir una nueva AFP, se ha debilitado y no ha resultado suficiente para promover una competencia de precios y servicios activa y vigorosa”. Cuarto, “la competencia entre administradoras, actualmente muy dependiente de las fuerzas de venta, se intensificaría, derivando en mayores beneficios para los afiliados, si ellos tuviesen acceso durante toda su vida laboral, en forma oportuna y sostenida, a mejor información sobre el sistema, que les ayudara a comparar con certeza los distintos atributos de las administradoras”. Ni el informe de productividad ni el informe financiero se refieren a la competencia en la industria.

Sobre la base de este diagnóstico, las medidas pro competencia del proyecto de reforma se pueden agrupar en 5 categorías: (1) separación de la administración de cotizaciones obligatorias, (2) ingreso de nuevos actores, (3) aliviar estructura de costos y de capital de las administradoras, (4) permitir descuentos y devoluciones de comisiones, y (5) profundizar la licitación de nuevos afiliados. El detalle de las medidas asociadas a estas categorías se describe en el Cuadro 1.

COMENTARIOS SOBRE EL DIAGNÓSTICO

Los fundamentos del proyecto de ley identifican barreras regulatorias que limitan el tipo de instituciones que pueden participar en la administración de fondos de pensiones. También considera aspectos que aumentan los costos y capital necesario para los potenciales entrantes. Por último, reconoce que la competencia se despliega en un contexto de afiliados poco informados respecto a los elementos que son claves a la hora de elegir administradora. Sin embargo, este diagnóstico presenta tres omisiones significativas. La primera es que no cuantifica la magnitud del problema. Si las barreras regulatorias descritas anteriormente permiten a las administradoras incumbentes obtener ganancias sobrenormales de manera permanente, razón que justifica una iniciativa pro competencia, ¿A cuánto ascienden estas ganancias? ¿En qué supuestos e indicadores se basa esta medición? Estas preguntas son claves porque explicitarían la mirada del gobierno respecto a los beneficios monetarios que se podrían obtener si las medidas pro competencia fueran exitosas. Estos beneficios podrían compararse con los costos esperados de las medidas propuestas.

Segundo, el diagnóstico ignora la baja sensibilidad de los afiliados a las diferencias en las comisiones, pese a que diversos estudios la han identificado como la principal barrera a la entrada de nuevos competidores a la industria. A modo de ilustración, el reciente aumento de 183% en las comisiones de AFP Planvital no tuvo impacto en su número de afiliados ni cotizantes. Tampoco se observó un número significativo de traspasos frente a diferencias de hasta 3,8 veces en el nivel de comisiones por cotizaciones obligatorias (1,54% Provida versus 0,41% Planvital).

Tercero, el diagnóstico omite los supuestos sobre el desempeño esperado de las inversiones de las distintas administradoras de cotizaciones obligatorias (AFPs y AACP). Este antecedente es clave para analizar los beneficios que podría tener la entrada de nuevos actores. En efecto, una diferencia permanente de un punto porcentual en la rentabilidad de los fondos durante la vida de un afiliado permitiría aumentar las pensiones en cerca de 25%, cifra que excede el impacto que tendría un aumento de 4% en la cotización obligatoria. En este contexto, si la estrategia de gestión activa de las AFPs actuales agrega valor respecto a estrategias pasivas al estilo de los fondos soberanos, entonces los nuevos actores también deberían ser capaces de agregar ese valor. De otro modo, se perdería en rentabilidad y se obtendrían menores pensiones futuras. Por el contrario, si la gestión activa de las AFP actuales no agrega valor respecto a estrategias pasivas, la vara para nuevos actores sería más baja.

MEDIDAS IGNORAN INSENSIBILIDAD DE COTIZANTES A LAS COMISIONES

La principal limitación de las medidas del proyecto de ley es que pasa por alto el problema de fondo que es la necesidad de aumentar la competencia en la administración del 10% de cotización obligatoria. Tampoco abordan su principal causa: la insensibilidad de los cotizantes a las comisiones cobradas por las AFPs. En efecto, permitir la entrada de nuevos actores a la administración del 10% no se traducirá en menores comisiones para los afiliados a las AFP incumbentes porque la mayoría de los cotizantes no se cambia de su administradora. Esta inercia desincentiva la entrada de nuevos competidores (a menos que sea a través de una licitación o prácticas comerciales prohibidas por la regulación vigente) y, por tanto, los incumbentes tampoco tienen incentivos para reducir sus comisiones. En este contexto, las medidas para aliviar la estructura de costos y de capital solo mejorarán los márgenes e indicadores de rentabilidad de las AFP incumbentes, sin que estas tengan incentivos para traspasar sus menores costos a los afiliados. Del mismo modo, las licitaciones de afiliados nuevos beneficiarán principalmente a los trabajadores que se incorporen al sistema previsional y no necesariamente a quienes se encuentran en las administradoras más caras. Por último, la posibilidad de ofrecer descuentos en comisiones, permitir la venta conjunta de productos previsionales obligatorios y voluntarios, así como la posibilidad de compartir oficinas, difícilmente mejorará su capacidad de obtener mejores portafolios de inversión y, por el contrario, aumentará la exposición de afiliados con bajo conocimiento previsional a la creatividad de quienes realizan prácticas comerciales ilegales y antiéticas.

ADMINISTRACIÓN DEL 4%

¿Cuál es el fundamento técnico que justifica separar la administración del 10% y del 4% adicional de cotización obligatoria? ¿Por qué no 9% y 5% u 8% y 6%? El proyecto no lo explicita, al igual que no se explicitó el fundamento de la división entre 10% y 5% durante el gobierno anterior. Desde una perspectiva de inversiones, esta división no se justifica. En efecto, si los multifondos actuales no entregan las mejores combinaciones posibles de rentabilidad y riesgo, ¿por qué no perfeccionamos los multifondos? Si el problema son los traspasos de multifondos por parte de los afiliados porque limitan la capacidad de invertir en activos poco líquidos, entonces ¿por qué no limitamos estos traspasos?

Adicionalmente, al aumentar el número de alternativas de inversión y establecer el saldo como base de cobro (distinto a la comisión por ingreso imponible) aumenta considerablemente la complejidad de las decisiones de inversión de los ahorros previsionales. Dado el bajo nivel de alfabetización funcional y de conocimientos financieros de la población, los afiliados tendrán mayores dificultades para construir portafolios de inversión, tal como lo muestra la evidencia internacional. Por su parte, la educación previsional no resuelve este problema por dos razones. La primera es que sus impactos tanto en Chile como en el mundo son nulos o muy acotados. La segunda es que existe una delgada línea entre publicidad y educación previsional.

OMISIONES DE LA PROPUESTA

Las iniciativas pro competencia y los documentos que la acompañan no presentan estimaciones de sus impactos esperados. Tampoco se explican las razones por las cuales se descartaron otras alternativas que se han propuesto y servirían a un propósito similar, como extender las licitaciones a los afiliados antiguos, que tuvo el apoyo de un grupo transversal de 21 de los 24 miembros que integraron la Comisión Bravo y varios otros que participaron en la Comisión Marcel.

¿Y SI COMPLETAMOS EL DIAGNÓSTICO?

Hay quienes dirán que la falta de tiempo no hace posible realizar los estudios que responderían a las preguntas planteadas en este artículo. Después de todo, la ciudadanía no puede esperar. Sin embargo, en un camino tan largo es preferible invertir en un GPS que complete la base técnica que necesitamos a navegar sobre la base de intuiciones e ideologías. De hecho, si estas preguntas se hubiesen respondido durante la Comisión Marcel, ya tendríamos el GPS. Otros dirán que no hay recursos. Sin embargo, estos prosperarían si la investigación aplicada a nuestras políticas públicas fuera considerada en las postulaciones a concursos públicos (CONICYT, por ejemplo) y reconocida en la trayectoria académica. En definitiva, realizar un buen diagnóstico también es una cuestión de voluntad política.

Abordar el descontento ciudadano es uno de los grandes desafíos de nuestro sistema de pensiones.

Esto es tan urgente y necesario como el aumento en la cotización obligatoria, y el fortalecimiento del Pilar Solidario planteados en el proyecto de reforma.

Basta recordar que las multitudinarias marchas de 2016 cambiaron las prioridades del gobierno de Michelle Bachelet, posicionaron a las pensiones como uno de los temas centrales del debate presidencial y es una de las principales reformas impulsadas por el actual Gobierno.

Las AFP han reaccionado con una serie de iniciativas para acercarse a sus afiliados como cuentas públicas, mayor gasto en publicidad y educación previsional, incluso, ofreciendo cupones de descuento. Esto es claro reflejo del poder de la calle sobre nuestras instituciones.

Desafortunadamente, poco de lo que se ha anunciado aborda las causas de la falta de legitimidad del sistema.

Aunque el proyecto apunta a mejorar las pensiones actuales y futuras, no se ha explicitado que la reforma está lejos de cumplir con la aspiración de una pensión “razonable”, que de acuerdo a un estudio de Clapes UC bordearía los $400.000.

Tampoco se ha visibilizado que las pensiones dependen de múltiples factores y que es difícil anticipar el nivel de las pensiones en el largo plazo.

Lo que más resuena es el aumento de 40% en las pensiones futuras cuando la reforma esté en régimen, sin precisar que este impacto esta medido respecto a las pensiones que observaríamos en ausencia de dicho aumento en la cotización.

De esta manera, el mensaje comunicacional da la impresión de que una pensión de 100 aumentara a 140, pese a que las pensiones futuras dependen de la rentabilidad de los fondos, formalidad del mercado laboral, trayectoria de los salarios, del crecimiento económico y expectativas de vida.

Al igual que lo hizo el gobierno anterior, esta manera de presentar las cifras podría inducir a los afiliados a volver a sobrestimar el impacto de la reforma en las pensiones futuras y acentuar el descontento hacia el futuro.

Respecto a la fundada percepción de que hay actores que se quedan con un trozo grande de una torta que no alcanza para todos, lo más llamativo es la propuesta de permitir el ingreso de nuevos actores a la administración del 4%. Pero la medida difícilmente reducirá el costo de administración de los fondos porque las AFP han planteado que administrarían gratis esta nueva cotización.

También llama la atención que no se haya considerado la idea de extender las licitaciones a los afiliados antiguos, que aborda de manera directa el problema de la insensibilidad a las comisiones y, además, tuvo el apoyo de un grupo transversal de 21 de los 24 miembros que integraron la Comisión Bravo y varios otros que participaron en la Comisión Marcel.

Por último, más allá de no aumentar la edad de jubilación y entregar incentivos para postergarla, tampoco se han escuchado iniciativas para aumentar el sentido de propiedad de las personas sobre sus fondos de pensiones.

El bajo nivel de conocimiento previsional de la población, la percepción de indiferencia y de promesas incumplidas, así como un debate mediático, podrían llevar a la ciudadanía a apoyar medidas que mejoran las pensiones hoy pero son insostenibles en el largo plazo. En definitiva, la calle importa y hay que tomarla muy en serio.

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Había un gran interés por conocer el impacto que tendría en la cartera de afiliados de Planvital el aumento de 0,41% a 1,16% en su comisión por cotizaciones obligatorias. Conocido el número de traspasos durante el mes de agosto, distintos medios destacaban la salida de casi 20.000 afiliados con un tono que daba la idea de que estábamos frente a una estampida. Sin embargo, las cifras son más consistentes con el poder de la inercia sobre los afiliados, cuyo número cayó solo 0,07% respecto al mes anterior. Más relevante aún, su número de cotizantes (que pagan comisión) aumentó 0,47% en el mismo periodo.

Desde la perspectiva de Planvital, se dio el mejor de los escenarios posibles. En efecto, sus ingresos por comisiones obligatorias aumentaron en torno a 183% durante el mes de agosto, similar al aumento en la comisión cobrada por dichas cotizaciones. Este resultado se explica porque tanto el número de cotizantes como su ingreso imponible promedio no tuvieron mayores cambios en dicho periodo, incluso aumentaron levemente respecto al mes anterior. Considerando que a diciembre de 2017 los ingresos por comisiones obligatorias de Planvital representaban 95% de los ingresos totales, la casi nula respuesta de los afiliados al aumento en la comisión fue muy valorable para la administradora.

Haciendo un poco de historia, las implementaciones de licitaciones para nuevos afiliados produjeron diferencias de hasta 3,8 veces en el nivel de comisiones por cotizaciones obligatorias (1,54% Provida versus 0,41% Planvital). Con esto aprendimos que los afiliados eran insensibles a fuertes disminuciones en las comisiones. El Caso Planvital nos muestra la otra cara de la moneda: que los afiliados también son insensibles a los aumentos significativos en las comisiones.

La principal implicancia de estos resultados es que la baja sensibilidad a las diferencias y cambios en las comisiones es la principal barrera que limita la entrada de otros competidores, y, por consiguiente, debería ser el foco de cualquier política que promueva una mayor competencia en el mercado. En este contexto, al presentar el número de traspasos sin destacar la fracción que estos representan del stock de afiliados y cotizantes, se comunica erróneamente que los afiliados sí son sensibles a las comisiones y, por tanto, hay quienes podrían inferir que tenemos un nivel de competencia razonable en precios. Considerando el bajo nivel de conocimiento previsional de la población, la manera en que se presentan estas cifras no es inocua porque se suma a planteamientos que con escaso sustento técnico han tratado de invisibilizar uno de los problemas que ha deteriorado la legitimidad de nuestro sistema de pensiones en las últimas dos décadas.

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