“Drivers of Business-to-Business Sales Success and the role of Digitalization after COVID-19 Disruptions”, lleva por nombre el artículo del académico de la Facultad de Economía y Negocios UAH, publicado en el Journal of Business and Industrial Marketing. 

El académico de la Facultad de Economía y Negocios UAH, Rodrigo Guesalaga, publicó un nuevo artículo en el Journal of Business and Industrial Marketing (WoS, factor de impacto 3.1). Titulado como “Drivers of Business-to-Business Sales Success and the role of Digitalization after COVID-19 Disruptions”, el estudio tuvo por propósito investigar los impulsores del éxito de las ventas de empresa a empresa (B2B) y el rol de la digitalización, en un panorama de ventas y gestión de ventas que se ve interrumpido por el COVID-19.

Con José Luis Ruiz-Alba, de la U. of Westminster, Reino Unido; y Pablo López Tenorio, de la UNIE Universidad, España como coautores, el estudio se enmarca en una metodología que sigue un enfoque de teoría fundamentada orientada al descubrimiento, consistente en un estudio cualitativo en dos etapas con profesionales de ventas en Chile, y un análisis comparativo cualitativo difuso (fsQCA).

Esta investigación responde a una demanda de más investigación sobre el impacto de la digitalización en las relaciones comerciales en diferentes contextos y perspectivas. Los autores estudian el contexto chileno, a través de un estudio cualitativo en dos etapas, y un análisis fsQCA, lo que constituye una combinación novedosa en esta línea de investigación.

En cuanto a resultados, la investigación muestra que la coordinación interfuncional, la agilidad en el proceso de venta y el compromiso del cliente empresarial, son determinantes críticos del éxito de las ventas B2B, mientras que la digitalización modera estas relaciones.

Revisa la publicación aquí: Drivers of business-to-business sales success and the role of digitalization after COVID-19 disruptions | Emerald Insight

Miremos Chile en particular. Los datos de actividad económica nos permiten pensar que la economía ha retomado su senda. No la óptima, los problemas fundamentales del crecimiento de largo plazo siguen siendo los mismos que antes del 2020, pero al menos hemos vuelto al escalón en el cual nos encontrábamos antes de comenzar a hablar de Wuhan, murciélagos, laboratorios, vacunas y restricciones. Claramente estamos en la parte descendente de un ciclo económico.

Por Pablo González, Ph.D. en Economía, University of Texas A&M, Estados Unidos. Académico FEN-UAH. 

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 179, 2023.

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Paradójica y desafortunadamente, la liberalización de las patentes Covid-19 no resultaría en un aceleramiento en la producción de estas vacunas.

Por: Carlos J. Ponce, PhD en economía, Universidad de California, Los Ángeles. Académico FEN-UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 158, 2021.

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La cuarentena sí ha tenido efecto para reducir los contagios. Por ejemplo, el valor máximo de casos  nuevos hubiese llegado a 5.000 por semana en Las Condes. Segundo, el efecto de las cuarentenas es muy distinto para Las Condes y La Florida. Según los resultados encontrados, las cuarentenas permitieron reducir los contagiados en un 85% para Las Condes, pero un 68% para La Florida.

Por: Lucas Berardo, Egresado Magíster en Economía, UAH; Ramiro de Elejalde, Doctor en Economía, Universidad Carlos III de Madrid, España. Académico FEN-UAH; y Eugenio Giolito, Ph.D. en Economía, University of Maryland, EE.UU. Académico FEN-UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 157, 2021.

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La falta de recursos de las familias y de los mismos colegios para poner en marcha modelos de educación a distancia efectivos, pone en peligro el futuro de toda una generación de niños chilenos.

Por: Marcela Perticará, Ph.D. en Economía, University of Texas A&M, EE.UU. Directora Departamento de Economía, FEN- UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 154, 2021.

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La vuelta a clase presenciales en los colegios es de primera importancia y debería estar muy arriba en la lista de prioridades del gobierno, los colegios y las comunidades educativas en su conjunto. En caso contrario, los niños y, sobre todo los de menos recursos, van a sufrir las consecuencias hoy y en el futuro.

Por: Ramiro De Elejalde, Doctor en Economía, Universidad Carlos III de Madrid, España. Académico FEN- UAH.

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Por: Carlos García

Algunos economistas –defendiendo el modelo neoliberal– nos cuentan una verdadera película de terror, ante la sola idea de aumentar impuestos. La película de terror consiste en sostener que un aumento de impuestos desincentiva el crecimiento económico, porque provocaría que los más ricos huyan con sus fortunas a los paraísos fiscales, quedando las buenas intenciones de financiar el gasto social en nada. Peor aún, la economía se estancará y acabaremos siendo todos más pobres, sin mencionar la inestabilidad política que se generará por querer expropiar ganancias obtenidas justamente. Claro, a su entender, el pago de impuestos sería una especie de expropiación.

En definitiva, nos dicen que se debe renunciar a esta estrategia y dejar que el propio crecimiento económico solucione las inequidades sociales a través de un proceso llamado “chorreo”, que suena a todas luces a una situación de completa resignación y desesperanza: que los beneficios de los más ricos se transformen con el tiempo en más consumo e inversión, y que esos gastos promuevan el empleo y salarios más altos –y también los ingresos tributarios aumentarán porque habrá más ingresos imponibles–. En otras palabras, espérate sentado que tu turno ya llegará.

A estas alturas, debiera estar claro que esta promesa o propuesta de solución a inequidades sociales, simplemente no ha funcionado. Claro, está centrada en ganancias de los más ricos, no en solidarizar con los más pobres, con las personas que no pueden trabajar, que están enfermas, y mucho menos con quienes están jubilados. Ese es un desastre aparte.

Sin embargo, analicemos de todos modos los detalles de la película del terror. El efecto sobre el crecimiento es debatible.

Primero, las economías más desarrolladas cobran por lejos más impuestos que en Chile. Se puede argumentar que, según la teoría del chorreo, esos países cobraron bajos impuestos en una etapa temprana de su crecimiento, y que luego –en la medida que las economías se desarrollaron– los estados pudieron cobrar más impuestos, e incluso bajarlos. Un caso contradictorio con este argumento es la propia experiencia de los Estados Unidos, campeón del capitalismo. En efecto, el impuesto a los ingresos más altos en este país llegó a niveles tan altos como ¡el 80%!, entre 1950 y 1970. El promotor de esta política fue sin duda su presidente más exitoso de los últimos cien años, Franklin Delano Roosevelt, quien logró vencer en la Segunda Guerra Mundial, venció a la Gran Depresión y fue el padre del milagro económico americano del siglo XX. El argumento de Roosevelt fue incontestable: los impuestos son el precio que se debe pagar para tener una sociedad civilizada.

Luego, la amenaza de supuesta huida de los capitales a los paraísos fiscales. En este punto, el caso estadounidense es también ilustrativo. En la actualidad, cerca del 60% de las utilidades de las multinacionales de los Estados Unidos es registrado en paraísos fiscales como Irlanda y Bermudas. Pero la razón no es que estas multinacionales pueden libremente eludir impuestos por acto de magia a través de precios de transferencias, sino que el propio gobierno estadounidense lo permitió desde 1980 con la llegada de Reagan, promoviendo activamente una industria inmoral, cuyo único objetivo fue asesorar a las grandes empresas a reducir el pago de impuestos. En el caso nuestro en particular, los más ricos podrán eludir el pago de los impuestos solo si el Gobierno lo permite.

Tercero, la supuesta inestabilidad política. Volvamos al caso de Estados Unidos nuevamente. Desde que comenzaron las reducciones de impuesto cerca de 1980, en la sociedad estadounidense –y de una forma muy parecida al período previo de la Gran Depresión– se agudizó un fenómenos negativo y desestabilizador, cuyas raíces se encuentran en la política tributaria reciente: desigualdad creciente que ha provocado polarización política y especulación financiera destructiva. Basta recordar la Gran Recesión financiera del 2008 y la elección de Trump en este ambiente polarizado –populista, nacionalista y, según él, amante de los gastos en depreciación para reducir impuestos– que no solo ha puesto en peligro la estabilidad de su propio país sino de todo el mundo con sus conflictos con otros países.

Una democracia estable requiere que los ciudadanos, independientemente de su pobreza o riqueza, sientan que viven en un país justo. Que los ricos no puedan con sus fortunas manejar la economía a través de monopolios y la especulación de los mercados financieros. En este punto, es que la sobrevivencia de una democracia justa pasa por una economía de mercado que sea más solidaria, que dé oportunidades y apoyo a quienes lo necesitan, y los impuestos son una forma fundamental para recaudar los fondos para promover esas oportunidades y asegurar una sociedad estable en el largo plazo.

Finalmente, la pregunta de fondo, ¿cuánto deben subir los impuestos en Chile?, es aún una pregunta abierta. La respuesta general debe ser: el máximo que puedan pagar los ingresos más altos. Si bien un impuesto del 100% desalienta cualquier actividad, existe también, según cálculos de los economistas, un punto intermedio en que se logra aumentar sustancialmente los ingresos tributarios. Emmanuel Saez y Gabriel Zucman –dos destacados economistas de la Universidad de California, Berkeley– calculan que en los Estados Unidos los ingresos más altos debieran pagar impuestos promedio en torno al 60%, 20 puntos porcentuales por encima del promedio esperado para el 2020.

En el caso de Chile, el 1% de la población se lleva aproximadamente el 22% de los ingresos, según el artículo de Flores (y otros, 2019). Si la tasa marginal subiera para este grupo en 20% (de 40% al 60%) –y se hacen los esfuerzos necesarios para evitar la salida de ingresos a los paraísos fiscales– se recaudaría en torno al 4% del PIB en nuevos impuestos, número cercano a la propuesta de Nicolás Eyzaguirre, quien propone una reforma que recaude en torno al 5% del PIB. Poniendo en contexto, una reforma de esta magnitud permitiría casi duplicar el gasto en educación o el de salud cada año. Sin duda, varios pasos en dirección a una sociedad más justa.

Leer columna en El Mostrador

El egresado del Magíster en Economía (MAE) José Acuña (generación 2017), quien hoy es investigador CLAPES- UC, escribió una columna en El Mercurio junto al Dr. Álvaro Erazo, Ex ministro de Salud titulada “Desconfinamiento y el efecto conectividad”.

“Dos aspectos que se deben recalcar son la movilidad y la urbanización, los cuales pueden facilitar la propagación del virus. En efecto, un factor clave es el referido a la conectividad en grandes ciudades. Según el estudio de Hamidi et al. (2020), las tasas de mortalidad de covid tienen una relación significativa y positiva con la población metropolitana en EE.UU. Estos hallazgos sugieren que la conectividad entre los condados metropolitanos es más importante que la densidad poblacional para la propagación del virus y la letalidad, dado que la primera podría comenzar en los núcleos urbanos y extenderse eventualmente a áreas suburbanas y rurales de menor densidad” mencionan.

RESUMEN

El artículo analiza los efectos distributivos totales de los Impuestos Globales Complementarios (IGC) por región, comparándolas con el Índice de Desarrollo Humano Regional (IDHR), que utilizamos como proxy del efecto distributivo de los gastos estatales en Salud, Educación e Ingresos de los hogares. Por otro lado, comparamos los datos de la letalidad de COVID-19, identificando que, en una primera fase de la pandemia hasta el mes de mayo 2020, en general, las regiones más afectadas fueron las regiones con diferencias negativas entre el aporte del IGC y el IDHR.

Por: Humberto A. Borges Quintanilla, Académico Departamento de Gestión y Negocios (FEN-UAH). Director del Diplomado en Gestión Tributaria UAH

Publicado en Revista Gestión y Tendencias N°4, volumen IV

INTRODUCCIÓN

Al estudiar las políticas impositivas, en muchas ocasiones solo ponemos atención al cálculo de los tributos. Sin embargo, el estudio de las políticas impositivas debería centrarse en la redistribución de la riqueza, mediante el análisis de los efectos distributivos totales de los impuestos. Esto no es trivial, ya que dentro de los servicios que son distribuidos por el Estado está la Salud Pública (1), la cual hoy esta puesta a prueba en la Pandemia de Covid-19.

Al hablar de efectos distributivos totales, debemos analizar la fracción de impuesto que se recauda y, conjuntamente, el efecto de los gastos sociales. Es decir, los tributos tienen un componente referido a los impuestos recaudados y el uso de los mismos en los gastos que la sociedad requiere. Respecto de los gastos sociales, la distribución de los recursos obtenidos por vía de impuestos deben ser focalizados, principalmente, en las regiones o zonas con mayores rangos de pobreza o con alguna debilidad estructural.

Una buena distribución de los recursos produce un efecto de bienestar social y aceptación de las instituciones políticas que gobiernan un país (De Zuazu, 2012). Por el contrario, la existencia de bajo nivel de coordinación entre la recaudación y la distribución equitativa, genera un efecto que se refleja en brechas sociales muy nocivas, las cuales corroen por dentro a la sociedad, por ejemplo, generando conflictos sociales en el tiempo (Perez & Sandoval, 2020, Garretón, Joignant, Somma y Campos. COES, 2018). En Chile lo hemos visto con el llamado Estallido Social de octubre del 2019, donde muchas de las discusiones se centraron en la falta de políticas distributivas, ya sea centradas en la Educación, Salud o falta de oportunidades para lograr mejorar los ingresos de las familias.

El PNUD ya alertó de las desigualdades regionales en Chile (PNUD, 2018). Uno de los informes principales fue el referido al índice de desarrollo humano regional (IDHR) (2), que mostró brechas enormes entre las regiones en las dimensiones de Salud, Ingreso y Educación (PNUD, 2018). En este estudio, examinamos el IDHR del 2017 informado por el PNUD, comparándolo con los ingresos fiscales generados por Impuesto Global Complementario (IGC), luego mostraremos estos datos y realizaremos una nueva comparación con los datos del avance de la pandemia COVID-19 (3).

Utilizamos el IGC que es un impuesto progresivo que se encuentra relacionado directamente con el ingreso de las personas naturales. Además, el motivo de enfocar los ingresos fiscales vía impuestos personales es que puede ser un buen indicador del crecimiento de ingresos de la población y de recaudación enfocada a la distribución de la riqueza, ya que la tasa aumenta según tramo de ingresos.

El objetivo de este artículo, es describir que los ingresos base personales regionales (base del GC) y el aporte de los impuestos (AIGC) recaudados por región y mostrar diferencias con el IDHR. Adicionalmente, se describe la letalidad del COVID-19 y se realiza una comparación entre base del GC, AIGC y IDHR. La comparación nos servirá para comprobar la existencia de desigualdad real y si esta coincide con la comparación entre ingresos personales (base del IGC), impuestos recaudados (AIGC) y el IDHR.

La metodología que se utilizó en el estudio fue comparar la recaudación estatal (Recaudación Estatal del impuesto global complementario IGC), IDHR y fallecimiento por COVID-19 por región (entre el período comprendido entre el 05 al 25 de mayo, utilizando los datos acumulativos). El IDHR, es un índice que contiene como variable de salud los años de vida potencial perdidos (AVPP), en este análisis buscamos si esto se reflejara en la pandemia del COVID-19.

POLÍTICA TRIBUTARIA Y DESARROLLO HUMANO REGIONAL EN CHILE

La política tributaria puede ser medida por su efecto distributivo total que es la suma del efecto de los gastos sociales (efectos indirectos) y el efecto distributivo directo. YañezYáñez (2012) indica “cuando se desea conocer el impacto de la acción del Estado en la distribución es necesario analizar ambas partes de la distribución en forma conjunta”. Es decir, un impuesto puede ser regresivo (efecto directo), pero si se costea el gasto social del mismo contribuye y mejora el bienestar social, el efecto distributivo total del impuesto es positivo.

En esta investigación se utiliza el IDHR como indicador de los efectos de los gastos sociales (efectos indirectos) tomando las variables de salud, educación e ingresos. Existen investigaciones que utilizan el Índice Gini como un indicador de desigualdad posible, pero “no es el único” (Callealta, Fedriani, Martín y Sánchez, 2012), al utilizar IDHR (PNUD, 2018) como indicador de desigualdad buscamos tener una medida relacionada con nuestra realidad regional y la inversión de la sociedad en las tres variables analizadas por el PNUD.

Al observar el cuadro Nº1, las diferencias regionales son enormes, se observa que el centralismo en el país provoca problemas de divisiones que produce inequidad del desarrollo entre las zonas, esto se observa en la base de los ingresos renta 2017 del IGC, donde la Región Metropolitana (RM) cuenta con 24.538.338 MM$ de los ingresos imponibles base para el IGC, es decir, el 55, 96% del total del país. También, se observa esta gran diferencia al aportar la RM el 65,9% de los aportes vía IGC y el aporte por persona de 302 M$ que más que dobla el promedio del país. La RM no sólo obtiene el 1er lugar en las dos cifras anteriores, además, la obtienen en el IDHR, expresada en nuestro caso en posiciones (ver el Apéndice I el gráfico del IDHR del PNUD 2018). También, puede interpretarse el ingreso renta o base del IGC, como la evidencia de los ingresos por trabajos formales, recordemos que solo los ingresos de actividades formales pagan impuesto.

Además, se observa al comparar el IDHR (posiciones del IDHR) y la posición del aporte del IGC de la región encontramos grandes diferencias. Esta situación valida a Sanhueza (2018), mostrando que existen poblaciones que tienen más beneficios sociales directos e indirectos que en otras zonas. En Chile, se concentra la desigualdad en las regiones de Araucanía, Maule, O´Higgins, Biobío, Los Lagos y Valparaíso. Lo que podemos observar por la posición que ocupan en el IDHR, además, no existiendo una relación con el aporte de recursos vía impuestos (ver cuadro Nº1). En conclusión, hay regiones que, entregando un aporte al Estado, no reciben una retribución equivalente mediante gastos sociales produciendo un efecto distributivo total negativo, lo que se observa en el IDHR.

Además, podemos observar en el Aporte IGC por habitante en M$, encontramos sobre el promedio a las regiones RM (302 M$), Antofagasta (214 M$), Magallanes (151 M$), Atacama (140 M$), Valparaíso (134 M$). Donde sólo el caso de la región de Valparaíso tiene una diferencia negativa, en los demás el IDHR muestra una diferencia positiva.

Mostrando que es necesario intervenir en políticas distributivas directas en las demás regiones, tomando como los ingresos base personales regionales (base del IGC) y el aporte de los impuestos (AIGC) recaudados por región, ya que este es un indicador de ingresos por empleos formales que finalmente son informados en la declaración renta.

COVID-19 E AIGC VS IDHR

La diferencia que hemos obtenido entre el AIGC y IDHR, nos sirve como referencia para visualizar la pandemia desde el punto de vista de la precariedad de algunas regiones, frente a tener que enfrentar un problema o situación complicada, dado que no contamos con datos más actualizados utilizamos los datos del 2017, sin embargo, suponemos que las tendencias se mantienen al 2020 y pueden ser más bajas recordemos el efecto del estallido social del 2019 que aún no podemos medirlo.

Para este análisis podemos observar el cuadro nº2, el cual nos muestra la realidad de los datos de los fallecidos Covid-19 sobre infectados (letalidad), comparados con los datos anteriores, del cuadro nº1.

Primero, podemos observar que existe una relación entre las variaciones de AIGC y IDHR con resultado negativo y la letalidad de la pandemia de COVID 19 por regiones. En el caso de Biobío es necesario observarlo dividiendo entre Ñuble y Biobío, observando la mayor letalidad en la de Ñuble. Segundo, existen dos regiones que es necesario analizar a fondo, Magallanes y Los Ríos. En el caso de Los Ríos es una región que estaba en rango bajo durante el informe 2006 de IDHR, pero mejoró su rango y posición en la información del 2017 de IDHR (ver Apéndice I, gráfico del 2006 – 2017 PNUD, 2018). Por otro lado, en el caso de Magallanes se puede establecer que la llegada del mismo virus vía turistas extranjeros por cruceros, produciendo un golpe a una zona aislada no preparada a esta situación (Chernin A., 2020).

Por último, la Región Metropolitana a pesar de la gran cantidad de infectados, la letalidad de la pandemia se observa baja, el efecto se debe a que tiene mayores recursos en la actualidad y acumula bienestar por ser la región capital del país. Pero hay que tener en consideración las comunas más pobres, sobre las cuales a mayo no se observa información por comuna, es posible que exista un aumento al abrir por comuna estos datos.

REFLEXIÓN FINAL

Al analizar la redistribución de los ingresos tributarios, mediante el análisis de los efectos distributivos totales de los impuestos podemos indicar que se observa que el Impuesto Global Complementario puede recaudar más de las regiones con mayores ingresos, tal como ocurre en la RM. Pero ello, no necesariamente tiene relación con los efectos distributivos por gastos, ya que se observa el IDHR no tiene una relación directa con los AIGC de cada región. Además, se observa que existen regiones que tienen un AIGC importantes, no tienen un mejor efecto en un buen IDHR, sino más bien este es inferior a su posición por AIGC. Por otro lado, se observa que sólo en el caso de Aysén, Arica y Parinacota y Tarapacá, se logra una relación positiva. Concluyendo, que existe sólo en las regiones extremas fronterizas mejorías en la IDRH respecto de sus ingresos base de IGC y AIGC.

Ahora bien, en la epidemia actual fueron las primeras poblaciones afectadas con una relación negativa entre IDHR y AIGC. La conclusión central es que es urgente lograr mayor distribución de los recursos del país, para disminuir las brechas por regiones. Además, la tarea más importante es revisar la forma de distribución de los tributos recaudados, tal vez, proponiendo nuevas estructuras impositivas de atracción de personas calificadas a regiones e incentivar la inversión.

(1) Chile tiene un promedio de 22 camas de hospital, 8 médicos (la mitad del promedio de Latinoamérica) y 9 enfermeras por cada 10 mil personas (un quinto de la cifra regional y un noveno de la de países con similar IDH). En este contexto, la brecha con los indicadores de los países más desarrollados tiene un promedio de 55 camas de hospital, más de 30 médicos y 81 enfermeras por 10 mil personas. Cifras a considerar al referirse a la situación actual. El Mostrador (2020).

(2) El IDH, es construido a partir de cinco variables básicas “los años de vida potencial perdidos (AVPP), la tasa de asistencia global a establecimientos educacionales de la población entre 4 y 24 años, los años de educación promedio de la población de 25 años o más, el porcentaje de pobreza por ingresos y el ingreso per cápita promedio de los hogares. El indicador se normaliza entre 0 y 1, y su valor máximo se define en relación con un parámetro “ideal” para cada variable” (PNUD, 2018).

(3) Utilizamos en el análisis la tasa de letalidad, para encontrar un punto de corte de 1,5, teniendo en cuenta que hay estudios que lo han fijado en 2%. Paul F. (2020) https://www.bbc.com/mundo/noticias-51614537 25 febrero 2020.

REFERENCIAS

BAEZ, J. M. 2018. Los efectos de la política fiscal sobre la desigualdad. Revista de economía mundial, 49.

BORDA, D. Y CABALLERO, M. 2016. Eficiencia y equidad tributaria: una tarea en construcción. Población y Desarrollo 42: 81-91.

BORGES, H. 2019. Discusiones tributarias y realidad regional. Observatorio Económico 136: 6-7.

CALLEALTA, F., FEDRIANI, E., MARTÍN, A. y SÁNCHEZ, A. 2012. Análisis de la evolución temporal de las desigualdades con datos irregulares. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 13: 73-96.

GARRETÓN, M., JOIGNANT, A., SOMMA, N. Y CAMPOS, T. 2018. Informe Anual Observatorio de Conflictos. Nota COES de Política Pública, 17.

DE ZUAZU, M. 2012. Elementos principales de la cultura fiscal en América Latina. Documentos de trabajo. IELAT, Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos 42: 40-59.

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 2018. Desigualdad regional en Chile. Ingresos, salud y educación en perspectiva territorial. www.desiguales.org.

SEMINARIO DESCENTRALIZACIÓN, EXPOSICIÓN: TRIBUTACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL. SANHUEZA, C. 2 agosto de 2018. Propuestas para generar inversión con desarrollo compartido Santiago, Chile.

SEMINARIO NUEVO PACTO TRIBUTARIO 2019. 10 de diciembre 2019. Borges H. Nuevo Pacto Tributario. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile.

YÁÑEZ, J. 2012. Elementos a considerar en una reforma tributaria. Revista de Estudios Tributarios, 6: 213-250.

CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EL COVID-19-ESTUDIO-DEL-PNUD-REVELA-FUERTE-BRECHA-SANITARIA-ENTRE CHILE VERSUS LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS. 2020. El Mostrador. 29 de abril. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/04/29/capacidad-de-respuesta-ante-el-covid-19-estudio-del-pnud-revela-fuerte-brecha-sanitaria-entre-chile-versus-los-paises-mas-desarrollados/

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LA GEOGRAFÍA DE LA DESIGUALDAD Y DEL PODER. 2020. Pérez R. y Sandoval D. CIPER Chile 26 febrero https://ciperchile.cl/2020/02/26/la-geografia-de-la-desigualdad-y-del-poder/.

LA DELICADA SITUACIÓN QUE VIVE MAGALLANES. 2020. Chernin A. La Tercera 25 abril 2020 https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-delicada-situacion-que-vive-magallanes /5PJGMD7SCNA6TDDPEBPANRQEY4/.

Luego de un intenso debate, el 30 de julio se publicó en el Diario Oficial la Ley No 21.248 que permite a los afiliados al sistema de AFP, de manera excepcional, voluntaria y por única vez, retirar hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. El propósito fue mitigar los efectos sociales derivados de la crisis sanitaria. Este artículo presenta una descripción de los principales elementos de la Ley, el contexto económico y de legitimidad del sistema previsional en el que fue aprobado, así como algunas de las principales ventajas y desventajas del proyecto.

Por: Fernando López, Doctor en Business Administration, Olin Business School, Washington University in St. Louis, EE.UU. Académico FEN- UAH

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 147, 2020.

DESCRIPCIÓN DE LA LEY

La Ley permite que los afiliados al sistema de capitalización individual retiren hasta el 10% de los fondos acumulados ahorrados en su cuenta de cotizaciones obligatorias, de manera voluntaria y por única vez. Dependiendo del saldo de ahorro que tengan los afiliados, el proyecto tiene tres condiciones respecto a los montos que se pueden retirar:

• No puede ser inferior a UF35 ($1.000.000) ni superior a UF150 ($4.300.000).
• Para quienes el 10% de sus ahorros sea inferior a UF35 podrán retirar hasta dicho monto (UF35).
• Si el total de fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual son menores a UF35, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos.

Quienes retiren hasta 35UF ($1.000.000), recibirán su dinero en una sola cuota. Quienes retiren más de esa suma recibirán su pago en dos cuotas, la primera a 10 días hábiles de la solicitud y la segunda a 30 días hábiles del primer desembolso.

Los afiliados tendrán hasta un año para efectuar su retiro, a partir de la fecha en que la Ley fue publicada en el Diario Oficial. Los fondos retirados no serán considerados renta para fines tributarios. Tampoco serán objeto de retención, descuento, embargo, compensación legal o contractual, excepto en el caso de deudas originadas por pensiones alimenticias.

La Tabla 1 presenta el número de afiliados de acuerdo con el monto de dinero que podrían retirar, según datos de la Superintendencia de Pensiones al 31 de marzo de 2020.

Cerca de 3 millones podrían sacar el 100% de sus fondos previsionales puesto que no superan las UF35 ($1.000.000). En el tramo más numeroso, los 4.652.000 afiliados cuyo 10% de saldo en sus fondos de pensiones es inferior a las UF35 podrán retirar un promedio de 34% de sus ahorros previsionales.

Considerando estos dos grupos, 7.554.091 afiliados del sistema podrían retirar un promedio de 59,4% de sus ahorros previsionales.

A nivel agregado, los cerca de 11 millones de afiliados podrían retirar un promedio de 44% de sus ahorros previsionales. A los cinco días de vigencia de la Ley, más de 7 millones de afiliados habían solicitado el retiro de sus fondos previsionales.

CONTEXTO ECONÓMICO

La discusión del proyecto de ley se dio en circunstancias en que las medidas de apoyo del gobierno se consideraban insuficientes y lentas. En efecto, el día previo a la votación del primer trámite legislativo, el presidente Sebastián Piñera anunció un plan económico que proponía diversas medidas para apoyar a la clase media (1). Entre ellas se destacan cuatro. Primero, un aporte o transferencia de $500.000 para trabajadores que tenían ingresos formales entre $500.000 y $1.500.000 mensuales o quienes hayan sufrido una caída de 30% o más en sus ingresos (2). Segundo, un subsidio durante tres meses para el pago de arriendos de hasta $600.000. Tercero, la postergación del pago de contribuciones de bienes raíces el segundo semestre. Cuarto, la postergación de hasta 3 meses del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La principal debilidad de las medidas es que deja fuera de beneficio a trabajadores informales que no se encuentran en el Registro Social de Hogares y no tienen como demostrar una reducción de 30% o más en su nivel de ingresos. Trabajadores de la construcción, asesoras del hogar, meseras y meseros, jardineros, conductoras y conductores de transporte escolar son algunos de los muchos ejemplos invisibles a nuestro sistema tributario y al radar que utiliza el Estado para focalizar su ayuda. De acuerdo a un estudio de la Universidad Católica (3), nuestro mercado laboral tiene más de 3 millones de trabajadores informales. De este total, 1,2 millones serían trabajadores por cuenta propia, esto es, son propietarios de la unidad económica donde trabajan y desarrollan sus actividades de manera individual. Adicionalmente, habría 1,9 millones de trabajadores dependientes precarizados, que son aquellos que trabajan como asalariados públicos o privados o como servicio doméstico, cuyo empleador no realiza cotizaciones previsionales a partir del vínculo laboral.

Diversos actores han señalado las falencias de los instrumentos del Estado para identificar a quienes lo están pasando mal (4) y los problemas de una estrategia de focalización cuando no tenemos instrumentos razonables para identificar las necesidades de una parte significativa de la población (5).

El hecho que la ayuda sea considerada insuficiente y que no llega a todas las capas de nuestra sociedad presiona la búsqueda de alternativas de solución, entre las que el retiro de fondos previsionales fue la más popular.

DESCONTENTO CON EL SISTEMA PREVISIONAL

El efecto económico de la pandemia pone a los fondos de pensiones en el centro de la discusión en medio de una crisis de legitimidad.

Según la Encuesta de Protección Social (2015), un 68% de los afiliados al sistema de AFP tienen una opinión negativa o muy negativa sobre el sistema previsional. En contraste, solo 6,4% tenía una opinión positiva y 0,4% una muy positiva. Las razones de esto último son varias y conocidas: su origen en dictadura, pensiones bajas en relación con la promesa y expectativas creadas por sus fundadores; el hecho de que algunos actores reciben un pedazo grande de una torta que no alcanza para la mayoría (6) o la baja discrecionalidad de los afiliados para disponer de sus ahorros previsionales en etapas de vacas flacas, que fue el tema central en la discusión de esta Ley.

LO POSITIVO

La ley presenta al menos tres ventajas. La primera es que cerca de 11 millones de personas podrán acceder a sus fondos previsionales, permitiéndoles mitigar las consecuencias de la pandemia, estrecheces económicas originadas con anterioridad a esta u otros usos que no están necesariamente asociados a situaciones apremiantes pero son muy bien recibidos. La segunda es la popularidad de la iniciativa.

De acuerdo a un sondeo de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) (7), un 72% de los mayores de 25 años prefería como primera opción de ayuda el retiro del 10% de los fondos previsionales versus otras alternativas como subsidios o créditos del Estado.

De acuerdo con un estudio de “Tú Influyes”, más del 90% de los encuestados señaló que retiraría sus fondos previsionales.

La tercera es la inyección de recursos que contribuirán a dinamizar la actividad económica. En efecto, el monto que podrían retirar los afiliados supera los US$17.000 millones.

Los resultados de los sondeos mencionados sugieren que el principal uso que se dará a estos fondos es pago de créditos, compra de alimentos de primera necesidad y pago de cuentas de servicios básicos.

LIMITACIONES

Entre las principales limitaciones de la elaboración y diseño final de la Ley se destacan cuatro. Primero, la elaboración del proyecto no estuvo respaldada por estudios que fundamentaran su diseño, describieran en detalle los grupos de la población que serían más beneficiados, la manera en que esta propuesta aliviaría su situación actual, cómo se articularía con el paquete de medidas que se han propuesto para aliviar los efectos de la pandemia y con la reforma previsional. Tampoco señalaba cuales serían los costos de la medida y quienes los pagarían.

Segundo, esta Ley es regresiva y comparte el punto ciego de la ayuda estatal. Las personas con mayores montos en sus fondos de pensiones son quienes han trabajado de manera dependiente, con mayores ingresos y pocas lagunas laborales. Estas personas ya están cubiertas por el seguro de cesantía y tienen mayores montos en sus cuentas individuales. Si hacemos un ranking, los beneficios son más generosos con personas de mayores ingresos que no se han visto afectados laboralmente por la pandemia. A continuación, estarían trabajadores dependientes de altos ingresos que han cotizado por periodos prolongados de tiempo que cuentan con mayores niveles de ahorros previsionales, aunque ya han utilizado su seguro de cesantía producto de la ley de protección al empleo (8) o porque han quedado desempleados. Luego vendrían personas con bajo nivel de cotizaciones y quedarían fuera quienes no tienen ahorros previsionales. Por lo tanto, este proyecto tampoco se hace cargo de los trabajadores informales que cuentan con escasos ahorros previsionales, no tienen como demostrar reducciones en sus ingresos y lo están pasando muy mal.

Tercero, la Ley entregará exenciones tributarias por montos que fluctúan entre $610.000 y $1.720.000 para personas que tengan un ingreso mensual promedio superior a los $3.000.000 durante 2020. Esto ocurre porque los ahorros retirados por personas de altos ingresos no pagaron impuesto a la renta y ahora podrán serán retirados libremente. Esto podría haber sido subsanado fácilmente, sin atrasar la discusión ni la entrega de beneficios a las personas.

Una alternativa planteada fue considerar los retiros en el cálculo de impuesto a la renta para personas que durante el año del retiro tuvieran ingresos superiores a los $2.000.000.

Cuarto, la Ley también abre la puerta para una “bicicleta tributaria” que beneficiaría en mayor grado a personas de mayores ingresos y, en consecuencia, incentivaría el retiro de fondos de quienes no han visto reducidos sus ingresos producto de la pandemia. De hecho, los más beneficiados en términos monetarios serán personas con ingresos superiores a los $3 millones líquidos quienes recibirán un regalo del

Estado entre $610.000 y $1.720.000 si retiran el tope de UF150 y la invierten en APV o Depósitos Convenidos (Tabla 2). Esto es adicional a las exenciones tributarias descritas en el punto anterior. Para trabar esta bicicleta se podrían haber eliminado los beneficios fiscales y exenciones tributarias por los aportes al APV o Depósitos Convenidos por un monto equivalente al retiro que efectúen de su cuenta de capitalización obligatoria. Por ejemplo, una persona que retire el tope de $4.300.000 y ahorre UF600 ($17.000.000) anuales en APV recibiría exenciones tributarias por la diferencia $12.700.000 (=$17.000.000-$4.300.000).

Esta traba para la bicicleta tiene tres grandes ventajas. Primero, evita que personas de altos ingresos o que no se han visto afectadas por la crisis obtengan beneficios fiscales y exenciones tributarias al invertir su retiro de fondos previsionales.

Segundo, evita imponer barreras financieras y burocráticas al ahorro previsional voluntario, que será necesario impulsar con mayor fuerza luego de dicho retiro. De hecho, para su implementación bastaría que las AFPs o Superintendencia de Pensiones envíe al SII la nómina de personas que efectuaron el retiro de fondos y su monto.

Sin perjuicio de lo anterior, los incentivos tributarios del ahorro previsional voluntario actuales son desmesuradamente regresivos y deberían corregirse. Por ejemplo, al año 2019 la bonificación máxima del Estado para 75% de los contribuyentes que tienen una renta líquida menor a $670.000 es igual a 15% de lo ahorrado con un tope de $300.000. Al mismo tiempo, la bonificación máxima para menos del 0,8% de los contribuyentes que tienen una renta promedio superior a los $8.000.000 era un 53,8% de lo ahorrado, con un tope cercano a los $6.000.000.

Tercero, al no imponer medidas más estrictas, como lo sería prohibir la entrega de beneficios fiscales y exenciones tributarias hasta que se restituyan los fondos retirados, esta propuesta no castiga al ahorro voluntario respecto a otras alternativas de inversión.

COMENTARIOS FINALES

La Ley de retiro de fondos previsionales tiene un diseño similar al modelo peruano que permitió a sus afiliados retirar hasta un 25% de sus ahorros, con topes mínimos y máximos, sin que estos fondos tuvieran que ser restituidos por el estado u otro en el futuro. En la práctica, el retiro de fondos opera como un auto préstamo que será financiado a través de una menor pensión autofinanciada. Esto se traducirá en un mayor gasto fiscal para personas que recibirán complementos para su pensión a través del pilar solidario y menores pensiones para quienes no cumplan los requisitos para acceder a dicho pilar, debido a que no se encuentran en el 60% de los hogares más vulnerables.

Aunque esta medida fue muy bien recibida por la ciudadanía, esta beneficia en menor grado a las y los trabajadores informales que no tienen como acreditar caídas en su nivel de ingreso para acceder a la ayuda estatal, al igual que la mayoría de las iniciativas de ayuda del Gobierno.

Referencias

(1) https://www.gob.cl/proteccionclasemedia/

(2) En la versión final del proyecto, para la entrega de este beneficio se consideraron ingresos pre-crisis entre $400.000 y $1.500.000.

(3) https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2020/05/Paper-122_VF.pdf

(4) https://ciperchile.cl/2020/07/03/los-graves-problemas-metodologicos-y-practicos-en-el-ingreso-familiar-de-emergencia/

(5) https://ciperchile.cl/2020/07/16/las-consecuencias-de-la-focalizacion/

(6) Algunos ejemplos de esto último son las ganancias de las administradoras de pensiones, que son mayores a las necesarias para atraer capital a la actividad (TDLC, 2008; Comisión Pensiones, 2015;

Grupo Mejores Pensiones para Chile, 2016); las diferencias en los beneficios recibidos por civiles y fuerzas armadas (Comisión Pensiones, 2015); o las sospechas que levanta el tránsito de autoridades del Estado que ocupan cargos ejecutivos en las administradoras o empresas en las que éstas eligen directores (Bril-Mascarenhas & Maillet, 2019).

(7) https://www.ccs.cl/2020/07/24/encuesta-ccs-60-de-quienes-retiren-sus-fondos-piensa-destinar-parte-del-dinero-a-alimentos-y-productos-de-primera-necesidad/

(8) https://clasemediaprotegida.gob.cl/fichas/ley_de_proteccion_del_empleo

Por: Carlos García

30 de Abril del 2020/SANTIAGO Vista de la faena durante la visita a las obras de construcción del nuevo hospital Salvador y Geriátrico en el marco del día del trabajador FOTO: FRANCISCO CASTILLO /AGENCIAUNO

Hace algunos días atrás pregunté a una persona como estaba su situación laboral, él me respondió sin titubeos: el que nada sabe nada teme. Más extraño aún, yo estuve satisfecho con su respuesta, quedando también tranquilo sobre su situación laboral.

Digo extraño porque uno como economistas supone todo el tiempo que las personas y las empresas toman decisiones racionales. No enfrentar una situación adversa, es una actitud exactamente opuesta a la racionalidad propuesta por la teoría económica. En especial, porque no se toman las medidas correctas para enfrentar situaciones problemáticas. Pero comprendamos que – en las actuales condiciones – la racionalidad directa y pura a nivel individual puede resultar más dura que lo soportable, sobre todo si se trata de quedar desempleado.

Esta actitud -si bien es comprensible a nivel individual- no lo es para el gobierno y sus instituciones. El gobierno no puede generar expectativas erradas. Me explico, los intentos de reapertura de la economía a nivel mundial se han encontrado una y otra vez con el rebrote del virus: China, Japón, Alemania; etc. Solo Nueva Zelanda mantiene su posición invicta, relacionada con estrictas medidas sanitarias, sumado al hecho de ser un archipiélago infranqueable.

Esto ha puesto a la economía mundial en peligro, la recuperación se está alejando cada vez más y todas las esperanzas giran en torno a un solo argumento: vacunas que parece ser estarían disponibles en varios meses más.

Más específicamente, los mercados internacionales están internalizando que la pandemia no es un fenómeno tan transitorio como se quería creer al principio. Por el contrario, ya se está tomando conciencia que esta crisis no es igual a la crisis internacional del 2008, en que fue suficiente una fuerte intervención por parte de los bancos centrales para empujar de una sola vez a las economías desarrolladas. La crisis actual es diferente: mientras no aparezca la vacuna, esta crisis se mantiene, por más intervención monetaria y fiscal que se implemente. La caída de las tasas reales largas de los bonos del tesoro por debajo de -1% en una señal de esto en los Estados Unidos.

En adición, el pobre desempeño de los Estados Unidos está produciendo una depreciación del dólar con respecto a otras monedas. Esta situación impide que la economía chilena pueda ajustarse a través del aumento de la rentabilidad de las exportaciones que estimule la producción doméstica y con esto el empleo. Necesitamos un dólar alto y no bajo, para enfrentar la crisis. Lamentablemente, el dólar seguirá siendo fundamental en las transacciones de comercio exterior y la base de las reservas internacionales no solo de nuestro Banco Central sino de las economías emergentes en general.

En este contexto, la recuperación puede ser más bien modesta (1-2%) en vez del fuerte rebote esperado (5-6%) en el crecimiento del PIB en el 2021. El gobierno y el Banco Central deberán preparar nuevas medidas. De lo contrario, la ciudadanía volverá a presionar por nuevos retiros de los fondos de pensiones, reducción de impuestos y postergación de deudas. Las provisiones de los bancos comenzarán a abultarse y con ello correrá peligro la estabilidad financiera del país. Por esta razón, en esta ocasión es vital anticiparse. Sin vacuna habrá rebrotes importantes que llevarán nuevamente a importantes porcentajes de la población a cuarentena y ocasionando que actividades como el comercio, el turismo, los servicios sigan deprimidas, con todo lo que ello significa.

Leer columna en La Tercera

Cecilia Sandoval

La alerta la entregó la Organización Mundial de la Salud (OMS): frente al brote del Covid-19, la infodemia surge como un evento que entrega información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar y afectar negativamente la salud humana.

¿Qué se dijo del coronavirus que era falso?

Según el organismo internacional, durante los primeros meses de la pandemia las búsquedas en internet de información actualizada sobre la COVID-19 se dispararon hasta un 70%, y muchas historias publicadas en la red eran inventadas y amplificadas mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como un virus.

A nivel mundial la información inexacta difundida por redes sociales tocó todos los aspectos de la enfermedad desde el origen, la causa, el tratamiento y el mecanismo de propagación. Algunos ejemplos fueron difundir la teoría de que el virus era causado por las élites mundiales para reducir el crecimiento de la población, cuando apuntaron a que las mascarillas no prevenían el contagio o cuando afirmaron  que los niños no se infectaban.

La cifra real de los muertos

María Fernanda Rodríguez

En nuestro país uno de los capítulos más graves fue la puesta en duda de la cifra de los fallecidos por coronavirus. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, calificó de «fake news» la denuncia de la periodista Alejandra Matus sobre el aumento en el número de fallecidos este año por «causa respiratoria» y no notificados en el informe diario. La respuesta de la autoridad fue explicar de manera muy confusa las diferencias entre las cifras del informe epidemiológico que manejaba el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y las del Registro Civil. ¿Desinformó la autoridad sobre los fallecidos?

La investigación UAH

La investigación del Seminario de Grado de los estudiantes Matías Criado, Antia Meneses, Cecilia Sandoval y María Fernanda Rodríguez, alumnos de quinto año de la carrera de Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística (GIBA) de la FEN, busca responder cómo el Estado de Chile, desde su identidad digital y presencia en redes sociales, se hizo cargo del flujo de desinformación durante la crisis del coronavirus.

Para lograrlo van a contrarrestar los flujos de desinformación en las redes sociales de ministerios, ministros y  subsecretarios directamente  vinculados con el desarrollo de la enfermedad durante el periodo de junio y julio. Monitorearán repertorios y relatos y, en consecuencia, evaluarán el impacto de mentir en un contexto de pandemia.

Matías Criado

Según el alumno Matías Criado, durante los primeros cuatro meses de la crisis sanitaria hubo mucha confusión en la información, datos que no se estaban comunicando, y se vislumbraba un trabajo débil entre la autoridad y la comunidad científica que terminaba en enfrentamientos comunicacionales que poco aportaban a informar oportunamente de la gravedad que se estaba produciendo en el país.

“La información en contextos de pandemia no puede tener colores políticos, me atrevo a decir que ese fue uno de los principales errores en la planificación del gobierno que ayudó a promover mayores niveles de desinformación”, sostiene.

Pensó que la enfermedad era un engaño

Un equipo de la BBC estuvo investigando decenas de casos de información errónea sobre el covid-19, hablando con las personas afectadas y autoridades médicas para verificar las historias, y encontró vínculos entre las falsedades que se propagan y episodios de asaltos, incendios provocados y muertes en todo el mundo. Los expertos dicen que el potencial de daño indirecto causado por rumores y teorías de conspiración podría ser mucho mayor.

El medio inglés reveló la historia de Brian Lee Hitchensque después de leer teorías conspirativas en internet, pensó que la enfermedad era un engaño o, al menos, no peor que la gripe. “Pensé que el gobierno estaba usando el covid-19 para distraernos o que tenía que ver con el 5G. Por lo tanto, no seguí las reglas ni buscamos ayuda antes», dice Brian. Pero a principios de mayo, contrajo covid-19. “Ahora me doy cuenta de que el coronavirus definitivamente no es falso», dice, sin aliento. «Está ahí afuera y se está extendiendo».

Mantener desinformada a la población tiene el riesgo de relativizar la verdad y en consecuencia, producir un clima ideal para la gestación de discursos alejados del sentido común que pone en peligro a la población, explica Matías Criado. Para María Fernanda Rodríguez, en tanto, creer una noticia falsa tiene efectos tan variados como personas hay en el mundo. Y en un contexto de pandemia las consecuencias pueden ser leves hasta gravísimas como perder la vida.

“La crisis de confianza en las figuras de autoridad, que explota y se expande desde el estallido social en el mes de octubre, tiene como consecuencia inmediata la desconfianza en la información que entregan y acrecientan el sentimiento de inseguridad de la ciudadanía respecto al COVID-19”, agrega Rodríguez.

Analfabetismo digital, el otro factor de riesgo

Antia Meneses

Las plataformas digitales como son Facebook, WhatsApp, Twitter, Youtube e Instagram tienen orgánicas y públicos muy diferentes con objetivos de contenidos muy variados. Por lo mismo, los alumnos sostienen que identificar qué red se presta para difundir información falsa es muy complejo.

Sin embargo, lo que se puede identificar son las estrategias comunicacionales del Estado, y en este punto se monitorearán dos plataformas usadas con mayor difusión entre las autoridades: Facebook y Twitter. “Esta última la más utilizada por el Gobierno para comunicarse con la ciudadanía”, dice Antia Meneses.

Por otra parte, a nivel ciudadano el diagnóstico de Antia Meneses es que la falta de educación digital de los chilenos hizo creer y reproducir como una realidad cualquier tipo de mensaje que circula en estos medios. En la misma línea, la alumna Cecilia Sandoval, pone el acento en la necesidad urgente de generar instancias educativas para prevenir y combatir la desinformación.

“La alfabetización digital permite a la ciudadanía y a sus líderes tomar decisiones efectivas para enfrentar ésta y cualquier otra crisis sanitaria similar”, señala.

El profesor guía de este Seminario de grado, Enzo Abbagliati, señala que la relevancia de esta investigación crece a partir del momento en que la OMS señaló muy tempranamente que junto con la pandemia surgió el fenómeno de la infodemia con consecuencias fatales. En resumen, “La información mala, puede matar. Estamos hablando de un problema de salud pública de primer nivel”, concluye.

Por: Eduardo Abarzúa C. | Ph. D en Ciencias del Trabajo, U. Católica de Lovaina; Decano Facultad de Economía y Negocios, U. Alberto Hurtado.

Yerko Ljubetic G . | Abogado, Máster en Políticas del Trabajo y R. Laborales, U. de Bologna; profesor Magister en Gestión de Personas en Organizaciones.

Prontos a iniciar el desconfinamiento «paso a paso», volvemos a plantear la necesidad urgente de instalar procesos de diálogo social que incluyan a todos los actores laborales para definir medidas para establecer una forma de organización del trabajo que priorice la salud de trabajadores y trabajadoras por sobre cualquier otra consideración. Si bien la dimensión abordada es sustantiva, preocupa que la discusión llegue a ser solo técnico-económica (flujos de trabajadores, diseño de turnos, organización del trabajo, etc.) y unilateral, o bien dirigida desde el gobierno y desde actores empresariales sin que se escuche a los trabajadores y sus organizaciones.

Omitir al actor laboral se ha vuelto una estética reiterada, que dibuja una realidad inquietante e impide la trascendental discusión respecto del futuro rol del trabajo que sustente una idea compartida de país.

SUPERAR EL TEMOR Y LA DESCONFIANZA

Los trabajadores que retornen a la actividad laboral lo harán luego de un largo período de confinamiento y llevarán consigo temores, estrés y tensiones. Por lo mismo, las acciones deberán mitigar estos efectos y facilitar el más normal retorno a las actividades. El desafío es cómo volver al trabajo e instalar un ambiente laboral que transmita y promueva seguridad tanto sanitaria como psicológica. Las personas no pueden desenvolverse temiendo constantemente por su salud física y su empleo, lo que representa un atentado contra derechos humanos fundamentales.

Por lo mismo, lo central será diseñar protocolos de vuelta al trabajo que, al mismo tiempo que permitan la reanudación de actividades, den certeza sanitaria y psicológica a las personas y sus familias. Para tal efecto, dichos protocolos deben ser elaborados y/o acordados con la participación de los trabajadores y sus representantes. La información veraz y la participación son los mejores antídotos que conocemos frente a la inseguridad y la ansiedad en tiempos de crisis y falta de confianza.

Es altamente probable que la convocatoria al retorno «paso a paso» sea vista por la mayor parte de trabajadores y trabajadoras como inspirada en finalidades solo orientadas a mantener los beneficios de las empresas o activar la economía.

Los tiempos y modalidades en las que cada persona desempeñará sus labores en un contexto de riesgo para su salud no pueden ser decididas de un modo unilateral y desde las seguridades de las oficinas gerenciales o del gobierno central, sino que deben implementarse en diálogo abierto y dinámico con quienes tendrán que asumir ese riesgo.

Este diálogo debe darse no solo a nivel de empresa o unidad productiva, sino que debe implicar el involucramiento de las organizaciones sindicales de grado superior y sus equivalentes empresariales, de manera de ir apoyando esfuerzos específicos y dando alcance más amplio a las conclusiones y hallazgos a los que en conjunto se arribe, y también llamando a las autoridades a adoptar las medidas que sean necesarias en el ámbito público. Salir «mejor que antes» de la pandemia requiere reforzar los niveles de articulación y negociación entre los actores productivos: así (re)construimos tejido social.

EL ESPACIO LABORAL COMO BASE DE UN PROYECTO COMÚN

Las relaciones laborales en nuestro país están marcadas por la desconfianza entre sus actores. Más allá de profundizar en las razones de ello, podemos decir que es claro que esta característica no puede ser eludida a la hora de organizar el trabajo para que pueda coexistir con el riesgo sanitario.

En efecto, es altamente probable que la convocatoria al retorno «paso a paso» sea vista por la mayor parte de trabajadores y trabajadoras como inspirada en finalidades solo orientadas a mantener los beneficios de las empresas o activar la economía.

En el contexto de desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad, esa aprensión aparece como plausible y se transfiere a la institucionalidad laboral, comprometiendo la posibilidad de abordar de manera adecuada el problema. Por lo mismo, aquellos que mantengan sus empleos y eventualmente vean reducidos sus salarios necesitan saber con realismo opciones, planes y posibilidades ligadas a su fuente de trabajo. Instalar climas de verdad ayuda a restaurar certeza y refuerza el liderazgo de la administración, y dispone a las personas a esfuerzos superiores.

La entrega de información sobre eventuales reducciones de empleo o salarios y también reorganización del trabajo, puede ir acompañada de compromisos realistas de compensaciones cuando sean superados los momentos difíciles: en algunos países de la OCDE se les llama pactos sociales o alianzas estratégicas, en que las partes, en el marco de un proceso de diálogo y negociación, acuerdan los términos, compartiendo esfuerzos y sacrificios, cuidando así el tejido social de la empresa.

Si asumir este desafío se hace descansar, una vez más, solo sobre las espaldas de los más débiles, además de asegurar el fracaso, se ahondaría la crisis de confianza y credibilidad que, como hemos dicho, caracteriza las relaciones en nuestro mundo del trabajo. Cuando las relaciones en el trabajo (y en la sociedad) son asimétricas, quien posee más recursos y poder debe preguntarse por sus deberes de cara a los más débiles.

UN ESTADO QUE PROTEGE DERECHOS Y ARTICULA UN PROYECTO NACIONAL

El Estado, en todas sus expresiones, no puede ser ajeno a los avances y definiciones que se vayan adoptando. Por el contrario, debe estar atento al riesgo que enfrentan quienes se ven obligados a volver al trabajo por razones de subsistencia. Se trata de derechos humanos, finalmente y, por ello, debe generar un entorno de protección efectiva que evite que trabajadores y trabajadoras expongan la salud y la vida por un imperativo económico.

Tratándose de resolver los modos en que se retoma la actividad productiva en el contexto de crisis sanitaria, el carácter naturalmente desigual de las relaciones entre trabajadores y empleadores cobra, como es obvio, una especial trascendencia.

La pandemia, como también lo harán otras crisis por venir, dejó en evidencia que el modo en que entendemos el trabajo como factor social y no solo económico también es determinante en la forma en que las naciones encaran y superan dichas crisis.

De ello se debe concluir necesariamente que el rol del Estado y los organismos públicos debe ser reforzado en la perspectiva de proteger los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras, estimulando la cohesión social y no una idea individualista de solución ni una fórmula desequilibrada en cuanto al trato de los actores laborales.

En tal sentido, las medidas que se adopten no pueden construirse desde el supuesto de que concurren actores iguales en sus capacidades de negociación y de resolución de los problemas de la crisis. Por lo mismo, debe acordarse un marco normativo que desarrolle y profundice las obligaciones del empleador respecto a la salud e integridad física y sicológica de sus dependientes, así como las sanciones por su incumplimiento y las capacidades fiscalizadoras de los organismos competentes.

Del mismo modo, deben precisarse las funciones de entidades como las mutuales de seguridad en las labores de prevención, capacitación y atención médica de quienes resulten afectados, la incorporación obligatoria de disposiciones específicas en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, así como establecer disposiciones que no dejen lugar a dudas, en el ámbito tanto administrativo como jurisdiccional, sobre la pertinencia y financiamiento de las licencias médicas a que haya lugar.

La manera en que esta urgente materia sea abordada y resuelta será especialmente determinante en una sociedad a la que la pandemia sorprendió en medio de una grave crisis social y política. Por ello, la prudencia extrema en los ritmos del proceso — en la medida en que el objetivo no es el crecimiento, sino evitar el shock—, el diálogo entre los actores, el carácter compartido de los sacrificios y un Estado velando por los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras son algunos elementos indispensables a considerar.

DE NUEVO, EL FUTURO DEL TRABAJO

En otro plano, una de las preguntas que se ha instalado se refiere al trabajo del futuro. Sin embargo, hay una tendencia a enfocarse exclusivamente en las incorporaciones tecnológicas, particularmente las relativas a la conexión a distancia, que lo determinarán en sus características más evidentes. Ese ángulo de análisis es claramente necesario, pues se hace cargo de los efectos que la incorporación de la tecnología tendrá en el modelamiento de las nuevas formas del trabajo y las tensiones a las que serán sometidas.

Sin embargo, esa mirada debiera estar inscrita en una perspectiva más amplia y de mayor alcance, referida al rol del trabajo y su centralidad en nuestras sociedades. Esto es necesario, de manera de orientar el proceso en la perspectiva de las necesidades y aspiraciones que la sociedad hace recaer sobre el trabajo como actividad fundamental.

En esos términos, la pandemia, como también lo harán otras crisis por venir, dejó en evidencia que el modo en que entendemos el trabajo como factor social y no solo económico también es determinante en la forma en que las naciones encaran y superan dichas crisis.

En tal sentido, el trabajo viene siendo sometido por décadas a la presión por cada vez mayores niveles de flexibilidad que fueron sustentando la aparición de nuevas modalidades cada vez más frágiles tanto en la aplicación de regulaciones protectoras como en las condiciones que le daban tradicionalmente permanencia y estabilidad, so pretexto de que el único modo de crear más empleo es que éste sea de menor calidad.

En la misma perspectiva puede entenderse la permanente renuencia a ampliar formalmente el ejercicio de los derechos laborales colectivos, sobre todo el de la negociación colectiva, limitándose tanto en su ámbito de aplicación como en sus contenidos.

En esos términos, la pandemia, como también lo harán otras crisis por venir, dejó en evidencia que el modo en que entendemos el trabajo como factor social y no solo económico también es determinante en la forma en que las naciones encaran y superan dichas crisis.

El resultado de todo aquello ha sido una sostenida precarización de las condiciones laborales, bajísimos niveles remuneracionales, incremento de la informalidad y alternativas muy débiles y acotadas de diálogo social en las empresas, todos factores que agravaron enormemente los efectos de la crisis sanitaria.

En efecto, los bajos ingresos autónomos de las familias chilenas provocaron que esta crisis las sorprendiera con altísimos niveles de endeudamiento y nulas posibilidades de enfrentar la emergencia cuando sus actividades fueron suspendidas. Los precarios dispositivos de apoyo estatal se vieron obligados a distinguir entre quienes tenían empleo formal y con antigüedad mínima, y una mayoría que, por desempeñarse en actividades informales o por cuenta propia, no ha tenido acceso a los subsidios establecidos. Todo esto, en un contexto en el que no han existido instancias de articulación entre trabajadores y empleadores que podrían generar los consensos necesarios para un retorno seguro a la actividad productiva.

Si a lo anterior agregamos que en el reciente debate sobre el uso de un diez por ciento de los fondos individuales acumulados en el sistema de AFP, uno de los pocos elementos consensuales ha sido el reconocimiento generalizado de la escualidez de tales ahorros —en relación directa con la de los salarios—, debemos concluir que a aquellos elementos que tradicionalmente explicaban la función social del trabajo y su importancia como espacio de dignificación y reconocimiento de las personas, deben agregarse sus enormes alcances como factor que contribuye a que una sociedad enfrente períodos de crisis con ciertos niveles de cohesión y articulación.

Así las cosas, son cada vez más las razones que permiten augurar con esperanzas que el trabajo y su centralidad ocupen un espacio relevante en el futuro proceso constituyente. Y es de esperar que aspectos como el reconocimiento efectivo a un amplio ejercicio de los derechos colectivos y a los derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores sean objeto de una especial preocupación, ya no solo por razones de justicia, sino también de sustentabilidad de nuestra sociedad.

Leer columna en Revista Mensaje

En tiempos de excepcionalidad se levantan duras críticas en contra del capitalismo. El premio Nobel de Economía del 2001, Joseph Stiglitz, asegura que un modelo económico que no proporciona bienestar a los ciudadanos es un fracaso. Paul Krugman, también ganador del Nobel el 2008, sostiene que las naciones avanzan hacia un orden más débil y caótico, mientras que el economista indio, Amartya Sen instala el debate mundial por una sociedad más equitativa. La pregunta entonces es: Y en Chile ¿Cuánto tiempo más le queda al modelo?

Para el Doctor en economía de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) y profesor de la FEN UAH, Carlos J. García, es momento de reformar el modelo: “el malestar social expresado a partir de octubre pasado y la crisis severa ocasionada por políticas fallidas y estructuras de mercado que dejan desvalidas a las personas, exigen avanzar a través de un acuerdo que defina qué tipo de sociedad queremos ser y qué debemos hacer para financiarla”, dice.

A partir de la pandemia: ¿Qué contradicciones demostró el capitalismo?-

Hace tiempo que se viene materializando un disgusto con respecto al modelo económico que tenemos, porque se han agudizado ciertos fenómenos como la desigualdad de ingresos, la falta de un buen sistema de salud y de un sistema de pensiones razonable. Ese desencanto está presente en muchos países, no sólo en Chile. Creo que después de lo que sucedió a partir de octubre pasado, más lo que está ocurriendo con la crisis de la pandemia, se ha abierto en serio la discusión de cómo reformar el sistema. La clave a mi parecer es el diálogo, que permita establecer un acuerdo para avanzar en las demandas sociales en forma creíble y sistemática. Con esto se reduce la incertidumbre que inhiben la inversión y el crecimiento. De lo contrario, los riesgos son muy grandes, la clase política lo sabe, los resultados en el sistema económico con inestabilidad e incertidumbre son desastrosos.

Algunos han dicho que llegó el turno de un modelo solidario que ponga al ser humano en el centro. ¿Usted qué cree?-

Soñamos con una sociedad más justa, pero si no gestionamos los incentivos correctos no se podrá avanzar para concretar este sueño. Creo que se necesita un acuerdo entre nosotros de qué tipo de sociedad queremos y luego enfrentar la parte difícil con alturas de miras: pensar cómo la financiamos. Tenemos que ver cuáles son las demandas más importantes y urgentes de atender, porque algunas no van a poder ser satisfechas, también tenemos que ver qué sacrificios hay que hacer para conseguir esas reformas, esa es la forma que tenemos para avanzar. Debemos ser inteligentes, una vez que definamos cuáles son esas reformas, el capital humano que ya tenemos debe diseñar las políticas públicas claves.

“Vivir en una sociedad civilizada tiene un precio”

¿Cuáles serían los temas claves?-

Se debe invertir urgente en la educación superior y técnica para que los trabajadores no sean reemplazados por robots y empujar simultáneamente la productividad. Otro ejemplo, es continuar con la incorporación de las mujeres en la fuerza laboral y mantener los subsidios a los jardines infantiles y en general a la educación de las niñas y niños. No dejar de lado a nuestros enfermos y ancianos, con una salud y sistema de pensiones paupérrimo. Tampoco podemos tener dos países en uno, un puñado de comunas viviendo como el primer mundo y el resto en una profunda pobreza y abandono.

En todas estas reformas se necesitarán recursos importantes que deberán ser conseguidos con impuestos a los más ricos, a la riqueza y a las ganancias de capital. Con relación a este tema es urgente pensar en formas de evitar la evasión y elusión tributaria y que los recursos huyan a paraísos fiscales.

Debemos tener claro que vivir en una sociedad civilizada tiene un precio, y ese precio es pagar impuestos. No se puede creer que llegaremos a ser un país desarrollado gratuitamente. Europa y Estados Unidos son ejemplos, ninguno de estos países llegó a donde están sin antes haber cobrado impuestos y muy altos a sus ciudadanos.

“No éramos ni tan ricos ni tan desarrollados”

Usted habla de un acuerdo: ¿Qué valores debiera tener como base?-

Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es un exceso de economía mal entendida, creo que podemos volver a una sociedad que empuje ciertos valores. Me refiero a que no busquemos al país que crece más, se puede pensar en un país que crezca, pero que trate mejor a las personas: a la gente de tercera y cuarta edad, a los niños, a quienes fueron abusados, a los inmigrantes y al medioambiente, debemos entrar en una dinámica diferente. Porque la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Por ejemplo, en las últimas décadas se creció, pero acentuado el endeudamiento de las familias y las PYMES.

Con la crisis de la pandemia, se ha producido una caída neta de la riqueza de las familias y estas empresas, señalando la fragilidad de un sistema basado básicamente en el endeudamiento. No éramos ni tan ricos ni tan desarrollados, bastó un remezón para dejar al descubierto las graves debilidades del sistema. El crecimiento debe ser sólido y en función de todas y todos las ciudadanas y ciudadanos de este país, y la deuda, si bien es útil, no puede ser el foco principal sino un mecanismo más para acceder a financiamiento. La deuda es un mecanismo inflexible, se debe pagar sí o sí, y en situaciones de crisis produce quiebras y desempleo.

¿Qué países podríamos mirar para elaborar un modelo distinto?-

Eso va a depender de la gente. Vamos a tener que decidir hacia dónde vamos. Hay países que han logrado resolver imprecisiones del mercado como es el caso de Australia, Nueva Zelanda y Noruega, que han alcanzado un cierto equilibrio entre lo que son las cifras económicas y los derechos de las personas. Yo creo en el sistema democrático, y mire que hay una historia negra en este tema cuando se dice que “si no hubiera habido dictadura no habríamos tenido el modelo económico que tenemos”. Eso no es verdad. Los chilenos somos suficientemente inteligentes y capaces para haber construido un modelo razonable, no necesitábamos una dictadura para crecer. Muchos de los errores son herencia de la dictadura porque a nadie se le preguntó si eran las mejores medidas, sólo se impusieron. Hoy sentimos que hay ciertas estructuras impuestas, los técnicos dicen que son buenas, pero a las personas no les gustan las cosas impuestas.

Otra de las creencias es que la dictadura disminuyó la pobreza-

Esa también es una historia malentendida. La gente que defiende y cree en la dictadura dice eso, pero Chile podría haber encontrado la forma de reducir las cifras de pobres y lo hizo durante el retorno a la democracia cuando se redujeron sustancialmente. Los periodos de mayor progreso fueron en tiempos de democracia.

“La clase media es fundamental en una democracia”

A propósito de los pobres se habla que uno de los efectos de esta crisis es el fin de la clase media. ¿Qué le parece esta apreciación?-

Espero que no, porque la clase media es fundamental en una democracia, si desaparece y el gobierno está solamente en manos de los ricos se habla de una plutocracia y si está en manos solamente de los pobres se habla de un populismo. La clase media es un pilar fundamental en un sistema democrático y una de las cosas preocupantes – y que mencioné anteriormente y que está ocurriendo durante la pandemia- es la acumulación de deudas y eso es una bomba de tiempo porque frente a cualquier otro brote pandémico este grupo no va a poder volver a pedir créditos y va a caer en la pobreza.

A diferencia de experiencias recientes de otros países, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, etc. nosotros no necesitamos autocracias ni aventuras revolucionarias irresponsables. Por el contrario, hay que fortalecer el sistema democrático, y para mantenerlo es vital que las autoridades hagan las políticas de estabilización macroeconómica necesarias para salvaguardar la clase media y a nuestra democracia. Vital dentro de este enfoque es continuar con reformas que aseguren la competencia de los mercados que eviten la concentración, fijación de precios entre paredes, reducir el exceso de especulación financiera, y gobiernos corporativos opacos. Hay que avanzar en que las personas crean en la economía – y la innovación- y no la vean como su enemiga.

En ese sentido, Chile puede disponer de más recursos en apoyo a la clase media.

Primero debemos resolver el tema de la pandemia, creo que todos entendemos que es de suma urgencia salvar a las personas, no podemos seguir acumulando muertos por políticas fallidas. Sin duda, deberemos ocupar muchos recursos en esta emergencia, pero también es una inversión en las personas, es una señal que nos importan todas y todos.

¿Tiene alguna crítica al comportamiento del Banco Central durante esta crisis?-

Una lección sobre cómo actuar en una crisis ha sido el rol del Banco Central de Chile. Sin duda, que faltó una política monetaria más efectiva, es decir, como la implementada por bancos centrales tan avanzados como la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo. En una próxima emergencia nuestro banco debe actuar como lo han hecho sus pares internacionales: ready to do whatever it takes, y nótese que esto no es perder la independencia de nuestro banco ni producir mucho menos una hiperinflación. Muy por el contrario, un banco activo fortalece su independencia, en cambio un banco reactivo, se mueve en función de las presiones tanto privadas como públicas.

Después de la pandemia, nos recuperaremos. Serán meses complejos, pero la actividad volverá a su crecimiento potencial, y se normalizará el comercio internacional y tendremos reducción del desempleo. En esas circunstancias, debemos retomar la discusión de las reformas y las formas de financiamiento de estas. Pasando por una nueva constitución, y dejando claro cuáles serán las nuevas reglas del juego. En esta ocasión – a diferencia de los noventa, década en que postergamos esas reformas por el crecimiento y por cuidar nuestra democracia naciente – debemos impulsar un país, que en las próximas décadas no solo volverá a crecer bien, sino que lo hará en función de todos nosotros.

“Un país que tiene buenos escritores, buenos filósofos e historiadores es un país con gente imaginativa”

El Nobel Joseph Stiglitz dijo que las máquinas son más atractivas para los empleadores porque no se infectan de coronavirus. ¿Qué opina usted?

Este fenómeno es un desafío que vamos a tener que enfrentar, por eso repito hay que invertir mucho en el sistema educativo. El mercado y los acuerdos que lleguemos van a indicar qué tipo de profesionales vamos a necesitar, pero sin duda, en un mundo con más progreso tecnológico, las ciencias, las matemáticas y los ingenieros son bienvenidos. Ahora no hay que confundirse, las humanidades son muy importantes en este proceso porque están asociadas a la imaginación del ser humano. Un país que tiene buenos escritores, buenos filósofos e historiadores es un país con gente imaginativa capaz de crear nuevas cosas.

Usted es optimista, ha dicho que vamos a salir de esta crisis y que se puede pensar objetivamente en un modelo mejor.

Mire, las pandemias son recurrentes en nuestra historia y hemos sido capaces de controlarlas y eso ha ocurrido porque somos capaces de pensar e inventar vacunas. En esta oportunidad hay que hacer los sacrificios necesarios y eso va a significar costos enormes, pero vamos a salir, vamos a repuntar, eso dará cabida a que podamos conversar temas de fondo como el país que queremos, porque vivir en un país donde no nos sentimos parte es un gran problema. Tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, qué cosas son importantes. Yo creo que el respeto es muy importante en nuestra sociedad, tenemos que respetar las diferencias, respetar a la naturaleza, a los niños y a las mujeres, esa es la clave del futuro y dentro de esos derechos tiene que haber un sistema económico que funcione bien, y se debe entender que no solo debe ser eficiente sino también justo.

Un modelo súper competitivo y que deja atrás a todas y todos aquellos que no calzan en su carrera dislocada, ya no funcionó. El camino de Regan, Thatcher y Pinochet, y continuado por personajes como Trump y Bolsonaro ya demostró que lleva a un camino sin salida. Tampoco son soluciones la estatización y colectivización del país, experiencias internacionales que, al dejar de lado a las personas, fracasaron también miserablemente.

¿Eso implicaría cambiar el significado de progreso?-

Hay que entender el progreso no como acumular riqueza, como señalé, necesitamos una sociedad justa donde la gente sea bien tratada. La pregunta es cómo ser un empresario exitoso en un mundo con más restricciones, porque es fácil ganar dinero si uno no respeta al otro o esconde sus ganancias en los mal llamados paraísos fiscales. Necesitamos gente que invente cosas nuevas con todas las restricciones que exige una sociedad más justa, gente inteligente capaz de crear productos sin destruir la naturaleza ni postergar a miles de personas por diferentes motivos, por eso insisto, la clave es la necesidad de obtener recursos suficientes para educar sustancialmente mejor a las nuevas generaciones.

Ver entrevista en Cambia el Mundo

Durante los meses de junio y julio se realizó el concurso «Cuando todo pase», el cual fue una iniciativa organizada por la Corporación Creamundos y la Facultad de Economía y Negocios, a través de la carrera de Gestión de la Información, Bibliotecología y Archivística (GIBA) UAH, liderada por Fernanda Arrau, Directora Corporación Creamundos, docente del ramo Fomento Lector, de la carrera de GIBA.

El concurso, que tuvo como temática pensar cómo seremos, qué haremos o qué imaginamos cuando todo pase finalizada la pandemia tuvo una convocatoria abierta a todos los estudiantes, funcionarios, administrativos, colaboradores y comunidad general de la Universidad Alberto Hurtado, así como a todos los interesados mayores de 18 años con residencia en Chile. Se recopilaron 166 microrrelatos que en palabras de Fernanda, “nos demuestra la necesidad que tenemos como sociedad, de materializar con estrategias y formas creativas, en este caso la escritura, lo que estamos viviendo. La literatura no solo tiene una función recreativa, estética y expresiva, sino ante todo, un carácter pleno de transformación social. Es mediante nuestra la recreación de los imaginarios vivos a través del lenguaje, que podemos incidir”, explicó.

Los microrrelatos serán evaluados por un jurado técnico y un jurado final compuesto por: Guido Arroyo (director Editorial Alquimia y docente UAH), Federico Zurita (escritor y docente UAH), Fernanda Arrau (Directora Creamunos y docente UAH) y Beatriz García Huidobro (Directora Ediciones UAH).

«“Cuando todo pase” es un concurso que en lo personal me parece maravilloso tomando en cuenta el contexto que estamos viviendo a nivel país. Nos deja expresar de alguna manera más positiva lo que puede venir o lo que queremos que venga”, comentó Trinidad Córdova, estudiante GIBA, quien además colaboró con Fernanda en la recepción de los relatos.

Los resultados se darán a conocer la primera semana de septiembre en el sitio web de Corporación Creamundos y Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Durante el mes de octubre la organización de coordinará con los ganadores para entregar los premios y distinciones.

Revisa algunos de los textos concursantes:

En el contexto de fase final del desarrollo del Proyecto Fomento a la Igualdad de Género en el Trabajo, se realizó el último lanzamiento comprometido del Manual “Selección de Personas con Enfoque de Género”. Esta es la sexta guía que se lanza, enmarcada en el segundo año de ejecución del proyecto Fomento a la Igualdad de Género en el Trabajo, ejecutado por la FEN. El proyecto es parte de la acción de cooperación de la Unión Europea en el ámbito de igualdad de género en el trabajo.

A través de la plataforma UAH TV Digital personas del mundo público, empresarial y académico se conectaron para participar de la conversación que fue moderada por el Director de RH Management, Patricio Rifo y que tuvo entre los expositores a Alejandro Weber, Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública; Pamela Frías, académica de la Facultad de Psicología de la UAH; Hans Eben, presidente de Red Pacto Global en Chile; y a Verónica Campino, vice- presidenta y directora de fundación ChileMujeres.

La actividad comenzó con palabras de bienvenida del Decano de la FEN, Eduardo Abarzúa quien comentó que “hoy se consolida la visión que tuvimos junto con ChileMujeres y que gracias a la Unión Europea pudimos implementar. Esta es una visión de incidencia, de hacer una contribución al país en temas claves que son la no discriminación y el trato igualitaria entre hombres y mujeres”.

Por su parte, Francisca Jünemann dio la bienvenida a nombre de la fundación ChileMujeres y sostuvo que “esta pandemia no solamente ha visibilizado las desigualdades, sino que las ha agudizado. Solamente el primer mes de la pandemia borró una década de avance en trabajo no remunerado de las mujeres (…) Pero la pandemia también ha sido una oportunidad en el sentido de que por fin el teletrabajo se implementó y ojalá que ahora que ha comenzado la apertura económica, las empresas y las organizaciones no demandes que las personas vuelvan presencialmente mientras los colegios, las salas cunas y los jardines infantiles sigan cerrados, porque eso ocasionaría mayor deserción laboral”.

Tras las bienvenidas Patricio Rifo le dio la palabra a Pamela Frías quien explicó brevemente de qué trataba el manual. “Este manual refleja de principio a fin su compromiso con el enfoque de género y da luces de cómo avanzar para que esto se incorpore al espacio de trabajo y a los procesos de reclutamiento y selección de personas. Este manual invita a seguir avanzando en materias de igualdad de género y no discriminación en el mundo del trabajo”.

Verónica Campino por su parte también dio su punto de vista sobre el contenido del manual explicando que “el proceso de selección es la barrera de entrada para una persona se pueda desarrollar en el mundo laboral. Es muy importante que en las diferentes etapas de selección vayamos mirando cuántas mujeres y hombre hay”.

Luego de la introducción del manual se dio espacio para que los demás comentaristas opinaran sobre las distintas temáticas que éste aborda. Por su parte, Hans Eben señaló que hay que mirar en qué etapa están las empresas en la equidad de género y aquellas que están atrasadas empujarlas a mejorar. “Hay que tener muy claro que si las empresas no están donde quieren estar en igualdad de género tiene que ver bien por qué pasa eso y dónde está el problema para no lograr la igualdad. Creo que hay que empezar a trabajar cómo ir derribando los sesgos en materia de reclutamiento”.

En este sentido, Alejandro Weber expresó que le llamaba la atención que en pleno 2020 todavía se estuviera hablando de cómo lograr la equidad de género en las empresas y organizaciones comentando que “en un país que hoy es más pobre y más desigual que hace un año atrás, y en el que se van a exacerbar todos los conflictos sociales en los próximos meses, el crecimiento económico va a cobrar mucha mayor importancia, porque sin éste es muy difícil generar equidad y justicia social, y la participación de las mujeres activamente en las empresas, en las industrias y en el sector público y privado es fundamental para poder capturar más valor”.

Tras el conversatorio se dio tiempo de responder preguntas del público quienes activamente participaron de la conversación. Luego Claudia Donaire, coordinadora del Proyecto Fomento a la Igualdad de Género en el Trabajo dio unas palabras de cierre para agradecer a todos y todas quienes participaron los dos años que duró esta iniciativa.

Descarga aquí el manual

Mira aquí el lanzamiento:

La Facultad de Economía y Negocios de la UAH realizó el conversatorio “Bitácora de un equipo jugado por el plasma”, el cual contó con la participación de Raimundo Gazitúa, jefe de Hematología del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez (FALP). La actividad fue transmitida en la plataforma UAH TV Digital y contó además con la presencia de Sandra Radic, periodista; Eduardo Abarzúa, decano FEN; Paola Bordón, directora del Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas; y Cristian Geldes, director del Departamento de Gestión y Negocios FEN. El conversatorio se enmarcó dentro de una serie de bitácoras que ha escrito Sandra y que se han publicado en el diario La Segunda. En esta oportunidad correspondía a la “Bitácora de un médico jugado por el plasma”, en la que el personaje era Raimundo Gazitúa y presentó su proyecto “Plasma convaleciente de la FALP”.

La actividad se dio inicio con una entrevista de parte de Sandra a Raimundo en la cual pudo comentar cuál fue el camino para poder utilizar el plasma convaleciente, que ha sido el proyecto que el doctor Gazitúa ha dirigido. Sandra se enfocó en tres distintos focos durante la entrevista. Su primer foco fue la investigación y el desarrollo que está involucrado en ella; la participación al interior de las organizaciones y cómo los grupos de interés interactúan; y por último cómo se abordan las políticas públicas desde la institucionalidad de nuestro país en tiempos de pandemia.

En su introducción Sandra explicó que “si bien el plasma convaleciente trata de darle una herramienta más de tratamiento a los médicos de cuidados intensivos que lidian con enfermos de COVID, este es un proyecto que implica gestión, innovación y colaboración”. Fueron 16 centros de salud los que se unieron a la iniciativa de Gazitúa, centros que en medio de una pandemia decidieron colaborar entre ellos para verificar si es que hay una posibilidad de mejorar el tratamiento para enfermos de COVID a través de la infusión de plasma convaleciente.

Por su parte, Raimundo comenzó comentando su experiencia habiendo tenido COVID. Luego explicó de qué se trataba el tratamiento de plasma convaleciente y cómo fue el proceso de comenzar a experimentar con este tratamiento. “Dentro de la investigación que hicimos sobre el uso de plasma en otros países, como China, encontramos que había un cuerpo de evidencia importante con este método”, explicó.

Luego de la entrevista se dio inicio al panel de exposiciones, el que comenzó con Eduardo Abarzúa quien abordó su exposición desde la mirada de los Gobiernos Corporativos. “Desde el punto de vista de los Gobiernos Corporativos, es evidente que la pandemia planteó desafíos inéditos para éstos y la administración de cualquier organización o institución. La incidencia de la crisis en las instituciones ha acelerado y obligado a poner más énfasis en los riesgos que tiene lo que está ocurriendo en sus actividades”.

Por su parte, Paola Bordón abordó su exposición desde la mirada de la políticas públicas y el funcionamiento de los Ministerios de Salud y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, comentando que “muchas iniciativas que a veces terminan siendo privadas o públicas nacen como las del doctor Gazitúa, de la idea de alguien. Acá lo que nosotros hemos visto es que no hay un supraministerio -como en otros países- que haga dialogar a los ministerios y que logre una coordinación ministerial”.

Cristian Geldes cerró la ronda de exposiciones comentando desde la mirada de la innovación el proyecto de Gazitúa comentando que “muchas instituciones no incorporan gestión de la innovación, por lo tanto no hay políticas ni desarrollo de programas ligadas a ella. Es por esto que muchas innovaciones en Chile son producto de personas naturales. Creo que lo que le pasa a Raimundo les pasa a muchas personas dentro de las instituciones. Si es que a lo mejor no hubiéramos estado en pandemia, tal vez este proyecto hubiese existido pero el proceso hubiese sido más largo”.

El conversatorio finalizó con una ronda de preguntas que la audiencia hizo a través del chat.

Si te lo perdiste, revísalo aquí

La McDonnell International Scholars Academy de la Washington University in St. Louis (EEUU) realizó la convocatoria «Infectious Diseases and COVID-19: Addressing Challenges to Public Health and Society Through Global Collaboration», en la cual ofrecieron un financiamiento de hasta US$50.000 por proyecto. En la convocatoria se recibieron postulaciones en dos áreas temáticas: (1) salud publica en el contexto de enfermedades infecciosas y (2) efectos de largo plazo de la pandemia de COVID-19 en la sociedad y lecciones para futuras pandemias. De un total de 34 postulaciones, la McDonnell International Scholars Academy adjudico US$250.000 a 11 proyectos de investigación liderados por académicos de la Washington University in St. Louis en colaboración con académicos de universidades del mundo.

Nuestro académico Fernando López forma parte de un equipo de investigación internacional e interdisciplinario que se adjudicó un fondo de US$50.000 con el proyecto “Does Politics Make You Sick: Examining the Influence of Political Ideology on COVID-19 Mitigation Across the Americas”. El objetivo de esta investigación es estudiar la manera en que las actitudes políticas contribuyen o limitan los esfuerzos para enfrentar la pandemia de COVID-19 en cuatro países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Chile, y México. López es el Investigador Principal del proyecto para Chile.

Link a la convocatoria y bases del concurso

El pasado 3 de julio se realizó el seminario online: “Difusión de investigación contable CAPIC-UDLA”, organizado por la Escuela de Auditoría de la Universidad de las Américas (UDLA) junto a la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC).

La actividad académica a la cual asistieron telemáticamente 111 profesionales de la disciplina contable de todas las regiones y universidades chilenas, además de académicos investigadores de Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y España, comenzó con la exposición del académico FEN, Humberto Borges, quien además es miembro del Comité Técnico de CAPIC. Humberto realizó la ponencia “COVID-19, desigualdad tributaria territorial”.

Borges indica que en el momento que estamos viviendo con una pandemia que destruye a la sociedad y las estructuras de la economía que nos han sostenido por años, es necesario revisar el efecto de los impuestos y los ingresos formales de los habitantes de las distintas regiones, observando cómo estas se relacionan con el Índice de Desarrollo Humano Regional (IDHR) y la pandemia. La ponencia muestra cómo durante mayo y junio las regiones fueron golpeadas por el COVID-19. Posteriormente la pandemia llega hasta las comunas con más desigualdades de la Región Metropolitana (RM), logrando de esta forma la RM superar a las otras regiones del país. Esto índica en primera instancia la vulnerabilidad de algunas regiones del sur del país versus la RM, pero también deja en tapete que existe una desigualdad entre comunas de la RM que, finalmente, termina superando las desigualdades del país.

El académico FEN terminó la ponencia, enfocándose “en que debemos como sociedad replantear los impuestos y en el futuro cercano debemos repensar en distribuir mejor los recursos entre regiones con IDHR más bajos y las comunas más vulnerables de la RM”.

Por otra parte, las otras dos ponencias presentadas en el seminario fueron: “Medición del rendimiento en las pequeñas y medianas empresas internacionales manufactureras de Chile”, del docente de la UDLA, Rafael Paredes Carrasco; y «Relación de la gestión contable con estrategia empresarial», realizada por el Dr. Gustavo Barrera Verdugo, académico investigador UDLA.

La complejidad de la pandemia se está traspasando no solo en el mercado de bienes y del trabajo sino también al financiero.

Por: Carlos J. García, Ph.D. en Economía, University of California at Los Angeles, Estados Unidos. Académco FEN- UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 146, 2020.

REFORMA DE LA POLÍTICA MONETARIA

Hasta ahora el Banco Central estaba seriamente limitado para hacer una política monetaria moderna porque su Ley Orgánica Constitucional (artículo 27) señalaba que “el Banco podrá otorgar financiamiento o refinanciamiento sólo a las empresas bancarias y sociedades financieras. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas”.

Esta ley, sin embargo, dejaba al Central sin uno de los principales instrumentos de la política monetaria que sí están usando otros entidades similares y tan autónomos como el nuestro -la Reserva Federal de EEUU y los bancos de Inglaterra y Europa, por ejemplo- como la posibilidad de comprar deuda privada y pública para así poder inyectar liquidez directa a los mercados a través de ellos. Esta política se conoce como “facilidad cuantitativa” o QE según su sigla en inglés.

Con el objeto de resolver en parte esta deficiencia, el Gobierno anunció un proyecto de reforma constitucional que faculta al Banco Central para que, en circunstancias excepcionales, pueda proveer liquidez a través de comprar y vender instrumentos de deuda emitidos por el Fisco en el mercado secundario abierto. El proyecto ya fue aprobado en la comisión de Hacienda del Senado y probablemente esta reforma esté funcionando plenamente cuando este artículo se publique.

La reforma saca al Central de su zona de confort, que hasta ahora ha sido efectuar operaciones sólo con los bancos, transando en el mercado abierto instrumentos emitidos por la propia entidad o por empresas bancarias u otras organizaciones, pero siempre por intermedio de los bancos.

En efecto, la llegada del Banco a los mercados secundarios pone una serie de desafíos que no son triviales, en especial en las actuales circunstancias. Una de estas es que las AFP tienen importantes inversiones en bonos de la Tesorería, así en caso de que prosperen los proyectos de sacar parte de los fondos de los ahorros previsionales, la compra de esos bonos por parte del Banco sería un complemento natural: las AFP venden papeles al Banco y estos recursos son entregados a los pensionados.

En caso contrario, es decir, que el Banco no compre esto bonos, el precio de estos instrumentos en el mercado secundario se desplomarían y con ello las tasas de interés de largo plazo subirán, deprimiendo el consumo y la inversión.

Este ejemplo ilustra, que las “causas excepcionales” que se mencionan en la reforma de la Ley del Banco, pueden ser más comunes que las pensadas o esperadas.

En otras palabras, si el Central puede participar en el mercado secundario, no podrá restarse tan fácilmente o, de lo contrario, tendrá problemas para afectar la tasa de interés de largo plazo (bonos a 10 años).

Otra arista que queda pendiente en la reforma es la compra o venta de bonos corporativos por parte del Banco. Los defensores de excluir estos instrumentos argumentan que el Central no puede correr el riesgo de adquirir papeles incobrables.

En parte es verdad, pero también restringe la flexibilidad que debe tener para enfrentar a los mercados. Por ejemplo, si el Banco Central solo compra bonos del tesoro para inyectar liquidez, entonces, estará retirando papeles seguros para el mercado. El precio de estos Instrumentos sube y, con ello, las tasas de interés largas caen.

La contrapartida es que el resto de los instrumentos, bonos corporativos y acciones se vuelven más riesgosos, cayendo su precio, que en parte es balanceado por las menores tasas de interés, pero deja a la economía en una trampa.

Si bien las tasas de interés caen, el resto de los activos se deprecian. Recordemos que la riqueza neta de las firmas y familias es la diferencia entre activos y pasivos. Una caída del precio de los activos reduce la riqueza neta y con ello la demanda interna.

Por esta razón, los bancos centrales de EEUU y Europa han incluido la compra de bonos corporativos. Sin duda que esto hace el análisis económico complejo, más que solo considerar el tema de la calidad de los papeles que puede adquirir el Banco.

Todo este análisis se vuelve aún más complejo si se considera la especulación de los mercados. La compra de uno u otro activo gatilla acciones de los inversionistas. En el caso de la Reserva Federal de EEUU, solo avisar que compraría bonos corporativos produjo un rally accionario de magnitudes y la emisión de bonos de baja calidad. En resumen, es bienvenido una actualización de la política monetaria, sin embargo, trae una serie de desafíos críticos que rápidamente pondrán al Banco en aprieto si éste no responde a la misma velocidad que los mercados financieros.

DEUDA PRIVADA

En la actual crisis la respuesta del gobierno ha sido asistencialista para las familias más pobres dejando que el resto de las familias y empresas solucionen sus problemas a través de la deuda. Sin embargo, el aumento de la deuda tiene por lo menos dos efectos negativos. Primero, a las familias y empresas endeudadas les resulta cada vez más difícil seguir endeudándose. Por tanto, en el caso de una segunda ola de contagios, la opción de estimular el gasto a través de esta vía estará claramente debilitada. Además, y por la misma razón, el exceso de deuda hace que una TPM cercana a cero sea una política prácticamente testimonial. Si bien la tasa de interés es baja, los agentes económicos saben que deben devolver igual el crédito y eso pone un freno para seguir endeudándose. Segundo, la estabilidad financiera se debilita, cualquier shock negativo, hundirá la capacidad de pago de muchos chilenos y puede gatillar una segunda crisis, esta vez financiera.

La autoridad debe pensar qué hacer con esta nueva acumulación de deuda. Una alternativa es recomprarla, como ocurrió en la crisis de los ochenta con la deuda bancaria. Otra alternativa es que esta se transforme en contratos contingentes, es decir, que permitan suspender el pago en caso de segunda ola de contagio o crisis. Esto último en parte se ha realizado en forma natural por los bancos privados que han postergado el pago de dividendos y créditos de consumo.

Sin duda, que una extensión de estas medidas sería vital para sostener la recuperación de la economía. En caso contrario, corremos el riesgo de que la recuperación se retarde incrementado los costos económicos de esta pandemia.

Como se puede desprender de este artículo, la complejidad de la pandemia se está traspasando no solo en el mercado de bienes y del trabajo sino también al financiero. Las autoridades, tanto el gobierno como el Banco, deben considerar que estos mercados son muy activos, responden rápido y muchas veces fallan miserablemente llevando a deudores situaciones críticas. La inflexibilidad de los pagos de las deudas es sin duda uno de los principales problemas, que está en manos de las autoridades solucionar.

La iniciativa tiene al menos tres inconvenientes. Primero, desactiva los incentivos tributarios del pilar de ahorro voluntario que tienen como propósito mejorar las pensiones futuras. Segundo, la medida es altamente regresiva, beneficiando en mayor grado a personas de altos ingresos que ya han recibido generosos beneficios tributarios por su APV. Tercero, bajo supuestos muy conservadores, el proyecto conlleva exenciones fiscales que superarían los US$1.200 millones si se aplicara sin restricciones de elegibilidad.

Por: Fernando López, Doctor en Business Administration, Olin Business School, Washington University in St. Louis, EE.UU. Académico FEN- UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 146, 2020.

Para enfrentar la crisis económica producida por la Pandemia del COVID-19, el 10 de junio de 2020 la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Resolución (1) que exime del pago de impuestos y recargos tributarios a quienes retiren total o parcialmente sus ahorros previsionales voluntarios (APV). El proyecto, aprobado con 112 votos a favor y 8 en contra (2), señala al Presidente de la Republica que la crisis actual “afecta la empleabilidad de millones de chilenos, incluso de aquellos que en los meses pasados tenían la capacidad de ahorrar con miras a una mejor pensión. Este grupo de chilenos, comúnmente olvidado por la acción solidaria del Estado, hoy demanda de su ayuda y se encuentra a la espera de mecanismos que permitan palear la reducción de sus ingresos.”

En este artículo planteo que el proyecto tiene al menos tres inconvenientes. Primero, desactiva los incentivos tributarios del pilar de ahorro voluntario que tienen como propósito mejorar las pensiones futuras. Segundo, la medida es altamente regresiva, beneficiando en mayor grado a personas de altos ingresos que ya han recibido generosos beneficios tributarios. Por su APV.

Tercero, bajo supuestos muy conservadores, el proyecto conlleva exenciones fiscales que superarían los US$1.200 millones si se aplicara sin restricciones de elegibilidad. Cabe señalar que estas últimas no se traducen en un desembolso para el fisco, sino que al monto de impuesto que sería perdonado con la vigencia de la medida.

TRIBUTACIÓN DEL APV

El APV es el principal instrumento del pilar de ahorro voluntario del sistema de pensiones chileno. Su propósito es aumentar el ahorro previsional y, por esta vía, mejorar las pensiones o adelantar la edad de jubilación. Para incentivar el APV, la ley de impuesto a la renta cuenta con un esquema de incentivos tributarios que permite a las personas escoger entre dos regímenes alternativos denominados por las letras A y B. En el Régimen A, instaurado en el año 2008, los afiliados reciben una bonificación de 15% sobre el monto ahorrado. Por ejemplo, si usted ahorra $100, el estado le aporta $15. El tope anual de esta bonificación es de $300.000.

El Régimen B, instaurado en 2002, permite rebajar de la renta imponible el monto ahorrado en APV con un tope de UF600 anuales. El monto de la bonificación depende del tramo de impuesto que le corresponda al contribuyente según su renta. La Tabla 1 presenta las tasas de impuesto correspondientes a la última operación renta, junto al número y porcentaje de contribuyentes en cada tramo de renta.

EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL APV ES REGRESIVO

El régimen tributario del APV es regresivo porque beneficia en mayor medida a las personas de mayores ingresos. En términos generales, a diciembre de 2019, el Régimen A era conveniente para personas con una renta bruta (anterior a los descuentos previsionales) inferior a los $4.000.000 mensuales, mientras que el Régimen B lo era para personas con rentas brutas superiores a dicho monto. En el mismo periodo, los afiliados tenían US$7.396 millones ahorrados en APV, de los cuales un 19% estaba en el Régimen A y 81% en el Régimen B. Según datos del SII, en 2018 el Régimen A era conveniente para el 97,4% de los 10,2 millones de contribuyentes y el Régimen B para el 2,6% restante. En este contexto, la mayoría de los chilenos que según el proyecto han sido “olvidados por la acción solidaria del Estado” son personas que han percibido rentas promedio superiores a los $4.000.000 mensuales, las cuales “los despojan de toda posibilidad de participar de los beneficios y franquicias que está entregando el Estado para enfrentar la Pandemia.”

La Tabla 2 presenta simulaciones del beneficio tributario recibido por quienes ahorraron el tope de UF600 anuales en el Régimen B, equivalentes a $16.985.964 en 2019. Se aprecia que una persona con una renta bruta promedio de $4.000.000 habría recibido una bonificación de $2.215.845, la cual representa un 15% del monto que efectivamente sale del bolsillo de quien efectúa el APV ($16.985.964-$2.215.845). La bonificación fiscal aumenta a $4.901.093 para quienes reciben una renta bruta promedio de $6.000.000 mensuales. En este caso, la bonificación es equivalente a 40% del monto que efectivamente sale del bolsillo de la persona que efectúa el APV ($16.985.964 $4.901.093). La bonificación máxima asciende a $5.945.087 y la reciben personas con una renta bruta promedio superior a los $8.000.000 mensuales. En este caso, el beneficio tributario representa un 53,8% del monto que efectivamente sale del bolsillo de la persona que efectúa el APV ($16.985.964-$5.945.087). Según datos a 2018 (Tabla 1), solo 0,8% de los 10,2 millones de contribuyentes declaró rentas superiores a los $6.000.000 mensuales, correspondientes al último tramo impositivo.

RETIRO DE FONDOS DE APV

La regulación del APV permite el retiro anticipado de fondos, sin necesidad de que los afiliados expresen alguna causa o uso específico para dichos retiros. Para los ahorros bajo el Régimen A, el Estado recupera el 15% de bonificación fiscal entregada. Con el Régimen B, los contribuyentes pagan un impuesto único por retiros de APV, correspondiente a la tasa de impuesto global complementario (IGC) aplicable a la persona al momento de dicho retiro más un recargo que fluctúa entre 3% y 7% del monto retirado. El Proyecto de Resolución aprobado por los parlamentarios plantea la exención del pago de estos impuestos y recargos tributarios a quienes retiren total o parcialmente su APV. A continuación se presentan tres inconvenientes de esta medida.

INCONVENIENTE 1: EROSIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS PARA EL APV

El primer problema de esta medida es que desactiva los incentivos tributarios del pilar de ahorro voluntario que tienen como propósito mejorar las pensiones futuras, siendo contraria al propósito original de promover el ahorro previsional y mejorar las pensiones futuras. En el caso del Régimen B, cuando el APV se utiliza para pagar pensiones o es retirado por una persona que cumple con los requisitos para pensionarse, el monto del retiro es considerado como renta para efectos tributarios, pero sin los cargos adicionales que rigen para trabajadores activos. En este contexto, el retiro de APV bajo la exención tributaria propuesta por los parlamentarios es atractiva para los ahorrantes porque permite evitar el pago de impuestos futuros y disponer inmediatamente del beneficio tributario descrito anteriormente. De hecho, entre varios usos, estos retiros podrían reinvertirse bajo la modalidad de APV y volver a recibir los generosos beneficios fiscales del Régimen B. Como esto es independiente de las circunstancias y eventuales necesidades de liquidez de quienes efectúen dicho retiro, lo más probable es que observemos un retiro masivo de APV, especialmente, concentrado en quienes tengan altos niveles de ahorro y accedan con mayor facilidad a la información sobre esta medida. En el caso del Régimen A, el incentivo es menor que en el Régimen B porque el pago de impuestos para los pensionados solo afecta la bonificación fiscal y la rentabilidad del APV que materializa su impacto en el largo plazo.

INCONVENIENTE 2: LA MEDIDA ES REGRESIVA, BENEFICIANDO EN MAYOR MEDIDA A PERSONAS DE ALTOS INGRESOS

Uno de los objetivos de la política tributaria es distribuir recursos hacia las personas más desfavorecidas. Sin embargo, este proyecto hace todo lo contrario, beneficiando en mayor medida a personas de altos ingresos. A modo de ejemplo, supongamos que esta medida se hubiese implementado en 2019 y que una persona hubiese retirado $10.000.000 de su APV bajo el Régimen B. Recordemos que esta persona ya recibió un beneficio tributario que fluctúa entre $2.300.000 y $4.000.000 por este ahorro, dependiendo de su nivel de renta y las tasas impositivas del periodo que efectuó dicho ahorro. En este contexto, si la persona no tuvo otra fuente de renta en 2019, el Estado le perdonaría $386.000 en impuestos, cifra que es inferior al beneficio tributario que ya recibió esta persona el año en que realizo dicho APV. En el caso de personas con una renta bruta promedio de $8.000.000 mensuales, el Estado le hubiese perdonado $4.150.000 en impuestos por retirar los $10 millones mencionados.

INCONVENIENTE 3: EL MONTO DE LA EXENCIÓN TRIBUTARIA EXCEDERÍA LOS US$1.200 MILLONES

A continuación se presenta una estimación conservadora del monto de la exención tributaria que hubiesen recibido personas con ahorros en el Régimen B, suponiendo que el proyecto hubiese estado vigente en 2019. Los resultados están en la Tabla 3. La primera columna presenta distintos tramos de ahorro en APV y la segunda muestra el número de personas promedio que estuvieron en cada uno de estos tramos durante el cuarto trimestre de 2019 (3). La tercera columna presenta una estimación del monto de la exención tributaria que recibiría una persona que hubiese retirado la totalidad de su APV bajo la propuesta parlamentaria. Este cálculo es conservador porque considera que quien efectúa el retiro no hubiese percibido rentas tributables de otras fuentes (sueldos, honorarios, ganancias de capital, etc.) y su saldo de APV está en el límite inferior correspondiente a su tramo. Por ejemplo, una persona que retira $50 millones de su APV y no tiene otras fuentes de renta tributables habría recibido una exención tributaria de $6.855.000. Esta cifra se calcula sumando el impuesto global complementario más la sobretasa correspondiente al monto del retiro mencionada anteriormente. Una persona que retira $100 millones bajo esta medida habría recibido una exención tributaria equivalente a $26.220.000. La cuarta columna presenta el monto de exención tributaria mínima agregada que hubiese entregado el estado si todas las personas en los distintos tramos de saldo de ahorro en APV hubiesen retirado sus saldos de APV. En términos agregados, el monto de la exención tributaria asociada a la medida propuesta superaría los US$1.215 millones si todas las personas con más de $10.000.000 hubiesen retirado su APV. De esta cifra, US$933 (76,8%) se explican por las 28.469 personas que tienen más de $100 millones en su APV y US$1.112 (91,6%) por personas que tienen más de $50 millones en su APV.

Como se indicó anteriormente, bajo la propuesta parlamentaria seria atractivo retirar los fondos del APV independientemente de las circunstancias de las personas que retiran dichos ahorros. Por último, cabe señalar que esta exención tributaria no implicaría desembolso de recursos estatales y, por consiguiente, no competiría con otras necesidades presupuestarias.

REFLEXIONES FINALES

Para enfrentar la crisis del COVID-19, es importante pensar en estrategias que vayan en beneficio de las personas y familias más desprotegidas. En este contexto, quienes necesiten recursos de su APV pueden retirarlos libremente, pagando los impuestos que establece la normativa vigente. La exención de dichos impuestos planteada en el proyecto analizado en este artículo no es recomendable porque (1) desactiva los incentivos para mantener el ahorro voluntario para el retiro, (2) beneficia en mayor medida a personas de altos ingresos que ya han recibido generosos beneficios tributarios por su APV y, (3) conllevaría exenciones fiscales que superan los US$1.200 millones al aplicarse sin restricciones de elegibilidad. De hecho, esta estimación es conservadora porque, entre otros supuestos que atenúan este valor, considera que quienes efectúen el retiro no percibirán rentas tributables de otras fuentes (sueldos, honorarios, ganancias de capital, etc.).

Adicionalmente, cabe preguntarse las razones por las cuales la tributación del APV, vigente desde 2002, beneficia con tanta generosidad a las personas de mayores ingresos. Si la bonificación máxima del Estado para 75% de los contribuyentes que tienen una renta líquida menor a $670.000 es igual a 15% de lo ahorrado con un tope de $300.000, ¿cómo se explica que la bonificación máxima para menos del 0,8% de los contribuyentes que tienen una renta promedio superior a los $8.000.000 sea un 53,8% de lo ahorrado, con un tope cercano a los $6.000.000?

Tanto la regresividad de los incentivos tributarios del APV como la medida planteada erosionan la ya dañada confianza en el sistema previsional y nuestras instituciones en general. Una alternativa para avanzar en lo que respecta al APV sería la búsqueda de mecanismos para mejorar las bonificaciones fiscales de quienes tienen menos herramientas y medios para construir su pensión.

1. Proyecto de Resolución No 1.116. Disponible aquí: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmId=6311&prmTipo=RESOLUCION
2. Votación disponible aquí: https://www.camara.cl/legislacion/resoluciones/resolucion_votacion.aspx?prmId=6311#info-ficha
3. Estos datos agregados, obtenidos de la CMF, no permiten distinguir entre quienes están en el Régimen A y B. Sin embargo, nuestro análisis se concentra en personas que tienen más de $10.000.000 en su APV. Este supuesto es conservador porque el Régimen B es utilizado por personas de alta renta y concentra el 81% del APV agregado.