El pasado martes 7 de mayo se realizó la ceremonia de graduación de los postgrados de la Facultad de Economía y Negocios en conjunto con la Facultad de Psicología. Un total de 52 estudiantes de la FEN recibieron su diploma en los magíster de Economía, Economía Aplicada a Políticas Públicas, Administración de Empresas- MBA y Gestión de Personas en Organizaciones. Todos ellos finalizaron sus estudios en septiembre de 2023.

Durante la ceremonia, Cristian Geldes, académico de la FEN dirigió unas palabras a los graduados/as, en donde enfatizó el esfuerzo y dedicación que cada uno entregó a realizar un postgrado. “Hoy, más que nunca, se necesitan profesionales preparados, éticos y comprometidos, capaces de enfrentar los desafíos de un mundo globalizado y en constante cambios. La economía, la administración y la psicología son disciplinas fundamentales que impactan directamente en el bienestar de las personas,  en el desarrollo de las organizaciones y en el desarrollo de nuestra sociedad”, dijo el académico en su discurso.

Por otra parte, el Cristian resaltó la responsabilidad que cada graduado/a se lleva en aplicar el conocimiento adquirido de una forma ética y responsable, animándolos a cultivar el conocimiento y actualizarse constantemente en las últimas tendencias. “Me gustaría invitarlos a reflexionar sobre el rol de los profesionales postgraduados en un mundo con grandes desafíos globales y locales, como son la sostenibilidad, la mitigación del cambio climático, la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, la inclusividad, la salud para todos, la educación de calidad, el creciente desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica, las guerras y las posiciones políticas extremas”, expresó Geldes.

La ceremonia continuó con la entrega de los diplomas a los graduados de la Facultad de Psicología. Luego Valentina Guzmán, graduada del doctorado en Psicología se dirigió a sus compañeros con un saludo en representación de los estudiantes.

La ceremonia finalizó con las palabras de Roberto Vidal, director de Postgrados UAH, quien se dirigió al público con un discurso en el que felicitaba a quienes hoy recibían su título.

Lee aquí el discurso de Cristian Geldes

¿Te la perdiste? Mira aquí la ceremonia de Postgrados

Por Pablo González, académico FEN – UAH.

El 10 de diciembre pasado, luego de los festejos y de los actos protocolares e institucionales propios de la toma de mando, comenzó el contacto del gobierno de Javier Milei con la realidad. Más allá de quién llegaba a la Casa Rosada, era lógico que la realidad se iba a imponer. No es necesario detallar una vez más el panorama. Quien fuese a ejercer el poder por los siguientes cuatro años tenía dos opciones: encaminarse definitivamente a una explosión inflacionaria o tomar la chance del reordenamiento económico con la posibilidad de una explosión político-social.

Durante la campaña, la propuesta de Milei se basó esencialmente en promover que los mercados funcionen como formadores de precios, de manera que indiquen —tanto a productores como a consumidores— cuáles son las cosas más o menos escasas en la economía. En otras palabras, que señalicen qué conviene producir y qué consumir, en función de qué se vuelve más caro o más barato.

A eso se sumaba la apertura comercial, la regularización de las tarifas de los servicios públicos; la eliminación de impuestos distorsivos y la simplificación tributaria. También la reorganización del Estado, la eliminación de pasivos remunerados del Banco Central que acrecientan la presión inflacionaria, la dolarización y la eliminación del Banco Central; así como la creación de un nuevo seguro de desempleo, que reemplace las indemnizaciones por despido.

Pero desde hace un par de semanas, Javier Milei ya no es un candidato aferrado a promesas y diagnósticos personales, sino una autoridad que debe dar cuenta de medidas pensadas a beneficio de la población general, aunque ajustadas tanto al marco constitucional como a la presión política fuera de su estricto control.

A menos de un mes de asumido el cargo hemos conocido ya parte de esas medidas, primero en palabras del nuevo ministro de Economía, Luis Caputo; luego, en ceremonia pública dirigida por el propio Milei. En ambos casos, se trata de un reordenamiento desregulatorio tan contundente como radical, recibido por reacciones acorde a su profundidad: desde el despertar de las movilizaciones hasta un (fugaz) respiro de alivio bursátil. A continuación, detallo parte de estas medidas en las más básicas divisiones del sector público y el privado:

1. SECTOR PÚBLICO: En el plano fiscal, se apunta a reducir los gastos del Estado, incluyendo la suspensión de la publicidad oficial, la reducción de la estructura organizacional del gobierno y la venta de algunos activos. Si bien estas medidas son de fuerte impacto comunicacional, la verdad es que posiblemente no hagan una gran diferencia. De hecho, hay que considerar que en Argentina el empleo público goza de estabilidad declarada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Quizás la medida fiscal más significativa hasta ahora sea la reducción de las transferencias discrecionales que hace el Estado Federal a las administraciones provinciales. Sin embargo, no es un punto fácil de ejecutar, considerando la necesidad del gobierno nacional de contar con apoyo en el Congreso.

El presidente Milei tuvo ya su primera reunión con las veinticuatro administraciones, y las declaraciones de los participantes no dan luces de un apoyo irrestricto a las medidas nacionales. De hecho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo que salir en la previa a pedir cautela a los gobiernos provinciales para que eviten la emisión de títulos de deuda propios similares a los que se emitieron para pagar salarios y gastos corrientes durante la crisis de 2001 (con una primera práctica en 1995) y que sirvieron de cuasimonedas.

Ante la imposibilidad de eliminar completamente el desdoblamiento cambiario, se procedió a una fuerte devaluación del dólar oficial, medida que tiene connotaciones fiscales positivas y le otorga grados de libertad al fisco. Por su fuerte impacto en el precio de los bienes comercializables con el exterior y la necesidad de recursos genuinos, se subieron los impuestos sobre el dólar importación y también los impuestos a las exportaciones —conocidas como retenciones— de algunos productos agropecuarios no tradicionales (esto levantó algunas voces por su contraste con el discurso de campaña sobre reducción de impuestos). Es una muestra clara de que la realidad a veces se impone.

El reordenamiento de precios relativos involucró la eliminación de los subsidios a los servicios de energía y transporte, aunque por ahora no hay claridad sobre el ajuste de tarifas. Esta medida por ahora reduce el desembolso del Estado, incrementando los costos para los consumidores. Pero lamentablemente no refleja una mejora en las cuentas de las empresas proveedoras de los servicios, sin la necesaria señal para que comiencen a evaluarse proyectos de inversión en infraestructura crítica.

2. SECTOR PRIVADO: Pero también hay ya cambios profundos para el sector privado bajo esta nueva administración. Los argentinos terminaron este 20 de diciembre (aniversario del levantamiento popular que llevó a la caída del presidente De la Rúa en 2021) recibiendo la noticia de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que borra casi por completo toda regulación en los mercados. Cabe recordar que, desde el retorno a la democracia, todas las administraciones han recurrido a este instrumento jurídico y a leyes de emergencia, por diferentes razones y sin mayores objeciones frente a su eventual inconstitucionalidad.

El paquete de medidas abarca prácticamente toda la actividad privada, estableciendo una casi completa liberación de los mercados de bienes y servicios, cambiando la estructura de las prestaciones en materia de salud y del mercado laboral. El rumbo se vislumbra en el sentido correcto: levantamiento de regulación innecesaria, flexibilidad para permitir a la producción adaptarse a señales del mercado y libre celebración de contratos. Sin embargo, deja entrever cierta despreocupación por las fallas de mercado. Aún si nos quisiéramos despreocupar de la existencia de los ciclos económicos y de la distribución del ingreso, en el campo más micro nos queda la existencia de posibles externalidades (recordar el comentario respecto al uso del agua de los ríos), la necesidad de provisión de bienes públicos y los mercados imperfectos, por mencionar aquellos con riesgo de ejercicio de poder monopólico y los problemas de información imperfecta, trayendo consigo situaciones de riesgo moral y de selección adversa, por mencionar algo. En Chile tenemos experiencia acumulada que nos recuerda que los mercados a veces necesitan ser regulados o controlados (isapres, AFP, papel higiénico, pollos, farmacias, etc.). Argentina carece completamente del andamiaje institucional técnicamente calificado, tanto en lo regulatorio como en la defensa de la libre competencia. Comenzar con ello después de desregular y privatizar puede revivir problemas de agencias y legislación dominadas por los regulados.

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En este marco, hay dos comentarios que se pueden mencionar. Por un lado, la administración Milei deberá saber transmitir esperanza, que incentive a afrontar la crisis, pero a la vez comience a generar inversión en los sectores correctos según las señales de los mercados.

Pero en el otro lado de la cara, la publicación del DNU borra la esperanza de un camino que reafirme el valor de la institucionalidad y expone innecesariamente al gobierno a una gran victoria o una dura derrota si no logra ser aprobado en el Congreso. Hay voces, tanto políticas como de constitucionalistas, que cuestionan fuertemente los fundamentos para el uso de este instrumento en vez de llevar la discusión por el carril que establece la Constitución. En Argentina, el Poder Ejecutivo tiene dos formas de arrogarse facultades legislativas, normalmente prohibidas. Una de ellas son los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) (art. 99, inc.3 de la Constitución), los cuales deben ser ratificados en el Congreso al menos por una de las cámaras para quedar en firme. El segundo camino son leyes tramitadas en el Congreso en las que se declara una emergencia y se delegan algunas facultades legislativas acotadas al Poder Ejecutivo.

La realidad macroeconómica es que Argentina tiene un nivel de endeudamiento que exige recortes y reducir la carga del sector privado. En el pasado recurrió al default, cargando sobre acreedores externos. Pero resulta que hace casi dos décadas que no tiene relaciones significativas con el mundo financiero exterior. Por eso recurrió al endeudamiento interno y la financiación inflacionaria. La realidad micro es que la liberación de precios y desregulación significa una relocalización de factores productivos (capital y trabajo) que no se logra en el corto plazo. Los riesgos de un desempleo estructural creciente, en este cambio para comenzar a crecer, son grandes. El nuevo eslogan que señala que el sacrificio va a ser de corto plazo (un semestre, quizás) puede resultar caro para cuando lleguen las elecciones parlamentarias de medio término o incluso las ilusiones de continuidad en el poder para sostener la orientación.

Si una transformación es necesaria en Argentina es aquella que restablezca el respeto a las instituciones. Este DNU, si bien puede lograr los fines, puede ser también la marca final que demuestre que cualquier presidente puede hacer a gusto y placer. Esa fragilidad institucional puede comprometer el crecimiento de largo plazo al exponer a los inversores al humor del momento.

Argentina tiene un ambiente que nunca tuvo desde el retorno a la democracia: una convicción sobre alivianar la carga a los privados y la búsqueda de la productividad. Es necesaria apuntalarla con consensos para evitar los golpes de timón liderados por iluminados. En tal sentido, el DNU no es un «ancho de espada», en la jerga del truco (juego de cartas tradicional argentino). Si pasa el Congreso deja un mal precedente sobre precariedad institucional. Si es rechazado, deja excesivamente expuesto a un gobierno de cuatro años que aún no cumple un mes.

En este sentido, déjenme dejarles una recomendación de lectura que comenta sobre el valor que un liberal sudamericano reconocido, Mario Vargas Llosa, le otorga a la república y la democracia y que se plasma en esta oración: «Yo estaba de acuerdo con la economía de Fujimori, pero no estaba dispuesto a apoyar a alguien que quería cerrar el Congreso».

Lee aquí la columna en CIPER

Por Pablo González, académico FEN – UAH.

Hace apenas unos días se publicaron los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas que el Banco Central de Chile realiza periódicamente. Hace una semana, cerca de 40 especialistas y actores económicos y financieros del país respondieron preguntas sobre qué esperan sobre el comportamiento de los precios en la economía, la Tasa de Política Monetaria, sus previsiones para el tipo de cambio, el nivel de producción, el Imacec, el PIB, qué pasará con el consumo y la inversión.

Si uno mira los datos, los resultados son bastante acordes a una economía que se comporta medianamente bien en términos del índice de inflación. A pesar de la historia reciente, vamos a converger hacia el año 2024 al 3%, dentro del rango meta del Banco Central; un tipo de cambio que va a estar subiendo, pero que no nos debería asustar en principio, dado el contexto de precios. Es un nivel de actividad en que, si bien se prevé que nuestra economía va a seguir estancada durante 2023, para 2024 parece comenzar la recuperación a tasas discretas, pero al menos positivas.

Sin embargo, la realidad transcurre muy rápido y los cambios son vertiginosos. Este fin de semana, el mundo quedó atónito con el conflicto en Medio Oriente y, en el campo económico, el jueves nos enteramos de que el proceso de convergencia de la tasa de inflación en Estados Unidos no es tan acelerado, manteniéndose aún en torno al 4% anual.

Las complicaciones por el escenario en Medio Oriente son varias: la posible escasez puede elevar el precio relativo tanto de alimentos como de la energía. Un nuevo frente de conflicto, en el cual Estados Unidos va a estar involucrado (aunque sea indirectamente) genera presiones para un aumento del gasto militar que ya venía abultado a nivel global por la guerra en Ucrania. Esto genera presiones inflacionarias a nivel internacional, especialmente si el conflicto se alarga, tal como prevé la mayoría de los analistas.

Una tasa de inflación resistente a bajar en Estados Unidos traerá nuevas presiones en la Reserva Federal a subir o mantener la tasa de interés, a fin de doblegar el comportamiento de los precios, incrementando las presiones al Banco Central de Chile para evitar la presión sobre el tipo de cambio y su posterior traslado a precios.

Si a eso le sumamos el debilitamiento de la economía china y las grandes dudas sobre su desempeño futuro, con el riesgo de un colapso en su industria inmobiliaria, el panorama externo es ya lo suficientemente complicado.

En la próxima Reunión de Política Monetaria las dudas van a ser muchas para los consejeros del Banco Central. Será importante esperar a la próxima Encuesta de Expectativas Económicas para ver si los actores siguen manteniendo sus previsiones respecto a una tasa de inflación que converja al 3% hacia fines del 2024.

Lee aquí la columna en El Mostrador

Miremos Chile en particular. Los datos de actividad económica nos permiten pensar que la economía ha retomado su senda. No la óptima, los problemas fundamentales del crecimiento de largo plazo siguen siendo los mismos que antes del 2020, pero al menos hemos vuelto al escalón en el cual nos encontrábamos antes de comenzar a hablar de Wuhan, murciélagos, laboratorios, vacunas y restricciones. Claramente estamos en la parte descendente de un ciclo económico.

Por Pablo González, Ph.D. en Economía, University of Texas A&M, Estados Unidos. Académico FEN-UAH. 

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 179, 2023.

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Con un total de 26 estudiantes, el Magíster en Administración de Empresas-MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la UAH dio la bienvenida a una nueva versión del programa en 2023.  

“Van a tener que pasar por la finanza, por el marketing, por la administración general, por las personas y los recursos humanos, pero hay más. Y ese más es lo que queremos que sea el valor agregado. Tenemos un deber y ese deber es tanto con nuestro planeta, con el tema de la sustentabilidad en los negocios y con la sociedad”, destacó -como mensaje de bienvenida- el Decano de la FEN, Eduardo Saavedra, en el inicio de la nueva versión del Magíster en Administración de Empresas-MBA 2023, creado en el año 1995 a partir de un convenio entre ILADES y Loyola College in Maryland. 

La reunión, gestada por el equipo directivo del programa -encabezado por su director, Pablo Piñera– convocó a estudiantes, a los académicos y a las delegadas de segundo año del MBA. En ella, el cuerpo académico a cargo del MBA entregó un repaso sobre lo que se abordará en los tres semestres del programa, la importancia de la interacción, experiencias del programa, el desarrollo del curso y la compatibilidad entre trabajo, familia, recreación y estudios. 

Teresa Bártóva, co-delegada del curso MBA 2022, entregó su bienvenida a sus nuevos compañeros y compañeras: “Les puedo confirmar que tienen por delante un año y medio bastante desafiante. Invitarlos que tomen este desafío no menor como una tremenda oportunidad y traten de sacar el máximo provecho del contenido de las clases y del conocimiento y experiencia de los profesores”. 

En la misma línea, María Chaviel, también co-delegada del curso 2022, señaló que “este es un excelente programa. Hay excelentes profesores altamente especializados; también tenemos una coordinadora que siempre está dispuesta para cualquier tipo de ayuda. Es un programa bastante exigente, pero va de la mano de excelentes profesores, lo que se traduce en un aprendizaje gigante. Les damos la bienvenida a este nuevo rumbo en sus carreras y nuestras carreras también”.  

Rafael Romero, Director del Departamento de Gestión de Negocios; Pablo González, Director de Postgrados de la facultad y Pablo Piñera, Director del MBA, también estuvieron presentes en la bienvenida, entregando nociones sobre los conocimientos a los que las y los estudiantes se enfrentarán hasta diciembre de 2024.  

Pablo Piñera, quien ha sido director del programa durante los últimos ocho años, adelantó que el principal énfasis, junto con las materias entregadas, es el cambio y la adaptación al mismo: “Si no somos capaces de adaptarnos a los cambios que vienen, es probable que nuestro emprendimiento, cualquier que ya sea, tenga serias dificultades. Dado la rapidez del cambio y dado que nadie sabe hacia dónde vienen los cambios, ¿Quién habría imaginado cinco años atrás este tremendo avance que es la inteligencia artificial? Un tremendo desafío”.  

Los académicos presentes anticiparon que el programa tendrá una serie de invitados destacados, en el ámbito nacional e internacional. De igual forma, dejaron abierta la chance a los propios estudiantes para sugerir invitados o perfiles de actores que les parezcan atractivos con el desarrollo del curso. Además, instaron a la nueva generación de alumnos a asistir el sábado 26 de agosto, de manera presencial, a la UAH.  

Tener en mente que el crecimiento de largo plazo, aquel genuino que no se corresponde con los avatares del ciclo económico y la coyuntura, requiere que nos pongamos a pensar cómo acumular más factores de la producción, pero sobre todo aumentar la capacidad de gestionarlos de la mejor forma posible, dejando que el mercado nos indique dónde son más valiosos, resguardando las condiciones de competencia y corrigiendo las fallas cuando corresponde. Sin esto, Chile no va a cambiar.

Por: Pablo González, Ph.D. in Economics, Texas A&M University, académico FEN-UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 172, 2022.

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El proyecto de nueva Constitución que se somete a plebiscito en los próximos días contiene varios cambios respecto a la vigente. En particular, el reconocimiento de nuevos derechos y garantías sobre la provisión de ellos, generan dudas sobre la vialidad fiscal de este proyecto.

Por: Pablo González, Ph.D. en Economía, Texas A&M University. Académico FEN-UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 168, 2022.

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La necesidad de aumentar el nivel de ahorro para la vejez, estructurar una jubilación que combine un componente solidario junto a la posibilidad de ahorro privado y la equiparación del trato entre mujeres y hombres, son factores de que una u otra forma están presentes en los programas de gobierno propuestos.

Por: Pablo González M, PhD in Economics Texas A&M University, Académico FEN-UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 161, 2021.

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Las cifras de reactivación que estamos viendo en estos meses, es meramente recuperación de los niveles de actividad económica prepandemia, producto del desconfinamiento. Un alto déficit fiscal tarde o temprano, repercutirá en tasas de interés y precios, lo que a su vez podría comprometer el crecimiento de la economía en el futuro.

Por: Marcela Perticará, Ph.D. en Economía, University of Texas A&M, EE.UU. Directora Departamento de Economía, FEN-UAH y Pablo González, Ph.D. en Economía, University of Texas A&M, EE.UU. Director de Postgrados, FEN-UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 158, 2021.

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Más allá de las noticias y especulaciones para los próximos años, es difícil predecir las consecuencias más profundas de esta nueva situación mundial.

Por Pablo González, PhD in Economics – Texas A&M University, Académico Facultad de Economía y Negocios UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 125, 2018.

La era Trump ha traído una gran cantidad de desafíos para las relaciones comerciales internacionales. Para ser justos, no es él el culpable de iniciarla precisamente, aunque quizás las decisiones adoptadas en Estados Unidos estén contribuyendo a amalgamar distintos componentes que se encuentran en la sociedad global. El Brexit fue -quizás- la primera alerta formal. La crisis del 2008/2009 reavivaron tendencias proteccionistas que parecían enterradas, y los movimientos migratorios y la xenofobia parecen haber dado lugar a una corriente hacia el aislamiento. En los últimos dos meses hemos sido espectadores de sucesivas batallas comerciales entre las grandes potencias económicas del mundo. Los primeros antecedentes se remontan a los cuestionamientos al NAFTA, al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por su sigla en inglés) y a otros acuerdos comerciales por parte de Estados Unidos. Chile mismo ha estado expectante respecto al Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en el 2004 y que desde el 2015 permite el ingreso recíproco de productos bajo arancel cero en ambas economías. Pero lo más vívido y concreto, respecto a la tensión comercial mundial, explotó a comienzos de marzo pasado con los aranceles que impuso Estados Unidos al acero y el aluminio. Más preocupante se volvió la situación cuando, a través de excepciones otorgadas a distintos bloques comerciales y países, EEUU revela claramente que la intención es detener el comercio con China. Desde ese momento, las restricciones de uno y otro lado han ido aumentado en una especie de Guerra Fría en la cual se han cambiado la instalación de misiles con capacidad nuclear por trabas al comercio exterior. Por ahora las trabas involucran a una porción muy pequeña del comercio entre ambos países, pero dan fuertes señales. Entre las últimas noticias se sumó la posible utilización del tipo de cambio por parte de China para reimpulsar sus exportaciones.

1817. David Ricardo publica sus Principles of Political Economy, quizás uno de los tratados de economía más importantes y con mayor influencia hasta el día de hoy. Desde allí hemos aprendido que la apertura de las economías al comercio exterior es un mecanismo que permite a una sociedad alcanzar aquellos bienes para los que de una u otra forma no puede generar o no tiene las condiciones para hacerlo en forma eficiente (remarcando la importancia de las ventajas comparativas en el comercio internacional, una idea aún difícil de entender para muchos “hacedores” de políticas). Hemos aprendido que el intercambio, así como lo realizan dos particulares, permite una mejor asignación de los recursos junto a un mayor nivel de bienestar general.

No es difícil entonces comprender que esta guerra comercial que se está librando entre dos gigantes de la economía mundial, de continuar y profundizarse, va a comprometer el nivel de vida de la población, no solo de sus países sino también del resto del mundo. La producción de bienes en los lugares equivocados genera un uso ineficiente de recursos afectando cuánto podemos producir. Sin embargo, lo que es más grave aún, es que la existencia de barreras a la competencia desde el exterior puede entregar un incentivo perverso y disminuir el ritmo de avances en temas de productividad, minando las posibilidades de crecimiento hacia el futuro. El comercio internacional junto a las inversiones extranjeras directas puede resultar en un buen canal de intercambio tecnológico y aprendizaje de mejores técnicas de producción. Esa ralentización que se observa desde hace varios años en términos de crecimiento de largo plazo en los países desarrollados y que limita a su vez a los países subdesarrollados, puede aún quedar más marcada.

Pero, ¿qué podemos esperar para los años más próximos? De perdurar en el tiempo, las restricciones, la falta de competencia externa y la mala asignación de recursos llevará a presiones alcistas en los precios de los productos afectados por las nuevas restricciones a la importación. Estamos ad-portas de comenzar a transitar un periodo de suba de precios. En una visión más conceptual, este efecto sería por única vez y por lo tanto no generaría un proceso inflacionario que, desde los actores principales, se expandiera al resto del mundo. De todos modos, podría reflejarse levemente en los índices de precios, quedando en manos de los bancos centrales interpretar la persistencia de ese proceso de adaptación en los precios y la adecuación de la política monetaria eventualmente.

Para los países emergentes solo queda la observación pasiva. Es muy pronto para evaluar cuánto más chico puede resultar el mercado global y en cuánto podría verse afectado su nivel de actividad. Sin embargo, para algunos de ellos, el florecimiento de nuevas industrias en los países “beligerantes” puede abrir una nueva oportunidad de negocio, especialmente en aquellos rubros en los cuales los contendientes han decidido expresar sus diferencias. Lamentablemente, es grande la incertidumbre sobre cuán perdurable o transitoria esta guerra puede ser, haciendo menos atractivas y previsibles la inversión en nuevos negocios. En los mercados internacionales, aún no es clara la respuesta ante las acciones tomadas por ambas partes. Para un grupo de estos países, la situación puede llegar a ser complicada si las batallas siguen sucediéndose. Una buena porción de los países de sudeste asiático son claros proveedores a la industria china y pueden llegar a verse fuertemente afectados.

Si bien en el centro de la disputa está la visión de EEUU de corregir la balanza comercial con China con todos los instrumentos a su alcance, ya se ha manifestado la que puede ser la real causa detrás de esta historia: el espionaje industrial y la protección de los derechos de propiedad, un tema que parece va acercándose a ser resuelto bilateralmente o a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC). De hecho, recientemente China ha expresado que rediseñaría sus políticas de control y protección de los derechos de propiedad, un mercado para nada insignificante.

Desde ese punto de vista, si bien la tensión actual genera algunas nubes sobre las posibilidades de crecimiento de la economía mundial, esa mejor protección a la propiedad intelectual puede dar un nuevo impulso a la investigación y el desarrollo de nuevos procesos y productos que saquen a la humanidad de las escuálidas tasas de crecimiento tendencial.

Por lo pronto, si el conflicto escala, las posibilidades de transformar esta batalla comercial en una cambiaria (como lo amenazó China) a través de devaluaciones competitivas podría poner en vilo a un sistema y políticas monetarios que se han acostumbrado a bajas tasas de inflación.

Por lo pronto, para Chile, solo queda estar expectante, aunque debemos reconocer la poca capacidad para influir en este contexto o incluso prepararnos preventivamente. El conflicto afecta no solo a China (un gran socio comercial) y EEUU (que si bien ha perdido peso en nuestro comercio sigue siendo importante), sino que indirectamente a un sudeste asiático que hace exactamente 20 años nos puso en unas de las crisis económicas más complicadas y duradera de la historia reciente. Mientras tanto, aventurar números parece un ejercicio difícil y casi sin sentido. Estamos frente a una experiencia en la economía internacional complicada de dimensionar.

Por Pablo González, Ph.D. in Economics Texas A&M University – Profesor FEN UAH y Alejandro S. López Romero – Ingeniero Comercial Mención Economía FEN UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 122, 2017.

El sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP) requiere de la competencia entre los oferentes del servicio. En este marco, el cliente debe ser capaz de evaluar un servicio complejo y que se desenvuelve bajo gran incertidumbre. No es fácil para la gran mayoría de los ciudadanos comprender dicho sistema. Llama la atención los esfuerzos que tanto cada AFP como la asociación que las aglutina, realizan para explicar el sistema a más de 35 años de su puesta en marcha. Considerando los niveles de alfabetización financiera de la población, la comparación entre AFP es casi imposible para la mayoría de los usuarios (1).

Diariamente recibimos noticias sobre distintos indicadores y publicidad del desempeño de los fondos de pensiones y sus administradoras: estadísticas oficiales mes a mes, columnas en los medios de prensa, etc. Se suma, que al final de toda esta publicidad, además nos señalan que esos indicadores no garantizan nada respecto al desempeño futuro.

La pregunta obvia es ¿cómo entregar un indicador lo más simple posible al cual las personas puedan acudir en forma rápida, especialmente para aquellos que evalúan cambiarse de AFP? En esa búsqueda se enmarca esta columna.

Las dimensiones a considerar no son muchas. La primera es la rentabilidad. Pero esto que parece muy simple se complica cuando uno se pregunta, ¿La rentabilidad de qué fondo? ¿En qué horizonte temporal: el último año, dos años, desde el comienzo del sistema? ¿Y si justo el plazo que considero coincide con un periodo en el cual la administradora hizo un muy buen trabajo o uno muy malo, pero eso no refleja su historia?

La segunda dimensión son las comisiones. En cada periodo de cotización se enfrentan comisiones variables (porcentuales), aunque en algún momento también existieron fijas (en pesos, independientes del monto cotizado). Hay además otras comisiones y gastos que los usuarios del sistema deben soportar, pero que son de uso esporádico.

La tercera dimensión tiene que ver con la calidad de servicio. En este aspecto, en el cual existe una gran cantidad de indicadores a considerar, lamentablemente no disponemos información sistematizada con una metodología uniforme que nos dé luces (aunque existió un intento de parte de la Superintendencia que fiscaliza dicho sistema).

¿Qué hacemos para responder nuestra pregunta? Construimos tres indicadores sintéticos basados en cierta forma en la rentabilidad, pero cada uno con una particularidad y considerando cada AFP desde el comienzo de su existencia (aunque hubiera cambiado de grupo controlador, hubiera surgido de una fusión o hubiera absorbido a una que ya no existe). Es decir, para cinco de las actuales AFP la historia se remonta al año 1981. En el caso de la AFP Modelo, consideramos su historia desde el año 2010.

Es complicado comprender tantos índices de rentabilidad, por lo tanto elaboramos un solo índice que pondera los rendimientos de cada uno de los fondos en función de la cantidad de recursos que lo componen. El argumento que está detrás de esto es que los afiliados, cuando quieren cambiar la asignación de sus ahorros entre los distintos fondos, no cambian de AFP. Pero al hacerlo ven la performance global y, una vez dentro de ella, van a ir cambiando de ubicación sus activos. Hemos procedido a calcular entonces un indicador de rentabilidad real que indica cómo la AFP maneja todos los recursos que tiene bajo su custodia, ponderando obviamente por el tamaño de cada uno de los fondos.

Nos planteamos entonces la siguiente pregunta: ¿cuánto dinero hubiera tenido que depositar en la AFP en junio de 1981 para obtener el equivalente a $10.000 en setiembre de 20102, considerando las rentabilidades reales que mes a mes observaron las administradoras? El resultado de este ejercicio es de $727 para el caso de CUPRUM; $741 para PLAN VITAL y HÁBITAT; $801 en el caso de CAPITAL y $819 en PROVIDA. En este sentido, CUPRUM tuvo el mejor desempeño durante los casi 30 primeros años de existencia del sistema, considerando únicamente la rentabilidad de las inversiones que realizó con los recursos de los afiliados: era necesario menos dinero para lograr el mismo resultado.

¿Y desde septiembre de 2010 a la fecha, ya con un nuevo actor en el mercado y descontando los efectos de la inflación? En este periodo, hay que considerar la incertidumbre global en los mercados financieros, que se refleja en las rentabilidades reales logradas por el sistema en promedio, que descienden sustancialmente respecto a sus niveles históricos ubicados en torno al 8% anual. Los $10.000 de septiembre de 2010 serían hoy en día $13.060 en MODELO; $12.869 en HÁBITAT; $12.678 en CUPRUM; $12.498 en CAPITAL; $12.416 en PLAN VITAL y $12.364 en PROVIDA. La diferencia máxima, en un periodo poco mayor a los 7 años, ha sido de un 5,63% aproximadamente.

El segundo punto al cual atendemos trata de responder al hecho de que es posible que una AFP obtuviese, por ejemplo, un pobre resultado global en un breve periodo y que afectó sus fondos de inversión muy negativamente, pero que no corresponde con su comportamiento general. Uno podría pensar también en una buena performance sólo basada en un golpe de suerte. Para hacernos cargo de este punto, construimos un indicador que mes a mes hace un ranking de cada una de las AFP en base a su rentabilidad. La idea es ver cuántas veces, por ejemplo, es la primera mejor en rentabilidad, la segunda, la tercera, etc. El índice obtenido es una aproximación a la regularidad con la cual se comporta la AFP en comparación a sus competidoras. Así, considerando que en la actualidad contamos con seis administradoras, si una AFP hubiera tenido siempre el mejor desempeño tendría un valor en este índice igual a 6, mientras si una de ellas hubiera sido siempre la peor en rentabilidad mensual, tendría un valor de 1 en el indicador. Aunque no hay diferencias sustanciales entre unas y otras, si se observa regularidad. La evidencia que encontramos habla de 3 grupos relativamente definidos. HÁBITAT y MODELO ubicándose en mejor posición, un segundo grupo en el cual se posicionan CUPRUM y CAPITAL y finalmente PLAN VITAL y PROVIDA. El gráfico muestra la evolución de dicho índice a lo largo del tiempo.

Los indicadores anteriores pueden dar administradora al momento de hacer rendir los ahorros de los cotizantes, pero no tienen en cuenta el costo que implica cada una. Considerar las comisiones no es un tema sencillo y por lo tanto cualquier metodología puede parecer arbitraria. En este trabajo el procedimiento consistió en:

• Consideramos que una persona, desde el año 1981 realizó sistemáticamente un aporte en pesos equivalente a 1 UF del periodo correspondiente.
• Estimamos el valor de lo acumulado por esta persona a lo largo de su vida considerando las rentabilidades anteriormente usadas.
• El mismo procedimiento utilizamos, pero pensando ahora que, adicional a la UF de cada mes, el afiliado depositaba también el equivalente a la suma de la comisión fija y de la comisión variable.
• Finalmente el ratio entre ambas series nos aproxima qué porción de los recursos puestos en el sistema, sea por cotización o por comisiones mensuales, quedan en manos del cotizante.

En el caso extremo, si una AFP no cobrara comisiones, su índice sería igual a 100, implicando que no tomó recursos del afiliado. Este ejercicio, a noviembre del presente año, posiciona a MODELO como aquella más favorable en función de rentabilidad y costo (79,63), favorecida probablemente por su corta historia, pero mostrando una tendencia a converger hacia los niveles del resto del sistema. El resto se posiciona en el siguiente orden: HABITAT (73,22), PROVIDA (72,27), CUPRUM (72,26), CAPITAL (71,72) y finalmente PLAN VITAL (69,70). A este respecto, es importante remarcar que durante los últimos años, los bajos rendimientos de las inversiones que realizan los fondos de pensiones han implicado un deterioro general de este indicador, haciendo al sistema relativamente más oneroso para los afiliados a pesar de las bajas en las comisiones en promedio en los últimos 10 años.

La tarea de comparar un servicio como el prestado por las AFP no es sencilla. Este trabajo simplemente ha intentado contribuir en ese sentido presentando tres métricas que quizás podrían ser unificadas con algún criterio de ponderación para ellos. Si bien todos se vinculan a rentabilidad, ofrecen miradas distintas. El primero, sólo observando el conjunto de las decisiones de inversión que hacen las administradoras. El segundo, enfocado en su regularidad, y el tercero introduciendo la dimensión de los costos por comisiones. A primera vista, con pequeñas consideraciones, estos indicadores parecen evidenciar la existencia de un patrón en el ordenamiento de las administradoras. Sin lugar a dudas, volver a contar con una evaluación cualitativa de la calidad del servicio podrá contribuir a identificar la opción más conveniente. Por ahora, se debe seguir perfeccionando estos indicadores, o buscando otros alternativos que en forma resumida orienten a los afiliados. Lo que puede ser una tarea de fuerte impacto para la sociedad y un aumento de la competencia en el sistema.

(1) Un simple test al respecto: ¿Cuántas personas estarían en condiciones de explicar qué es el valor cuota de un fondo?
(2) Se toma esta fecha dado que es el momento en que aparece la AFP Modelo. Si bien no todas las actuales administradoras existían cuando entró en vigor el sistema, para las otras cinco AFP es posible reconstruir sus historias hasta 1981 a través de las fusiones y absorciones.

Por Pablo González, Ph.D. Texas A&M University, Profesor de Economía FEN UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 112, 2017.

El  título de este artículo está inspirado en el eslogan de la campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Una frase que por detrás buscó explicar la pérdida de empleos y la fuga de empresas hacia otros países a través de la globalización. Un discurso que caló profundo en una mayoría del electorado norteamericano. Sin embargo, cualquier economista honesto sabe que el intercambio genera mejoras de bienestar y por lo tanto, las restricciones a la inmigración, los deseos de renegociar el NAFTA, de eliminar o modificar acuerdos comerciales, de limitar el movimiento de empresas a través de las fronteras, de imponer impuestos a las importaciones y las represalias centradas en quien ve como su gran competidor comercial (China), son sólo presagios de una posible mejora temporal en los indicadores de actividad en Estados Unidos, pero claramente con un futuro riesgoso respecto a la pérdida de productividad y bienestar en el largo plazo. La decisión reciente de dos grandes empresas productoras de automóviles de cancelar sus inversiones en México para realizarlas en Estados Unidos constituye el puntapié inicial, que a Trump lo reditúan políticamente.

En Chile, por suerte, ese afán por cerrar la economía ya ha quedado en el olvido, incluso a contrasentido de lo que se ha podido observar en el resto de los países de Latinoamérica. Los esfuerzos porque lleguemos a ser un país desarrollado están ligados a la competencia con el exterior, pero todavía hay  propuestas que lamentablemente, por ser simpáticas o parecer desafiantes, pasan desapercibidas o incluso, son adoptadas con convicción mesiánica por algunos sectores.

Hace algunos años, Paul Krugman (Premio Nobel 2008 por sus contribuciones en el campo del comercio internacional) se refirió al “Internacionalismo Pop”. Para entender mejor sus ideas hay que saber  que el movimiento pop se expresa en el ámbito de la música,  a través de una producción simple y superficial que tiene la particularidad de asimilarse fuerte y rápido. Buen ritmo, letras que conjugan pero que en el trasfondo no tienen mucho contenido. En el ámbito económico, y especialmente cuando se hablade la proyección país hacia el resto del mundo, la cultura pop es más frecuente de lo que parece. En los últimos años, especialmente en momentos en que la tasa de crecimiento de la economía es, por decir al menos, deprimente, no debiera sorprendernos  que en un año electoral como es el 2017, distintos sectores se apoderen de eslóganes pop.

Krugman (1), en 1993, detalló en forma magistral esa corriente pop en referencia a las relaciones comerciales internacionales. Su exposición aún muestra lo plasmado que dicho enfoque está en círculos económicos, políticos y empresariales, de los cuales Chile no está exento. Basta leer secciones de economía y negocios de los medios de comunicación para evidenciarlo.

Desde la apertura a los mercados internacionales a través de la reformas de los años 70, en Chile se ha ido acrecentando la visión de la necesidad de competir en dichos mercados y con este objetivo es que inducimos la idea de mejorar la productividad para poder exportar ojalá, productos con alto valor agregado. El éxito en esta escala exportadora es una garantía de mejoras en los niveles de empleo.

Tal como lo explica Krugman, esta visión se basa en concebir al país como si fuera una gran corporación que debe derrotar a la competencia externa.  De hecho, no es difícil escuchar a políticos y a empresarios resaltando que ahora la competencia es más feroz que antes. La realidad de Chile es que es un país abierto desde hace varias décadas. No tiene competidores afuera. Casualmente los tratados de libre comercio firmados en los últimos 20 años han borrado  barreras artificiales al comercio. Si esto implicaba que una mayor competencia pondría  en riesgo nuestra producción y bienestar ¿para qué los firmamos, entonces?

Adicionalmente, los países NO compiten en el mercado internacional porque el comercio internacional no es sobre competencia, sino que trata sobre intercambio. El fin último de una sociedad es poder acceder, a través de la importación, a la mayor cantidad de bienes que no produce eficientemente. Las exportaciones no son más que el precio que debemos pagar para conseguirlas. No es que el país unido realice este intercambio, sino que se logra través de la acción atomizada de individuos y empresas.

Gran parte de las reformas pro crecimiento de los últimos gobiernos se han realizado en post de lograr mejoras de productividad. Nuevamente, bajo el yugo del discurso pop, estas agendas han estado sesgadas hacia la actividad exportadora, en sintonía con las ideas ya expuestas: una mayor productividad ayuda a exportar más y por lo tanto genera valor. Los problemas de productividad son importantes de resolver para  la economía chilena, pero esto no tiene relación con la necesidad de incrementar nuestras exportaciones. Las mejoras de productividad son necesarias porque significan producir más con los mismos recursos y por lo tanto con las posibilidades de cubrir una mayor cantidad de necesidades. Esas mejoras de productividad, tal como lo expresaba Krugman, son necesarias incluso en el caso de una economía cerrada.

Otro de los famosos eslóganes de la corriente productivista pop internacional hace énfasis en el desarrollo de una industria local de alto valor agregado que permita sobreponernos a nuestros “socios” comerciales. Quienes postulan este enunciado parecen obviar lo que el economista David Ricardo nos enseñó en su libro Principles of Political Economy (escrito hace 200 años): no son las ventajas absolutas sino las relativas (comparativas si utilizamos el término correcto) las que importan para un intercambio que mejore el bienestar. No es la selección del producto, sino la productividad relativa de los factores entre distintas actividades productivas la que determina qué producimos y qué importamos. Esto es, quizás, lo que parece que la futura administración de Trump tampoco ha comprendido, o prefiere hacer que no lo hace. Nuevamente, una alta retribución a los trabajadores y un buen retorno al capital no dependen en el largo plazo de haberlos dirigidos a los sectores de alto valor agregado. Son sus productividades (y los avances que se logren en estas) las que conforman sectores con alto valor.

La cancelación de inversiones en México de las automotrices estadounidenses se basa en la amenaza de la futura administración de sancionar a aquellas empresas que privilegien el empleo en el exterior en detrimento del nacional. La defensa de la apertura de la economía como una fuente de generación de empleo es una bandera común en Chile. Curiosamente ambas corrientes están teóricamente en favor del empleo. Tanto el proteccionismo de Trump, como aquellos pro-apertura en Chile, debieran sincerar sus argumentos. En su discurso de hace 24 años atrás, Krugman insistió en algo que la ciencia económica ya tiene  claro: el nivel de empleo depende en el corto plazo de la demanda agregada, pero en el largo plazo se establece en el mercado laboral, fundamentalmente por los determinantes de la tasa de desempleo natural y por lo tanto vinculada a los problemas estructurales de productividad del trabajo y de los condicionantes de las tasas de destrucción y de creación de empleo. La política comercial o el sesgo exportador de la economía poco tienen que ver con el empleo en el largo plazo.

Quizás el más enraizado concepto del internacionalismo pop se refiere a la necesidad de una asociación entre el gobierno y las empresas para posicionar a la industria nacional en el contexto internacional: el enemigo no está adentro, sino en la competencia externa que juntos deben vencer. Argumento que se encuentra en el destino de varios millones de pesos del Presupuesto de la República y que justifica la acción de agencias públicas, no gubernamentales y gremiales. Pero lo cierto es que las ganancias del intercambio surgen de la correcta asignación de los recursos productivos hacia adentro de la frontera y no de vender más o menos en el exterior. Los esfuerzos del Gobierno deben asegurar la competencia dentro de cada sector productivo y entre sectores productivos del país. Frente a casos de colusión se debiera reaccionar enérgicamente y no por un tema de imagen país (algo que hasta ahora nadie ha podido cuantificar en términos reales), sino porque frente a un comportamiento monopólico, la producción de ese sector (y por lo tanto el uso de los factores de la producción), es menor a lo que sería mejor para la sociedad. En consecuencia hay una asignación ineficiente de recursos (que se encuentran ocupados en otra actividad). En el mismo sentido, la asistencia del Gobierno a los sectores exportadores puede estar sosteniendo a industrias que están requiriendo recursos productivos que son inevitablemente extraídos de otras actividades productivas. La asociación público-privada, debe ser evaluada como cualquier otro programa y, en dicha evaluación, se debe considerar los efectos de equilibrio general que involucra en el largo plazo. Y esto es cierto tanto para una economía abierta como cerrada a relaciones con el resto del mundo.

En definitiva, esta plaga de eslóganes pop  que rodean al intercambio comercial pueden evitarse entendiendo que el comercio con el resto del mundo es una actividad igual que cualquier otra actividad dentro de la economía. El progreso y el crecimiento se basan en la competencia y las mejoras de productividad y no en el volumen del comercio exterior.»

De todos modos, hay que asumirlo, es probable que estas notas clásicas no tengan mucho efecto en la cultura pop (producción simple, superficial, buen ritmo y letras sin contenido que se asimilan fuerte y rápido).

(1) Krugman, Paul R. (1993) “What do undergrads need to know about trade?”, The American Economic Review, Vol 83 (2), Papers and Proceedings, May, pp. 23-26.

Por Pablo González Ph.D. en Economía Texas A&M University Profesor FEN UAH.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 109, 2016.

La discusión por el aumento del gasto que tendrá el presupuesto público para el año 2017 ya está zanjada y, a grandes rasgos, ha dejado conforme a la mayoría de los actores del ambiente político y del económico-financiero. Los miedos respecto a una presión excesiva por el aumento del gasto del sector público que pudiese afectar a la inversión y la percepción del resto del mundo respecto a las cuentas fiscales chilenas parecen haber desaparecido. Los temores respecto a una suba del riesgo país también. Y esto es lo que preocupa. No por las razones que muchos de los analistas expusieron en los días previos al anuncio del Ministro de Hacienda sobre las previsiones para el próximo año, sino porque parece que existe una visión errónea respecto a los problemas que tiene la economía chilena a largo plazo.

Consideremos primero, los miedos sobre el efecto del gasto público acerca del nivel de inversión de la economía y las posibilidades de mayor crecimiento a futuro y dejemos de lado por unos instantes el riesgo país. Desde hace ya cuatro décadas, pero especialmente con el abandono de todo tipo de control sobre la cuenta capital post crisis asiática, Chile decidió convertirse en una economía abierta. Tanto a los flujos comerciales como a los flujos de capitales. Y claramente, en algunos momentos, se ha beneficiado de ello. Hace 10 años atrás, con el boom de los commodities, logró sin problemas el financiamiento para los ambiciosos planes de inversión que el sector de la minería llevó a cabo, y también para financiar los planes de expansión que surgían en la economía por el efecto derrame que la minería tiene en nuestra estructura económica. Esta facilidad para conseguir los fondos necesarios no es más que la corroboración de lo que los libros de texto nos enseñan: en una economía pequeña, sin capacidad de influir en los mercados internacionales de crédito, la inversión se descalza de la capacidad de generación de ahorro nacional. Por lo tanto, el tan comentado temor de los efectos del gasto público sobre la inversión poco tiene que ver en este tema.

Cuando hablamos de crecimiento de largo plazo (no de reactivación cortoplacista) y sector público, la discusión debe centrarse en los efectos distorsivos sobre la asignación de los factores productivos entre distintas actividades alternativas que nuestro sistema tributario pudiera tener (y aquí entran también los distintos gastos tributario, exenciones, postergaciones de pago de impuestos, subsidios, etc.) o su incapacidad para corregir externalidades, además de conocer qué se hace y cómo se usan los recursos que se están recaudando. Es aquí donde nuestros representantes en el Congreso deben concentrar sus esfuerzos.

Pero habíamos dejado de lado el riesgo país, entendido como la probabilidad de que nuestras deudas con el resto del mundo puedan no ser honradas. Es decir, una economía que encuentra un desfasaje al considerar sus acervos y proyecciones de generación de producto en relación a sus previsiones de gasto (tanto público como privado) y stock de deuda inicial. Y esto claramente puede afectar el nivel de inversión de la economía. Una acumulación de deuda neta excesiva puede conducir a mayores primas por riesgo de default sobre los créditos que tomamos del resto del mundo y por lo tanto, un encarecimiento de los fondos necesarios para llevar a cabo los proyectos productivos.

Dentro de esa lógica, Chile, en 2001 decidió adoptar un esquema de balance estructural, específicamente de superávit estructural. Los justificativos no eran los que normalmente se aducen, en el sentido de que los fondos generados tenían que servir para la suavización del ciclo económico, sino que se había pensado en 3 factores fundamentales que tenían relación con compromisos futuros: la regularización patrimonial del Banco Central por efecto de las crisis bancaria de los años 80; las deudas por los bonos de reconocimiento y las posibles obligaciones contingentes por deudas avaladas por el Estado a concesionarios de obras públicas. Chile debía ahorrar para evitar en su momento estresar a la economía cuando tuviera que hacer frente a esas deudas.

Pero con el paso del tiempo la idea original del balance estructural se desdibujó de la mano de la bonanza por el boom de los commodities. La rápida acumulación de activos soberanos solucionó los problemas anteriores. Se generaron nuevos compromisos de largo plazo (reforma previsional) y se estableció la generación de un fondo que, basado en la des acumulación de un activo como lo son las existencias de recursos naturales, pudiera servir para la estabilización de la actividad económica.

Esto no sólo cambió el sentido, sino que con la crisis del 2008-2009, se desvaneció el objetivo de balance estructural. La primera exposición a una situación de estrés para la economía tiró por la borda la regla fiscal. Y todavía no podemos recuperarnos.

Chile, históricamente (y por ley), ha generado instituciones que pueden ayudar a la prudencia fiscal en términos macroeconómicos, pero aún hay mucho margen de discrecionalidad. La crisis de fines de la década pasada es la evidencia. El Cuadro 1, muestra la incapacidad del país para cumplir con una regla autoimpuesta.

Evidentemente el ordenamiento que permitió la bonanza de años recientes en materia minera generó una visión distinta de Chile en los mercados internacionales. El país aprovechó esos booms para reducir su deuda y cambió un stock por otro. Ello se refleja en sus niveles de endeudamiento (ver Gráfico 1). Pero el salto que está pendiente, y que puede configurar una nueva baja estructural en los niveles de riesgo país, requiere de una nueva base, una nueva regla para los fondos de estabilización económica que no dependa de la explotación de un recurso natural no renovable. Después, la discusión sobre el gasto público se centrará en cómo gastamos y el nivel estará dictaminado por la regla misma.

Esa nueva estructura fiscal es en definitiva la que va a poder desvincular nuestra reputación de honrar las deudas de los vaivenes del precio del cobre, como se muestra en el gráfico que cierra esta columna (Gráfico 2).

Tenemos el agrado de presentar una nueva edición de la revista Observatorio Económico (Nº 109, octubre de 2016). Un análisis del académico Pablo González, Ph.D. en Economía Texas A&M University y profesor de la Facultad de Economía y Negocios, sobre el presupuesto público para el año 2017 es el artículo destacado de esta edición.

Por Pablo González M., PhD en Economía Texas A&M University. Profesor Facultad de Economía y Negocios Universidad Alberto Hurtado.

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 106, 2016.

Desde la crisis asiática de 1998, el Gobierno chileno sistemáticamente ha tenido dentro de sus prioridades el desarrollo de una agenda pro-crecimiento, apuntando a generar las condiciones para que pueda situarse entre los países desarrollados. Bajo distintos nombres, han impulsado agendas con paquetes de medidas que se focalizan en: promoción de exportaciones; levantamiento de restricciones al crédito y al inicio de actividades productivas, y al desarrollo de infraestructura física, principalmente en obras públicas.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la preocupación sigue latente. Si bien en los últimos 15 años el país ha tenido un buen desempeño en términos de crecimiento del producto bruto interno per cápita, la evolución de la productividad no es suficiente. Esto ya fue reconocido incluso por la Comisión Nacional de Productividad en su informe “Revisión de las Agendas de Productividad” del 11 de marzo del presente año. Desde el fin del “periodo de oro” en el crecimiento de 1986-1998, Chile no ha logrado mejorar sus perspectivas de largo plazo.

Esta tendencia ha estado presente también en las estimaciones de los expertos consultados año tras año en el Comité Consultivo del PIB Tendencial por el Ministerio de Hacienda desde el 2002. El gráfico 1 muestra la evolución en el tiempo de las estimaciones de crecimiento para la productividad total de los factores (PTF) a un año plazo: por ejemplo, la estimación hecha en 2002 sobre cuánto avanzaría la PTF en 2003. Dentro de las ya -de por sí- bajas tasas de crecimiento, llamativamente, los pronósticos se vuelven cada vez más preocupantes en los últimos diez años.

Resulta también alarmante ver cómo Chile ha desperdiciado la bonanza de los commodities, entrampándose en términos de productividad. El gráfico 2, muestra la evolución desde 1990 a 2014 de la productividad total de los factores (eje horizontal) en relación al precio del cobre (eje vertical). Los datos fueron obtenidos de las estimaciones del PIB tendencial que realiza el Ministerio de Hacienda en el caso de la PTF, y de Cochilco para el precio del cobre (que se encuentra en términos reales). El gráfico, deja en claro que luego de la crisis asiática los incrementos de productividad y la capacidad de gestionar los recursos disponibles en la economía se han visto estancados completamente, incluyendo, sin excepción, a las distintas administraciones que han gobernado el país. Una conclusión que podría sugerirse, y pensando en términos del crecimiento del PIB per cápita, es que este se debe en gran parte a la bonanza del ámbito externo, y además sin ninguna mejora de las perspectivas a futuro. En cierta forma, Chile ha vivido los últimos 10 años embriagado por el cobre.

Las causas de este letargo son probablemente múltiples y provienen tanto del ámbito público como del privado.

Quizás parte del problema es que estas agendas pro crecimiento han gastado energías en políticas que no tienen relación con el crecimiento para el largo plazo, sino que han sido reactivas a la contingencia económica. En no pocos casos, las políticas sugeridas han surgido de la simple consulta a sectores productivos sobre medidas administrativas, tributarias o regulatorias ante una difícil situación económico-financiera.

Dentro de estos últimos, un caso siempre presente es el que se refiere a las PYMES. Llama la atención que una política de crecimiento esté basada en el tamaño de las empresas, siendo que la escala óptima de producción debiera estar determinada por el mercado, en función de las tecnologías de producción reflejadas en los costos y los precios para los productos. En este aspecto, algunas políticas que típicamente se canalizan a través de la CORFO podrían ir en detrimento de las mejoras de productividad que el país necesita. Mantener activa una empresa por más tiempo de lo que el mercado indicaría o el incentivar la creación de empresas que sin ese incentivo no existirían, implica privar a otras unidades productivas de los recursos que necesitan.

Esta “falta de confianza” en el mercado se expresa también en el excesivo peso a la promoción de las exportaciones. Está claro que el crecimiento de Chile está ligado esencialmente a la apertura de su economía. Pero el énfasis diferencial puesto en esa especie de manto “mercatilista” pro exportaciones, en detrimento de las importaciones, puede estar también generando una mala asignación de recursos productivos. Los tratados de libre comercio han ido en la dirección correcta en cuanto a acrecentar la apertura de la economía, pero en general, las políticas pro crecimiento referidas al comercio exterior se han centrado en mejorar exclusivamente el posicionamiento de los productos chilenos en el exterior. Tan importante como eso es que las compras de productos e insumos en el exterior se realicen encontrando los mejores y más baratos proveedores.

El crecimiento de largo plazo necesita del libre funcionamiento de los mercados y para lograrlo, las políticas deben solucionar esencialmente aquellas fallas de mercado que evitan que estos actúen competitivamente. Volviendo al caso de las PYMES, hemos visto la articulación de políticas fiscales (especialmente tributarias) y financieras en pro de facilitar el uso de recursos e instrumentos financieros dado los problemas de retraso que sufren en el pago de sus facturas por parte de sus clientes. Si bien, esta es una medida que les facilita la operación, en el largo plazo pareciera que la política correcta debiera ir en pos de investigar y sancionar posibles comportamientos por parte de los compradores con ejercicio de poder monopsónico y de desarticular los mecanismos que facilitan que este surja. De lo contrario, se convalidan las prácticas y se acentúa una estructura de mercado que nos aleja de la competencia y posiblemente repercuta en reales posibilidades de crecimiento.

De hecho, en este sentido, la necesidad imperiosa de fortalecer las políticas, la legislación y el funcionamiento de las instancias administrativas y jurídicas pro competencia debiera ser una prioridad en la agenda de crecimiento. Aunque es difícil cuantificar los casos más emblemáticos de colusión del último tiempo, estos han significado que en dichos sectores no se ha estado proveyendo productos o servicios en cantidades y precios que hubieran surgido bajo competencia. Esto implica una menor cantidad de recursos productivos empleados en los sectores que han sido utilizado en otros que no debieran haber prosperado, y por lo tanto han mermado nuestra capacidad de crecimiento. Por ejemplo, el reciente caso de colusión del papel, demuestra que los altos precios dejaron que otras empresas participaran en un mercado en el cual nunca debieran haber estado presentes.

Aunque presentados como casos aislados (a pesar de que después se argumenta que es una práctica generalizada) todos los mecanismos de financiamiento ilegal de la política significan que se han estado desviando recursos hacia fines no vinculados directamente con la actividad productiva. Este tipo de accionar, que si bien se presentan como simples casos judiciales/políticos/éticos, efectivamente tienen costos en términos de crecimiento económico. Dichos costos pueden ser aún más graves si incluso, se llega a cambiar, modificar o influir en la generación de leyes o regulaciones que favorezcan especialmente a algunos sectores, asegurándoles mayores rentas y por lo tanto, destinando la economía más recursos de los necesarios en dicha actividad.

En definitiva, una política de crecimiento de largo plazo debe preocuparse que los recursos lleguen a donde más productivos pueden ser. La discusión sobre la PTF es esencialmente una discusión sobre cómo gestionamos lo que tenemos.

Otro aspecto en el crecimiento de largo plazo es cómo acumulamos mayores stocks de recursos productivos, es decir, cómo nos aseguramos para disponer en el futuro de una mayor dotación que permita producir más. En este sentido, las agendas pro crecimiento han hecho especial énfasis en el desarrollo de infraestructura física. De hecho, no hace mucho tiempo atrás se anunció la creación de un nuevo Fondo de Infraestructura, lo que se suma a las distintas políticas de estímulo de la actividad que se habilitan cada vez que el ciclo económico se presenta menos favorable (a veces disfrazadas de políticas de crecimiento). Es claro que la provisión de bienes públicos o con externalidades, como pueden ser los de infraestructura física, son necesarias, pero parece haber una total desvinculación respecto a cómo va creciendo el stock de otros factores de la producción. En términos simples, no existe un sistema que permita evaluar la rentabilidad de un peso puesto en esta infraestructura versus un peso puesto, por ejemplo, en el desarrollo de capital humano.

El gráfico 3, extraído del Documento de Trabajo “Productividad de la Gran Minería del Cobre en Chile” de la Comisión Nacional de Productividad (Figura 3, página 18), refleja la productividad de la mano de obra empleada en distintos sectores económicos en referencia al mismo indicador en los Estados Unidos. Los datos son alarmantes. Si bien en la gran minería el factor trabajo es menos productivo que en el país de referencia (nótese que esta industria es altamente capital intensiva y con una alta proporción de personal calificado), el resto de los sectores muestran aún más diferencias. Seguramente parte de la historia pueda venir por el lado de las regulaciones laborales, de la falta de incentivos, etc., pero es muy probable que además esté reflejando las grandes deficiencias en calidad de la educación y la formación de capital humano, que no sólo incluye la educación básica, media y terciaria, sino también a la de postgrado.

Un último punto que queremos resaltar se refiere a la política de balance estructural. Chile ha sido reconocido por su orden fiscal, especialmente entre los países emergentes. Este mérito se fundamenta en la utilización de una regla creada en 2001 que consiste en acumular en la parte alta del ciclo económico para disponer de recursos en la parte baja. Esta estabilidad ha sido fundamental para el crecimiento del país.

En el año 2006, con la aprobación de la ley de Responsabilidad Fiscal, se entrega un marco legal a esta política, generando un fondo para solventar el sistema de pensiones y el Fondo de Estabilización Económica (FEES). El primero tiene un destino específico, hacer frente a futuras erogaciones del sistema de pensiones. El segundo, efectivamente se activa en caso que sea necesario.

El problema fundamental de este fondo de estabilización es que considera lo producido por la explotación de un recurso no renovable (como es el cobre) como disponible para la estabilización de corto plazo. No existe restricción respecto a qué tipo de destinos pudieran tener en casos de enfrentar un mal periodo en la economía. Pensando en una política de crecimiento de largo plazo, se debiera incluir un mecanismo que asegure transformar el stock de cobre extraído en otro acervo productivo. La política de estabilización debiera utilizar sólo el rendimiento que este nuevo stock pudiera brindar. Claramente la decisión no es fácil desde el punto de vista político, pero debieran realizarse los esfuerzos necesarios de forma de asegurar a las generaciones futuras la misma disponibilidad de recursos productivos de la que disponemos hoy en día. Algunos países han logrado ese camino.

En definitiva, vemos que Chile necesita de una agenda que lo lleve a una mejor asignación de recursos tanto públicos como privados basados en la señales del mercado, evitando así, reaccionar a los vaivenes del ciclo económico y entregando la posibilidad de reservar los recursos derivados del cobre para ser transformados en un acervo distinto que bajo ninguna circunstancia sea empleado en la estabilización de corto y mediano plazo de la economía. La tarea pendiente de mejoras -tanto en productividad como en acumulación de recursos- no es menor.

El lunes 23 de marzo El Mercurio publicó una carta de los profesores de nuestra Facultad, Pablo González y Marcela Perticará.

Ver en papel digital El Mercurio

Institucionalidad, ética y desarrollo: lo meramente legal versus lo legítimo

Pablo González y Marcela Perticará
Profesores Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado

Chile es percibido en la región como uno de los países con menores índices de corrupción. Algunos casos recientes y la sensación pública que el problema es generalizado, puede hacernos cambiar de opinión sobre esta idea. Algunos medios internacionales han destacado que estos escándalos son una oportunidad, pero mal manejados pueden perjudicar la imagen de la institucionalidad en Chile.

De acuerdo al Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, los partidos políticos, parlamento y sistema judicial han ocupado los peores tres lugares en el ranking de instituciones más corruptas. Sin embargo, esto no es estático. En los últimos diez años, el chileno medio ha cambiado radicalmente su opinión sobre el grado de corrupción existente en el sistema educativo, instituciones religiosas, instituciones médicas y de salud, el sector empresarial y los medios de comunicación. Frente a los últimos escándalos de los sectores privado y público, uno no puede sino que reconocer la buena capacidad de medición del instrumento de Transparencia Internacional para sopesar la cambiante percepción del público.

¿Por qué nos llama la atención y nos sigue asombrando que dichas situaciones se hayan gestado, si en nuestra vida cotidiana vemos situaciones de tráfico de influencia y abuso de poder, que culturalmente parecen ser aceptadas en todos los niveles socioeconómicos y en las situaciones más diversas? Desde apitutarse para lograr matricular a un niño en un colegio, hasta las altas tasas de evasión que se registran en el Transantiago, o el pago de imposiciones en base a salario mínimo –o a veces incluso no pago- a las trabajadoras del hogar (en donde una parte paga menos y la otra no quiere perder beneficios sociales). Sin dramatizar, debemos cuestionarnos sobre la probidad del chileno promedio.

La actual crisis puede ser una buena oportunidad. Chile ha destacado claramente en la generación de instituciones formales (reglas, leyes, constituciones), como las describe Douglas North (Premio Nobel de Economía 1993). Pero no lo ha logrado en las informales (normas de comportamiento, convenciones y códigos autoimpuestos de conducta). Los ejemplos son variados en todos los ámbitos: el ocultamiento de información para la Ficha de Protección Social, el uso de fondos para fines distintos a los que fueron previstos (la reconstrucción post terremoto del 2010 nos dejó otro escándalo), el sistema de Alta Dirección Pública con sus constantes pedidos de renuncia frente a cada cambio de gobierno; ternas para cubrir puestos y la sospecha que ya está escogida la persona; las sociedades entre cónyuges simplemente para bajar la carga tributaria; por nombrar sólo algunos casos.

El paso al desarrollo, no depende solamente del nivel del PIB per cápita, sino fundamentalmente de aquellas limitaciones informales de las que habla North. La ausencia de éstas opera microscópicamente carcomiendo los avances en productividad (incrementando los costos de transacción, transformación y producción en palabras de North). Si no avanzamos en la generación de códigos autoimpuestos de buena conducta en lo público y en lo privado, estaremos condenados a seguir en la “trampa de los ingresos medios” avanzando en forma mediocre.

Por Consuelo Silva B.* y Pablo González M.** *Ph.D. en Economía, Tilburg University. Profesora de la Facultad de Economía y Negocios Universidad Alberto Hurtado. **PhD en Economía, Texas A&M University. Profesor de la Facultad de Economía y Negocios Universidad Alberto Hurtado**

Publicado en revista Observatorio Económico Nº 83, 2014.

La necesidad de una reforma tributaria en Chile ya no parece estar cuestionada. A pesar de los buenos indicadores respecto al crecimiento del PIB, la desigualdad en nuestro país sigue en niveles elevados, por lo que, desde el punto de vista de la sociedad, resultan imprescindibles cambios de políticas que ayuden a corregir este problema. Según datos de la OECD al 2011, el coeficiente Gini , se ubica a Chile, en torno a 0,50, nivel bastante más elevado que la mayoría de los países miembros.

Dentro de las políticas que se deben reformular, aparecen como prioritarias políticas públicas tendientes a fomentar el acceso para todos a una educación de calidad, la generación de mejores oportunidades laborales, y el aseguramiento de mercados más competitivos. En ese marco, dicha reforma es fundamental para crear una fuente de fondos permanentes.

¿En qué consiste el corazón de la reforma tributaria? Sus objetivos están centrados en el financiamiento de mayores gastos permanentes, el logro de mayor equidad tributaria, la corrección de externalidades, la instauración de incentivos al ahorro y la inversión, la recuperación del balance fiscal estructural y la reducción de la evasión y elusión impositiva.

En lo referido a la equidad tributaria, evasión y elusión de impuestos, el proyecto busca una importante imposición a los contribuyentes con mayores ingresos. Una de las grandes fuentes de elusión de impuestos surge de la omisión del pago del impuesto a la renta personal. En el sistema actual, los propietarios del capital deben pagar un 20% por las utilidades de su empresa (impuesto de primera categoría) y, como máximo, un 40% de impuesto a la renta personal si es que las utilidades son retiradas de la firma (impuesto global complementario). Si no lo son y en cambio, se mantienen dentro de la empresa para ser reinvertidas o como ahorro (FUT), estos retornos no pagarán el impuesto global complementario, sino sólo el impuesto de primera categoría.

La retención de utilidades sin pago de impuestos brinda a las empresas recursos internos para futuras inversiones. Sin embargo, el sistema actual permite que muchas sociedades que utilizan el FUT, en lugar de ahorrar o reinvertir estos recursos, destinen dichos fondos para gastos personales de los socios, los que al no retirar formalmente este dinero de la empresa, eluden el pago del impuesto a la renta personal. Para eliminar este vicio del sistema, la nueva reforma elimina el FUT introduciendo el pago de impuestos personales en base a las utilidades devengadas y no en base a las utilidades retiradas (adicionalmente, la reforma aumenta el impuesto de primera categoría de 20% a 25% y disminuye el límite superior del impuesto a las rentas personales desde 40% a 35%). De esta forma, el pago del impuesto a las personas deberá cancelarse inmediatamente y no ser postergado indefinidamente, como ha sido hasta ahora. Es importante tener en cuenta que dicho pago de impuestos personales en base a utilidades devengadas modificará los incentivos a eludir. En particular, acrecentará los incentivos a imputar como gastos de la empresa, gastos personales de los socios y con el fin de rebajar el pago del mayor impuesto. Por esta razón, la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos jugará un rol importante.

Se ha argumentado que el pago de impuestos en base a utilidades devengadas limitará la capacidad de inversión de las empresas. Esto surge a raíz de equiparar la carga tributaria entre utilidades retenidas y distribuidas a los socios, incentivando estas últimas y reduciendo la disponibilidad de fondos internos para invertir.

En el mundo de Modigliani y Miller (The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment) el financiamiento externo e interno son sustitutos perfectos. Por lo tanto, ante una situación de menores fondos internos disponibles, las empresas podrían sustituir financiamiento con capital por financiamiento con deuda. Esto no afectaría las decisiones de inversión. Entonces la afirmación sobre la menor inversión a raíz de la reforma estaría errada. Sin embargo, en nuestra economía existen impuestos y asimetrías de información, por lo que el Teorema de Modigliani y Miller no se cumple.

Los gastos financieros de la deuda reducen la base imponible de las empresas, lo que se traduce en un beneficio tributario para la firma. Este beneficio reduce el costo neto de la deuda, favoreciendo el financiamiento externo con deuda.

También, existen asimetrías de información que influencian negativamente la decisión de las firmas de financiarse con fuentes externas para costear sus proyectos. Según la teoría de “pecking order” (Myers y Majluf )¹ las firmas pueden abstenerse de financiarse externamente si la asimetría de información es muy significativa, afectando negativamente el costo de financiamiento externo. En este caso, las empresas verían restringidas sus posibilidades de financiamiento externo, lo que limitaría su capacidad para llevar adelante, incluso proyectos que tengan valor presente neto positivo.

Por tanto, el efecto de la reforma sobre la inversión a nivel de empresa no es claro. Los datos pueden dar alguna luz al respecto. ¿Cuáles han sido las empresas que, hasta ahora, han usado el FUT? Según datos proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos, el uso del FUT está concentrado en un 50% en grandes empresas, casi un 40% en sociedades de inversión, 5% en medianas empresas y un 5% de micro y pequeñas empresas. Es decir, el FUT ha sido utilizado principalmente por empresas grandes.

Para estas empresas, las asimetrías de información son menores lo que les permite sustituir financiamiento interno por financiamiento externo con mayor facilidad, asegurando que los proyectos rentables sean aún llevados a cabo. Adicionalmente, el financiamiento con deuda permitirá a las empresas deducir de sus utilidades el pago de intereses, con el consiguiente beneficio tributario que esto genera. En este sentido, el efecto en la inversión para empresas grandes que usan el FUT no es necesariamente negativo.

¿Qué pasará con el 5% de empresas más pequeñas que usaban el FUT? Estas son las que enfrentan mayor dificultad para financiarse externamente debido a la mayor asimetría de información que ellas asumen. Para compensar esta desventaja, el proyecto de reforma tributaria establece que tendrán la posibilidad de realizar depreciación instantánea, reduciendo los primeros años del proyecto, la base imponible lo que podría compensar el mayor costo de financiamiento.

Existen estudios empíricos que en esta materia muestran resultados mixtos con respecto a los efectos de alzas de impuestos en la inversión de las empresas en nuestro país. Esto debido a las distintas muestras de firmas incluidas y las metodologías utilizadas. Sin embargo, el estudio realizado por Cerda y Larraín (2005)², muestra evidencia en sintonía con el argumento expuesto en el párrafo anterior. Los autores no encuentran efectos negativos significativos en la inversión para empresas grandes por el alza de impuestos, pero, sí un efecto negativo en la inversión para las empresas pequeñas que dependen del nivel de desarrollo del sistema financiero. En particular, un mayor desarrollo financiero disminuye el efecto negativo sobre la inversión. Los autores demuestran que un aumento en impuestos de un 10% disminuye la inversión como stock del capital entre un 0.6% y 2.5%. El estudio se basa en datos obtenidos durante los años 1981 y 1996 y el sistema financiero ha experimentado un desarrollo importante en los últimos 15 años, por lo que se esperaría que el efecto negativo en la inversión en empresas pequeñas sea menor que el encontrado en este estudio. Adicionalmente, el efecto negativo se vería contrarrestado por las medidas de fomento a la inversión de estas empresas como la depreciación instantánea mencionada anteriormente. Es importante también considerar el efecto de las expectativas. En el corto plazo, la incertidumbre con respecto a los recursos futuros disponibles en las empresas puede llevar a una disminución de la inversión en el presente. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia internacional significativa sobre este efecto. De todas formas, si este fuera el caso, el efecto negativo no permanecerá en el largo plazo.

ALZA DE IMPUESTOS Y CRECIMIENTO
Más allá del puzzle sobre los efectos del financiamiento de la inversión con la eliminación del FUT y el cambio de base devengada para el impuesto a la renta, debemos evaluar también las posibles consecuencias sobre el crecimiento de largo plazo de la economía, tema relevante para alcanzar un nivel de bienestar que nos asemeje a las economías más desarrolladas.

Hay que entender que el crecimiento requiere de mejoras tecnológicas, de gestión y de innovación. También de acumulación de recursos humanos, especialmente a través de incrementos sustantivos de capital humano, de recursos energéticos (como factor crítico que acompaña estos procesos de crecimiento) y de acumulación de capital físico, es decir, de inversión.

Al hablar de inversión, es relevante tener en cuenta que la evaluación de los proyectos implica el análisis de la rentabilidad neta de impuestos y de los riesgos asociados a la actividad en particular , además del ambiente económico, social, político que definen el desarrollo y estabilidad institucional. A este respecto, cabe destacar que un cambio en la estructura del sistema tributario no implica necesariamente incertidumbre, salvo que la discusión se mantenga en el tiempo en forma prolongada. Un cambio por única vez no es un riesgo.

Lamentablemente la literatura económica es muy limitada aún para evaluar los efectos de cambios impositivos que busca esta reforma y el crecimiento que se tendrá en el largo plazo (nivel del PIB en las próximas décadas).

En el ámbito interno, un trabajo publicado por Harald Beyer (Sobre impuestos, desigualdad y reforma tributaria) en abril recién pasado, da cuenta que “(la carga tributaria) a juzgar por la evidencia disponible, es más bien un asunto de preferencias y no necesariamente un requisito de desarrollo”. Más allá de los cuestionamientos que pudiera hacerse sobre confundir simples correlaciones con causalidades, se presenta un gráfico (página 10 del estudio) que relaciona las variaciones en ingreso per cápita y de carga tributaria para países de la OECD entre el momento que tenían el ingreso actual de Chile y los años 2011-12 en el que se evidencia causalmente, que no pareciera existir una correlación fuerte. Pero, si uno compara el grupo de países que bajaron su carga tributaria, con respecto a aquellos que la incrementaron levemente (menos de 5% del PIB), este segundo grupo demuestra haber tenido un incremento significativamente mayor (casi del doble en promedio) del ingreso per cápita. Esto sin embargo, no es argumento para justificar la reforma, sino que es un llamado de atención a la necesidad de comprender mejor dichos fenómenos.

En ese sentido, los trabajos de Romer y Romer³ y de Perotti presentan mejores fundamentos, pero no son los suficientemente claros. Los primeros reportan un efecto negativo de una mayor carga tributaria sobre el PIB, pero ellos mismos reconocen que los intervalos de confianza para sus estimaciones son sumamente amplios, cuestionando la capacidad predictiva de sus modelos. El trabajo de Perotti, siendo quizás, más preciso en algunos aspectos, considera que un incremento de los impuestos equivalente al 1% del PIB genera una caída del nivel del PIB del 1,3% en un plazo de 3 años. En el caso chileno, esto significaría que la reforma que pretende recaudar un 3% del PIB, haría caer el PIB en casi 4% de aquí al 2018. Pero lamentablemente Perotti no explica los efectos sobre la tasa de crecimiento de largo plazo.

Esto cobra aún más relevancia cuando consideramos que -si los recursos de la reforma tributaria serán utilizados para generar mayor equidad y movilidad social- van a favorecer el crecimiento genuino. Así lo afirman Berg y Ostry (2011), al señalar que, asegurar periodos de crecimiento más extensos es más importante que simplemente dejar que el crecimiento se dé por sí solo y que los países con mejores distribuciones del ingreso tienden a crecer por periodos más largos.

En definitiva, poco aporta la literatura respecto a las consecuencias de esta reforma. Poco es también, lo que ha hecho el gobierno, la oposición y los distintos actores políticos y sociales para contribuir seriamente al debate. Se debe informar con estudios y modelos con datos abiertos y ponerlos a disposición de la sociedad para que puedan cotejarlos. La reforma es una apuesta que debe ser pensada a fondo. Esto no invalida que el país pueda darse esta chance, aún sabiendo que los resultados serán inciertos.

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1. Myers, Stewart C.; Majluf, Nicholas S. “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”.
Journal of Financial Economics 13 (2): 187–221, 1984.
2. Cerda, R., Larraín, F. Inversion privada e impuestos coorporativos: Evidencia para Chile, Cuadernos de Economía, Vol. 42 (Noviembre), pp. 257-281, 2005.
3. Romer C. y D. Romer, “The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks”, American Economic Review; Vol.100 (3), June 2010, pp. 763-801.
4. Roberto Perotti, “The Effects of Tax Shocks on Output: Not so Large, but Not Small Either”, American Economic Journal, Economic Policy, Vol. 4, Issue 2, 2012; pp. 214–237.

Por Pablo Gonzalez* y Felipe López**
*Ph.D. in Economics, Texas A&M University. Profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado.
**Estudiante de Ingeniería Comercial, Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado.

Artículo publicado en el Observatorio Económico N° 78, Diciembre 2013.

Al momento de la publicación de esta columna, el Banco Central ya habrá presentado su último Informe de Política Monetaria (IPoM) y, después de la discusión de todos los años, el Presupuesto 2014 habrá sido aprobado por el Congreso. Por la formalidad del procedimiento y el esfuerzo que implica realizarlo, Chile es, quizás, uno de los países en Latinoamérica que destaca por la legitimidad que han alcanzado ambos documentos, convertidos en verdaderas instituciones que dan soporte a la estabilidad económica y política. Sin embargo, no está del todo claro que estén cumpliendo con sus cometidos.

Empecemos por el IPoM, publicación que juega un rol fundamental en presentar el escenario en el cual se ha llevado a cabo la política monetaria en el pasado reciente y en fijar los posibles caminos a seguir, considerando tanto los factores internos como externos a la economía nacional. “El Informe de Política Monetaria tiene como propósitos principales los siguientes: (i) informar y explicar al Senado, al Gobierno y al público general la visión del Consejo del Banco Central sobre la evolución reciente y esperada de la inflación y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria; (ii) exponer públicamente el marco de análisis de mediano plazo utilizado por el Consejo en la formulación de la política monetaria; y (iii) proveer información útil para la formulación de las expectativas de los agentes económicos sobre la trayectoria futura de la inflación y del producto”, es su definición en el sitio web del Banco Central.

De lo anterior se desprende que los argumentos presentados por el Banco Central en el IPoM son relevantes para comprender la economía en el corto plazo.

Nadie puede objetar que un presupuesto hecho a cabalidad responde tanto a los lineamientos macroeconómicos que el gobierno quiera imprimir en su gestión como a los fundamentos de su política de financiamiento de las iniciativas que considere apropiadas. Tanto los gastos como los ingresos del Estado cumplen el doble juego de aportar a la estabilidad macroeconómica y de cambiar condiciones, costos y/o precios a nivel microeconómico. Dentro de ese contexto, la implementación de la política fiscal en un marco de balance estructural juega un rol fundamental para el mediano y largo plazo.

EL CASO DEL BANCO CENTRAL
Uno de los principales productos que el Informe de Política Monetaria presenta al Congreso son las estimaciones respecto al nivel de actividad durante el año en curso y las previsiones para el siguiente. Esta es información que permite a los agentes económicos formular sus propias predicciones respecto al futuro. Los inversores, por ejemplo, la utilizan para decidir si retrasar o acelerar sus proyectos; las familias, respecto a un posible endeudamiento, etcétera.

Si bien a través del tiempo los meses en los que se presentaban estos IPoM han variado, prácticamente en cada trimestre disponemos de una estimación para el crecimiento del PIB para el año en curso proporcionada por el IPoM y, a fines de año, la primera valoración para el año siguiente. En forma sistemática, el Banco Central informa el rango dentro del cual estima que se ubicará dicho crecimiento. Por ejemplo, en página 30 del informe del pasado septiembre se expresaba: “En el escenario base, el PIB de Chile crecerá entre 4,0 y 4,5% en el 2013. Este rango está dentro de lo considerado en el IPoM de junio. Para el 2014, se estima que el crecimiento estará en un rango entre 4,0 y 5,0%”.

¿Estaría el Banco Central particularmente interesado en publicar predicciones desconectadas con lo que se espera en realidad? Pues en principio, desde el punto de vista teórico, hay varias. Para batallar con ello, la independencia del Banco Central es un factor fundamental, aunque no resuelva todo. Por los efectos negativos sobre las expectativas de crecimiento y el comportamiento de los productos, es difícil pensar que una autoridad económica pudiera revelar crudamente la profundidad de una crisis en ciernes dado que podría sesgar las expectativas en forma negativa y, en consecuencia, adelantar las caídas en producto. Como también lo es que anuncie una recuperación mucho más fuerte de lo que el mercado espera, lo que podría inducir a pensar en un rápido recalentamiento de la economía y, por lo tanto, generar tasas de inflación más elevadas.

El análisis de los datos recogidos desde el año 2003 (con la salvedad de que hay pocas observaciones disponibles) no indica una predisposición del Banco Central a disminuir la “gravedad” del ciclo para sesgar expectativas. Sin embargo, es posible pensar que, a través del IPoM, al menos se está entregando información parcelada. Como dijimos anteriormente, el Banco Central realiza sus estimaciones de nivel de actividad en forma de un rango. Su comportamiento ha sido sistemático en los últimos diez años. Al estimar la tasa de crecimiento esperada para el PBI para cada año, el “ancho” del rango de estimación sigue un patrón. Las estimaciones hechas en el último trimestre del año anterior y en el primero y segundo trimestres de cada año es constante e igual a 1%. A partir del tercer trimestre ese “ancho” cae a 0,5%. En un párrafo anterior, por ejemplo, vimos que en septiembre se esperaba un crecimiento para el 2013 entre 4,5% y 5,0%.

La caída en la amplitud de este rango es lógica. No es lo mismo estimar el crecimiento del PIB en marzo que en septiembre, dada la acumulación de información y el más corto horizonte de predicción. Lo inexplicable es por qué el rango es constante. En este sentido, podemos suponer que el Banco Central está recortando información que puede ser importante para el mercado. Al hacer una predicción de una variable se tiene un margen de error. Existe una probabilidad asociada a que la variable se observe dentro de ese rango. O el Banco Central mantiene constante la amplitud de este rango y por lo tanto informa la probabilidad de que el PIB efectivamente se inscriba en él, o deja constante la probabilidad y por lo tanto el ancho de la banda es el que va cambiando en el tiempo.

Aunque pudiera parecer menor, esta decisión brindaría mejor información al mercado y permitiría, a la vez, una evaluación de las estimaciones del Banco Central.

EL CASO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
En 2001, Chile adoptó una política de balance estructural como forma de ordenar sus cuentas fiscales y de garantizar el financiamiento, al menos en el mediano plazo, de los programas de gobierno. Esta política permite la acumulación de excedentes fiscales en periodos buenos del ciclo económico para ser utilizados en periodos de recesión económica.

Supongamos que estamos en presencia de un balance cero estructural, es decir, que los gastos e ingresos fiscales son iguales si la economía está en su senda de largo plazo. Si la economía se encuentra un poco más acelerada, estaremos por encima de la senda a largo plazo, el PIB será mayor y se recaudarán mayores ingresos. Pero esos ingresos extras no se pueden gastar: se deben guardar para el futuro, cuando la economía no esté en periodo virtuoso y, por lo tanto sus ingresos caigan, momento en que se podrá hacer uso de los ahorros acumulados. El nivel de gasto queda definido en función de lo que es sostenible en un mediano o largo plazo, sin importar el ciclo económico.

Es fundamental, entonces, estimar la senda de largo plazo de la economía y los ingresos que se recaudarían hipotéticamente. En el caso chileno, no sólo el nivel de actividad es un condicionante de los ingresos fiscales, sino también el precio del cobre. Es por ello que el Ministerio de Hacienda recurre a comités de expertos independientes (como forma de garantizar la no manipulación por parte del gobierno de turno de las cifras) que colaboran en la predicción del comportamiento del PIB tendencial y el precio del cobre en el mediano y largo plazo.

Este año, en el Comité Consultivo del PIB participaron 18 expertos a quienes se les solicitó estimar las tasas de crecimiento anuales 2013-2018 para la formación bruta de capital fijo, la fuerza de trabajo y la productividad total de factores (ver http://www.dipres.gob.cl/594/articles-105498_doc_pdf.pdf). En el caso del Comité Consultivo del Precio del Cobre, formado por 16 expertos, se le pidió estimaciones anuales del precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (BML) para el período 2014-2023
(http://www.dipres.gob.cl/594/articles-105499_doc_pdf.pdf).

Estas valoraciones son el insumo fundamental para construir la política de balance estructural que, en definitiva, fija el nivel de gasto público sostenible en el tiempo. Y es justamente aquí donde radica el problema. Si bien los esfuerzos del Ministerio de Hacienda en mejorar la metodología de estimación para el balance estructural han sido importantes desde la implantación de esta política (adhiriendo a metodologías empleadas en países desarrollados y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional), éstos se diluyen cuando se observa la calidad de las estimaciones realizadas por los “expertos”.

Cabe mencionar que el Gobierno recurre a un pool de expertos nacionales, a quienes les garantiza anonimato y, por lo tanto, su reputación no se ve afectada de ningún modo. Si bien es probable que realicen su trabajo a conciencia, surgen grandes dudas a partir de la observación de la información entregada por algunos de ellos. Si un profesor de economía enviara a sus alumnos la tarea de predecir la tasa de crecimiento anual para la productividad total de los factores, seguramente pediría que, junto a los resultados, enviaran sus códigos de programación para la estimación. Sin embargo, al observar la Tabla 1, lo más probable es que empezaría por evaluar cuidadosamente a los alumnos 1, 3, 5 y quizás el 4.

Como se ha comentado, los esfuerzos por lograr la mejor estimación posible del balance estructural han sido enormes, pero si esa metodología se ha nutrido de datos de dudoso fundamento, simplemente carecerá de sustento. Nada aún se ha comentado al respecto desde el Ministerio de Hacienda, ni siquiera a propósito de la reciente creación del Comité Asesor Fiscal, entidad que en su última acta de sesión del pasado 24 de septiembre (ver http://www.dipres.gob.cl/594/articles-109118_doc_pdf.pdf) se limita a dejar constancia que “cabe destacar que esta etapa de revisión por el Consejo Fiscal Asesor complementa la revisión previa de los parámetros estructurales claves sobre los que se construye el Presupuesto 2014: las estimaciones del PIB tendencial y del precio del cobre de referencia. Para estos efectos, el Consejo tuvo a su vista las planillas de cálculo y la argumentación enviada por los expertos. (… ) A la luz de los antecedentes revisados, el Consejo Fiscal Asesor estima que la Dirección de Presupuestos ha cumplido a cabalidad con la aplicación de la metodología de cálculo del balance cíclicamente ajustado y con la formalidad requerida…”.

El tremendo avance que Chile ha realizado en la definición de los procesos y formalidades que dan marco a la institucionalidad económica, destacables en el contexto latinoamericano, debe ser profundizado en algunos casos. En el caso particular de las proyecciones del PIB pareciera que estamos entre tinieblas. Las estimaciones que el Banco Central nos provee para entender la evolución futura esperada en el corto plazo no nos orientan sobre la probabilidad de que ese escenario se presente. Las estimaciones que permitirían comprender nuestra economía más en el mediano y largo plazo merecen dudas más que razonables respecto a los datos que las nutren. No estamos en presencia de la polémica por el Censo o por el IPC, pero las estimaciones oficiales del PIB requieren de mejor información, sin dudas.

Por Pablo Gonzalez M., Ph.D. en Economía, Texas A&M University. Profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado.

Artículo publicado en el Observatorio Económico N° 77, noviembre 2013.

Todo parece indicar que el factor de selección para el ingreso a las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), llamado “ranking de notas”, va a tener que ser considerado de aquí en adelante. Más allá de cómo se calcula, lo fundamental a destacar son las grandes deficiencias de las que parecen adolecer los argumentos y los estudios previos encargados por el Consejo de Rectores.

Actualmente el sistema incluye tres factores de selección que cada carrera de cada universidad fija en forma independiente, respetando ciertos límites que impone el CRUCH:
• PSU, Prueba de Selección Universitaria (que en sus distintas versiones recibe ponderaciones distintas en cada carrera de cada universidad).
• NEM, Promedio de Notas de la Enseñanza Media del alumno.
• Ranking, incluido recientemente y confirmado con mayor ponderación para el presente proceso de selección.

Antes de evaluar estos criterios, uno debe preguntarse cuál es el propósito de la existencia de una universidad y, en función de ello, determinar los criterios de selección. Aunque no vamos a mencionarla acá, hay suficiente evidencia empírica tanto nacional como internacional respecto a la capacidad de la educación para convertirse en un instrumento de movilidad social. Sin embargo, de allí a concluir que “el” objetivo de las universidades es la movilidad social hay un gran paso. Y quizás el cambio de ponderaciones en la selección de estudiantes dentro del sistema del CRUCH contiene parte de ese pecado.

No es la única confusión. En un trabajo publicado por el Centro de Políticas Públicas de la PUC los autores parecen confundir aún más los objetivos de la universidad. Textualmente, en página 6, afirman:
“La pregunta fundamental para las políticas públicas debería ser: ¿qué predictores de éxito académico son razonablemente conocidos como para que las políticas de acceso y de financiamiento se alineen y consideren?”.

Y, tal como estos mismos autores lo expresan en la página 5, pareciera haber evidencia de que las universidades han resignificado la excelencia académica como criterio de selección en pos del financiamiento: “Hasta ahora y desde la creación del AFI, muchas de ellas (las universidades) dan mayor ponderación a la PSU que a las notas, quizás para poder obtener estos recursos”.

En definitiva, es necesario aclarar que el financiamiento -tema abordado con distintos enfoques en los números de noviembre 2012 y marzo, julio y septiembre 2013 de este Observatorio Económico- y la selección de alumnos deben correr por sendas separadas. Si bien le corresponde al financiamiento facilitar el menú de opciones que los estudiantes enfrentan para elegir carreras y universidades, las instituciones no debieran escoger alumnos en función de la disponibilidad de recursos públicos sino en base a la idoneidad de los postulantes para con sus proyectos de formación profesional.

¿SEGUROS DE LOS RESULTADOS?
Las justificaciones para incluir el ranking de notas son varias y se basan, incluso, en experiencias internacionales. Sin embargo, falta una visión crítica al ponderar los resultados. En el caso de los análisis de casos internacionales, por ejemplo, no hay mención a las diferencias fundamentales en los criterios de selección, admisión y financiamiento de los sistemas de educación básica y media. En un sistema en donde prima la educación pública con criterio de asignación territorial de colegio, el ranking puede estar indicando algo distinto que en el caso chileno. Y cuando pasamos a la evidencia nacional, los estudios se han limitado a explicar las diferencias o aprensiones por pasar de experiencias pilotos a la implementación de un cambio que involucra a todo el sistema.

Quizás en este último camino se encuentran el trabajo de Francisco Gil et al. ya mencionado y publicado en la página web de la DEMRE “Efecto de la Incorporación del Ranking de Notas en la Selección Universitaria”; Tomás Larroucau, Ríos I y Mizala A., Agosto de 2013, (http://www.demre.cl/text/pdf/p2014/Informe_Ranking_200813.pdf.), que intentan medir cuántos alumnos se ven afectados (positiva o negativamente) por la inclusión del ranking de notas como factor de selección. Resumiendo las conclusiones2:

“Si bien el número de estudiantes que ingresó a alguna de las 33 universidades asociadas al proceso no aumentó significativamente producto de la inclusión del ranking (cerca de un 1% del total de seleccionados en el proceso de admisión 2013), sí se produce un efecto claro de movimiento de estudiantes al interior del sistema. Es decir, estudiantes que quedan seleccionados en una carrera distinta en el proceso de admisión 2013 debido a que se incluyó el ranking de notas (…) La incorporación del ranking de notas afecta de manera positiva a estudiantes con un mejor desempeño escolar (mayores puntajes ranking y notas de enseñanza media -NEM-), a mujeres, a estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados, de establecimientos con un mayor Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) y a estudiantes provenientes de familias de menores ingresos”.

Lo primero a resaltar es que, tal como se expresó al principio, pareciera que los efectos obtenidos no están en sintonía con lo que uno espera de un proceso de selección universitaria, sino que serían excepcionalmente positivos para políticas sociales y de género. También se observa que esos cambios, aun con las simulaciones hechas, carecen de significancia en la práctica. El autor reconoce que no ingresan un número considerable de nuevos alumnos al sistema, sino que esencialmente se movilizan dentro del mismo.

Hasta ahora, suponemos que estos resultados incluso son válidos, ¿pero realmente lo son desde el punto de vista científico?
Una mirada rápida sobre estos trabajos indica que, al parecer, han obviado lo que en economía llamamos la Crítica de Lucas (levantada por el premio Nobel de Economía 1995 Robert Lucas Jr., destacado por su contribución a la Teoría de las Expectativas Racionales) que, en palabras simples, postula que los actores dentro de un sistema reaccionan ante cambios estructurales.

Aplicado al caso del ranking de notas, significa que no podemos pensar, al realizar las simulaciones, que el comportamiento de alumnos, colegios, familias, universidades y carreras va a ser el mismo. Veamos algunos casos:

• El comportamiento de las universidades y carreras: si bien el CRUCH pone límites a las ponderaciones de cada uno de los factores de selección, las carreras dentro de una universidad tienen la capacidad individual de ponderar distinto, de subir o bajar los exispuntajes
PSU mínimos requeridos. Lo anterior debe considerarse en un marco en el cual se evalúa el posible comportamiento estratégico respecto a sus competidores. Las simulaciones presentadas en los trabajos mencionados no dan cuenta de estas interacciones.

• El comportamiento de los colegios de enseñanza media: apenas el ranking fue oficializado, algunos colegios afirmaron que inflarían sus notas, una evidencia clara de que la Crítica de Lucas debe considerarse. Lamentablemente ese anuncio fue poco feliz por dos razones: porque sería poco ético y porque manifiesta la miopía de los directivos. Subir las notas en 2013 beneficia a los alumnos de la presente generación, pero eleva el estándar para las generaciones siguientes del mismo colegio. Adicionalmente, la medida anunciada podría tener otro efecto: por ejemplo, que un colegio de rendimiento tradicionalmente mediocre en la PSU tratara de enviar a sus alumnos a “universidades de calidad” elevando las notas de los mejores alumnos, para lo cual tendría que condenar al resto del curso a notas bajas. En otras palabras, el ranking de notas generaría más dispersión de notas que lo justo. Paradójicamente, quizás algunos colegios particulares o subvencionados que eliminan secciones para quedarse con los mejores alumnos solamente en tercero o cuarto medio, ahora necesiten retener a los “peorcitos” para reposicionar a sus estrellas.

• El comportamiento de las familias: A nivel de focus group y en algunas líneas de investigación, existe evidencia anecdótica respecto al fuerte sesgo con que las familias de menores recursos seleccionan a cuál de sus hijos van a financiar para que vaya a la universidad. Es esperable también que estas familias traten de enviar a sus hijos a un mejor colegio (si es que entendemos mejor como más alto PSU y/o SIMCE) para incrementar la probabilidad de que llegue a ser profesional. De hecho, una buena parte del movimiento se da en el cambio entre 7º y 8º básico. La familia podría preguntarse para qué llevar al niño a un colegio mejor donde pueden caer sus notas y. por lo tanto, su ranking. ¿Veremos menos movilidad entre colegios, se generará una corriente en el sentido de buscar un colegio en el que sobresalga mi hijo sin importar si está aprendiendo y esforzándose en adquirir hábitos de estudio?

• El comportamiento de los estudiantes: obviamente que la inclusión del ranking genera ahora una mayor competencia entre compañeros de generación de un colegio. Quizás este es un punto en el cual tienen razón los estudiantes que actualmente se quejan de lo apurado de la implementación. Si ellos hubieran sabido esto al momento de elegir su colegio de educación media o su esfuerzo de estudio, su situación sería distinta, a pesar de que se haga en base a tres generaciones.
Como vemos, existen muchas preguntas y una total falta de ponderación de los resultados de estas simulaciones. Aun si ningún actor en el sistema cambiara su comportamiento, los resultados de la implementación del ranking de notas son cualitativamente casi obvios y cuantitativamente insignificantes, según palabras de uno de los autores citados.

Incluso admitiendo la importancia de los criterios de inclusión social, llama la atención la falta de evaluación de otras alternativas. Si la dimensión de género es importante, o lo es la procedencia de colegios municipales, ¿pudo haber sido mejor apuesta la instauración de sistemas de cuotas?

Con más tiempo, podría haberse dado el espacio para los cambios de malla o política de acompañamiento que permitieran la nivelación de estos nuevos estudiantes universitarios, que así se habrían evitado el costo de un primer año en desventaja respecto a quienes sólo les bastó la PSU o la frustración e incapacidad para afrontar el proceso de formación.

Queda la sensación, entonces, de que este cambio en el ingreso a las universidades carece de fundamentos sólidos y que fue realizado en forma apresurada sin contar con objetivos bien definidos. Lamentablemente, si es que tienen una mirada de política pública, estos trabajos tampoco se hacen cargo de aquellos que quedan fuera del sistema del CRUCH.

En definitiva, y parafraseando el título de un libro sobre evaluación de las políticas públicas en el mercado laboral chileno, lo que se viene a la mente es que estamos “entre las buenas intenciones y las buenas soluciones”.

¿CÓMO SE CALCULA EL PUNTAJE DEL RANKING DE NOTAS?
Gran parte del problema de la aplicación del ranking de notas es que una fracción no menor de personas no entiende cómo se calcula. El siguiente ejercicio ejemplifica 5 casos.

En principio, el ranking de notas es un factor de selección que tendrá variación entre 208 puntos y 826 puntos, tal como es la escala de otro factor de selección, la Nota de Enseñanza Media (NEM).
La NEM resume el comportamiento del alumno a lo largo de su paso por la educación media. Parte de 4,0 y termina en 7,0. Vamos a suponer cinco alumnos de un mismo colegio. Los datos del colegio y de cada alumno están sintetizados en las tablas que siguen.

Para convertir el promedio de las notas de enseñanza media del alumno al puntaje NEM (PSU equivalente) en el rango 208/826, la fórmula a aplicar es:

Para el caso de Manuel, esto sería:

Si alguien tuviera como promedio de su paso por la enseñanza media un promedio de 4,0, obtendría simplemente 208 de puntaje NEM y en el caso de alguien con promedio 7,0 lograría los 826 puntos.

Pero, ¿cómo se calcula el puntaje para el ranking? Para cada una de las tres generaciones anteriores se necesita saber el promedio de notas en la enseñanza media del mejor alumno y el promedio de notas de todos los alumnos de cada generación. En ambos casos se calcula a su vez el promedio. Hay dos casos que son muy simples y otros más complicados.

• Si el promedio de notas de un alumno es menor al promedio del promedio de notas de cada una de las tres últimas generaciones (5,7 en la tabla), tal como es el caso de Manuel (con 5,5), ese alumno tiene un puntaje ranking igual al puntaje NEM, es decir 515 puntos. En este caso, se aumenta la ponderación al NEM en los criterios de selección en detrimento de la PSU.

• Si un alumno, como es el caso de Marcela (con NEM 6,3), supera al promedio de los mejores alumnos de cada generación, su puntaje ranking será el máximo puntaje NEM, es decir 826.

• Para los casos intermedios, como el de Pablo, con NEM que supera al promedio del promedio de cada generación (5,7) pero está por debajo del promedio de los mejores alumnos de las tres últimas generaciones, el puntaje se encontrará entre:

– El puntaje NEM del promedio del promedio de cada generación. Este es el caso de Claudio que justo tenía una NEM de 5,7 y su puntaje NEM sería de 556.
– El puntaje NEM del promedio de los mejores alumnos. Este es el caso de Carolina, con NEM de 6,2 y que le corresponde un puntaje NEM de 826.
– En estos casos intermedios, como lo es el de Pablo (con 6,0) la fórmula es la siguiente:
En definitiva, incluir el criterio de selección por ranking de notas mejora la posición relativa de todos aquellos que superan al promedio del promedio de notas de las últimas tres generaciones, como el caso de Marcela.

1 “Ranking de las Notas: Inclusión con Excelencia”; Francisco Gil, et al., Serie Temas de Agenda Pública, Nº 60, Año 8, mayo 2013.
2 Ver http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/estudio_sobre_el_efecto_de_la_incorporacion_del_ranking_de_notas_en_la_seleccion_universitaria_determina_que_mejoro_la_equidad_del_sistema/.

Por Pablo González M., PhD in Economics, Texas A&M University. Académico de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado.

Artículo publicado en el Observatorio Económico N° 76, octubre 2013.

Julio, agosto y septiembre son, típicamente, meses complicados para China por los fuertes vientos cargados de humedad, conocidos como tifones, que azotan al país. Este año, a las nubes habituales se sumó otra, pero proveniente del campo económico. Aunque las primeras observaciones permiten descartar las posibilidades de una baja en la actividad china que pudiera poner en riesgo a sus socios comerciales y a la economía mundial, los efectos del tifón sobre un sistema que ha crecido sostenidamente en las últimas dos décadas a tasas cercanas –y, en algunos periodos, mayores– a los dos dígitos implicará un ajuste en las proyecciones de mediano plazo para Chile y una planificación ejemplar a nivel microeconómico.

En la última década, y en especial durante los últimos años, la economía china ha sido motorizada por un proceso de inversión que logra explicar casi el 50 % del crecimiento de este país y que ha sido dirigido a través del sistema financiero hacia grandes conglomerados estatales, con condiciones envidiables de tasas indirectamente subsidiadas. En efecto, una oferta cautiva de depósitos hacia el sector financiero y con tasas reguladas en bajos niveles es lo que permitió generar disponibilidad de fondos prestables en condiciones muy convenientes, sin mayores restricciones y/o evaluación de los proyectos.

Los riesgos sobre el sistema financiero chino, con una cartera de crédito que podría evidenciar problemas -y la posibilidad de crear sobrecapacidad dadas las condiciones de la economía mundial-, motivaron la decisión de las autoridades económicas de ese país de comenzar a limitar el crédito para inversión. A partir de entonces, la demanda por inversión debiera reducirse al compás de las limitaciones al crédito (aunque no existen indicios de una menor demanda hasta el momento) y así dejar paso para que sea el consumo el componente que lidere el crecimiento del gigante asiático.

Pero el cambio no es tan simple: aquella tendencia a crecer por encima del 10 % parece ya historia y las proyecciones de mediano plazo de distintos actores, organismos multilaterales y de las propias autoridades chinas hablan de un aterrizaje hacia un 7 % o 7,5 %. En definitiva, debiéramos esperar una economía china que siga virando desde la inversión hacia el consumo (con menor dependencia del crédito) y con un incremento de la participación del sector servicios, el cual ya ha superado al sector industrial manufacturero en cuanto a participación dentro del PIB.

CHILE, ¿DÓNDE ESTAMOS?

Casi en forma contemporánea al auge de los commodities, nuestro país avanzó hacia la liberalización del comercio con el gigante asiático. Hacia fines del año 2005, se firmó el Tratado de Libre Comercio, el cual fue ampliado en 2008 con el Acuerdo de Comercio de Servicios (vigente desde el año 2010) y el aún pendiente Acuerdo de Inversiones del año pasado, que espera aprobación parlamentaria. En el año 2012, China exportó productos por más de 190.000 millones de dólares e importó globalmente por algo más de 170.000 millones de la misma moneda. Su actividad comercialcon el resto del mundo ha crecido en los últimos cinco años al ritmo que lo ha hecho su economía, manteniendo el superávit de balanza comercial. Cabe mencionar que, en este contexto y según cálculos del Departamento de Estudios de la Dirección de Economía del Ministerio de Relaciones Exteriores, las compras globales chinas de cobre y sus manufacturas alcanzan a explicar apenas el 3,1 % de sus importaciones.

En el año 2012, el intercambio Chile-China totalizó casi 33.000 millones de dólares, confirmando el crecimiento explosivo de las relaciones comerciales con el país asiático desde la firma del Tratado de Libre Comercio de 2005. De los 18.218 millones de dólares que Chile exportó a China, prácticamente el 87 % corresponden a envíos de cobre y otros productos de la minería. Para ser aún más preciso: en el año 2012, 14.067 millones de dólares (poco más del 77 % de las exportaciones totales) se originan en los envíos realizados por un grupo de 13 empresas del sector minero. Por lo tanto, hablar del comercio con China y de la relación de este país con las perspectivas para la economía chilena implica concentrarse en los procesos productivos de este selecto grupo de firmas.

La relativamente calma desaceleración que se espera para la economía china genera escenarios diversos para la economía chilena. Analicemos cada uno de ellos.

Por un lado, el giro en el motor que propulsa el crecimiento chino desde la inversión hacia el consumo, sumado a los indicios que las autoridades económicas chinas han dado respecto a mayores libertades a inversores privados (no extranjeros), instalan un ambiente propicio para las exportaciones no mineras, varias de las cuales no presentan complementariedad con la producción china.

Aquellos otros sectores en donde la relación
de complementariedad pudiera ser mayor estarán sujetos también al comportamiento de la economía mundial. El comercio exterior chino depende crucialmente de la recuperación de las economías europea y norteamericana, principales destinos de su producción industrial. En el primer caso, si bien los indicadores de corto plazo permiten avizorar un respiro, la falta de cambios profundos tanto a nivel macroeconómico como de reformas micro mantienen las dudas sobre una recuperación con efectos de mediano plazo, al menos. Al otro lado del Atlántico, el cuadro parece ser mejor y más sólido, aunque por ahora los indicadores hablan de una lenta recuperación, a la cual la Reserva Federal aún teme perturbar.

LA POSIBILIDAD DE UN RESFRÍO

Un trabajo realizado por Lehmann, Moreno y Jaramillo en el año 2007 (“China, precios de commodities y desempeño de América Latina: algunos hechos estilizados”. Documento de Trabajo Nº 424 del Banco Central de Chile,) demostraba que los países proveedores de materias primas e insumos básicos adelantaban el ciclo de la economía china en, aproximadamente, uno o dos trimestres. En otras palabras, las actuales condiciones de Chile reflejarían, en cierta forma, lo que podemos esperar que ocurra con la economía china en el corto plazo. Los distintos informes del Banco Central de Chile, como el IPOM, por ejemplo, han ido reflejando esa realidad, con correcciones sistemáticas a la baja en las proyecciones de crecimiento para nuestra economía.

La baja probabilidad de una caída abrupta de la economía china hace pensar que, en general, el sector minero no debiera sufrir considerablemente. Los plazos de sus proyectos de inversión y las operaciones en el sector requieren de tiempo y no es lógico aventurar una sobrerreacción a este acomodamiento del país asiático hacia mayor sanidad financiera, en línea con tendencias de largo plazo sostenibles. Quizás aquellas explotaciones más maduras y/o con costos variables elevados serían las primeras en resentirse.

En otro sentido, el cambio hacia el consumo como impulsor del crecimiento puede generar una mayor demanda en el mercado mundial por petróleo y otras energías, con consecuencias directas sobre los costos de producción en Chile y el costo de la vida. A su vez, la contracara dada por la disminución en las tasas de inversión resentiría el precio del cobre, consecuencia que ya se ha evidenciado parcialmente en los mercados internacionales.

En definitiva, China sigue creciendo a menores tasas, es cierto, pero en sintonía con lo que podría considerarse sostenible en el largo plazo y con una cuota de prudencia y reacción frente a la cartera de deudores de su sistema financiero, reduciendo sustancialmente la probabilidad de un ajuste repentino. Pero ese cambio generará ajustes en las demandas por commodities que quizás no estén en línea con las necesidades chilenas.

Tal como lo expresamos anteriormente, los países proveedores de insumos, como lo es Chile respecto de China, se adelantan en el ciclo. La caída en el precio del cobre, que desde hace unos meses es evidente, anunciaba lo que posteriormente se ha conocido sobre la actividad económica chilena. El precio del metal, que representa casi el 90 % de nuestras exportaciones y que se concentran en un pequeño grupo de empresas, seguirá siendo el principal termómetro para el futuro económico de Chile.

Más gráfico aún: los autores del Banco Central antes mencionados estimaron que una caída de 1 % en la producción china podía generar variaciones en torno al 2,9 % en el precio internacional del cobre. En ese contexto, nuestro ojo está puesto en las posibles mejoras de productividad que tendrían que acometer aquel selecto grupo de empresas, en particular aquella que es la principal exportadora del país: Codelco. En este escenario de crecimiento moderado de China, los costos de producción en la minería se tornarán fundamentales. Lamentablemente sobre este tema no se han escuchado propuestas de los candidatos presidenciales, que sí se han expresado respecto a las grandes transformaciones en otros ámbitos que la sociedad demanda, pero quizás olvidando que una buena porción de los fondos para esos cambios provienen de un sector un tanto olvidado en la discusión pública.

Por Pablo González, PhD Texas A&M University, Profesor Facultad de Economía y Negocios Universidad Alberto Hurtado.

Artículo publicado en Revista Observatorio Económico Nº 71, mayo de 2013.

La discusión actual sobre los problemas en el INE y, en particular, respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha convertido en una verdadera ensalada de opiniones. Pero la pregunta de fondo está en el título de este artículo.

El IPC es, simplemente, una estadística que registra el comportamiento de los precios de un conjunto “básico” de bienes y servicios consumidos por las familias en el país. Es básico porque una cantidad enorme de bienes y servicios queda excluida por diferentes motivos, esencialmente por motivos de dificultad para relevar información en forma periódica y/o por la poca relevancia en el presupuesto familiar.

La información de cómo se compone esta canasta de bienes y servicios proviene de la Encuesta de Presupuestos Familiares, cuyo último relevamiento es del año 2007. En base a esta encuesta, que nos informa sobre el gasto de las familias chilenas (es decir, la cantidad multiplicada por su precio), construimos los pesos relativos que tendrá cada producto dentro del IPC.

Desde el punto de visto metodológico, por lo tanto, ya tenemos un problema. Un producto puede estar sobrevalorado en su participación dentro de la canasta original (la del año base) si es que el precio relativo del bien era inusualmente bajo o alto y condiciona su evolución hacia adelante. Vamos a dejar por ahora este inconveniente a un costado. Queremos volver a la pregunta del título.

Desde el punto de vista de la profesión económica, un índice de precios nos ayuda a comprender cómo el conjunto de precios de la economía se comporta en el tiempo. Pero para los agentes económicos tiene otro uso fundamental: la indexación de precios.

El supuesto fundamental implícito de un agente económico que acepta una indexación por IPC es que el precio relativo de su producto o trabajo, a lo largo de la vida de un contrato, no va a cambiar esencialmente. Para poner un contraejemplo: si una empresa que produce manzanas tiene expectativas fundamentadas de que el precio nominal de esta fruta va a subir en el plazo de un año más que proporcionalmente al resto de los precios de la economía, entonces no le sería conveniente poner el precio de las manzanas en UF porque estaría haciendo un mal negocio. ¿Por qué alguien que percibe salario mínimo y pertenece al primer quintil quisiera ver indexado ese salario a un IPC que atribuye una ponderación mayor a gastos de entretención y esparcimiento o a bienes y servicios tecnológicos que no consume1?

En su esencia, el IPC no refleja ni el costo de vida ni los costos de producción de nadie en particular. Es, simplemente, una aproximación. Si hubo algún error metodológico en el relevamiento de información o si se decide cambiar esas metodologías a partir de ahora, obviamente que estaremos perjudicando a unos y beneficiando a otros dependiendo del cambio que se realice.

A este respecto, un apartado que ha merecido la atención dentro de la discusión actual es el comportamiento de los precios de la vestimenta2. Se argumenta que la metodología utilizada quizás esté captando una reducción más allá de lo razonable de los precios de este grupo de bienes, empujando el IPC hacia abajo. La comparación con la evolución reciente de este rubro en otros países parecen soportar esta sospecha.

¿Es adecuado este criterio de evaluación? No tenemos argumentos en contra o a favor muy firmes, aunque debemos notar que los precios relevados surgen de equilibrios en mercados distintos con características propias de oferta y demanda. Para mencionar uno de esos condicionantes, vale recordar que Chile, en las últimas dos décadas -pero fundamentalmente en los 10 últimos años-, ha firmado una serie importante de tratados y acuerdos de integración económica y de libre comercio en forma bilateral. Estos acuerdos no generan cambios estructurales en un año. Las relaciones comerciales entre firmas requieren de tiempo y en ese sentido, por ejemplo, podríamos estar viviendo esos efectos en algunos grupos de productos.

Por lo tanto, la evaluación mediante comparación con otros países puede llevar a errores de apreciación si no se tienen en cuenta todos los factores que cambian en el tiempo y entre países y que afectan tanto a demanda como oferta de cada bien o servicio. Este tipo de construcción contrafactual puede ser peligrosa.

¿Y SI CORREGIMOS? ¿O MEJOR NO?
Admitamos por un momento que hemos estado observando mal el verdadero comportamiento de algunos precios por errores de metodología en el relevamiento de información. La pregunta sería entonces: si el problema fuera metodológico, ¿por qué no era observable antes este error? ¿Tendríamos que haber tenido un comportamiento respecto a otros países también distinto años atrás (ver gráfico)? ¿Hasta dónde debemos retroceder con las correcciones? Porque corregir solo hacia adelante es tan injusto como no hacerlo.

En definitiva, debemos ser cautos en los cambios y correcciones si queremos poder seguir la evolución de los precios a través del tiempo. Cambios frecuentes desvirtuarían la utilidad de estos índices como aproximación al comportamiento del costo de la vida.

Supongamos ahora que nunca nos diéramos cuenta de que hay o pudiera haber un error. ¿Habría perjudicados para siempre? La respuesta más sensata posiblemente es que no. En general, no existen contratos en la economía chilena con rigideces reales -un ejemplo claro de esto, son los planes de salud de las Isapres que fijan sus precios en UF- pero ese precio en UF puede cambiar al año si la entidad estima que no está cubriendo sus costos. Quizás los más afectados serían los contratos indexados a largo plazo, aunque en muchos de estos casos también se especifican o podrían especificar cláusulas de escape. Otro ejemplo son los créditos hipotecarios y los pagos por dividendo, que están establecidos en UF. Si efectivamente ha habido una subestimación del IPC se habría beneficiado a los deudores y perjudicado al sistema financiero. Pero si la evolución del IPC fuera correcta (o no nos diéramos cuenta de que teníamos un problema) los bancos corregirían sus tasas de interés de forma que estén más en línea con la real evolución de sus costos. De hecho, ese es el comportamiento que vemos detrás de la tasa de interés de las captaciones en UF.

¿Y para qué queremos un IPC? Generar cambios porque “creemos” que no está reflejando la realidad es un error. Es posible que hayan existido problemas de metodología al capturar los precios de algunos productos, pero introducir los cambios ahora puede dañar la utilidad de este indicador. Estudiar esos cambios con tiempo es una ventaja, pero quizás también debemos preguntarnos sobre los costos de introducirlos en este momento versus los costos de postergarlos para después de la próxima Encuesta de Presupuestos Familiares, que en definitiva nos informará nuevamente de cantidades y precios de los bienes y servicios que consumen las familias chilenas.

1 Casualmente, unos de los beneficios de la descentralización de las negociaciones colectivas respecto a salario, limitándolas a nivel de empresa, es que el mejor indexador para las empresas es el precio de su producto de venta.
2 Existen otros productos bajo observación y discusión también, como los tecnológicos, por mencionar alguno. Por razones de espacio nos limitaremos al caso de la vestimenta únicamente.