El académico de la Facultad de Economía y Negocios UAH fue entrevistado por CNN para referirse a la situación de la Siderúrgica Huachipato y su anuncio de reapertura, luego de la decisión de la Comisión Antidistorsiones de aplicar sobretasa al acero chino.

En una entrevista con CNN, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Nicolás Barrientos, se refirió nuevamente a la controvertida situación de la Siderúrgica Huachipato y la reciente decisión de la Comisión Antidistorsiones de imponer una sobretasa al acero chino.

Barrientos señaló que no veía justificación para la aplicación de una sobretasa, argumentando que «hay condiciones de competencia suficientemente adecuadas». El experto destacó la falta de información suficiente para afirmar que el mercado está distorsionado o que existe proteccionismo por parte del Estado chino.

“No existe la suficiente información para afirmar que el mercado está en una condición de distorsión, de que haya una especie de proteccionismo de parte del Estado chino: al revés. Si se aplicara una tasa mayor –una salvaguarda mayor– habría dos empresas altamente favorecidas: Molycop y Huachipato, que actuarían en condición de monopolio”, señaló.

En la misma línea, añadió: “Todo parece indicar que es muy difícil creer que estemos durante 15 años de dumping, que son más o menos los años que Huachipato lleva perdiendo consecutivamente. Desde el 90 ha presentado 12 recursos y se han aplicado sobretasas más grandes, del 40%, sobre el acero alambrado incluso. Y aún así no pudo mantenerse ni mejorar su condición competitiva respecto del acero chino. Al parecer hay algunos indicadores de ineficiencia que no han podido ser superados”.

Barrientos enfatizó que las sanciones antidumping deben basarse en información sólida y completa, algo que, según él, falta en este caso específico. Citó el acta 436 de la Comisión Antidistorsiones, donde se declara la insuficiencia de información para determinar la necesidad de aplicar sanciones.

“En este caso particular, a mi juicio, no se justifica la sobretasa porque hay condiciones de competencia suficientemente adecuadas. Sin embargo, en otras situaciones, los países lo hacen. Y para eso existen procedimientos y formas claramente establecidas”, puntualizó.

Revisa las declaraciones del académico aquí: 

En entrevista con CNN, el académico del Departamento de Gestión y Negocios de la FEN-UAH, comentó la actual crisis de la siderúrgica Huachipato, luego de que suspendiera sus operaciones por instrucción de su controlador, CAP. 

En una entrevista exclusiva con el programa Minería 360° de CNN, el académico de la Facultad de Economía y Negocios UAH, Nicolás Barrientos, analizó la situación crítica que enfrenta la siderúrgica Huachipato. Barrientos, se basó en experiencias, hechos y estudios para proporcionar su visión de los desafíos económicos y empresariales que enfrenta la empresa.

Barrientos señaló que el problema de Huachipato es multifactorial y arrastrado hace décadas. Desde la década del 90′, la empresa ha presentado numerosos requerimientos ante la Comisión de Antidistorsiones de Precios, principalmente relacionados con prácticas de competencia desleal. Aunque algunas medidas de protección se han aplicado en el pasado, como una sobretasa del 40% en 2016, no lograron mejorar la competitividad de Huachipato.

En ese tenor, el académico resaltó la falta de información completa sobre el mercado del acero, tanto a nivel nacional como internacional. Aunque la Comisión de Antidistorsiones tomó medidas, para el académico estas decisiones no fueron del todo acertadas, dada la incompletitud de los datos disponibles y la ausencia de un análisis exhaustivo del costo de producción.

En cuanto a la viabilidad futura de Huachipato, Barrientos expresó su preocupación por las consecuencias sociales y económicas de un posible cierre. Señaló que la empresa ha enfrentado pérdidas significativas en los últimos años, con proyecciones desalentadoras en ausencia de medidas de salvaguardia. Además, destacó la necesidad de un plan estratégico de desarrollo regional para mitigar el impacto en los trabajadores y la comunidad.

Revisa la entrevista completa aquí: 

El académico de la Facultad de Economía y Negocios UAH, Carlos Díaz, fue invitado al programa «Desayunos Informales» de Teledoce, en la televisión Uruguaya, para analizar la gestión y las políticas de seguridad del gobierno uruguayo, ante las noticias de homicidios en las últimas jornadas en aquel país.

Preocupación generó una serie de hechos violentos en Uruguay, durante la semana pasada. Concretamente, antes de que terminara el año, hubo nueve homicidios en cuatro días; todos en diferentes puntos del país y por diferentes motivos.

Para hablar sobre lo que está ocurriendo en aquel país, el programa «Desayunos Informales» del canal Teledoce, invitó a dos expertos, con la finalidad de descifrar y analizar esta problemática, la que se atribuye a un clima de violencia generada por grupos narcotraficantes. Uno de estos expertos fue Carlos Díaz, académico del Departamento de Economía FEN – UAH, quien es experto en Economía del Crimen. A él, se sumó  Gabriel Tenenbaum, sociólogo, investigador y profesor de la Universidad de la República.

En su primera intervención, el académico FEN señaló: «Cuando evaluamos políticas públicas, sea la que sea, en este caso seguridad; a mi no me interesa solamente el nivel que tengo de seguridad o si efectivamente acontecen 9, 10 o 14 homicidios en un período de tiempo determinado. Obviamente no es grato para las familias de las víctimas. Ahora, yo tengo que hacer una opinión profesional de eso, y lo que tengo que mostrar, siendo el Ministerio del Interior o un analista, es ‘qué hubiese pasado con los homicidios si es que no se hubiesen desarrollado las políticas públicas que estamos desarrollando ahora‘. Esa es la respuesta que deberíamos tener nosotros». 

Revisa el programa y las declaraciones de Carlos Díaz en este video: 

Por Pablo González, académico FEN – UAH.

El 10 de diciembre pasado, luego de los festejos y de los actos protocolares e institucionales propios de la toma de mando, comenzó el contacto del gobierno de Javier Milei con la realidad. Más allá de quién llegaba a la Casa Rosada, era lógico que la realidad se iba a imponer. No es necesario detallar una vez más el panorama. Quien fuese a ejercer el poder por los siguientes cuatro años tenía dos opciones: encaminarse definitivamente a una explosión inflacionaria o tomar la chance del reordenamiento económico con la posibilidad de una explosión político-social.

Durante la campaña, la propuesta de Milei se basó esencialmente en promover que los mercados funcionen como formadores de precios, de manera que indiquen —tanto a productores como a consumidores— cuáles son las cosas más o menos escasas en la economía. En otras palabras, que señalicen qué conviene producir y qué consumir, en función de qué se vuelve más caro o más barato.

A eso se sumaba la apertura comercial, la regularización de las tarifas de los servicios públicos; la eliminación de impuestos distorsivos y la simplificación tributaria. También la reorganización del Estado, la eliminación de pasivos remunerados del Banco Central que acrecientan la presión inflacionaria, la dolarización y la eliminación del Banco Central; así como la creación de un nuevo seguro de desempleo, que reemplace las indemnizaciones por despido.

Pero desde hace un par de semanas, Javier Milei ya no es un candidato aferrado a promesas y diagnósticos personales, sino una autoridad que debe dar cuenta de medidas pensadas a beneficio de la población general, aunque ajustadas tanto al marco constitucional como a la presión política fuera de su estricto control.

A menos de un mes de asumido el cargo hemos conocido ya parte de esas medidas, primero en palabras del nuevo ministro de Economía, Luis Caputo; luego, en ceremonia pública dirigida por el propio Milei. En ambos casos, se trata de un reordenamiento desregulatorio tan contundente como radical, recibido por reacciones acorde a su profundidad: desde el despertar de las movilizaciones hasta un (fugaz) respiro de alivio bursátil. A continuación, detallo parte de estas medidas en las más básicas divisiones del sector público y el privado:

1. SECTOR PÚBLICO: En el plano fiscal, se apunta a reducir los gastos del Estado, incluyendo la suspensión de la publicidad oficial, la reducción de la estructura organizacional del gobierno y la venta de algunos activos. Si bien estas medidas son de fuerte impacto comunicacional, la verdad es que posiblemente no hagan una gran diferencia. De hecho, hay que considerar que en Argentina el empleo público goza de estabilidad declarada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Quizás la medida fiscal más significativa hasta ahora sea la reducción de las transferencias discrecionales que hace el Estado Federal a las administraciones provinciales. Sin embargo, no es un punto fácil de ejecutar, considerando la necesidad del gobierno nacional de contar con apoyo en el Congreso.

El presidente Milei tuvo ya su primera reunión con las veinticuatro administraciones, y las declaraciones de los participantes no dan luces de un apoyo irrestricto a las medidas nacionales. De hecho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo que salir en la previa a pedir cautela a los gobiernos provinciales para que eviten la emisión de títulos de deuda propios similares a los que se emitieron para pagar salarios y gastos corrientes durante la crisis de 2001 (con una primera práctica en 1995) y que sirvieron de cuasimonedas.

Ante la imposibilidad de eliminar completamente el desdoblamiento cambiario, se procedió a una fuerte devaluación del dólar oficial, medida que tiene connotaciones fiscales positivas y le otorga grados de libertad al fisco. Por su fuerte impacto en el precio de los bienes comercializables con el exterior y la necesidad de recursos genuinos, se subieron los impuestos sobre el dólar importación y también los impuestos a las exportaciones —conocidas como retenciones— de algunos productos agropecuarios no tradicionales (esto levantó algunas voces por su contraste con el discurso de campaña sobre reducción de impuestos). Es una muestra clara de que la realidad a veces se impone.

El reordenamiento de precios relativos involucró la eliminación de los subsidios a los servicios de energía y transporte, aunque por ahora no hay claridad sobre el ajuste de tarifas. Esta medida por ahora reduce el desembolso del Estado, incrementando los costos para los consumidores. Pero lamentablemente no refleja una mejora en las cuentas de las empresas proveedoras de los servicios, sin la necesaria señal para que comiencen a evaluarse proyectos de inversión en infraestructura crítica.

2. SECTOR PRIVADO: Pero también hay ya cambios profundos para el sector privado bajo esta nueva administración. Los argentinos terminaron este 20 de diciembre (aniversario del levantamiento popular que llevó a la caída del presidente De la Rúa en 2021) recibiendo la noticia de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que borra casi por completo toda regulación en los mercados. Cabe recordar que, desde el retorno a la democracia, todas las administraciones han recurrido a este instrumento jurídico y a leyes de emergencia, por diferentes razones y sin mayores objeciones frente a su eventual inconstitucionalidad.

El paquete de medidas abarca prácticamente toda la actividad privada, estableciendo una casi completa liberación de los mercados de bienes y servicios, cambiando la estructura de las prestaciones en materia de salud y del mercado laboral. El rumbo se vislumbra en el sentido correcto: levantamiento de regulación innecesaria, flexibilidad para permitir a la producción adaptarse a señales del mercado y libre celebración de contratos. Sin embargo, deja entrever cierta despreocupación por las fallas de mercado. Aún si nos quisiéramos despreocupar de la existencia de los ciclos económicos y de la distribución del ingreso, en el campo más micro nos queda la existencia de posibles externalidades (recordar el comentario respecto al uso del agua de los ríos), la necesidad de provisión de bienes públicos y los mercados imperfectos, por mencionar aquellos con riesgo de ejercicio de poder monopólico y los problemas de información imperfecta, trayendo consigo situaciones de riesgo moral y de selección adversa, por mencionar algo. En Chile tenemos experiencia acumulada que nos recuerda que los mercados a veces necesitan ser regulados o controlados (isapres, AFP, papel higiénico, pollos, farmacias, etc.). Argentina carece completamente del andamiaje institucional técnicamente calificado, tanto en lo regulatorio como en la defensa de la libre competencia. Comenzar con ello después de desregular y privatizar puede revivir problemas de agencias y legislación dominadas por los regulados.

***

En este marco, hay dos comentarios que se pueden mencionar. Por un lado, la administración Milei deberá saber transmitir esperanza, que incentive a afrontar la crisis, pero a la vez comience a generar inversión en los sectores correctos según las señales de los mercados.

Pero en el otro lado de la cara, la publicación del DNU borra la esperanza de un camino que reafirme el valor de la institucionalidad y expone innecesariamente al gobierno a una gran victoria o una dura derrota si no logra ser aprobado en el Congreso. Hay voces, tanto políticas como de constitucionalistas, que cuestionan fuertemente los fundamentos para el uso de este instrumento en vez de llevar la discusión por el carril que establece la Constitución. En Argentina, el Poder Ejecutivo tiene dos formas de arrogarse facultades legislativas, normalmente prohibidas. Una de ellas son los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) (art. 99, inc.3 de la Constitución), los cuales deben ser ratificados en el Congreso al menos por una de las cámaras para quedar en firme. El segundo camino son leyes tramitadas en el Congreso en las que se declara una emergencia y se delegan algunas facultades legislativas acotadas al Poder Ejecutivo.

La realidad macroeconómica es que Argentina tiene un nivel de endeudamiento que exige recortes y reducir la carga del sector privado. En el pasado recurrió al default, cargando sobre acreedores externos. Pero resulta que hace casi dos décadas que no tiene relaciones significativas con el mundo financiero exterior. Por eso recurrió al endeudamiento interno y la financiación inflacionaria. La realidad micro es que la liberación de precios y desregulación significa una relocalización de factores productivos (capital y trabajo) que no se logra en el corto plazo. Los riesgos de un desempleo estructural creciente, en este cambio para comenzar a crecer, son grandes. El nuevo eslogan que señala que el sacrificio va a ser de corto plazo (un semestre, quizás) puede resultar caro para cuando lleguen las elecciones parlamentarias de medio término o incluso las ilusiones de continuidad en el poder para sostener la orientación.

Si una transformación es necesaria en Argentina es aquella que restablezca el respeto a las instituciones. Este DNU, si bien puede lograr los fines, puede ser también la marca final que demuestre que cualquier presidente puede hacer a gusto y placer. Esa fragilidad institucional puede comprometer el crecimiento de largo plazo al exponer a los inversores al humor del momento.

Argentina tiene un ambiente que nunca tuvo desde el retorno a la democracia: una convicción sobre alivianar la carga a los privados y la búsqueda de la productividad. Es necesaria apuntalarla con consensos para evitar los golpes de timón liderados por iluminados. En tal sentido, el DNU no es un «ancho de espada», en la jerga del truco (juego de cartas tradicional argentino). Si pasa el Congreso deja un mal precedente sobre precariedad institucional. Si es rechazado, deja excesivamente expuesto a un gobierno de cuatro años que aún no cumple un mes.

En este sentido, déjenme dejarles una recomendación de lectura que comenta sobre el valor que un liberal sudamericano reconocido, Mario Vargas Llosa, le otorga a la república y la democracia y que se plasma en esta oración: «Yo estaba de acuerdo con la economía de Fujimori, pero no estaba dispuesto a apoyar a alguien que quería cerrar el Congreso».

Lee aquí la columna en CIPER

Por Eduardo Saavedra, Ph.D. en Economía de Cornell University. Decano de la Facultad de Economía y Negocios y Director Académico Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) UAH.

El clamor ciudadano derivado del “estallido social” se vio reflejado en las urnas en octubre de 2020 cuando el 80% de los votantes manifestó su deseo de cambiar la Constitución de 1980 y, posteriormente, en mayo de 2021, en la abrumadora victoria de los sectores más radicales de la izquierda chilena para escribir una nueva Constitución. Las causas del estallido y sus subsecuentes decisiones se explican por los sentimientos de discriminación, segregación y humillación que manifestaba ampliamente la ciudadanía.

El desencanto llegó pronto: en septiembre de 2022 la propuesta de nueva Constitución fue ampliamente rechazada por muchos de aquellos que aún deseaban modificar la carta fundamental, pero no a cualquier precio. Las razones para dicho rechazo fueron, fundamentalmente, en que ésta representaba los intereses partisanos de quienes la redactaron, pero no constituía ni de lejos una Constitución que representara a todas y todos los chilenos. En lo concreto, la Constitución de 1980 resalta los derechos de propiedad individuales, pero poco o nada menciona acerca de los derechos sociales; mientras que la fallida propuesta de 2022 resaltaba los derechos sociales con muy poco de derechos sobre la libertad individual.

Parece que a los chilenos y chilenas nos atrae movernos polarizadamente, como en un péndulo, sin apuntar al sano equilibrio entre libertad individual y equidad colectiva. Bien sabemos que una Constitución debe señalar derechos de los ciudadanos y la organización política del país. En cuanto a los derechos, la nueva propuesta de carta magna, escrita por una amplia mayoría de constituyentes de la derecha más radical, refleja intereses que enfatizan los derechos asociados a la libertad individual, pero al igual que la Constitución vigente, es reduccionista respecto de los derechos sociales.

En palabras simples, desde la perspectiva económica, no entrega mayores avances de lo que ya tenemos. Por ese solo hecho, es cuestionable entonces que se vote favorablemente un cambio hacia lo mismo, sin haber corregido las causas que desencadenaron el estallido social de 2019.

Más aun, la Constitución vigente ha sido enmendada en muchas oportunidades, logrando avanzar, aunque sin llegar todavía al sano equilibrio de derechos; mientras que la propuesta actual representa intereses partisanos y muestra marcados tintes populistas al buscar consagrar a nivel constitucional algunas prerrogativas más bien propias de rango legal.

Un ejemplo del partisanismo de esta nueva propuesta constitucional es el blindaje político a las AFP, de modo de dificultar cambios legales en la seguridad social que eventualmente las dejen fuera del monopolio de la gestión de los fondos de pensiones. Un ejemplo de populismo es dejar exento de tributos a la primera vivienda, lo que va en directo interés de quienes tienen patrimonio, la clase media y alta de Chile. Solo un par de ejemplos que cuestionan aún más si debemos aprobar este nuevo texto constitucional.

Todo indica que, al no atacar las causas del descontento popular de 2019, este aparecerá con cualquier escenario post 17 de diciembre de 2023.

Revisa la columna completa en El Desconcierto

Por Pablo González, académico FEN – UAH.

Hace apenas unos días se publicaron los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas que el Banco Central de Chile realiza periódicamente. Hace una semana, cerca de 40 especialistas y actores económicos y financieros del país respondieron preguntas sobre qué esperan sobre el comportamiento de los precios en la economía, la Tasa de Política Monetaria, sus previsiones para el tipo de cambio, el nivel de producción, el Imacec, el PIB, qué pasará con el consumo y la inversión.

Si uno mira los datos, los resultados son bastante acordes a una economía que se comporta medianamente bien en términos del índice de inflación. A pesar de la historia reciente, vamos a converger hacia el año 2024 al 3%, dentro del rango meta del Banco Central; un tipo de cambio que va a estar subiendo, pero que no nos debería asustar en principio, dado el contexto de precios. Es un nivel de actividad en que, si bien se prevé que nuestra economía va a seguir estancada durante 2023, para 2024 parece comenzar la recuperación a tasas discretas, pero al menos positivas.

Sin embargo, la realidad transcurre muy rápido y los cambios son vertiginosos. Este fin de semana, el mundo quedó atónito con el conflicto en Medio Oriente y, en el campo económico, el jueves nos enteramos de que el proceso de convergencia de la tasa de inflación en Estados Unidos no es tan acelerado, manteniéndose aún en torno al 4% anual.

Las complicaciones por el escenario en Medio Oriente son varias: la posible escasez puede elevar el precio relativo tanto de alimentos como de la energía. Un nuevo frente de conflicto, en el cual Estados Unidos va a estar involucrado (aunque sea indirectamente) genera presiones para un aumento del gasto militar que ya venía abultado a nivel global por la guerra en Ucrania. Esto genera presiones inflacionarias a nivel internacional, especialmente si el conflicto se alarga, tal como prevé la mayoría de los analistas.

Una tasa de inflación resistente a bajar en Estados Unidos traerá nuevas presiones en la Reserva Federal a subir o mantener la tasa de interés, a fin de doblegar el comportamiento de los precios, incrementando las presiones al Banco Central de Chile para evitar la presión sobre el tipo de cambio y su posterior traslado a precios.

Si a eso le sumamos el debilitamiento de la economía china y las grandes dudas sobre su desempeño futuro, con el riesgo de un colapso en su industria inmobiliaria, el panorama externo es ya lo suficientemente complicado.

En la próxima Reunión de Política Monetaria las dudas van a ser muchas para los consejeros del Banco Central. Será importante esperar a la próxima Encuesta de Expectativas Económicas para ver si los actores siguen manteniendo sus previsiones respecto a una tasa de inflación que converja al 3% hacia fines del 2024.

Lee aquí la columna en El Mostrador

Por Mauricio Araneda, Director de Vinculación con el Medio y Proyectos FEN-UAH.

Muchos de los presuntos desaparecidos no tienen «existencia legal», así, con total desprecio por la vida humana, lo aseguraba en 1975 -ante la Asamblea de las Naciones Unidas– el delegado chileno de la dictadura, Sergio Diez. Así negaba la existencia de detenidos desaparecidos en Chile. Tres años después de estas burdas declaraciones, en las que también se argumentaba que muchos de las y los prisioneros políticos habían muerto en combates, el discurso oficial del régimen comenzaba a desplomarse ante el horror que quedó al descubierto en unos antiguos hornos de una mina de cal abandonada en el sector de Lonquén, comuna de Talagante.

Lo «presunto» pasó a ser evidente, porque el 30 de noviembre de 1978 marcó un punto de inflexión moral sin retorno para las y los militares y civiles violadores de derechos humanos y responsables de crímenes de lesa humanidad. Ese jueves 30 se encontraron restos de osamentas y ropas de 15 personas -de edades que oscilaban entre los 17 y 51 años- que habían sido detenidas por carabineros de la Comisaría de Isla de Maipo, cinco años antes, el domingo 7 de octubre de 1973, hace 50 años. La mayoría fue sacada desde sus propias casas, otras fueron arrestadas en la plaza de la comuna sin justificación alguna, ninguno tenía militancia partidaria. Ese fue el último día que los vieron con vida.

Este macabro hallazgo constituyó la primera prueba fehaciente de que el régimen mentía descaradamente, dejando en evidencia el andamiaje diseñado para la desaparición forzada de personas. Los restos aparecieron amarrados con alambres y, de acuerdo con el último informe de las autopsias, fueron brutalmente golpeados y enterrados aún con vida en los hornos al día siguiente de haber sido apresados. Los agentes policiales diezmaron a tres familias: los Maureira Muñoz (Sergio y sus hijos, José, Rodolfo, Segundo y Sergio); los hermanos Hernández Flores (Carlos, Óscar y Nelson) y los Astudillo Rojas (Enrique y sus hijos, Omar y Ramón). Completan esta cruel lista Miguel Brant, José Herrera, Manuel Navarro e Iván Ordoñez. Aunque el sufrimiento de los familiares no cesó con este siniestro descubrimiento.

Luego, los restos de los cuerpos fueron sacados del Instituto Médico Legal y enterrados en fosas comunes, sin consentimiento de los familiares. Y al tiempo, el nuevo dueño del fundo donde estaban los hornos ordenó dinamitarlos, borrando así el sitio de memoria.

Pero la maldad no se detuvo. En una brutal decisión, el régimen militar puso en marcha, tras el hallazgo de Lonquén, una estrategia de encubrimiento total de sus crímenes con la agraviosa «Operación retiro de televisores», que consistió en la exhumación de los cadáveres de detenidos desaparecidos que habían enterrado en fosas clandestinas a lo largo del territorio nacional, para luego lanzarlos al océano, condenando a miles de familias a una búsqueda infructuosa.

A 50 años del quiebre de nuestra democracia, como Universidad Alberto Hurtado organizamos un programa con una serie de actividades, entre ellas la inauguración en nuestras dependencias de la exposición «La Maldad en los Hornos de Lonquén», que reúne material de Luis Navarro, trabajador de la entonces Vicaría de la Solidaridad. Él acompañó la comisión que partió, tras recibir la denuncia, a los hornos de Lonquén y retrató las primeras imágenes del horror: cada cráneo, cada hueso, cada pieza dental, cada trozo de cabello, cada retazo de ropa que se desprendía por las chimeneas de los hornos eran restos de seres humanos que sí tenían una «existencia legal».

Esta exposición cobra especial relevancia al estar instalada en las dependencias de una universidad, pues está a disposición de las y los estudiantes, de jóvenes, quienes son la generación que debe tomar el testimonio de relevo para mantener la memoria del devenir de nuestra historia. Una memoria colectiva que no solo transmita su acervo cultural, su riqueza, también una memoria que honre el nunca más repetir aquellos infames hechos que desprecian la vida humana. El cómo queremos vivir como sociedad se debe ir construyendo sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos, a la libertad de pensamiento, dando vida a un proyecto social y político asentado en una sana democracia.

Y también es relevante esta muestra en estos tiempos donde el auge del negacionismo está al alza. Si de algo les sirviera a estos grupos que niegan los hechos de nuestra historia reciente, podrían recordar que el propio Sergio Diez, décadas después (2004), dijo haber sido «engañado», que no estaba al tanto de la falsedad de algunos datos con los que se defendía la postura oficial del régimen de Pinochet sobre los detenidos-desparecidos. Aceptaba así, públicamente, que sí tenían «existencia legal«, devolviendo algo de dignidad a los miles de víctimas, dignidad que, con el negacionismo actual, se les vuelve a robar y pisotear.

Hoy, parlamentarios y parlamentarias siguen justificando el golpe de Estado como «una acción inevitable», como una acción que sentó las bases de un «próspero» modelo económico. Uno podrá estar de acuerdo o no con estos argumentos, pero en lo que urge estar de acuerdo como país, es que siempre será injustificable, y por supuesto evitable, la violencia de Estado: ni como vía para hacer cambios institucionales ni para refundar los cimientos de un país.

Nada puede justificar la tortura, las ejecuciones extrajudiciales de prisioneros y la desaparición forzada de personas. Todo ello es una afrenta contra la humanidad.

Revisa la columna completa en Cooperativa

Por Carlos J. García, académico FEN – UAH.

El aumento del 3,5% del gasto fiscal en términos reales propuesto para el 2024 es moderado: en términos del PIB, el gasto crecería en 0,7% (llegando a ser 25,9%), reduciendo el déficit fiscal de 2,3 puntos en 2023 del PIB a 1,9 en 2024. Además, en términos distributivos, será focalizado en áreas de interés para el gobierno: salud, educación, vivienda, seguridad, emergencias, cuidados y cultura.

La principal virtud del presupuesto 2024 es que contribuirá en casi un punto al crecimiento del próximo año. Esto no es menor, si consideramos que ya estamos viviendo una recesión y que el próximo año creceremos en un modesto 2,5%. En este sentido, el gobierno ha sido bastante más sensato que el Banco Central, que después de mantener por largos nueves meses la tasa de interés de política de interés en 11,25%, se está viendo obligado a reducirla de manera abrupta y a los niveles observados en otros países. Distinto hubiera sido si la estabilización de la inflación hubiera sido como en los Estados Unidos: un aterrizaje suave. En cambio, nuestro Banco Central prefirió la estabilización forzosa, sacrificando empleo y crecimiento por menos inflación. Por ende, el gasto en los sietes ejes antes mencionados se perderá -en parte- porque los hogares y las empresas enfrentarán al mismo tiempo una tasa de desempleo más alta y mercados francamente deprimidos, respectivamente.

Desde un punto de vista de crecimiento de largo plazo, sin embargo, el presupuesto será solo modesto. Básicamente está dedicado a resolver temas sociales puntuales, pero no significa un cambio sustancial: el Chile de 2024 será, probablemente, un poco mejor que el Chile de 2023. Nada comparable a la experiencia actual de los países desarrollados y su marea de subsidios al sector tecnológico que están produciendo polos increíbles de desarrollo, nuevas invenciones y una demanda sideral de capital humano especializado.

Por el contrario, sin una inversión pública sustancial y visionaria y un pacto fiscal más audaz, seguiremos, con suerte, creciendo un 2% más o menos. Subrayo “con suerte” porque el crecimiento potencial de nuestra economía es cada vez menor desde comienzo de este siglo. Así, los ingresos tributarios seguirán siendo limitados, alcanzando solo para hacer ajustes parciales, todos insuficientes para conseguir el desarrollo económico.

En resumen, el presupuesto 2024 es un ladrillo más en nuestra tradición de mantener los equilibrios macroeconómicos, y sin duda tiene un valor en términos de credibilidad externa y estabilidad interna. Su lado B es que nuevamente no realizamos el salto necesario en crecimiento que sí han dado otros países como Corea del Sur, Irlanda o República Checa, en condiciones peores o iguales que Chile en su momento.

Parafraseando a Robert Lucas, premio Nobel de Economía, para nuestra realidad: las consecuencias para el bienestar de Chile de pegar este salto en crecimiento son tan determinantes, que una vez que uno empieza a pensar en éstas, es difícil pensar en otra cosa, en especial porque otros países sí pudieron hacer este cambio y nosotros aún no.

Lee aquí la columna en La Tercera

Por Humberto Borges, Director del Diplomado en Gestión Tributaria y Académico FEN – UAH.

Es muy frecuente que en estas columnas aborde temas tributarios, pero en general escribo de los proyectos actuales y futuros. Sin embargo, hoy comentaré los temas tributarios en los proyectos constitucionales (anterior y actual). Es justo analizar el momento del proyecto constitucional, que parece estar a la deriva y a punto de fracasar por situaciones bastante particulares, y no por el fondo que representa una Constitución. En este caso, por algunos eslóganes de campaña que finalmente han minado la nueva propuesta constitucional. En mi caso, hablo de la exención de pagos de contribuciones a la primera vivienda.

Primero: debo ser transparente y comentar que el problema de mezclar los temas constitucionales y tributarios no es solo de esta propuesta. En el caso de la propuesta anterior realicé una crítica ya que no concordaron temas centrados en la iniciativa popular y la iniciativa constituyente. La iniciativa popular enumeraba una cantidad de principios rectores de lo que corresponde a un sistema tributario, como son: universalidad, progresividad, solidaridad, equidad, justicia, mayor transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas a la sociedad.

Pero la iniciativa constituyente que se estableció estaba enfocada en crear una estructura federal impositiva. Como ejemplo, indicaba que «las entidades territoriales podrán crear, modificar y suprimir contribuciones especiales y tasas, o establecer beneficios tributarios respecto de estas, dentro de su territorio». En pocas palabras, el problema de la iniciativa constituyente era centrar su discusión en una propuesta que pierde el sentido al dar la posibilidad de crear, modificar y suprimir impuestos o beneficios a nivel territorial, lo que finalmente puede producir más deterioro en la convivencia interna del país, es decir, impuestos distintos por regiones siendo desiguales los pagos por ciudadano según territorio.

Segundo: la actual propuesta constituyente cae en los mismos vicios anteriores. Nuevamente no se dedica a crear una base universal de convivencia tributaria, es decir, principios rectores y establecer un sistema neutro de ideologías. Lo que termina realizando, en este caso, es legislar directamente una exención tributaria respecto a las contribuciones a la primera vivienda. Tema que puede ser visto como justo por problemas de pensiones y los bienes de personas de edad. Pero eso es una situación que debe ver la administración tributaria -el SII, respeto de tasación- y le corresponde al Congreso legislar el tema, es decir, la propuesta constituyente debe ser una base para legislar y no debe tener exenciones, tasas o impuestos que nuevamente puedan deteriorar la convivencia interna del país.

Otro riesgo que deja latente es el rechazo de esta nueva propuesta. Al suceder un nuevo rechazo no se saldrá del invierno o letargo del país, al igual que la historia del día de la marmota, pero en este caso sería una constitución de la marmota que nos mantendría congelados en el tiempo.

Lee aquí la columna en Cooperativa

Consultada por Diario Financiero, la académica analiza datos sobre los desafíos y avances en la relación de las mujeres con el trabajo, presentes en el informe publicado recientemente por el mismo medio digital. 

El tercer informe Women At Work 2023 de Deloitte, que expone sobre la experiencia de las mujeres en el entorno laboral, fue el motivo de consulta por el que Diario Financiero contactó a la académica de la Facultad de Economía y Negocios UAH, y Doctora Cum Laude en Ciencias del Trabajo, Universidad de Murcia, España, Ana María Fernández.

Publicado recientemente por Diario Financiero, este nuevo informe proporciona datos relevantes sobre los desafíos y avances en la relación de las mujeres con el trabajo. A pesar de señalar mejoras en comparación con el año anterior, el estudio pone de manifiesto desafíos continuos en áreas críticas, como la salud mental, el cansancio, los niveles de estrés y otros factores que afectan el bienestar y desarrollo profesional de las mujeres.

Ana María Fernández, quien también es directora del Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales de la U. Alberto Hurtado (COR-UAH), destaca un hallazgo particularmente preocupante del estudio: el aumento en el número de mujeres que abandonaron sus trabajos durante el último año. Esta tendencia, según la académica, refleja factores que están llevando a las mujeres a dejar el mercado laboral, lo que tiene graves consecuencias tanto a nivel individual como social.

Fernández enfatiza que esto resulta en la «pérdida de poder social y autonomía económica para ellas, así como de competitividad y capacidad de crecimiento económico para sus respectivos países». La brecha de género, la falta de empatía y la dificultad en la conciliación entre el trabajo y el hogar, así como el estigma en torno a la salud mental, son algunos de los problemas identificados por el estudio y corroborados por expertos.

Junto con el punto anterior, la académica FEN-UAH, analiza que la relación entre la familia y el trabajo es un aspecto crítico que debe abordarse, especialmente en lo que respecta a la asignación de tareas de cuidado a las mujeres. La falta de apoyo en las etapas iniciales de cuidado infantil y la dificultad para dejar la responsabilidad exclusiva en las empresas son obstáculos significativos.

El informe también destaca que el 97% de las mujeres cree que solicitar acuerdos de trabajo flexibles podría afectar negativamente sus posibilidades de promoción, lo que resalta la importancia de la flexibilidad laboral como una clave para retener el talento femenino y promover su bienestar en el entorno laboral.

En cuanto a conclusiones, Ana María Fernández y otras académicas consultadas, consideran que a pesar de los desafíos, se vislumbran cambios. Las mujeres jóvenes están priorizando trabajar en empresas que promuevan la equidad de género, y la fuerza laboral femenina está cada vez más decidida a buscar una igualdad sustantiva en el ámbito laboral. En esa línea, Fernández concluye que, aunque el cambio puede no ser tan rápido como se espera, «tomará una velocidad importante en los siguientes años».

Lee el artículo completo aquí

Por Humberto Borges, Director del Diplomado en Gestión Tributaria y Académico FEN – UAH.

En estas últimas semanas me han sorprendido discusiones referidas a la disminución de la pobreza, la cual fue medida solamente considerando el ingreso de los ciudadanos en los últimos años. Por una parte, coincido con la visión explicada por un grupo de académicos, que ha indicado que se trata de un error, ya que muchos de esos ingresos se deben a un préstamo de los ahorros de los mismos ciudadanos que se encontraban en las AFP y, adicionan, que el resto es de los ahorros de la nación que fueron gastados durante la pandemia, ingresos que finalmente no pueden ser constantes, ya que los ahorros se están acabando (o difícilmente se podrán recuperar).

Por otra parte el desarrollo, que es lo que Chile necesita. Un profesor nos explicaba en la universidad que existe una diferencia entre crecimiento económico (crecimiento de recursos o de ingresos) y desarrollo. El crecimiento puede ser observado como un momento puntual de los países, donde se observa mayor riqueza pero que no necesariamente es constante en el tiempo. Luego de una pausa, indicaba que el desarrollo sería que los choferes de la locomoción colectiva saludaran a sus pasajeros, y que sus autobuses no contaminaran; parte de eso se logró con las transformaciones durante los años 90 y 2000, pero las políticas públicas no continuaron. Su explicación terminaba en cómo debe medirse el desarrollo, con que no sea un crecimiento momentáneo: eso tenía que ver con buenas políticas públicas en el sistema de salud y educación.

Tomando en consideración lo que indica la OCDE sobre desarrollo, podemos entender que existen tres factores para lograr el desarrollo: salud, educación e ingresos. Estos factores deben estar coordinados para lograr un mejor bienestar en la sociedad. Por tal razón, el crecimiento de solo uno no es sinónimo de desarrollo y menos de disminución de la pobreza. Por ejemplo, contar con una buena salud en un país sin educación y de bajos ingresos, lo único que significa es la posibilidad de sobrevivir, pero nunca desarrollarse. Y, prontamente, por desconocimiento -o no contar con los recursos- puede terminar deteriorándose la salud. Podemos nombrar países de África que cuentan con una población joven y saludable, pero no pueden desarrollarse por falta de infraestructura educacional o ingresos constantes, no logrando mantener finalmente su propia salud.

Por otro lado, una población con acceso a una buena educación podría significar tener una nación muy frustrada, es decir, tienen el conocimiento pero no hay buenos trabajos para lograr ingresos constantes y la salud inalcanzable termina produciendo frustración y anomia social (cesantes ilustrados).

Por último, el contar con ingresos y no con la educación y salud, solamente lo podemos asociar a un minero del carbón o un trabajador de una planta nuclear (no calificado) o de una planta altamente tóxica: finalmente fallecerá por falta de salud o por cometer una equivocación al no tener el conocimiento adecuado.

El mismo ejemplo lo podemos ver si a una persona sin conocimientos le entregamos un auto de carreras, ya que terminará en un accidente fatal. Pero recordemos los endeudamientos de los chilenos: actualmente se encuentran muy altos y han superado a los previos a la pandemia. Por tal motivo el solo contar con recursos momentáneos no significa el fin de la pobreza. Se debe contar con salud y conocimiento para disfrutarlos.

Es importante explicar que asociar correlaciones directas a un solo factor de los tres nombrados por la OCDE puede producir más de una molestia o burla a las personas más necesitadas del país, ya que ellas deben estar lidiando con problemas de educación y salud reales, los que no se solucionan con un ingreso momentáneo o bono, menos con ocupar sus propios ahorros para pasar un momento difícil. Pensemos en políticas integrales, por favor, y no solamente utilicemos estadísticas para lograr corazones en las redes sociales.

Lee aquí la columna en Cooperativa

Por Mauricio Araneda, Director de Vinculación con el Medio y Proyectos FEN-UAH.

El corazón de la industria del cine y la televisión dio un salto decisivo de desde la ficción a la realidad. Sus guionistas primero, luego las y los actores -en un gesto de solidaridad sindical que no se producía hace más de 60 años en Hollywood- votaron huelga, reivindicando no sólo una mejor redistribución de la riqueza que genera este sector del entretenimiento mundial, sino también colocando el acento en los procesos tecnológicos que están transformando el modelo de negocio de esta industria, afectando sus condicionales laborales y apuntando, entre otros aspectos, a los contratos insuficientes por el uso de su trabajo en reposiciones y servicios de streaming y a los peligros que se ciernen a futuro por el uso de su trabajo con tecnologías de inteligencia artificial.

«Compartan su riqueza, porque no pueden existir sin nosotros», sostuvo de manera vehemente la presidenta del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, la actriz Fran Drescher, en su discurso reivindicativo del derecho a huelga, y que -aunque dijo que es «triste» llegar a hacerla efectiva- es la única herramienta de presión de las y los trabajadores para lograr una justa retribución por su aporte y levantar demandas que están más allá de lo salarial, colocando el acento en la solidaridad intersindical y en la disrupción tecnológica que está modificando la organización del trabajo de este sector. Una lección mundial del ejercicio del derecho a huelga en toda su plenitud; un derecho que, por cierto, en nuestra legislación vigente está acotado a los procesos de negociación colectiva.

De ahí que, con la mirada puesta en esta huelga hollywoodense, inexorablemente nos lleva a poner atención en lo que está ocurriendo en Chile en el marco del proceso constitucional. En el anteproyecto de la Comisión Experta es un buen punto de partida el que se eleve a la categoría de derecho fundamental el principio del Trabajo Decente y el de «Garantizar el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales», así como también la libertad sindical y la negociación colectiva, extendiendo estos derechos a las y los trabajadores del sector público.

Sin embargo, en el debate que se está produciendo en el Consejo Constitucional se han propuesto enmiendas que elevan a rango constitucional la actual legislación laboral, que desconoce la realidad sobre la actual actividad huelguística del país.

Así lo dejó demostrado el Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), al exponer en una audiencia pública ante la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional su propuesta para garantizar estos derechos, basándose en datos empíricos (analizando el período 1990-2021) que dan cuenta de una inequívoca realidad: las huelgas en Chile ocurren a pesar que se impongan restricciones a su ejercicio. No se puede eludir la evidencia al respecto.

Las paralizaciones ocurren tanto en el contexto de las negociaciones colectivas regladas (huelga legal) como por fuera de estas negociaciones y del Código Laboral (huelgas extralegales), siendo estas últimas recurrentes en el período analizado y movilizan un número mayor de trabajadores respecto de las legales. Durante el año 2021 se produjeron 248 huelgas: un total de 125 fueron extralegales (68 correspondiente al sector privado y 57 al sector público, aun cuando en este sector están explícitamente prohibidas por ley) y sus motivaciones no sólo son por mejoras remuneracionales y condiciones laborales, también por la organización del trabajo e incluso por materias externas a la organización, las cuales la legislación actual limita a hacer huelgas por estas causas.

Además, en términos tácticos, las huelgas en Chile no son violentas. Y de acuerdo al número de días perdidos por paralización de trabajadores, el costo económico es significativo tanto para aquellos que la hacen efectiva como para el país.

A la luz de estos datos, queda claro que las actuales restricciones al derecho a huelga no han significado una menor conflictividad, al contrario, este fenómeno social se ha ido judicializando y ha ido generado más bien un desborde institucional, porque, claramente, la institución no está siendo capaz de regularlos desde sus distintas aristas, tratando de excluir a algunos sectores (como el público), pero también a todas estas paralizaciones de actividades que ocurren fuera de la Negociación Colectiva Reglada.

Las enmiendas no se hacen cargo de la huelga como un fenómeno más allá de lo jurídico. Lo razonable es mejorar el texto propuesto por la Comisión Experta, que consagre el derecho a huelga a las y los trabajadores públicos y privados; no limitarlo, por ejemplo, sólo a los procesos de negociación colectiva intra-empresa; habilitando espacios para un nuevo marco laboral.

En relaciones laborales existe una asimetría inherente y la huelga es la herramienta que tienen las y los trabajadores para equilibrar esta situación. Los guionistas de Hollywood nos muestran los efectos en continuidad operacional y reputación de la industria, en medio de grandes estrenos mundiales, traspasando los límites de la legislación y, literalmente, las fronteras de la ficción.

Lee aquí la columna en Cooperativa

Francisca Gutiérrez, directora del Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones, fue entrevistada por Luis Lizama en el podcast «La vida es pega» transmitido en el Dínamo. El programa se refirió al conflicto colectivo en Chile.

El tema central del podcast fue sobre cómo los procesos de negociación colectiva terminaron en huelgas cada vez más prolongadas y se comenzaron a producir nuevos conflictos laborales, como por ejemplo: huelgas de brazos caídos, ocupaciones de empresa, etc.

Para Francisca «es necesario que en el país empecemos a hablar sobre el tema de la conflictividad laboral de manera más amplia». Comenta que «a menudo se tiende a hacer un diagnóstico sobre las relaciones laborales a partir exclusivamente del análisis de las huelgas, como si estas fueran la única expresión del enfrentamiento entre trabajadores y empresas».

Sobre la entrevista, la académica comentó que “es interesante participar en este tipo de iniciativas de divulgación científica y discusión sobre trabajo en Chile. Creo que se ha hablado poco de estos temas en estos meses, a pesar de que el análisis de la conflictividad y las relaciones laborales en general es fundamental para entender el estallido social y parte de los desafíos que tienen los próximos gobiernos para generar una sociedad más igualitaria” .

Escúchala aquí

Por: Eduardo Leyton Guerrero, Director de Carrera Contador Público Auditor, Universidad Alberto Hurtado.

En términos astronómicos, la distancia que separa Panamá (Tierra) del planeta Pandora, de la película Avatar, es de 6 años luz; algo así como 5,676 10¹³ klms. Sin embargo, desde la perspectiva de los comprometedores documentos generados por la International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), conocidos como Panamá Papers el 2015 y Pandora Papers liberados el pasado 03 de octubre del 2021, en términos de contenidos, compromisos, acuerdos, responsabilidades, intenciones, principios y valores consignados en los mismos; parecieran ser que, ambos lugares idílicos y paradisiacos, efectivamente son limítrofes.

Más allá del análisis geográfico y turístico que podamos realizar entre Panamá y Pandora, nos encontramos con coordenadas de comportamiento similares de lideres, artistas, deportistas, famosos y famosillos actuales que nos estremecen, nos cuestionan, nos irritan, nos entristecen y nos frustran como ciudadanos.

Lo que subyace a estos ejes, no necesariamente es una situación jurídica; aunque en cada país de origen de dichos actores podrían ser constitutivos de delito. Sin embargo, en mi opinión, este es un grave problema de actitud sombría y una predisposición depredadora constante de sacar el máximo de ventajas a como dé lugar, sin considerar sus efectos.

En el Reino Animal, para que opere la cadena alimenticia, este es un valor insoslayable entre sus miembros; pero en un mundo de humanos globalizado, hiper conectado y digital, los estándares de comportamiento son y deben ser distintos a los del siglo pasado y anteriores. Desde esa perspectiva, es absolutamente inadmisible estos patrones de conductas lóbregos.

Por cierto, la admiración por sus logros y éxitos, en sus distintos ámbitos, no está en cuestión.  Pero cuando la naturaleza nos ha dotado de cualidades y atributos que sobresalen del resto, el estándar de honestidad, benevolencia y responsabilidad humana es y debe ser prístino.

En caso contrario, ¿en qué me diferencio de mi perro Newton, un animal doméstico cuyo salvajismo esta inerte? ¿Cómo podemos exigirle al resto de los humanos menos afortunados de la naturaleza que, primero cumplan la ley y sobre aquello tengan actitudes incólumes e irreprochables?

Los afortunados tienen responsabilidades ineludibles con el prójimo.

Pero, ¿qué otros actores que por acción o por omisión son partes de esta umbra y penumbra?

No es difícil entender que estos hechos sombríos no fueron por generación espontánea, ni producidos por la energía del vacío, como dirían un físico cuántico o un cosmólogo.

¡Hay más en esta cadena de eventos! Siendo simplistas, quizás podemos afirmar que la sociedad en su conjunto, en las distintas dimensiones y expresiones de ésta, son responsables.

Pero, no nos conformemos con esa afirmación. Tratemos de desmenuzar.

¿Dónde o en que dimensión del mundo de los negocios, nos afectó el daltonismo y perdimos la capacidad de distinguir claramente los colores de la deshonestidad? ¿Qué pasó con la industria bancaria? ¿Qué rol tuvieron las entidades regulatorias y de fiscalización? ¿Qué sucedió con la ética profesional de los intervinientes? ¿Qué nos sucedió como Contadores Públicos y Auditores?

Afortunadamente la prensa, una vez más, hizo su trabajo de nivelación.

El problema parece, y por cierto lo es, infinitamente más complejo, pero aun así identificable.

¿Qué pasa en nuestro núcleo familiar?, ¿nuestros padres corrigen y enseñan a nuestros hijos para distinguir los colores divinos de plantas y flora de Pandora (o de Panamá) y del planeta Honestidad?

¿Qué sucede en nuestra educación primaria, secundaria y finalmente universitaria? ¿Cómo regulamos los actos tendenciosos de nuestros alumnos? ¿Cuán responsables somos como formadores al retener a toda costa alumnos?

Cualquiera que analice los programas académicos universitarios, incluso de elite, podrá encontrar múltiples cursos de ética profesional o ética de los negocios o deontología.   Pero, en definitiva y en la práctica, ¿cómo hemos construido nuestra sociedad? ¿Qué tan equitativa es? Los índices de desarrollo humano, de corrupción, de felicidad, entre otros, algo nos advierten. A propósito, convengamos que es atemporal, casi a los 70 años, pedirle por sentencia judicial a un emprendedor asistir a clases de ética. O, en otro caso, hacer cumplir la condena de privación de libertad en su fundo en el sur de Chile.  ¡Sencillamente irrisorio y tarde! El árbol de Na’vi: Vitraya Ramunong creció patituerto.

¿Qué les sucedió a nuestras instituciones verticalizadas, incluso algunas de ellas milenarias?

En términos más específicos, alguien puede argumentar: “no es delito, la ley no lo tipifica”. Pero el argumento de fondo no es un tema jurídico, es deontológico. Incluso existiendo la ley, el compromiso básico de un sistema judicial justo, es que sus miembros apliquen la ley.

Hay muchos eslabones en esta cadena. Pero son reconocibles.

Aún hay voces que replican:” necesitamos más fiscalizadores”. Tengo el profundo convencimiento que no. Lo que se requiere es honestidad.

En fin, ¿usted hace saber que recibió dinero demás?

Yo sí, acabo de hacerlo con un monto considerable.

Eduardo Saavedra, académico de la FEN y director del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), fue entrevistado en diversos medios a raíz del informe emitido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), sobre el mercado del gas.

En dicho informe se recomienda prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores, además de proponer cambios regulatorios al negocio para que baje el precio de gas licuado y gas natural para los consumidores, generó de inmediato reacciones en el mundo político, emplazando al Gobierno.

Eduardo Saavedra fue entrevistado en diversos medios como asesor del estudio y especialista en temas regulatorios y competencia.

Mira aquí sus entrevistas:

• CNN
• Canal 13
• ADN
• Cooperativa
• Canal 24 Horas / TVN

Por: Francisca Gutiérrez, directora Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones. Académica FEN-UAH.

En homenaje a la recientemente fallecida María Ester Feres, directora de la Dirección del Trabajo (DT) entre 1994 y 2004, quiero destacar el rol que juega este organismo en nuestro país. Según la OIT, la cantidad de inspecciones que lleva a cabo la DT para velar por el cumplimiento de las normas laborales en Chile es superior a la registrada en buena parte de los países de la región y de la OCDE. Por citar solo algunos ejemplos, mientras que en Chile, el último año de registro, el número de inspecciones llegó a 86.322, en USA alcanzó solo 27.914, en Finlandia 23.417 y en Colombia 8.494. Este dato no implica necesariamente que en Chile existan más infracciones laborales, pues –según los datos de la DT– solo cerca de un tercio de las materias fiscalizadas son comprobadas y terminan en sanción. Tampoco resulta de una diferencia sustancial en los recursos. Si bien la mayoría de las reformas laborales promulgadas desde 1990 han venido acompañadas de un reforzamiento de sus funciones, los recursos de la DT no han crecido al mismo ritmo. Es más, la OIT da cuenta de una baja del número de inspectores por cada 10 mil trabajadores, de 1,85 en el 2010 a 0,58 en el 2018.

Fuente: El Mostrador

La importancia de la actividad fiscalizadora en nuestro país está directamente relacionada con la debilidad de los sindicatos. La denuncia de infracciones laborales suele ser un acto individual de los trabajadores que sustituye la acción sindical. Pero en Chile, además, son los mismos sindicatos los que recurren a esta estrategia.

Así, la ENCLA 2019 muestra que el 33,9% de las empresas reportó al menos una denuncia sindical ante la DT, cifra muy superior a la de las paralizaciones, marchas u otro tipo de presión. Estudios han demostrado que, para los sindicatos, la acción ante la DT es mucho más que una estrategia orientada a restituir un derecho: es también una forma de demostrar fuerza, sembrar bases jurídicas o inclinar la balanza de una negociación a su favor. En otras palabras, es una estrategia para reforzar formas directas de presión sindical, las que por sí solas, debido a la legislación actual y a la debilidad de las organizaciones, difícilmente permiten defender los intereses de los trabajadores.

Feres, más que cualquier otro director, entendió la centralidad de la DT y decidió jugar abiertamente a favor de los trabajadores. Esta columna releva su legado, al mismo tiempo que plantea la necesidad de revisar los fundamentos de un sistema de relaciones laborales así de dependiente. El recurso a la DT ha permitido a los sindicatos atenuar su desventaja estructural, pero también ha tenido consecuencias negativas como la vulnerabilidad de los mismos a los cambios de conducción y la sobrecarga de la DT.

Cabe aprovechar el debate constitucional actual para discutir una nueva fórmula que dé recursos a los sindicatos para gestionar los conflictos con las empresas de manera autónoma.

Lee aquí la columna en El Mostrador

Por: Humberto Borges, director Diplomado en Gestión Tributaria. Académico FEN-UAH.

En las últimas semanas las primarias o consultas presidenciales de las tres principales alianzas políticas dejaron varias propuestas tributarias. Todas las propuestas tienen un mínimo común: financiar la pandemia y los nuevos derechos sociales. Las principales propuestas tributarias fueron impuesto al patrimonio, royalty minero, normas generales anti elusión, desintegración del sistema tributario, IVA diferenciado, impuesto verdes y eliminar o modificar las exenciones.

Pero las propuestas no deben sólo sustentarse en la recaudación y deben ser creadas sobre la base de una idea de país. Por ejemplo, el actual sistema tributario respalda a las empresas extractivistas y la recaudación mediante el impuesto más regresivos de todos: el IVA.

Se observa en la mayor recaudación estimada por propuestas, en 3 puntos del PIB (centro-derecha), entre 5 y 6 puntos del PIB (centro-izquierda), y entre 8 y 8,5% puntos del PIB (izquierda), como si se buscara -por un lado- realizar sólo cambios superficiales y -por el otro- cambiar y cobrar por todo.

Respecto al impuesto al patrimonio, la idea es afectar a los que tienen más riqueza, pero siempre que no afecte a la clase media y al ahorro, además, la recaudación es baja, cercana a US$ 1.500 millones. En este caso, es mejor buscar eliminar las exenciones tributarias que producen esta acumulación.

Las normas generales anti elusión, medidas que son importantes, deben contar con castigos relevantes a los infractores. Además, se debe modificar el rol del director nacional del SII y su facultad de querellarse por delitos tributarios, evitando impunidad como en las cuestionadas actuaciones frente a casos relevantes, donde el servicio no se querelló.

Respecto de IVA diferenciado, impuestos verdes y modificar las exenciones, recordemos que estas tres medidas, bien aplicadas, modificarían la industria y cultura nacional. Por ejemplo, el IVA diferenciado con tasa más baja sobre alimentos saludables ayudaría a la salud de la población y disminuiría lo regresivo del IVA.

Los impuestos verdes restringirían industrias contaminantes. Por último, modificar las exenciones enfocadas a rentas presuntas y restringir el DFL2 afectaría a las industrias del transporte, agrícola e inmobiliaria, pero recaudaría sobre aquellos beneficiados por las exenciones. Todo lo anterior, establecería un sistema tributario para un país ecológico, con una visión de salud, fortaleciendo la redistribución y con justicia tributaria.

Lee aquí la columna en Cooperativa

Por: Eduardo Abarzúa, Decano Facultad de Economía y Negocios UAH.
Co-escrita con Cristina Orellana, ingeniera en agronegocios, especialista en gobiernos corporativos e integrante del Consejo de Alta Dirección Pública

El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que, según se nombra, fortalece el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y la dirección nacional del Servicio Civil. Sin embargo, al examinar la propuesta están ausentes temas centrales y conocidos que se relacionan con la sustentabilidad de esta política pública, lo que, unido a la urgencia y momento político de la tramitación, generan preocupación respecto de la viabilidad y la pertinencia de un proyecto de esta naturaleza. Con esta perspectiva y en tanto integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, manifestamos nuestra preocupación basados en los siguientes nudos críticos.

1. El proyecto no se hace cargo del principal problema que afecta al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). La instauración del SADP, en 2003, tuvo por objeto profesionalizar la gestión directiva del sector público y dejar atrás prácticas clientelares, a través de la selección -sobre la base del mérito y a través de concursos públicos- de los directivos de los principales servicios públicos de nuestro país. Los concursos permitían seleccionar a los candidatos más aptos para cada puesto y el nombramiento fue entregado a la autoridad gubernamental, la que podía elegir a cualquiera de los nominados o declarar desierto el proceso si ninguno de ellos era de su agrado. De esta forma se aspiraba a nombrar directivos profesionales, quienes encabezarían servicios públicos que ejecutan políticas públicas, la mayoría de ellas, trascedentes a cada gobierno.

En su desarrollo, el SADP ha experimentado múltiples desafíos y, entre ellos, el más persistente y complejo ha sido la alta tasa de desvinculación de los directivos seleccionados por el sistema. Pese a los esfuerzos desplegados a través de la reforma de 2016 -tales como la facultad presidencial de nombrar directamente hasta 12 jefes de servicio-, al concluir el segundo año de gobierno el 74,33% de los directivos de primer nivel, en los tres últimos gobiernos, han sido removidos o no renovados: 77,8% en 2012; 72,6% en 2016 y 72,6% en 2020.

La situación es similar en el segundo nivel jerárquico, al segundo año de gobierno un promedio de 53,53% de los directivos de esta categoría en los tres últimos gobiernos habían sido desvinculados o no renovados: 48,5% en 2012; 58,9% en 2016 y 53,2% en 2020.

Esta situación impacta en la continuidad de las políticas públicas y en la calidad de la conducción de servicios públicos; además de los elevados costos de los procesos de selección y el desincentivo que representa para atraer buenos candidatos.

El proyecto no se hace cargo de este aspecto. Se pretende que la propuesta de establecer causales para la remoción de directivos de segundo nivel jerárquico contribuye a dar estabilidad a este segmento, sin embargo, se incluye entre dichas causales el cambio del perfil de selección o de las prioridades y desafíos del cargo, sin que se genere ningún contrapeso a la decisión de la autoridad -como podría serlo la intervención del Consejo de Alta Dirección Pública- que impida que se invoque una causal como la señalada para enmascarar desvinculaciones por falta de confianza política.

Los Altos Directivos Públicos lideran servicios públicos responsables de ejecutar las políticas públicas definidas por la autoridad gubernamental y para hacerlo no necesitan ser militantes ni adherentes al gobierno en ejercicio, sino que deben ser técnicamente competentes y ejercer su rol con neutralidad y prescindencia política, al mismo tiempo que con lealtad al gobierno democráticamente elegido por la ciudadanía.

El SADP ha alcanzado un nivel de desarrollo y madurez que hace necesario abordar este aspecto, a fin de asegurar que las desvinculaciones de directivos que han accedido a sus cargos sobre la base de sus méritos se funden en un desempeño deficiente de su rol y no en consideraciones políticas ajenas al mismo. Para este propósito será necesario dar mayor preponderancia a los convenios de desempeño como instrumento de evaluación, retención y/o egreso de directivos públicos, haciendo consistente los criterios de selección y los de egreso.

2. El proyecto no aborda la gobernanza del Sistema de Alta Dirección Pública. Si el sistema avanza, como debiera hacerlo, hacia un modelo de gestión de desempeño de los directivos que selecciona, se hace necesario revisar la gobernanza del sistema y el rol del Consejo de Alta Dirección Pública.

Con la perspectiva basada en desempeño ya expuesta, se hace necesario un consejo autónomo que pueda desarrollar las herramientas y ser un componente independiente en la apreciación del desempeño de directivos cuyos resultados impactan la gestión política, garantizando la calidad de las prestaciones directivas al gobierno. Estos mismos roles pueden ser extendidos a los diferentes aspectos ligados al servicio civil de carrera y, en general, a la gestión de personas en el Estado, como también, al establecimiento de estándares de integridad y a aspectos de equidad remuneracional, diversidad e inclusión y relaciones laborales basadas en el respeto a los derechos fundamentales en el trabajo.

Con ese paradigma es posible imaginar una gobernanza del sistema que, con autonomía, tenga tuición sobre la Alta Dirección Pública y el Servicio Civil, integrado por consejeros y consejeras expertos en gestión pública y gestión de personas y, resguardando en su composición la imparcialidad, pluralidad y calidad técnica dado que responderán por servicios de dirección que serán entregados a los gobiernos a través del estamento directivo y los funcionarios públicos. Un órgano de esta naturaleza debiera generar su propia presidencia ejecutiva y podría también intervenir en la selección y eventualmente designación del director/ra del Servicio Civil.

3. El proyecto no contribuye a establecer una clara distinción entre el Gobierno y la Administración, que permita generar una dirección pública profesional, necesaria para hacer frente a los actuales desafíos de la gestión del Estado. Si se introduce la apreciación del desempeño obtenido en el cumplimiento de un convenio, como criterio para evaluar, orientar y gestionar trayectorias de directivos públicos y, al mismo tiempo, se crea una autoridad autónoma a cargo del Servicio Civil y la Alta Dirección Pública, para dialogar con la autoridad política respecto de resultados comprometidos por directivos, se habrá establecido una distinción bastante más nítida entre administración y gobierno. En ese marco, los altos directivos públicos son parte de la administración y están abocados a atender en forma regular y continua las necesidades sociales, implementando, ejecutando y administrando políticas públicas en el ámbito de sus competencias.

Esta separación tiene interesantes consecuencias en una mejor articulación y sinergia, complementariedades y equilibrios entre ambas esferas. Permitiría, por ejemplo, estabilizar un estamento directivo profesional que preste servicios de dirección al ejecutivo y que es conducido por un órgano del más alto nivel. Del mismo modo, que crea el espacio y permite proyectar políticas públicas de Estado, concebidas para el largo plazo, en respuesta a objetivos nacionales -salud, educación, medio ambiente, justicia, entre otros- que trasciendan los cambios de gobierno.

4. El proyecto se somete a la consideración del Congreso Nacional con suma urgencia, sin un trabajo prelegislativo y sin considerar el contexto derivado del proceso constituyente en curso. Los niveles de desarrollo alcanzados por el SADP y su aporte al proceso de modernización del Estado ameritan un análisis exhaustivo de sus siguientes etapas de evolución, lo que no se condice con la tramitación apresurada que se impone a través de la urgencia definida por el Ejecutivo. Que además no incluyó un proceso sistemático de evaluación de esta política pública y un trabajo previo de construcción de consensos con los distintos actores del sistema (Consejo ADP, directivos públicos, mundo académico, organizaciones de funcionarios, etc.), como fue el caso de la reforma del 2016.

Adicionalmente, debe tenerse a la vista que el proceso constituyente, sin lugar a dudas, abordará el modelo de empleo público imperante, por lo que parece aconsejable esperar a conocer el marco que la nueva constitución definirá en la materia antes de acometer nuevas reformas al SADP.

Lee aquí la columna en Cooperativa

Por: Carlos García

Las actuales proyecciones económicas se están sesgando al alza más por los deseos de crecer de los analistas que por hechos objetivos. Sobre todo, en un escenario tan complejo –y por qué no decir grave– como el actual.

Fuente: El Mostrador

Primero, empecemos por el crecimiento que debemos recuperar, la caída del PIB el 2020 en Chile fue de -6.0%. Esta caída está dentro del rango superior experimentado por el mundo, es decir, la fuerza de la crisis en nuestro país fue mayor que la experimentada en promedio en varios otros países. Segundo, las expectativas económicas en enero del 2020 eran de un crecimiento para ese año de 1,2%. En consecuencia, sumando la caída del PIB, -6.0%, y lo que no se creció el 2020, 1,2%, tenemos que se perdió un 7,2% de crecimiento del PIB el año pasado.

Con relación a los recursos que contamos, tenemos que la fuerza de trabajo en igual período se contrajo dramáticamente, básicamente contamos con un millón menos de empleos. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo cayó en un -11,7% y la importación de bienes intermedios necesarios para la producción de bienes finales cayó en casi un -14.0%. Adicionalmente, el precio del petróleo WTI era de 57,5 dólares el barril, en cambio, en junio del 2021 fue de 71,3.

En forma paralela, nos hemos beneficiado con aumentos espectaculares del precio del cobre de 2,7 dólares la libra a 4,4 en igual período del aumento del precio del petróleo. Por el lado de la política económica el comportamiento ha sido dispar, la deuda pública el 2020 subió en 4,2% del PIB, que es comparable con el soporte que han hecho otras economías emergentes para enfrentar la emergencia de la crisis. El esfuerzo del gobierno se ha focalizado exitosamente en la vacunación. Lamentablemente, el Banco Central subió sorpresiva y desentonadamente –con relación a sus contrapartes internacionales– su tasa de política a 0.75%.

Con todos estos antecedentes podemos definir tentativamente la factibilidad de diferentes escenarios. Así, es muy poco probable alcanzar un crecimiento de hasta el 9%, porque la economía no tiene los recursos ni la política económica para llegar a su crecimiento potencial este año –6% de recuperación más 3% del PIB potencial–. En cambio, si la vacunación sigue siendo efectiva, el Banco Central no sigue subiendo la tasa de interés y nos zafamos razonablemente bien de la variante Delta, sí podríamos adicionar el 1,2% esperado en enero del 2020 para el 2021, fecha previa a que se materializaran las expectativas más negativas sobre los efectos de la pandemia. En ese caso, podríamos llegar a aproximadamente a un 7,2% o algo más.

Este último porcentaje, nos permite establecer un intervalo más realista para el crecimiento el 2021: entre el 6,0% y el 7,2%. La gran incertidumbre es el efecto de la diseminación de la variante Delta. Si este efecto es suficientemente negativo, entonces estaremos más cerca del 6,0% que un 7,2%. Si bien el Imacec de junio fue alto respecto al año pasado, creció un 0% respecto a mayo del 2021, es decir, la economía se recupera, pero no se expande.

Por tanto, será clave en los próximos meses tener las fronteras cerradas, evitar expectativas excesivas de recuperación, trazar a los infectados y sus contactos cercanos y estar preparado para una tercera dosis para grupos sensibles de la población, como lo está haciendo Israel para los mayores de 60 años. En caso contrario, podríamos poner en riesgo todos los buenos deseos para el 2021.

Por: Francisca Gutiérrez, directora Magíster en Gestión de Personas FEN-UAH

Dadas las tendencias que hemos visto en las últimas elecciones políticas, la defensa del statu quo por parte del mundo empresarial tiene pocas chances de tener éxito. En este sentido, el mundo empresarial, al igual que la sociedad en general, tiene mucho más que ganar si deja de ver el debate sobre la negociación colectiva ramal como un juego de suma cero. Cambios sustanciales en el modelo pueden también expandir las oportunidades económicas existentes y generar beneficios para los distintos actores.

Crédito: Aton

En estos tiempos marcados por campañas políticas y el proceso constitucional, el proyecto de instauración de un sistema de negociación colectiva ramal ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Los defensores de este proyecto hemos subrayado los beneficios que este tipo de negociación puede generar para los trabajadores. Redistribución de las riquezas, reducción de la brecha salarial y mejores condiciones laborales son algunas de las razones esgrimidas. Pero esta argumentación no parece convencer al mundo empresarial, el cual ve en la negociación colectiva ramal una amenaza que pone en riesgo la economía. ¿Qué tan fundado es este temor?

La evidencia científica es ambigua con respecto a este tema. Algunos estudios realizados en Estados Unidos y Europa han observado un efecto perjudicial en el empleo, que se explicaría por el incremento salarial que conlleva este tipo de negociación y las dificultades de algunas empresas para sustentar dicho incremento. Sin embargo, otros trabajos han identificado elementos que evitan estas dificultades, como el tipo de acuerdos, la inclusión de cláusulas específicas para las empresas de distinto tamaño, la confianza entre los actores, la estabilidad de las instituciones, entre otros. Y es que las modalidades para implementar un sistema de negociación ramal son múltiples, así como los contextos que condicionan sus resultados.

Por otra parte, existen argumentos que señalan que la negociación ramal puede ser una oportunidad para sentar las bases de un crecimiento económico más sustentable.

El primero dice relación con los incentivos que ofrecen los sistemas de relaciones laborales a las empresas. En un sistema donde los sindicatos son fuertes y tienen participación en las decisiones, las empresas tienen menos posibilidad de basar su competitividad en la reducción de los costos laborales y más incentivos para reorientar sus esfuerzos hacia la innovación, la mejora en la productividad y la calidad de los productos o servicios.

Asimismo, en la medida que las demandas de los trabajadores son atendidas, los sindicatos pueden volverse un aliado para el diseño y la implementación eficaz de planes o políticas de transformación tendientes a mejorar las perspectivas de crecimiento o enfrentar periodos de crisis en un sector. La negociación ramal es más eficaz que la negociación de empresa para generar estos incentivos, pues empareja la cancha entre las unidades productivas. En otras palabras, reduce la posibilidad de que algunas compañías aprovechen la debilidad de sus sindicatos o la falta de organización de sus trabajadores para competir bajando los estándares laborales e invirtiendo el patrón del incentivo.

Evidentemente, el despliegue de las potencialidades de la negociación de rama no es automático ni sencillo. Entre otras cosas, requiere un mínimo de voluntad, confianza entre los actores y un Estado que acompañe con recursos este proceso. Sin embargo, vale la pena intentarlo, y la actitud que asuma el mundo empresarial frente al proyecto incidirá en su resultado.

En efecto, dadas las tendencias que hemos visto en las últimas elecciones políticas, la defensa del statu quo por parte del mundo empresarial tiene pocas chances de tener éxito. Más aún, esta posición puede favorecer la polarización y volver más difícil la generación de confianza entre los actores, ambas condiciones para que los eventuales cambios en el modelo permitan un crecimiento económico sostenible en el tiempo. En este sentido, el mundo empresarial, al igual que la sociedad en general, tiene mucho más que ganar si deja de ver el debate sobre la negociación colectiva ramal como un juego de suma cero. Cambios sustanciales en el modelo pueden también expandir las oportunidades económicas existentes y generar beneficios para los distintos actores.

Ver columna en El Mostrador

Por Carlos J. García, académico de la Facultad de Economía y Negocios, U. Alberto Hurtado

¿Crecerá Chile un 6% el 2021? ¿Cumplimos con los requisitos para lograr este crecimiento? Al respecto, artículos recientes en la prensa internacional, artículos académicos e informes de organizaciones internacionales explican en forma concisa las condiciones para que esta crisis se supere en forma rápida, por lo menos en los países desarrollados.

Fuente: La Tercera

Primero, los países desarrollados se han adaptado mucho mejor de lo esperado a los cierres, restricciones y distanciamiento social en la segunda ola del virus que en la primera ola. Segundo, la voluntad y la capacidad de Norteamérica, Europa y Japón de utilizar la política fiscal para apoyar los ingresos durante la crisis, incluso cuando no podían ir a trabajar. Adicionalmente, los bancos centrales han ayudado con enormes aumentos en las compras de deuda pública, facilitando el uso expansivo de la política fiscal durante la crisis. Tercero, la capacidad de la ciencia para suministrar vacunas eficaces que señalen el camino hacia una vida más normal en los próximos años. Cuarto, expectativas realistas sobre la evolución de la pandemia.

Si analizamos las condiciones antes listadas, tenemos que, cumplimos una de las cuatro: la vacunación. Reducida la principal causa de la crisis, el proceso de recuperación no tendría barreras para despegar, no como ha ocurrido en Europa, en que el retraso en la vacunación ha gatillado una tercera ola. Sin embargo, las otras tres condiciones no son claramente cumplidas por nuestro país.

Analicemos la primera de las condiciones, la adaptabilidad. A diferencia de los países desarrollados, nuestro país está altamente segregado: hay ciertas zonas geográficas con características de país desarrollado, buena infraestructura y muy buena conectividad, pero hay otras zonas que son el claro el reflejo del subdesarrollo.

Pasemos ahora a la segunda condición: política fiscal y monetaria. La deuda publica bruta pasó del 28% del PIB en 2019 a 33% del PIB el 2020, esto es un exceso de gasto fiscal de por lo menos 5 puntos del PIB. En otras palabras, descontando los ingresos tributarios, el fisco debió a endeudarse en 5% del PIB. Según datos del Banco Mundial, la respuesta de Chile fue similar a la de otras economías emergentes, pero solo la mitad de los países desarrollados. Sobre la política monetaria: además de tener una tasa de interés de 0,5% y crédito barato, no tenemos más noticias.

La estrategia de Chile ha sido diferente: liberar los fondos de pensiones que hasta la fecha bordean el 12% del PIB, llegando al 18% del PIB si se contabiliza el tercer retiro. Sin embargo, estos recursos no necesariamente se transforman automáticamente en consumo directo de las familias, porque un porcentaje importante se ahorra o se vuelve a invertir, en especial por la alta incertidumbre que ha impuesto la pandemia.

La cuarta condición, tampoco. Las expectativas generadas por el gobierno han sido desmedidas, en especial en los meses de verano, ocasionado en parte la segunda ola que sufrimos durante abril. Por otro lado, algunos agoreros adicionan la inestabilidad política como una causa adicional de posible bajo crecimiento.

En definitiva, un crecimiento del 6% del PIB para este año sería una muy buena noticia. Pero la distribución posible de resultados es bastante más amplia y con un sesgo fuerte hacia tasas menores que esa cifra. Hay una alta probabilidad que la recuperación de la crisis en nuestro país el 2021 será más bien modesta en los próximos meses y se producirá tardíamente hacia mediados del segundo semestre.

Lee aquí la columna en La Tercera