Por Eduardo Saavedra, * Doctor (Ph.D.) en Economía de Cornell University. Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.
Artículo publicado en Revista Observatorio Económico Nº 64, Julio de 2012.
¿Por qué es tan caro lo que se cobra en la educación superior chilena, comparado incluso, con países desarrollados? La respuesta sería “porque entrega una educación de muy buena calidad”, lo que es cierto dentro del contexto regional, pero no si se compara con la de países desarrollados: mientras cuatro universidades chilenas aparecen en los rankings entre las 10 mejores de América Latina, sólo dos de ellas están entre las 500 mejores del mundo( QS Times para el año 2011). En consecuencia, hurgando un poco más encontramos que el valor no depende sólo de la poca regulación del sector, sino de los incentivos perversos que ella coloca respecto de los aranceles que se cobran.
En la práctica, la política de educación superior no sólo debe garantizar cierto estándar de calidad, sino además el acceso en igualdad de condiciones (equidad) y velar porque el sistema no experimente sobrecostos (eficiencia), en particular cuando por ley se impide el lucro en este sector. Si estos tres objetivos de política son relevantes, los instrumentos de política deberían ser consistentes. En particular, la fijación de los aranceles de referencia (AdR) se convierte en un instrumento útil para esos tres propósitos (calidad, equidad y eficiencia).
Tanto el gobierno, los parlamentarios y los estudiantes han acordado que el AdR actual no consigue estos objetivos ya que la educación aún es inequitativa, es parcialmente buena, y además, no le pone tope a los aranceles.
El mecanismo de fijación del AdR cautela en parte la calidad en la educación superior, pues al agruparse las universidades por tramos se privilegia a aquellas con mayor investigación, aunque se desincentiva la creación de universidades focalizadas y se premia (sin querer) el descreme por grupo socioeconómico. Este mecanismo no se pronuncia respecto a la inequidad, exacerbándose el problema de acceso a la educación superior en tanto esta sea cada vez más cara. El incentivo perverso al sobreprecio ocurre a pesar de que el mecanismo implícitamente sigue la lógica de una institución modelo, por cuanto el AdR por carrera para cada grupo de universidades queda determinado por el arancel de ellas mismas, por lo tanto el único equilibrio estratégico en aranceles es subirlos sistemáticamente.
El nuevo mecanismo que trabaja el MINEDUC para la fijación de los AdR se hace cargo parcialmente de las propias falencias que se detectan en el mecanismo vigente. Se argumenta que se premiará la baja deserción, una menor duración de la carrera, una mayor empleabilidad histórica y la focalización en alumnos vulnerables. En otras palabras, se hace cargo de la inequidad en el acceso a la educación superior y de los sobrecostos, pero deja de lado el incentivo a la calidad.
La variable determinante en la propuesta de fijación de los AdR es la historia de los ingresos laborales de los egresados, lo que los acota al no ser una decisión unilateral de cada universidad, pero supone implícitamente que el mercado de la educación es uno competitivo, donde los ingresos reflejan los costos de educarse. En mi opinión, tal supuesto es falaz y conducirá a comportamientos alejados de lo esperado ya que dan espacios para el lucro. Si se quiere de verdad atacar el problema de sobrecostos, el MINEDUC debería considerar que sean los costos los que determinen el techo sobre el cual los AdR no deberían subir.
Lo que se busca resolver es la inequidad, ya que se beneficiaría a las carreras que en promedio atiendan más alumnos de los primeros tres quintiles, pero se les castigará cuando haya mayor deserción, mayor desempleo en sus egresados, mayor tiempo que toma el egreso y menores salarios laborales de sus egresados. El problema principal es que los pobres desertan más porque tienen mayor costo alternativo en el mercado laboral, además, tienen menos redes sociales, lo que les genera mayores episodios de desempleo en su vida laboral, reciben salarios más bajos en el mercado y tienen peor educación desde el colegio por lo que tienden a demorarse más en su egreso.
En resumen, la modificación al mecanismo de fijación de los AdR lograría en parte acotar el sobrecosto en la educación superior y contiene elementos que premian la atención de alumnos vulnerables. Lamentablemente, no se pone fin a ambos flagelos (sobrecosto y descreme) y se olvida de premiar la calidad. Por ello propongo avanzar en tres puntos importantes: acotar el AdR al costo de educar productivamente, y no en función de los ingresos de los egresados. Después de todo, se trata de un arancel de referencia y cualquier institución podría cobrar por sobre dicho monto, pero no a costo de un subsidio del Estado. El MINEDUC debería plantearse un mecanismo tipo “competencia por comparación” (yardstick competition) en donde se fijen los AdR de acuerdo a los costos declarados al sistema, excluidos los propios. Esto se usa para los hospitales en USA y es bastante liviano en términos de información regulatoria. Para ello se requiere reconocer que el sistema funciona en forma bastante menos competitiva de como implícitamente se supone. En segundo lugar, este mecanismo, en paralelo, debería premiar a las instituciones con mayor calidad, premiando la complejidad (publicaciones) y evitando discriminar a las universidades focalizadas. Definitivamente el mecanismo actual de distinguir cuatro grupos de universidades debería ser perfeccionado, no eliminado.
Por último, se debe revisar el mecanismo de cálculo de los AdR con el fin de asegurar que los premios y castigos en el neto apunten hacia donde efectivamente plantea el MINEDUC: reducir la inequidad del sistema.