De aprobarse la propuesta de la CC se abren desafíos significativos para el empleo público en nuestro país. Toda vez que la Ley deberá desarrollar los principios y normas reconocidos constitucionalmente, será importante preparar propuestas legales que cautelen el espíritu del texto constitucional.
No cabe ninguna duda sobre el avance que representa la propuesta de una nueva Constitución en lo que se refiere a los derechos laborales. Negar eso y mantener el estatus quo significaría aceptar un sistema que ha hecho de Chile uno de los países más desiguales al mundo.
Sea cual sea el veredicto popular en el próximo 4 de septiembre, el respeto a los derechos humanos y su efectivo reconocimiento como límite a las facultades del empleador deberán irse erigiendo aceleradamente como eje de cualquier política de relaciones laborales.
La propuesta de nueva Constitución establece, en sus artículos 46 y 47, los derechos de los trabajadores con respecto a su trabajo; a su capacidad de sindicalización y negociación colectiva; y a la realización y participación en huelgas.
Esta propuesta de nueva Constitución se hace cargo de una necesidad fundamental de la sociedad chilena, sabemos que llevar este proceso a su cumplimiento total no será fácil, tomará tiempo y recursos, pero contar con una buena educación es la base para acceder a otros derechos, mejores espacios laborales, votos informados, mejor salud y bienestar, además de un mayor desarrollo personal y social, entre otras garantías.
Los cambios propuestos en la nueva Constitución sobre salud responden más a cuestiones ideológicas que a la búsqueda de una solución que mejore la salud de las personas.
La lógica de la inclusión de derechos socia sociales en la Constitución permite visibilizar y explicitar los anhelos de la ciudadanía, pero es irresponsable consagrarlos sin explicitar que su provisión dependerá de los recursos fiscales, generando además riesgos en materia fiscal y sustentabilidad.
En este caso, se discutirá específicamente del alcance de un Chile “ecológico” en relación al enfoque de “sostenibilidad”.
La nueva Constitución propuesta se hace cargo de muchos de los derechos sociales demandados por la ciudadanía, los que van más allá de los ya mencionados, pues abarcan el derecho de la tierra y a un ambiente no contaminado, lo que le otorga un carácter ecológico profundo, como también consagra derechos de los pueblos originarios por encima de los de la gran mayoría de ciudadanos no originarios.
La propagación de la inflación de costo en la economía es compleja. El mayor costo de la energía se transmitirá a otros precios, la UF y también a los salarios que se estén reajustando. Algo similar ocurrirá con los alimentos, así, la inflación de costo se esparce ocasionado una escala inflacionaria a nivel nacional.
Es importante tener presente que la tasa de desempleo es un indicador parcial del estado del mercado laboral y que las señales son en realidad mixtas y eventualmente se inclinan hacia un reciente y paulatino debilitamiento de las condiciones del mercado.
Nuestro artículo muestra que la contaminación ambiental puede tener efectos negativos en la salud de las personas que viven en todas las ciudades de Chile y esta debería ser una preocupación de los hacedores de política.
El presente artículo aborda desde una mirada económica la discusión sobre la aplicación de impuestos al patrimonio en general y sobre el concepto de “súper ricos” en particular.
Un gobierno populista conlleva una serie de decisiones que se hacen en el límite y hasta al margen de la legalidad, induciendo un creciente nivel de corrupción a nivel de la gestión pública, tanto en materias de la administración propia del Estado como en los órganos en que este se relaciona con la sociedad civil.
La innovación y adopción de nuevas tecnologías son motores clave del crecimiento y la prosperidad de las sociedades modernas. Dado que la intensidad de la competencia en el mercado de productos afecta los incentivos para invertir en estas actividades, la competencia puede tener consecuencias económicas duraderas para las empresas y la economía en general.
Chile enfrenta tasas de inflación que no observábamos desde los inicios de los años noventa, concentrándose en alimentos y energía, lo que golpea más fuerte a las familias de ingresos medios y bajos.
La tasa de inflación en Chile está fuera de control y toda medida (ya sea fiscal, monetaria o que afecte a los mercados financieros locales) debe ser analizada profundamente antes de ver la luz para evitar este trauma que significa una economía con alta inflación.
La autonomía del Banco Central enfocada a controlar la inflación tiene que ver con la menor o mayor probabilidad de vivir con esa pandemia. Ella está íntimamente ligada al continuo desbalance entre la demanda por bienes y servicios por encima del potencial productiva y de comercio exterior.
Garantizar la importancia de los derechos de aprovechamiento de agua es crucial para asegurar a la población el acceso al agua y la adecuada cobertura y confiabilidad de los servicios de agua y saneamiento.
Al ser aprobada la autonomía territorial es posible que los aspectos fiscales produzcan mayores desigualdades y competencias desleales entre los territorios del país.
La recuperación del nivel de actividad económica (medida por el IMACEC), que ha mostrado tasas de crecimiento en 24 meses por sobre el 5% desde julio 2021 (y crecimientos en 12 meses de dos dígitos por 8 meses consecutivos), es un signo promisorio para los meses que vienen.