El trabajo académico también reveló una baja calificación al sistema de AFP y las administradoras de fondos de pensiones, las que –según el estudio– no cuentan con legitimidad por parte de los encuestados.
Ante la falta de soluciones razonables por parte del Gobierno y el Banco Central, las personas determinaron –a través del Congreso– usar sus fondos para resolver su crisis frente a la pandemia.
Tanto la regresividad de los incentivos tributarios del APV como la medida planteada erosionan la ya dañada confianza en el sistema previsional y nuestras instituciones en general. Una alternativa para avanzar en lo que respecta al APV sería la búsqueda de mecanismos para mejorar las bonificaciones fiscales de quienes tienen menos herramientas y medios para construir su pensión.