Claudio Agostini, Diario Financiero, Miércoles 21 de octubre del 2010

A lo largo de estos primeros meses de gestión, el gobierno ha anunciado varias medidas que tienen por objeto aumentar la competencia en algunos sectores. Sin embargo, ha sido difícil avanzar en su implementación y todavía no vemos resultados. Esta lentitud no se debe al terremoto o al rescate de los mineros, sino a que avanzar requiere quitarle a distintos grupos de presión privilegios que tienen hace muchos años. Lamentablemente, reformas económicas que favorecen a la gran mayoría han sido bloqueadas sistemáticamente por grupos de presión minoritarios.
Una primera medida es modificar el Código Sanitario para ampliar la cantidad de profesionales que puedan prescribir lentes ópticos, agregando a los tecnólogos médicos en oftalmología y los ópticos-contactólogos (optometristas). La Sociedad Chilena de Oftalmología se ha opuesto argumentando que «es peligroso confiar la salud ocular de la población a gente que no es oftalmóloga». Sin embargo, en los países desarrollados donde esta medida existe hace tiempo no ha habido problemas. Más sorprendente es el argumento de que los optometristas «no tienen ninguna participación en la historia sanitaria del país». Eso es simplemente defensa de privilegios adquiridos. Ya habíamos visto algo parecido, cuando se quejaron de la publicidad que hacía en Chile un instituto oftalmológico en Mendoza porque «la publicidad viola las normas médicas sobre promoción de la actividad». Claramente los oftalmólogos no quieren competencia.
Una segunda medida es modificar el decreto del Ministerio de Salud que entrega la comercialización exclusiva de remedios a las farmacias y permitir la venta de medicamentos en supermercados. El Colegio de Químico Farmacéutico se opone argumentando que eso aumentaría los riesgos de la automedicación en los chilenos. No hay evidencia de que en los países de la OECD, donde se venden medicamentos en supermercados, haya más automedicación que en Chile ni tampoco es claro que los farmacéuticos hayan sido muy exitosos en impedirla en Chile. Hay algunos químicos farmacéuticos que han sido más directos en su oposición señalando que «la medida significaría la muerte de las pequeñas farmacias, que sumarían otra competencia. Esta situación privaría a los pacientes de una alternativa al momento de despachar su receta». Lo primero es cierto y refleja la verdadera razón para oponerse. Lo segundo es equivocado, ya que se agregarían muchos puntos de venta. Los farmacéuticos tampoco quieren competir.
Una tercera medida es la reforma al sistema de notarios y conservadores de bienes raíces, quienes tienen actualmente un monopolio vitalicio obtenido a través de un proceso que no es ni competitivo ni tampoco muy transparente. Ha habido varios intentos de reforma hacia un sistema concursable, con requisitos mínimos y por un período fijo, basado en la competencia por tarifas menores. Sin embargo, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile se opone fuertemente, argumentando que se pondría en riesgo «la fe pública». Cuesta creer que la fe pública se garantice mejor con el sistema actual de tarifas altas, lentitud, poca tecnología y poca transparencia en los nombramientos que con un sistema competitivo y transparente. Los notarios y conservadores quieren mantener su monopolio.
Una última medida, recién en discusión, es la reforma al sistema previsional de Fuerzas Armadas, cuyos miembros no cotizan en AFP, se jubilan en promedioa los 48 años y el 90% de sus pensiones las financiamos entre todos los chilenos. Veremos cómo reaccionan las FF.AA., pero dudo que quieran perder sus privilegios y lo «diferente» que es la carrera militar es el argumento que pronto escucharemos.
Cada una de estas medidas en sí misma parecen pequeñas, pero todas apuntan en la dirección correcta y los efectos en la productividad y el crecimiento económico pueden ser grandes. Países con más competencia y menos grupos privilegiados crecen más. La pregunta es cómo logramos hacer posible estas reformas que benefician a la gran mayoría. Saber cómo vota cada parlamentario y quién financió su campaña sería un primer paso. Impedir que voten en materias donde tienen conflictos de interés sería el segundo. Finalmente, transparentar los beneficiarios de cada medida a través de cálculos técnicos de un organismo independiente permitiría desenmascarar argumentos artificiales esgrimidos por los propios grupos de interés.

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