Los propios colegios deberían revelar el estándar de calidad que entregan, y ser subvencionados de acuerdo a esos estándares.
Artículo publicado en Observatorio Económico Nº 55, Agosto de 2011
Por Eduardo Saavedra P.*
Uno de los principales puntos de conflicto en el tema educacional tiene que ver con su anhelada calidad. Simplificando las cosas, y abstrayéndonos de los problemas de inequidad del actual sistema educacional chileno, unos plantean que el modelo educacional con participación privada subsidiada por el Estado no garantiza la calidad, por lo contrario sólo favorecería el lucro empresarial, mientras que el gobierno, a su vez, se aferra en un sistema de participación privada bajo la premisa de que el gobierno central o las municipalidades tampoco son capaces de garantizar la calidad.
Ni lo uno ni lo otro es necesariamente cierto. La educación pública no garantiza la calidad, se trate de colegios o universidades, por cuanto regularmente quienes dirigen estos establecimientos responden a agendas que en general difieren del interés público, el fisco carece de los recursos para invertir en una infraestructura mínima que garantice una buena educación y el Estado es rígido para tomar decisiones que se requieren en tiempos en los que la innovación, la creatividad y la flexibilidad son cualidades importantes de toda organización moderna. Por otro lado, el sector privado tampoco garantiza la calidad de los servicios que presta, por cuanto los empresarios persiguen fines de lucro, la calidad es cara y no verificable, y los incentivos para generar reputación y así ganar más renta “en el largo plazo” no son precisamente una característica de los emprendedores chilenos.
Chile requiere avanzar hacia mecanismos que permitan realmente premiar por la educación entregada a sus alumnos, con plena conciencia, al diseñar ese mecanismo, de que la calidad de la educación no se mide por indicadores absolutos. La Superintendencia de Educación debería implementar un mecanismo que lleve a los propios colegios a revelar el estándar de calidad que entregan, y ser subvencionados de acuerdo a esos estándares.
Concentrémonos en la enseñanza básica y media. Donde haya dineros públicos se deben transferir por calidad del servicio. Y como esta variable es imperfectamente medida, se debe avanzar hacia esquemas tipo monto del subsidio según calidad demostrada. Supongamos que hay tres niveles de calidad: alto, medio y bajo, con subvenciones altas, medias y bajas. El pago requiere que el desempeño de los establecimientos sea consistente con lo declarado por sus sostenedores, y en caso de incumplimiento, fuertes multas, pérdida del patrimonio y caducidad del permiso. Si es políticamente inviable el castigo, una alternativa es pagar una subvención base por la calidad baja, sobre la cual se premiarán mejores resultados.
Mecanismos como los señalados son poderosos para separar la paja del trigo, pero requieren de cuidado al definir y medir lo que es calidad. A modo de ejemplo, un buen indicador es una mezcla de indicadores: resultados SIMCE o PSU, indicadores de infraestructura, alumnos por profesor, etc. Se requiere, además, prohibir el descreme, y controlar por los copagos que hacen los apoderados y, en particular, por las “condiciones de entrada de los alumnos”. En efecto: es muy diferente educar a hijos de padres profesionales con ingreso de $ 500 mil y cuatro integrantes en la familia que a hijos de madres solteras con enseñanza media incompleta, ingreso cercano al mínimo y ocho bocas que alimentar. Constante todo lo demás, los hijos de los primeros van a tener un mejor rendimiento que no debe ser inferido como consecuencia de una mejor calidad de la educación. De no controlar por condiciones de entrada, estaremos a un paso del descreme, mayor inequidad y gratificación a los sostenedores frescos que rápidamente encontrarán una nueva forma de burlar el sistema.
En suma, un mecanismo que permita a los propios colegios decidir la calidad de su servicio y que les haga responsables, con su propio patrimonio, en caso de no cumplir con lo que ellos prometen, y para lo cual obtienen recursos públicos, es perfectamente viable. Se requieren condiciones regulatorias mínimas, como la prohibición y control del descreme e información abierta de las características económicas y sociales de los alumnos atendidos, así como de una batería de indicadores que en su conjunto señalan la calidad de la educación ofrecida.
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* Ph.D. en Economía de Cornell University, USA. Profesor e Investigador, Facultad de Economía y Negocios, UAH. saavedra@uahurtado.cl