Artículo publicado en Observatorio Económico Nº 59, Diciembre 2011
Por Eduardo Saavedra P. Ph.D. en Economía, Cornell University. Profesor e investigador, Facultad de Economía y Negocios, UAH. saavedra@uahurtado.cl
La legislación chilena debería prohibir que en las asociaciones gremiales los miembros intercambien información relevante de mercado. La historia demuestra que en ellas, muchas veces, los integrantes se han coludido para perjudicar al consumidor.
Las acusaciones recientes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de la Asociación de Productores Avícolas y los tres principales productores de carnes blancas de Chile ha puesto en el debate cuál es el rol de las asociaciones gremiales en una economía de mercado. El permitir legalmente que los rivales en cualquier mercado se organicen, dispongan de una entidad que los represente, de estructura que las agrupe y que defienda sus intereses corporativos, sin más resguardos que limiten el tipo de actividades que estas asociaciones gremiales puedan realizar, pone en riesgo las bases mismas de una economía de mercado.
Uno de los supuestos fundamentales en que descansa nuestro sistema económico es que los empresarios tienen la libertad de emprender en tanto esta libertad no transgreda otro principio básico que es la competencia en que esa libertad de emprendimiento debe darse. En otras palabras, la economía de mercado exige que las empresas que operan en un mismo mercado rivalicen. Cuando legalmente los empresarios rivales se agrupan en asociaciones
que los representan, so pretexto de cooperar para el bien común del sector, y no se les limita en qué pueden cooperar, estamos a un paso del acto delictivo.
En este artículo no se busca demonizar a las asociaciones gremiales ni poner en duda que ellas tienen un rol importante en una economía de mercado. No obstante y al igual que hizo el Hada Madrina con la Cenicienta, si quieren participar del baile, tienen que hacerlo con límites que hoy no tienen. Los riesgos anticompetitivos del chipe libre entre rivales quedan en evidencia con el caso de los productores avícolas. Y la razón es simple: dada la asimetría de información que existe entre los empresarios y el ente fiscalizador de la libre competencia, el mero hecho que las asociaciones gremiales sean tratadas como cualquier sociedad de derecho privado es decir, pueden hacer todo excepto aquello expresamente prohibido por la ley, permite que éstas operen prácticamente en la impunidad porque es difícil detectar las prácticas anticompetitivas.
A las asociaciones gremiales se les debe impedir realizar actividades que faciliten la colusión, más allá de lo que dispone el DL 211 sobre Libre Competencia. El argumento de fondo es que los clubes de rivales sólo tienen dos fines posibles: trabajar grupalmente para resolver problemas de bien público respecto de sus propias necesidades, o compartir información que, por naturaleza, adversarios en una industria no deberían compartir, porque reducen la rivalidad en el mercado.
HISTORIAS DE COLUSIÓN
En el pasado reciente, y sin las herramientas legales que desde el año 2009 le permiten a la FNE interceptar teléfonos, requisar computadores y tener la figura de la delación compensada, instrumentos que ayudan a conocer de estas prácticas delictivas, se acusó con pruebas indirectas o económicas a cinco Isapres por colusión para degradar la calidad de sus planes de salud. De haber tenido las facultades mencionadas para buscar información al interior de la asociación gremial respetiva, quizás la historia de un juicio en que estas empresas fueron absueltas por falta de evidencia dura hubiese sido diferente. Es más: el propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) estableció que en esta asociación gremial existía intercambio de información frecuente y formal, tomándose decisiones respecto de costos de las Isapres que bajo competencia deberían ser tomadas individualmente por cada una de ellas, además de otras instancias de coordinación, como la reunión habitual de presidentes y gerentes de estas compañías.
Otros casos, menos bullados pero en los que sí se condenó el actuar de las asociaciones
gremiales y sus asociados, son los de la FNE contra la Asociación Médica Patagonia S.A. y otros, entidad en la que poco menos de un centenar de médicos en Punta Arenas se organizaron para eliminar la competencia y fijar aranceles de referencia por sus servicios; el de la FNE contra la Asociación Gremial de Buses Interbus, en donde el TDLC condenó al ente por acuerdo colusivo exclusorio en los servicios de transporte urbano e interurbano en la Séptima Región; y el caso de la FNE contra la Asociación Gremial de Dueños de Mini Buses Agmital, por organizarse en un sistema de turnos para cubrir la misma ruta, y en los mismos horarios de un entrante, con precios predatorios.
La historia de colusiones facilitadas por asociaciones gremiales en Chile es bastante
larga. Tal como un interesante estudio del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile muestra, hay una serie de asociaciones gremiales que se han constituido en vehículos para facilitar la vida de sus asociados en el “cruel” mercado, a costa de los consumidores. La lista es larga. Se analizan 44 casos en los que las comisiones antimonopolios el antecesor jurídico del TDLC–, revisaron casos relacionados a libre competencia y asociaciones gremiales, entre los años 1974 y 2003. Llama la atención lo recurrente de gremios relacionados con el rubro transporte.
ASOCIACIONES GREMIALES, EFICIENCIA ECONÓMICA Y LIBRE COMPETENCIA
Las asociaciones gremiales tienen fuertes razones de eficiencia económica para existir, y por lo tanto son justificadas desde el punto de vista de una economía de mercado. Existe una gran variedad de servicios provistos por las asociaciones gremiales desde el punto de vista de resolver problemas de bien público, tales como acordar estándares de calidad, facilitar la transferencia tecnológica en particular a las empresas más pequeñas dentro de una industria, y administrar adecuadamente el riesgo entre las empresas de un sector. Existen asimismo otras prácticas que son más sutiles y por lo tanto requieren del cuidado de quienes lideran las asociaciones gremiales a efectos de no transgredir la Ley de Defensa de la Libre Competencia, como la discusión, promoción y defensa de leyes y modificaciones regulatorias que afecten a la industria en su conjunto o la participación conjunta en programas para la apertura de nuevos mercados externos –muchas veces facilitados por el mismo Estado a través de ProChile o Corfo–. Finalmente, existen prácticas que definitivamente son un vehículo para la colusión, a saber: compartir información del mercado, de la producción, precio, publicidad y la realización conjunta de estudio de mercado, entre otras.