Por Pablo González M., Ph.D. in Economics, Texas A&M University. Profesor Facultad de Economía y Neocios, UAH.
Artículo publicado en Revista Observatorio Económico Nº 62, Mayo de 2012
Durante los últimos años, los mayores esfuerzos para proveer de financiamiento para la educación superior han estado en el otorgamiento de facilidades a las familias que lo requieren. Con sus virtudes y defectos, estos esfuerzos han intentado generar mayor inclusión, lo que permitió a Chile aumentar la tasa de acceso a educación superior. Todas estas medidas, sin embargo, comparten una misma característica: una vez reglamentadas, generan un crecimiento casi instantáneo de la demanda por estudios superiores.
La generación de la oferta de educación superior de calidad, en cambio, es lenta porque su producción está formada por activos que requieren tiempo para ser construidos. Los tres más significativos son las instalaciones; la capacidad de gestión, de logística y organizacional; y el capital humano: los profesores. Estos activos no pueden ser generados instantáneamente. En el corto plazo, la oferta de capacitación superior está fija.
En ese escenario, incrementos de la demanda tienden a generar un aumento del precio de este servicio: los aranceles.
Si bien esto podría explicar lo que sucede en el corto plazo en términos agregados, por el lado de la oferta cada agente puede reaccionar distinto: un grupo de instituciones de calidad comprobada puede subir los aranceles; un segundo grupo, ante la imposibilidad de cobrar más caro, puede seleccionar los mejores candidatos (de acuerdo a PSU), haciendo más sencilla su tarea de formación –es el típico descreme que observamos en otros mercados–; y otro grupo de instituciones puede optar por generar casi instantáneamente las vacantes que demanda el mercado: la infraestructura se consigue en poco tiempo relativo y se puede “invertir” poco en capital humano. Esto reduce los costos de producción (mediante baja en calidad) y permite “congelar” los aranceles.
Un segmento podría optar por capturar a los estudiantes “no descremados”, pero con formación de calidad. Para ello deben realizar fuertes esfuerzos de nivelación que suplan las deficiencias relativas que los alumnos pueden acarrear desde la educación básica y media. Los costos suben, y por lo tanto observaríamos una combinación de aranceles y vacantes que suben a la vez.
Finalmente, existe un quinto grupo que genera nuevos cupos (a través de descreme) que se llenan con estudiantes con buena formación de base, pero con aranceles altos. Este grupo posee características muy distintivas respecto al resto.
Dada la baja tasa a la cual han crecido, por ejemplo, las vacantes en las universidades tradicionales de mayor prestigio con respecto a tasa con que lo ha hecho la demanda, una posible explicación podría ser que optaron por algunas de las primeras dos alternativas.
El resto de las instituciones tradicionales y las nuevas privadas se han repartido entre las opciones de brindar educación de calidad a costos más altos o popularizar el acceso a una formación de baja calidad.
A pesar del fin noble –la inclusión social–, aquellas políticas que vayan en la dirección de incrementar la demanda por educación superior tienden a agravar el problema de segmentación del mercado. Habrá más inclusión, pero un serio riesgo de deterioro de la calidad de la educación, lo que termina en una baja rentabilidad social.
Se podría argumentar que existen algunas salvaguardas, como el sistema de acreditación y los aranceles de referencia que determina el fisco para el otorgamiento del Crédito con Aval del Estado (CAE). Pero una acreditación basada en la certificación de procesos y no de resultados, no colabora significativamente. Por otra parte, los aranceles de referencia pueden generar mayor descreme para las instituciones de mayor prestigio y ganancias injustificadas para aquellas instituciones que opten por educación para todos, pero de baja calidad. Además, ¿por qué depositar en el Estado la responsabilidad de determinación de precios relativos?
Las soluciones deben venir por el lado de reconocer la lentitud de la formación de una oferta que garantice la educación de calidad. En este sentido existen algunas líneas ya implementadas. Las Becas Chile para postgrados tienden a ampliar la formación de capital humano y su disponibilidad en un mediano plazo.
Pero son necesarias algunas medidas más. Entre ellas, resaltaremos simplemente dos. Dentro del campo de la economía de la educación, se ha avanzado en identificar variables relevantes para explicar el éxito en este proceso productivo, pero aún no se puede explicar del todo. En función de esto, la ampliación de los programas de enseñanza de prestigio es una alternativa: incrementos en los cupos acordes con los pasos de la demanda contribuirían en ese sentido.
La segunda medida debiera ser desincentivar la inversión en descreme de los alumnos. Esto se logra con postulantes más uniformes, lo que requiere de esfuerzos en la educación media y básica. Esto reduciría incluso los costos en los que incurren las universidades que nivelan a sus estudiantes: el ahorro podría destinarse a captación de mayor y mejor capital humano o a la baja de los aranceles.
En definitiva, las soluciones para el problema universitario distan de aquellas que más frecuentemente escuchamos.