Por Marcela Perticara, Ph.D. en Economía, University of Texas A&M, Estados Unidos. Académica Facultad de Economía y Negocios UAH.
Artículo publicado en Revista Observatorio Económico Nº 66, septiembre de 2012
Incluso después de las fiestas patrias, el debate suscitado en torno a la publicación de las cifras de pobreza todavía está vigente en la prensa.
Hay dos temas de fondo, que van más allá del tratamiento dado a la encuesta CASEN, y que ya estuvieron presentes en los medios de comunicación en otras oportunidades. El primero es definir los estándares éticos que debieran respetar las autoridades de gobierno para gestionar y reportar información relevante para la ciudadanía y el segundo, saber cuáles son los mecanismos o protocolos que garantizan que la información proveniente de bases de datos administrativas o encuestas públicas sea confiable y esté a disposición del público.
Además, hay otros dos temas bien puntuales, que no por ello son menos importantes, que tienen que ver con la Encuesta CASEN en si, y que se refieren a cómo mejorarla como instrumento (y qué protocolos debieran seguirse toda vez que se hace necesario un cambio de instrumento) y a entender los alcances y limitaciones que tiene el indicador tasa de pobreza.
Creo que los políticos y académicos deben cuestionarse por qué se ha transformado en un hito tan importante el hacer el anuncio de cuánto bajó o subió la tasa de pobreza en los últimos dos o tres años, cuando es bien conocido, entre todos, que el valor del indicador que se está usando es altamente sensible a qué valor se define: la canasta básica de alimentos, las decisiones de qué índice de precio usar para actualizar dicho valor y qué ingresos, obviamente, incluimos a la hora de calcular quién es pobre y quién no.
RESPONSABILIDADES, ESTÁNDARES ÉTICOS Y TRANSPARENCIA
No creo que valga la pena discutir en este momento si el equipo a cargo de la Encuesta erró la estrategia comunicacional. Yo me atrevería a decir que, en realidad, esta estrategia no fue muy distinta a la que se siguió al informar de la reducción de las lista de espera GES (cuando mucha reducción se logró sólo por temas administrativos). Hablo de la estrategia de celebrar con bombos y platillos cualquier “puntillo” en las encuestas que pudiera darnos algún rédito político, sin uno detenerse a pensar qué tanto puede esto estar reflejándose en “bienestar”. Ojo, que esto no es sólo un pecado de los políticos, sino también del mundo académico y, por qué no, del mundo empresarial. Creo, que la discusión de estándares éticos debiera ser transversal a todas las esferas políticas, intelectuales, culturales y económicas. La omisión de cualquier información, intencional o no, que pudiera ir en detrimento del bienestar de un grupo particular de ciudadanos o en beneficio de otro, debiera estar penada.
Y esto nos pone muy cerca del segundo tema ya señalado: qué mecanismos de transparencia, institucionalidad o protocolos deben instrumentarse para minimizar los riesgos de captura de información. Por años en Chile tuvo grandes problemas para tener canales establecidos por los que distribuir información pública. Por información pública me refiero a información administrativa recolectada por el Gobierno y/o a encuestas pagadas con fondos públicos. Desde hace varios años comenzamos a ver cuánta información era puesta al servicio de la prensa y/o de personas o instituciones con fines de investigación. En este sentido, se están escuchando voces que bregan por el establecimiento de un Instituto Nacional de Estadísticas más autónomo, un establecimiento de Consejos Consultivos para las distintas encuestas, o la posibilidad de tener agencias externas que sean las encargadas de velar para que se cumplan los protocolos y procedimientos. El establecimiento del Consejo para la Transparencia fue un gran hito en la institucionalidad chilena. Es más: es muy posible que si el mismo grupo de académicos que publicó una carta en el diario La Tercera pidiendo antecedentes adicionales sobre la encuesta Casen y la metodología de cálculo de la tasa de pobreza hubiera hecho un reclamo ante este ente, ya hubieran comenzado a correr los plazos para el Ministerio de Desarrollo Social para cumplir con sus demandas.
Con respecto a qué institucionalidad es la correcta, hay varias propuestas. Sugiero ser cautos en qué tipo de institucionalidad adoptar. Siempre está el peligro de instrumentar entes “autónomos”, que pueden de todas maneras ser capturados por otros grupos de influencia, sobre los que la ciudadanía no tiene ningún poder (voto) para cambiar sus estructuras. Cualquier cambio en esta dirección que se quiera generar debe ser al amparo de institucionalidades que hayan sido exitosas en otros países, bajo reglas de juego claras para sus integrantes y con mecanismos de control, de todas maneras, por parte de algún poder del Estado.
CASEN Y LA DEFINICIÓN DE LA “TASA DE POBREZA”
Si hay necesidad de cambiar la batería de preguntas para registrar mejor los ingresos, no estoy de acuerdo en no hacer el cambio para salvar la posibilidad de hacer comparaciones. Los cambios deben hacerse, pero hay protocolos estándares que pueden activarse, como por ejemplo, el construir bases “puente” (en un mismo año se pregunta de dos maneras distintas la misma información), de tal manera que haya un año que permita comparación con los anteriores y con los próximos. No creo que sea suficiente el evaluar la diferencia en las respuestas, usando un pretest, que en general se basa en una muestra bien restringida. Pero claro, esto puede ser debatido a la luz de opiniones de expertos. Lo importante es documentar de manera adecuada el cambio en las preguntas y así permitir que los usuarios puedan evaluar si la modificación del instrumento está generando o no problemas de comparación.
Una opinión similar tengo con respecto a presentar al público solo los ingresos ajustados. Según las declaraciones hechas en la prensa, CEPAL no tiene ninguna objeción a transparentar la metodología que sigue para ajustar ingresos; no veo por qué el Ministerio de Desarrollo tendría objeciones a hacer públicas las bases con los ingresos originales y los ingresos ajustados. Es más, hasta ahora nadie ha explicado por qué nunca se hicieron públicas las bases completas; el pecado alcanza también a todos los gobiernos anteriores, que sistemáticamente encajonaron las bases con los ingresos no ajustados.
En un artículo publicado en este mismo medio hace más de cuatro años (OE 14, Marzo 2008), con Claudia Sanhueza se planteamos una serie de objeciones en la metodología de cálculo de la pobreza y también en el tratamiento de la información de ingresos en la encuesta CASEN que podían estar afectando seriamente la estimación del nivel de pobreza en Chile, entendiendo que la definición del tamaño de la población pobre (que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas) es importante desde el punto del diseño de políticas públicas eficientes (con mayor nivel de focalización). Todas estas objeciones siguen siendo válidas hoy.
La sensibilidad del indicador a distintos supuestos y opciones es tal, que nunca nos vamos a poner de acuerdo en cuál es la verdadera tasa de pobreza. Y no creo que importe el nivel en el que fijemos el nivel de pobreza, sino que podamos evaluar en qué medida las políticas públicas pueden estar influyendo en el bienestar de los segmentos más vulnerables de la población. Tampoco es claro, que mantener los “supuestos” constantes, sea una opción adecuada para asegurar comparabilidad. Por ejemplo, si la canasta del año 87 incluía entre los ítems, bienes que ya no están disponibles para la población (aceite vendido a granel), la verdad es que continuar considerando esta misma canasta no nos está ayudando a identificar carencias de necesidades básicas en la población.
Al final del día, la tasa de pobreza calculada en base a CASEN no debiera ser un indicador que pudiera tomarse para distribuir recursos públicos bajo ninguna circunstancia. Puede tomarse como un termómetro, como un indicador grueso del grado de vulnerabilidad a la que está sujeta en un cierto momento del tiempo, la población en Chile. Pero no sirve para más, porque se calcula con ingresos referidos a una ventana de tiempo muy acotada y con un valor de la canasta básica que en distintas regiones o zonas (entre las que hay una alta varianza en precios) puede estar capturando distintos “tipos” de vulnerabilidad. Para focalizar recursos hay mecanismos mucho más efectivos, que pueden combinar por ejemplo, información relevada con instrumentos como la Ficha de Protección Social e información administrativa (Servicios de Impuestos Internos, Seguro de Cesantía, entre otros).