Artículo publicado en Observatorio Económico Nº 59, Diciembre 2011
Por Manuel Willington y Walter Núñez, Doctor en Economía, Univesity of Pennsylvania,profesor Facultad de Economía y Negocios, UAH. Estudiante de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado.
Las tres grandes cadenas de farmacias y algunos laboratorios, los principales supermercados, los pollos… todos acusados de colusión en los últimos años. ¿Las universidades también? No. Pero libre competencia tampoco hay. Competencia perfecta, mucho menos. Uno de los elementos que dificulta un buen funcionamiento de este mercado son las asimetrías de información. En efecto, para quienes deben escoger una universidad es excesivamente costoso evaluar de manera apropiada la calidad de la educación que recibirían. Este es un problema inherente al mercado, y hay iniciativas públicas que apuntan en la dirección correcta: generar más información y que esté fácilmente disponible. En este sentido, los diferentes procesos de acreditación de universidades y carreras son un primer paso importante más allá de sus defectos y lo impreciso que puedan resultar los indicadores. Falta, sin duda, intentar avanzar en indicadores que pudieran capturar el “valor agregado” de cada universidad. Que una universidad que logra atraer a los mejores postulantes tenga egresados que obtienen mejores salarios no dice mucho respecto al valor agregado por la universidad. Existen sin embargo en Chile otros aspectos que atentan contra el buen funcionamiento de este mercado y que no se explican por razones inherentes al servicio involucrado, sino que se trata lisa y llanamente de discriminación arbitraria entre los competidores.
Existe un grupo de universidades que por razones históricas pertenecen a un club cerrado, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). Este organismo tiene una diversidad de fines muy loables como son la innovación curricular, centralizar y difundir información relevante,1 etc., y otros también loables pero más delicados, como el hacer “importantes aportes en la gestación de leyes relacionadas con la educación superior, como la dictación de la ‘Ley sobre Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior’ (Ley Nº 20.129) y la generación del Sistema de Fondos Solidarios de Crédito Universitario’ (Ley Nº 19.287)”. Esta última ley sustenta una discriminación grosera a favor de las universidades del CRUCH, ya que sus alumnos, en tanto califiquen de acuerdo a criterios socioeconómicos, pueden acceder a un financiamiento a una tasa de interés anual del 2%, en tanto que si acceden a otra universidad esta tasa rondaría el 6%. A modo de ejemplo, un alumno que debe decidir entre dos universidades cuyas carreras cuestan ambas tres millones de pesos al año y duran cinco años, acumularía al final de su carrera (siendo optimistas, y suponiendo que finaliza en cinco años) una deuda de $15,75 millones si escoge la universidad CRUCH, versus $17,37 millones si escoge la universidad que no pertenece al Consejo. Es decir: poco más del 10% más cara resulta esta última alternativa. Al momento de escribirse este artículo, la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados ha aprobado en general una modificación a la Ley 20.027 que rige el sistema de créditos con aval del Estado que reduciría la tasa al 2%. De concretarse, la aprobación de esta modificación significaría, más allá del abaratamiento del crédito para miles de estudiantes, un paso importante para reducir las discriminación a favor de las instituciones pertenecientes al CRUCH. Este no es el único elemento de discriminación. Excluyendo los aportes fiscales directos, cuyo fin podría ser la investigación que reviste un carácter de bien público (valdría, sí, la pena preguntarse si este es la mejor forma de financiar la investigación), un elemento de discriminación (indirecta) lo constituyen los aportes fiscales indirectos (AFI). Las universidades que atraen a los alumnos con mejores puntajes en la PSU (los mejores 27.500) son beneficiarios de estos aportes fiscales. Así, en el año 2010 las cinco universidades que mayor aporte recibieron –todas ellas pertenecientes al CRUCH– concentraron el 60% de los recursos, siendo que su matrícula es alrededor del 15% de la matrícula total de universidades. No se trata de una discriminación directa, ya que todas las universidades (e institutos profesionales y centros de formación técnica) pueden atraer a estos estudiantes. Pero equivale este aporte a un concurso “tendencioso”, en el sentido que está pre-escrito quiénes se verán beneficiados, y en gran medida innecesario, ya que todas las universidades están deseosas de atraer este tipo de alumnos con enorme potencial. A la hora de organizar concursos, podría pensarse en un AFI que premie a las universidades que son capaces de elevar el promedio del puntaje PSU de sus alumnos que ingresan, o a las que atraen estudiantes de una mayor diversidad socioeconómica, o a aquellas que atraen a alumnos del primer quintil. En un contexto de recursos escasos y en el que la equidad del sistema está fuertemente cuestionada, los AFI son un concurso innecesario que premia a las universidades que atraen, fundamentalmente, a alumnos de los quintiles superiores. En un modelo en el que, nos guste o no, se ha apuntado a que sea la competencia el vehículo para llevar mayor cobertura y (ojalá) mayor calidad, es inaceptable que este tipo de discriminaciones persistan. El CRUCH, al igual que la Asociación de Productores Avícolas y tantas otras Asociaciones Gremiales, tiene objetivos declarados muy loables, pero estos espacios de cooperación entre competidores pueden, tal como reconoce la Fiscalía Nacional Económica en su documento “Asociaciones Gremiales y Libre Competencia” 2, facilitar o dar lugar a comportamientos anticompetitivos.
Parte de esa información: en solo 5 de las 25 universidades del CRUCH el número de profesores con doctorado (medidos como jornada completa equivalente) era, al año 2010, mayor que el de profesores con magíster y que el de profesores titulados.
