Por Pablo González, PhD Texas A&M University, Profesor Facultad de Economía y Negocios Universidad Alberto Hurtado.
Artículo publicado en Revista Observatorio Económico Nº 71, mayo de 2013.
La discusión actual sobre los problemas en el INE y, en particular, respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha convertido en una verdadera ensalada de opiniones. Pero la pregunta de fondo está en el título de este artículo.
El IPC es, simplemente, una estadística que registra el comportamiento de los precios de un conjunto “básico” de bienes y servicios consumidos por las familias en el país. Es básico porque una cantidad enorme de bienes y servicios queda excluida por diferentes motivos, esencialmente por motivos de dificultad para relevar información en forma periódica y/o por la poca relevancia en el presupuesto familiar.
La información de cómo se compone esta canasta de bienes y servicios proviene de la Encuesta de Presupuestos Familiares, cuyo último relevamiento es del año 2007. En base a esta encuesta, que nos informa sobre el gasto de las familias chilenas (es decir, la cantidad multiplicada por su precio), construimos los pesos relativos que tendrá cada producto dentro del IPC.
Desde el punto de visto metodológico, por lo tanto, ya tenemos un problema. Un producto puede estar sobrevalorado en su participación dentro de la canasta original (la del año base) si es que el precio relativo del bien era inusualmente bajo o alto y condiciona su evolución hacia adelante. Vamos a dejar por ahora este inconveniente a un costado. Queremos volver a la pregunta del título.
Desde el punto de vista de la profesión económica, un índice de precios nos ayuda a comprender cómo el conjunto de precios de la economía se comporta en el tiempo. Pero para los agentes económicos tiene otro uso fundamental: la indexación de precios.
El supuesto fundamental implícito de un agente económico que acepta una indexación por IPC es que el precio relativo de su producto o trabajo, a lo largo de la vida de un contrato, no va a cambiar esencialmente. Para poner un contraejemplo: si una empresa que produce manzanas tiene expectativas fundamentadas de que el precio nominal de esta fruta va a subir en el plazo de un año más que proporcionalmente al resto de los precios de la economía, entonces no le sería conveniente poner el precio de las manzanas en UF porque estaría haciendo un mal negocio. ¿Por qué alguien que percibe salario mínimo y pertenece al primer quintil quisiera ver indexado ese salario a un IPC que atribuye una ponderación mayor a gastos de entretención y esparcimiento o a bienes y servicios tecnológicos que no consume1?
En su esencia, el IPC no refleja ni el costo de vida ni los costos de producción de nadie en particular. Es, simplemente, una aproximación. Si hubo algún error metodológico en el relevamiento de información o si se decide cambiar esas metodologías a partir de ahora, obviamente que estaremos perjudicando a unos y beneficiando a otros dependiendo del cambio que se realice.
A este respecto, un apartado que ha merecido la atención dentro de la discusión actual es el comportamiento de los precios de la vestimenta2. Se argumenta que la metodología utilizada quizás esté captando una reducción más allá de lo razonable de los precios de este grupo de bienes, empujando el IPC hacia abajo. La comparación con la evolución reciente de este rubro en otros países parecen soportar esta sospecha.
¿Es adecuado este criterio de evaluación? No tenemos argumentos en contra o a favor muy firmes, aunque debemos notar que los precios relevados surgen de equilibrios en mercados distintos con características propias de oferta y demanda. Para mencionar uno de esos condicionantes, vale recordar que Chile, en las últimas dos décadas -pero fundamentalmente en los 10 últimos años-, ha firmado una serie importante de tratados y acuerdos de integración económica y de libre comercio en forma bilateral. Estos acuerdos no generan cambios estructurales en un año. Las relaciones comerciales entre firmas requieren de tiempo y en ese sentido, por ejemplo, podríamos estar viviendo esos efectos en algunos grupos de productos.
Por lo tanto, la evaluación mediante comparación con otros países puede llevar a errores de apreciación si no se tienen en cuenta todos los factores que cambian en el tiempo y entre países y que afectan tanto a demanda como oferta de cada bien o servicio. Este tipo de construcción contrafactual puede ser peligrosa.
¿Y SI CORREGIMOS? ¿O MEJOR NO?
Admitamos por un momento que hemos estado observando mal el verdadero comportamiento de algunos precios por errores de metodología en el relevamiento de información. La pregunta sería entonces: si el problema fuera metodológico, ¿por qué no era observable antes este error? ¿Tendríamos que haber tenido un comportamiento respecto a otros países también distinto años atrás (ver gráfico)? ¿Hasta dónde debemos retroceder con las correcciones? Porque corregir solo hacia adelante es tan injusto como no hacerlo.
En definitiva, debemos ser cautos en los cambios y correcciones si queremos poder seguir la evolución de los precios a través del tiempo. Cambios frecuentes desvirtuarían la utilidad de estos índices como aproximación al comportamiento del costo de la vida.
Supongamos ahora que nunca nos diéramos cuenta de que hay o pudiera haber un error. ¿Habría perjudicados para siempre? La respuesta más sensata posiblemente es que no. En general, no existen contratos en la economía chilena con rigideces reales -un ejemplo claro de esto, son los planes de salud de las Isapres que fijan sus precios en UF- pero ese precio en UF puede cambiar al año si la entidad estima que no está cubriendo sus costos. Quizás los más afectados serían los contratos indexados a largo plazo, aunque en muchos de estos casos también se especifican o podrían especificar cláusulas de escape. Otro ejemplo son los créditos hipotecarios y los pagos por dividendo, que están establecidos en UF. Si efectivamente ha habido una subestimación del IPC se habría beneficiado a los deudores y perjudicado al sistema financiero. Pero si la evolución del IPC fuera correcta (o no nos diéramos cuenta de que teníamos un problema) los bancos corregirían sus tasas de interés de forma que estén más en línea con la real evolución de sus costos. De hecho, ese es el comportamiento que vemos detrás de la tasa de interés de las captaciones en UF.
¿Y para qué queremos un IPC? Generar cambios porque “creemos” que no está reflejando la realidad es un error. Es posible que hayan existido problemas de metodología al capturar los precios de algunos productos, pero introducir los cambios ahora puede dañar la utilidad de este indicador. Estudiar esos cambios con tiempo es una ventaja, pero quizás también debemos preguntarnos sobre los costos de introducirlos en este momento versus los costos de postergarlos para después de la próxima Encuesta de Presupuestos Familiares, que en definitiva nos informará nuevamente de cantidades y precios de los bienes y servicios que consumen las familias chilenas.
1 Casualmente, unos de los beneficios de la descentralización de las negociaciones colectivas respecto a salario, limitándolas a nivel de empresa, es que el mejor indexador para las empresas es el precio de su producto de venta.
2 Existen otros productos bajo observación y discusión también, como los tecnológicos, por mencionar alguno. Por razones de espacio nos limitaremos al caso de la vestimenta únicamente.