Por Carlos J. García* y Carlos J. Ponce**. *Ph.D. en Economía, University of California at Los Angeles, Estados Unidos. Académico FEN. **Ph.D. en Economía, University of California at Los Angeles, Estados Unidos. Académico FEN.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 87, 2014.
Cuando escuchamos hablar sobre los efectos que tendrá el aumento del gasto fiscal sobre nuestra desacelerada economía, parece como si estuviéramos frente a un truco de magia, que hará crecer al PIB mucho más que ese 9,8% de incremento del gasto público que se ha anunciado. Para entender cómo funciona esto, es necesario comprender qué es el “multiplicador fiscal”. Este concepto se refiere al efecto que tiene un aumento del gasto público sobre el PIB.
Lo explicamos a continuación: al incrementarse el gasto público en un millón de pesos, se producen más bienes y servicios y se contratan más empleados, todo de forma directa. Si el PIB crece más que sólo ese millón de pesos, es porque los nuevos empleados y los empresarios que venden bienes y servicios al sector público, y que reciben esos pagos por un millón de pesos, gastan una fracción de estos en consumo y la otra fracción la ahorran. Lo que consumen se transforma nuevamente en demanda de bienes y servicios que las empresas deben ofrecer. Para hacerlo, necesitan contratar más trabajadores y comprar bienes y servicios de otras empresas, generando así nuevos ingresos, que son en parte consumidos y en parte ahorrados, y así sucesivamente en diferentes repeticiones cada vez menores.
Bajo esta lógica, si el “multiplicador fiscal” produce un incremento del PIB mayor que ese millón, los economistas dicen que éste es mayor que uno. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el multiplicador también funciona en la dirección contraria cuando cae el gasto público.
Pero, si es verdad tanta magia, ¿por qué entonces el gobierno no aumenta indefinidamente su gasto para mantener creciendo permanentemente la economía? La respuesta es simple: porque el multiplicador no siempre funciona. Los economistas han descubierto que el valor del multiplicador depende del estado del ciclo económico, es decir, de si la economía está creciendo poco –lo que llamamos recesión o desaceleración- o mucho –lo que llamamos expansión o aceleración.
En una economía desacelerada con recursos desocupados (trabajadores, maquinarias, etc.), el gasto fiscal funciona como un verdadero impulso y el resultado final es un multiplicador por encima de uno. Es decir, la varita mágica del gobierno funciona: cada peso extra que gasta se transforma, a nivel de toda la economía, en más de un peso. ¡Eureka, aparecen más conejos y palomas del sombrero del ministro de Hacienda!
Sin embargo, si todos los recursos de la economía están ocupados, el impulso del gobierno será inerte, produciendo sólo aumentos en la tasa de inflación. Si ese fuera el caso, el multiplicador sería menor que uno, la magia del gobierno se esfumaría y del sombrero del ministro aparecería sólo humo negro. Para peor, deberían subir más los impuestos para pagar el gasto extra que no produjo nada, por lo que del sombrero del ministro no sólo saldría humo negro ¡sino que se quemaría completamente!
Ahora, ¿cuánto es el multiplicador de la economía chilena? Las estimaciones indican que está entre 1,9 y 1,4. Es decir, por cada peso extra que gasta el gobierno, la economía produce aproximadamente 1,7 pesos adicionales. Esto indica que el aumento de 9,8% del gasto público, por lo menos a nivel agregado, es una cifra necesaria para activar la economía. Considerando los valores del multiplicador del gasto fiscal, el incremento del gasto aumentaría en dos puntos porcentuales el PIB.
Buenas noticias para el país; el próximo año el ministro de Hacienda logrará realizar su truco. Es una política acertada para los tiempos que enfrentamos.
EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO SECTORIAL
Por otra parte, es importante mencionar que el efecto positivo final depende también de cómo se gasta el gasto.
La efectividad de la intervención gubernamental y del gasto público se puede abordar también desde una perspectiva microeconómica. Para países en desarrollo, la relación entre gasto público sectorial y los resultados obtenidos en tales sectores es, en el mejor de los casos, tenue. Si bien algunos estudios encuentran que un mayor gasto público en educación mejora los resultados educativos, otros similares no identifican ningún impacto del gasto público educativo sobre los resultados en tal materia¹. Los resultados en el área de salud son también desalentadores, ya que los efectos de aumentar substancialmente el gasto público en salud son levemente moderados.
¿Qué sugieren estos estudios sobre la efectividad del gasto público? Por un lado, que los aumentos de éste en algún sector específico sólo reemplazan los del sector privado. En otras palabras, las familias y las empresas disminuyen sus gastos en respuesta al mayor expendio estatal. El efecto neto es por lo tanto poco significativo. Y por otro lado, que los resultados negativos o ambivalentes de estos estudios se deben a prácticas de corrupción usuales en aquellos países con instituciones más “débiles”.
En este sentido, Chile se encuentra aún en una posición relativamente buena. Sin embargo, por primera vez desde 1998, el país dejó de liderar el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional para Latinoamérica: perdió dos lugares en el ranking, quedando en el puesto 22 y siendo superado por Uruguay, ubicado en el 19.
Existen numerosos estudios que documentan el efecto que la corrupción tiene sobre la efectividad del gasto estatal. Uno reciente para países en desarrollo² encuentra que a mayor corrupción, menor es la efectividad del gasto público tanto en educación como en salud –las dos áreas en que el gobierno piensa invertir más ampliamente. De forma específica, prueba que un incremento de un punto porcentual en la participación del gasto público en salud en relación al producto bruto, no tiene efecto alguno sobre la mortalidad infantil en aquellos países con mayores índices de corrupción. Y que, de manera similar, un aumento de un punto porcentual en la participación del gasto público en educación en relación al producto bruto, tampoco afecta los resultados educativos en países con corrupción más elevada.
Desafortunadamente, existen razones para pensar que la corrupción impacta también en la composición del presupuesto gubernamental. La premisa esencial es que la práctica de actividades públicas ilegales se vuelve más rentable cuanto más difícil sea detectarlas. De esta forma, los ‘funcionarios’ involucrados en prácticas ilícitas tienen incentivos para manipular la composición del gasto público a favor de actividades con resultados difícilmente verificables y costosos de monitorear, como las compras de sofisticados equipos de defensa, la creación de grandes proyectos de infraestructura, los gastos relacionados con el orden público o la cultura, etc.
Sin embargo, no deberíamos alarmarnos. Las oportunidades de corrupción asociadas al gasto en educación parecen más bien limitadas. Resulta más simple y transparente monitorear compras de material escolar y el pago de salarios docentes, que las actividades antes descritas. Respecto a la salud, debemos estar bien atentos para fiscalizar los gastos en compra de equipos médicos altamente especializados y la construcción de infraestructura hospitalaria.
1. Véase, por ejemplo, Harbison, R., Hanushek, E. Educational performance of the poor: Lessons from Rural Northeast Brazil. Oxford University Press, Oxford. 1992; Mingat, A., Tan, J. On the mechanics of progress in primary education.’ Economics of Education Review, 2003.
2. Véase Andrew Sunil Rajkumar, Vinaya Swaroop. ‘Public spending and outcomes: Does governance matter?’ Journal of Development Economics, 2008.