Por Ramiro de Elejalde y Carlos J. Ponce. *Doctor en Economía, Universidad Carlos III de Madrid, España. Académico FEN UAH. **Ph.D. en Economía, Universidad de California, Estados Unidos. Académico FEN UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 97, 2015.
La propuesta de gratuidad en la educación universitaria ha sido tan polémica como poco debatida. En lugar de discutirse las principales ideas que subyacen a esta propuesta predominan ejes discursivos de alto contenido ideológico, pero de escasa racionalidad. El análisis que sigue pretende aclarar algunos aspectos centrales al proyecto de gratuidad.
EN LAS BÚSQUEDA DE EXTERNALIDADES
Impuestos y subsidios gubernamentales son instrumentos útiles para remendar los denominados ”fracasos” de mercado o externalidades. ¿Qué es una externalidad? Considere el siguiente ejemplo. Cuando un individuo se vacuna contra una enfermedad contagiosa no solo obtiene el beneficio de no contraer tal enfermedad sino que también impide que la misma se disemine a otras personas. Decimos entonces, que el individuo genera beneficios externos o beneficios sociales de los cuales no se puede apropiar. Es por ello que los gobiernos actúan subsidiando parcial o totalmente programas de vacunación para ciertas enfermedades. En este caso, la gratuidad está claramente justificada dado que la presencia y magnitud de los beneficios externos está fuera de discusión.
Ahora bien, ¿Puede justificarse la gratuidad universitaria debido a la presencia de beneficios externos positivos? ¿Qué beneficio social genera un individuo que adquirió capital humano en una universidad? ¿Qué beneficio le da este individuo a la sociedad sin recibir a cambio una retribución adecuada?
Por un lado, conceptualmente, es difícil sino imposible, vislumbrar la presencia de externalidades positivas en la adquisición de educación superior. Nos guste o no, el capital humano adquirido en la universidad permite recibir mejores retribuciones en los mercados laborales. Por el otro lado, la evidencia empírica disponible no permite concluir que la educación superior genere beneficios externos. En otras palabras, los egresados universitarios se apropian monetariamente de la mayor parte del valor que generan sus estudios sin generar «derrames» sociales positivos. (Sí existen, sin embargo, numerosos estudios que confirman la presencia de importantes beneficios sociales derivados de la educación básica y media).
¿Desde esta perspectiva, se justifica entonces la gratuidad? No solo es injustificable sino que propicia un resultado poco deseado: el tan temido “lucro”, pero ahora de naturaleza intertemporal. Más precisamente,
los estudiantes que en el futuro usarán su acrecentado capital humano para generar ingresos obtendrían tal activo a costo “cero” en el presente.
ACCESO AL CRÉDITO Y APOYO A ESTUDIANTES POBRES
Si usted deseara comprar una casa y su riqueza actual le permitiera financiarla sin tener que recurrir a un banco, ni nos preocuparíamos de su caso. Lo mismo debiera ocurrir, si quisiera que su hijo adquiera educación superior. Los beneficios económicos de esa educación los disfrutará su hijo y quizás usted si su hijo lo ayuda en el futuro, y, además, usted ha podido pagarla. ¿Con qué derecho estas familias “acaudaladas” podrían protestar argumentando que la educación superior es un “derecho social” y que por lo tanto debe ser gratuita? Más aún, es bastante probable que esas familias además hayan pagado educación escolar privada a sus hijos. Entonces, ¿Qué diferencias hay entre la vivienda y la educación superior en este caso?
Sin embargo, no todos tenemos suficiente dinero como para adquirir una vivienda sin pedir un préstamo. Y se deben pagar los intereses correspondientes si es que tiene la suerte de obtener uno. Podría suceder que el banco, al creer que no se pagará la deuda, decida no otorgarle el préstamo. Lo mismo podría ocurrir en el caso de tratar de acceder a la universidad.
¿Es injusto que un joven talentoso no pueda acceder a la educación superior por su situación económico-social? Por cierto que sÍ! Justamente el crédito con aval del Estado (CAE) ha buscado ayudar a solucionar este problema de financiamiento. ¿Acaso lo ha logrado? El gráfico 1 muestra el importante incremento de la matrícula en educación superior a partir del año 2006, que coincide con la puesta en marcha del CAE. ¿QuE el CAE ha sido muy caro o ha estado mal diseñado? Es posible. Este mecanismo es perfectible y obviamente está sujeto a discusión. ¿Acaso la gratuidad mejorará el acceso a la educación superior? Creemos que no. En el gráfico 2 se muestra el acceso a la educación superior por nivel de ingreso en Chile, donde existen créditos avalados por el Estado, y en Argentina, donde la educación superior en universidades estatales es gratuita. Resulta claro, que no existen diferencias significativas entre ambos países.
Dicho lo anterior, es posible que el CAE como apoyo financiero a familias de ingresos bajos no sea suficiente para nivelar oportunidades. Cuando un alumno de bajos ingresos asiste a la universidad y no trabaja, el sacrificio económico que enfrentan sus familias puede ser demasiado grande. Para enfrentar tales situaciones una política de becas de mantención focalizada en los estudiantes de menores ingresos es una respuesta socialmente deseable y eficiente.
ENDEUDAMIENTO Y PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
Ahora usted debe pagar su deuda. ¿Fue rentable su adquisición de capital humano? ¿Son los ingresos adicionales atribuibles a su educación lo suficientemente elevados para cancelar lo adeudado? ¿Tenía suficiente información cuando tomó la decisión de endeudarse para estudiar tal o cual carrera?
Idealmente, los padres deberían tener una idea aproximada del ingreso futuro de sus hijos con y sin educación universitaria. Este cálculo es muy complejo, especialmente para familias de menores recursos donde los hijos son la primera generación que asiste a la universidad. Este parece ser el caso en Chile donde el 75 por ciento de los estudiantes financiados con el CAE pertenecen a familias de los tres quintiles de menores ingresos (gráfico 3). Si la rentabilidad del capital humano adquirido fuera menor a la prevista por las familias, se podría llegar a niveles de endeudamiento prohibitivos para familias de pocos recursos. Este es un problema social muy delicado que debe encararse.
¿Se justifica entonces la gratuidad por problemas de información? Creemos que no. La gratuidad no ofrece una solución de fondo a ese problema porque no ayuda a las familias a tomar decisiones más informadas. Además es extremadamente cara puesto que es una medida universal, en vez de ser focalizada en las familias poco informadas con potenciales problemas de endeudamiento.
En este sentido, existen alternativas superiores a la gratuidad. Primero, una agencia de acreditación seria y profesional que asegure el acceso a una educación superior de calidad. Segundo, un límite a la carga de deuda que puedan afrontar las familias si la rentabilidad de la educación es menor a la esperada. Esto puede ser mejorable, pero el CAE actual, ya reformado, incorpora esta característica al limitar el porcentaje del ingreso que se puede retener para pagar la deuda contraída.
ARANCELES UNIVERSITARIOS
Un problema serio y complejo es el nivel de los aranceles universitarios. Desafortunadamente, la gratuidad ofrecería una solución deficiente e indirecta a este problema según la información que se maneja hasta ahora. La propuesta de gratuidad desea eliminar la capacidad de las universidades para fijar aranceles y reemplazarlos por precios regulados gubernamentalmente. Los precios o aranceles, aún con ciertos defectos, transmiten y transparentan información sobre los costos universitarios y las valoraciones de las distintas carreras por los potenciales estudiantes. Reemplazar precios de “mercado” por precios “administrativos” no parece demasiado convincente. Los burócratas a cargo de esta formidable tarea deberían conocer los costos de cada carrera para cada universidad, los costos de ampliación de la capacidad instalada de las universidades, los costos de adquirir nuevas tecnologías, la rentabilidad futura de las distintas carreras, la calidad de cada establecimiento, etc. Es soberbio pensar que esta información pueda ser conocida adecuadamente por un puñado de individuos. Además, es claro que las universidades tendrían fuertes incentivos a desperdiciar recursos para influenciar y convencer a los burócratas de que sus aranceles debieran ser más elevados.
Existen distintas propuestas que pueden ayudar en este asunto sin caer en la regulación o eliminación de aranceles. Una de ellas, es separar el financiamiento de la investigación del de la docencia y reemplazar asignaciones de fondos basados en la antigüedad de la universidad por un proceso competitivo con reglas claras.
No hay argumentos serios que permitan defender la gratuidad en la educación superior. A lo sumo se pueden encontrar justificaciones bien intencionadas, pero superficiales y que claramente no sobreviven a análisis rigurosos. Existen alternativas que pueden obtener mejores resultados con menores costos sociales; pero desafortunadamente no son consideradas ya sea por ignorancia o razones meramente ideológicas.
Finalmente, si se implementara la gratuidad nos gustaría agregar un ingrediente al proyecto. Los estudiantes beneficiados por tal medida deberían ofrecer sus servicios profesionales de manera “gratuita” durante la misma cantidad de tiempo que permanecieron en la universidad. Después de todo, nada es gratis.
