Las asociaciones de funcionarios están presentes en casi todos los servicios de la Administración Central del Estado y están fuertemente articuladas entre sí, según lo revela la primera Encuesta para el Diagnóstico de las Relaciones Laborales en la Administración Central del Estado (ENCLACE), llevada a cabo por el Servicio Civil y la Universidad Alberto Hurtado, y lanzada el pasado martes 7 de noviembre en la UAH.
La encuesta fue respondida en agosto del 2016 por 118 jefes/as de Gestión de Personas, Relaciones Laborales o quien desempeña una función equivalente al interior de los servicios, y se desarrolló en el marco de un convenio de colaboración firmado entre el Servicio Civil y el plantel académico, con el objetivo de desarrollar una metodología de observación y seguimiento de las relaciones laborales en el Estado y cuyo primer producto es la encuesta ENCLACE.
El Rector de la UAH, Eduardo Silva, fue quien dio inicio al evento en el cual había más de 100 personas. Luego Rodrigo Egaña, Director del Servicio Civil se dirigió al público agradeciendo la asistencia y destacando el gran trabajo que se hizo en conjunto con la Universidad. Egaña enfatizó en que “cuando le propusimos a la Universidad hacer esta encuesta la única condición que pusimos fue que se hiciera con total autonomía, y la Universidad cumplió fielmente con su rol de hacer conciencia crítica. Este fue un trabajo que fue esencialmente colaborativo entre las dos entidades”
Francisca Gutiérrez, académica FEN e investigadora a cargo de la encuesta presentó junto a Pablo Meier, Consultor del Servicio Civil, los principales resultados de la encuesta. Entre éstos destacó que más del 90% de los servicios encuestados declaró que cuenta con al menos una asociación nacional de funcionarios, lo que dista mucho de lo que ocurre en el sector privado, donde sólo un 8,9% de las empresas cuenta con un sindicato. También reveló que los servicios públicos poseen un sistema de relaciones laborales altamente desarrollado e inclusivo, y pese a la ausencia de una regulación de la materia en el sector público chileno, las asociaciones negocian permanentemente con las autoridades sobre diversas temáticas.
Luego de la presentación se dio paso al panel de conversación en el que se invitó a Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Estudios Públicos de la UC; Guillermo Campero, experto en la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y Carlos Insunza, Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. El panel fue moderado por Eduardo Abarzúa, Decano (I) de la FEN y Director del proyecto.
Ignacio Irarrázaval fue quien tuvo primero la palabra y comenzó destacando el tremendo aporte que hizo esta encuesta, mencionando que no conocía estudios de esta naturaleza. Luego dio paso a sus observaciones sobre en las que dijo que: “no sé qué tan útil es comparar los servicios del Estado versus el sector privado, ya que son muy diferentes el uno del otro. Yo no concluyo de la encuesta que hay un sistema de relaciones laborales altamente desarrollado. Sí creo que hay instancias muy desarrolladas”.
Por su parte Guillermo Campero habló sobre la asociatividad en el mundo público, el cual destacó que para el sector era muy importante. Luego, al igual que Irarrázaval mencionó que el sector privado está enormemente disgregado, a diferencia del público que tiene estabilidad y constituye un cuerpo laboral que se diferencia mucho del sector privado. Concluyó que: “la experiencia de negociación colectiva y la experiencia de diálogo social a través de las mesas es impresionante. Esto yo creo que es un capital social, político y organizacional enorme y que nosotros como chilenos lo tenemos”.
Por último Carlos Insulza destacó que los resultados de la encuesta muestran la diversidad de fenómenos de organización, negociación y de acuerdos que existe en el sector público en Chile.
Principales resultados
El estudio señala que las mesas de negociación o de trabajo son una modalidad de diálogo social frecuente e instalada en la cultura de los servicios, donde la negociación es permanente. Casi la mitad de los servicios registra cinco o más mesas durante el año en estudio.
También revela que las mesas abordan una gran variedad de temáticas, no solo ligadas a las condiciones de los trabajadores, sino también materias que conciernen a la dirección de los servicios como los problemas ligados al empleo (contratación y despidos) o a la aplicación de nuevas leyes. Esta situación contrasta con la del sector privado, donde la negociación colectiva se limita generalmente a la discusión sobre las remuneraciones.
ENCLACE consultó a los servicios si incluyeron las temáticas impulsadas por el Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado promulgado en 2015, en las mesas de negociación, verificándose que casi todas estas temáticas fueron tratadas por al menos la mitad de los servicios durante el periodo estudiado, lo que da cuenta de un alto grado de participación de las asociaciones de funcionarios, particularmente en el diseño e implementación de la Política de Desarrollo de Personas de cada servicio.
Otro hallazgo es la elevada tasa de conclusión de acuerdos en las mesas de negociación y/o trabajo. De las mesas concluidas durante el periodo estudiado, sólo un 7% no llegó a ningún tipo de acuerdo. Esta cifra es relevante si se considera que no existen procedimientos de arbitraje o mediación establecidos legalmente.
Destaca además el desacoplamiento de la negociación que llevan a cabo los servicios respecto de la negociación a nivel de ministerio. Es decir, un alto porcentaje de servicios negoció localmente materias que ya eran objeto de un acuerdo a nivel superior, entre el ministerio y las asociaciones de funcionarios del sector (un 69% de los servicios del sector salud, 41,7% de los servicios de otros sectores). Ello se explicaría en la necesidad de ajustar los compromisos alcanzados a la realidad específica de cada servicio.
Es también importante la integración emergente de los trabajadores a honorarios en las mesas de negociación y/o trabajo. Según el estudio, en el 20% de los servicios encuestados existen organizaciones que los agrupan y en la mayor parte de estos casos, los servicios realizan mesas de negociación y/o trabajo paralelas con estas agrupaciones para tratar las temáticas propias de esta categoría de trabajadores (28,5% en el sector salud y 50% en el resto de sectores).
Si bien el informe destacó el elevado desarrollo del diálogo social, también identificó algunos problemas que pueden asociarse a la ausencia de una regulación. Por un lado, el estudio dio cuenta del escaso nivel de formalización de los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación y/o trabajo. Cerca de la mitad de los acuerdos resultantes de las mesas de negociación son de carácter verbal, pudiendo aumentar las probabilidades de conflictos futuros, ya que no queda registro respecto de los compromisos asumidos por cada una de las partes.
El informe también observó algunas particularidades en el sector salud, donde la gestión de las relaciones con las asociaciones de funcionarios está en manos de estructuras internas o cargos especializados al interior de la organización. El 71% de los servicios de este sector cuenta con un área, departamento o unidad especializada en las relaciones con las asociaciones de funcionarios, mientras que sólo un 18% de los servicios de otros sectores se encuentra en esta situación.
El director del Servicio Civil, Rodrigo Egaña, sostuvo que esta primera encuesta sobre Relaciones Laborales en la Administración Central del Estado es una experiencia inédita, “que aspiramos – dijo- sea replicada de modo de generar información útil para caracterizar el estado de situación, y desde allí construir estrategias que permitan enriquecer y potenciar el diálogo entre actores al interior de los organismos públicos, y en el futuro, alimentar una eventual discusión sobre la regulación de la negociación colectiva en el sector”.
