Por Alejandro Jiménez Montecinos, Académico de Tecnología e Innovación FEN-UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 118, 2017.
La acumulación de residuos ya sea de origen industrial o domiciliario es uno de los temas ambientales que más preocupación generan en la actualidad. Por lo que la recolección, transporte y emplazamiento final de los desechos son sujetos de una intensa regulación en la mayoría de las economías desarrolladas.
En Chile, uno de los principales instrumentos de ordenamiento territorial son los planes reguladores que definen las disposiciones del uso del suelo, densidad de sus habitantes, estructura vial y límites urbanos en los territorios comunales. El ordenamiento más conocido de todos es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (RM-PRM-95-CH) que declaró como área de interés silvoagropecuario mixto (ISAM 6) a algunos territorios de las comunas de Lampa y Til Til. Al parecer, se trataría de terrenos con baja conductividad hidráulica, muy estables y con un bajo riesgo de inundaciones; ideales para el desarrollo de “actividades peligrosas”. En uno de estos terrenos, el Consejo de Ministros autorizó recientemente la construcción de un relleno sanitario industrial lo que ha generado la molestia e indignación de sus habitantes.
Desafortunadamente, la preocupación de la comunidad de Til Til no es infundada. Existe suficiente evidencia en la literatura que muestra los conflictos de vivir cerca de vertederos o de depósitos industriales. Son lugares peligrosos y constituyen un riesgo latente para la salud y el medio ambiente. Hoy en día existen varios sitios en el mundo que se mantienen inutilizados y constituyen una constante molestia para sus vecinos debido al inadecuado manejo que tuvieron en el pasado.
No obstante, y aunque parezca contradictorio, los depósitos industriales también son necesarios y beneficiosos, pues aseguran que los materiales peligrosos reciban un adecuado almacenamiento y tratamiento, de manera que también contribuyen al cuidado del medio ambiente y la salud humana. En la actualidad, existen tecnologías seguras que evitan el percolado de productos químicos al suelo o la atmósfera. Los operadores que trabajan con estos residuos sellan sus instalaciones con revestimientos dobles y utilizan una serie de métodos para evitar que los materiales peligrosos se escapen al medio ambiente.
En países industrializados, algunas actividades económicas que revisten un potencial riego para la salud y el medio ambiente, reciben un tratamiento que no difiere mucho de la normativa que regula los depósitos industriales: el manejo de polímeros que generan gases volátiles, los laboratorios de I+D que almacenan muestras patógenas o los centros de ensayos que producen químicos en base a derivados de toxinas son algunos ejemplos de actividades productivas que cualquier país desarrollado realiza dentro de sus fronteras. Se trata de labores intrincadamente peligrosas, apartadas de los centros urbanos y que normalmente operan bajo estándares de seguridad y contención muy exigentes. Son lugares cuidadosamente seleccionados que, con tiempo, suelen transformarse en distritos industriales especializados y contribuyen al desarrollo económico de las regiones.
En Chile, no existe un plan de desarrollo industrial integrado. Sin embargo, en los alrededores de Til Til, se está configurando un “cluster” industrial improvisado en torno a la basura y los desechos, impulsado principalmente por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Actualmente, hay un interesante debate que plantea dos alternativas: la primera, busca oponerse a cualquier otro intento de proyecto que pueda representar riesgos inminentes para la seguridad humana o ambiental —aunque cumpla con la normativa vigente—. En esta línea, hay voces que proponen revisar el plan regulador, lo que podría paralizar muchas inversiones, genera incertidumbre y en la práctica, no parece ofrecer mejores alternativas para la comunidad.
El segundo escenario hace referencia a explorar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo aprovechando la posibilidad de seguir con “actividades peligrosas”. Esto no significa necesariamente continuar con la idea de traer proyectos con riesgo ambiental controlado, pero aprovecha la infraestructura y las economías de escala para el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión y tratamiento de residuos. Por ejemplo, la infraestructura de biorremediación, los proyectos de monitoreo ambiental, la investigación en nuevas tecnologías de reciclaje y/o bodegas experimentales entre otros, son actividades inviables si no se desarrollan de manera integrada o se implementan in situ.
Las agencias de fomento productivo también pueden contribuir mucho al propiciar la creación de parques industriales mixtos que fomenten la colaboración público- privada y la vinculación con universidades. A su vez, las municipalidades pueden planificar sus loteos industriales creando territorios reservados o de interés público para que sus comunidades no se sientan “sitiadas” o impedidas de desplazarse por caminos y/o accesos que antes frecuentaban. La idea es diversificar el desarrollo industrial y no matar “la gallina de los huevos de oro” transformando los territorios con potencial económico en “zonas de sacrificio”.
En resumen, el caso de Til Til dejó en evidencia la debilidad del sistema chileno en materia de ordenamiento territorial. Además, de muchos desafíos pendientes como la participación ciudadana de las comunidades afectadas, una normativa ambiental compleja y dispersa, y asimetrías en el manejo y generación de la información.