Hasta el primer semestre de 2016, había consenso en que el principal problema que afectaba a nuestro sistema de pensiones eran las bajas pensiones. Sus causas también eran conocidas: bajos salarios, alta informalidad del empleo, el aumento en la expectativa de vida, la disminución en la rentabilidad de los ahorros previsionales y el nivel de algunos parámetros estructurales como la tasa de cotización y la edad de jubilación. En este contexto, las soluciones “técnicas” que se habían planteado apuntaban a mejorar las características del mercado laboral, perfeccionar la regulación de las inversiones y ajustar algunos parámetros estructurales. La principal discrepancia entre los expertos, bien reflejada entre los miembros de la Comisión Bravo, estaba en la fórmula para complementar las pensiones más bajas. Algunos proponían el uso de impuestos generales, mientras que otros preferían un mecanismo de reparto entre afiliados.
No obstante, las multitudinarias marchas observadas en 2016 revelaron que la falta de legitimidad, entendida como el descontento de una parte importante de la ciudadanía con el sistema de pensiones vigente, es un problema de similar envergadura. En efecto, la cadena de eventos observados desde que el movimiento No+AFP convocara la primera marcha son una muestra de la fuerza que tienen las manifestaciones ciudadanas, así como de la importancia y la urgencia de mejorar la percepción sobre el sistema de pensiones. Para ilustrar su impacto, basta recordar que las marchas motivaron un cambio radical en las prioridades del Gobierno de Michelle Bachelet, que se tradujeron en el envío de tres proyectos de ley al congreso, y posicionaron a las pensiones como uno de los temas centrales del debate presidencial. Al mismo tiempo, las administradoras anunciaron una serie de iniciativas para acercarse a los afiliados, como la creación de comités de afiliados, el aumento en las inversiones para promover la educación y el ahorro previsional y la posibilidad de presentar sus resultados en cuentas públicas.
Entre las posibles causas de la baja legitimidad se distinguen al menos cuatro factores. Primero, las pensiones son bajas en relación a las expectativas anteriormente creadas en la población. Segundo, su origen en el régimen militar y los cuestionables mecanismos utilizados para que los trabajadores del sistema antiguo se cambiaran al nuevo sistema. Tercero, la obligatoriedad de la cotización y un bajo nivel de discrecionalidad de los afiliados para disponer de sus ahorros previsionales. Por último, los escándalos por los llamados “jubilazos” y las ganancias de las administradoras son otra fuente de descontento asociadas al hecho de que algunos actores reciben un pedazo grande de una torta que no alcanza para la mayoría.
El diagnóstico en materia previsional del presidente electo Sebastián Piñera no considera el problema de la legitimidad, pero varias de sus propuestas sí lo hacen. Entre las principales se encuentran aquellas orientadas a aumentar las pensiones, promover el ahorro previsional voluntario, aumentar la competencia entre administradoras y permitir el retiro de un monto de libre disposición a los afiliados que posterguen su edad de jubilación. Sin embargo, no es claro que estas medidas sean suficientes para apaciguar el descontento de la ciudadanía. A modo de ejemplo, el envejecimiento de la población y las menores rentabilidades de los ahorros podrían exceder el impacto del aumento en las pensiones asociado a la mayor cotización y las posibilidades de realizar aportes fiscales en el largo plazo. Del mismo modo, sus propuestas no contemplan mecanismos para limitar los “jubilazos” y no es claro que la idea de permitir la entrada de nuevos competidores resulte en una distribución más equitativa de excedentes entre la industria de AFPs y los afiliados.
Es difícil anticipar el impacto de los cambios que finalmente implementen sobre la legitimidad del sistema. Sin embargo, debemos tener presente que el bajo conocimiento previsional y una percepción generalizada de abuso podrían llevar a la ciudadanía a apoyar medidas que sintonizan con su descontento pero que, desde una perspectiva técnica, terminen perjudicando las pensiones que tanto queremos mejorar.
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