Por Humberto Borges Quintanilla. El principio básico de la economía moderna y el comercio es la confianza; si esta premisa se rompe, no hay comercio y la economía de un país retrocede en su desarrollo.
Desde los escándalos de La Polar y los casos de colusiones de papel confort, pañales, farmacias, pollos y otros, se ha establecido una sombra de incertidumbre y desconfianza entre consumidor y empresariado. Al rechazarse, por el Tribunal Constitucional (TC), la nueva ley dirigida a dar nuevas atribuciones al Sernac y que la prensa comenzara a divulgar despectivamente que este organismo es un “león sin dientes”, ha comenzado un caldo de cultivo de una desconfianza generalizada, lo que se observa en el área política y que se hizo palpable en el último año.
Los cambios de la ley estaban dirigidos a dar fuerza y capacidad al Sernac, en concreto, la posibilidad de que dictara normas y aplicara multas, defendiendo a los consumidores. Pero esto fue rechazado por el TC, lo que justifica que la desconfianza de la sociedad continúe.
El principio básico de la economía moderna y el comercio es la confianza; si esta premisa se rompe, no hay comercio y la economía de un país retrocede en su desarrollo. Al contrario, la relación entre consumidor y empresa dentro de este contexto, es la relación de un ente que ordena todo y el consumidor se convierte en un simple obrero de las minas del carbón de los años de Sub Terra, donde hay una depresión latente y su poder de reclamo es nulo. Lógicamente no nos encontramos en ese mundo, pero el Sernac tiene la capacidad de ser una válvula de descompresión de los reclamos de los consumidores; por ejemplo, un consumidor que tiene un contrato de servicios o una compra de un valor de $100.000 recurrirá al Sernac, al no tener capacidad de llegar a un acuerdo entre las partes, el consumidor desistirá, ya que la alternativa siguiente es iniciar un juicio, con un costo de honorarios y gastos en abogados que sería alrededor de diez veces el valor de la compra o servicio.
Al no poder ejercer los derechos básicos de los consumidores, muchos servicios y productos nacionales serán vistos por turistas extranjeros con desconfianza, ya que al venir al país estarán sin capacidad de ejercer su derecho y no serán sancionadas las empresas que incumplan con sus servicios y productos. No mejorar de las atribuciones del Sernac es un duro golpe a la industria turística y a la marca Chile, la que muchas industrias, empresas, trabajadores e instituciones por años han estado construyendo.
Por otro lado, los países más capitalistas tienen servicios capaces de responder en caso de conflictos entre consumidor y empresas, siendo los más fervientes creyentes en el sistema capitalista, y no se les pasa por la cabeza destruir la confianza de sus ciudadanos en el comercio. Muy por el contrario, estos países capitalistas y desarrollados fortalecen los servicios de protección de los consumidores, con lo cual logran posicionar la marca país como empresas responsables y transparentes.
Por último, no podemos justificar la decisión del TC en una mirada compasiva a las pequeñas y medianas empresas, ya que no sólo fue anulada alguna atribución que pudiera afectarlas. Por el contrario, las empresas que actuaran en favor de lograr convenios de reparación y entregasen información de la situación, serán siempre favorecidas por los informes de los propios servicios de los consumidores.
En resumen, podemos concluir que la decisión del TC afecta la visión pública del comercio del país y nos podemos enfrentar a un estallido social por reivindicaciones por abusos empresariales similares a los que se produjeron en el Caso La Polar y las protestas estudiantiles de 2011, donde los que provoquen el daño se excusaran en lo indefenso de los consumidores. Los derechos de los consumidores deben visualizarse como derechos ciudadanos básicos dentro de una sociedad desarrollada y más justa.
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