Luego del interesante debate entre el ministro de Hacienda y los encargados de las agencias que ponen nota a nuestra economía es claro que necesitamos de liderazgos políticos mayúsculos: la economía chilena no tiene hoy un potencial de crecimiento mayor a 3% anual, no se ha diversificado suficientemente -lo que la mantiene muy dependiente del cobre-, y su situación fiscal, aunque nada grave, se ve extremadamente complicada como para volver a ser superavitaria. Por ello es que la caída en el rating (que aún es bueno) será altamente difícil de recuperar.

Qué se requiere hacer: muchas reformas que mejoren el funcionamiento de la economía, pero que difícilmente serían aprobadas si a la vez no forman parte de un conjunto de iniciativas que atiendan lo que son las demandas sociales actuales. Efectivamente, me parece que reformas económicas duras sin respaldo político ciudadano no son viables. Y ese respaldo ciudadano requiere atender demandas conocidas: (a) carencias de la población de la tercera edad en salud, pensiones y cuidados por invalidez y abandono, (b) demandas educacionales en todos los niveles, (c) requerimientos en vivienda social ante un fuerte aumento de campamentos y muchas aspiraciones sociales más, que lejos de tranquilizar al conductor de Hacienda, lo deben tener más que preocupado.

Bajar el déficit fiscal parece ser más que difícil, dado que los crecientes requerimientos sociales demandan más gasto público.

Sería paradójico aspirar a más endeudamiento público porque empeoraría el rating encareciendo el crédito al país. ¿Entonces, más impuestos a las empresas? ¿Y qué pasaría con la inversión y el crecimiento? ¿Más tributos a las personas o más IVA? ¿Y el Congreso estará dispuesto? ¿Reasignación del presupuesto de la Nación? ¿Y qué sacrificamos?

Sabemos que tenemos rigideces en legislación laboral, necesidad de mejorar la legislación tributaria y de medio ambiente, de perfeccionar el sistema de pensiones y también de optimizar las inversiones en capacitación laboral, donde el sistema Sence no es profundo. ¿Es viable cambiar estas legislaciones o programas sin un amplio acuerdo político que incorpore la atención a las principales demandas sociales?

Por otra parte, la correcta observación de Moody’s sobre nuestra todavía elevada dependencia del cobre lleva a pensar que el fisco debiera aumentar, por encima de lo tradicional, los ahorros que hace cuando el precio del metal está muy alto. Ello, con el propósito de neutralizar esa dependencia que hace tan mal a las exportaciones no-cobre que sufren lo indecible cuando el metal rojo está en auge. O sea, más restricción al incremento del gasto público en el corto plazo si es que el cobre se recupera y queremos hacer una buena política económica.

Es tan compleja la tarea de construir un buen futuro -donde lo económico es clave, pero donde lo político es más relevante porque es lo que podría o no permitir hacer las transformaciones adecuadas-, que las preguntas anteriores son solo un pequeño puñado de las que hay que responder.

Realmente, lo que uno quisiera es constatar que el desarrollo de la política nacional avanza hacia la construcción de un consenso amplio, más allá de bloques cerrados, que incorpore todos estos temas en un paquete de cambios políticamente viables. De otro modo, el pronóstico de las agencias de aatings será más que cierto: Chile no está mal, pero ha dejado de ser la estrella que fue. Ese es el desafío político que enfrentamos como país.

Jorge Rodríguez Grossi
Decano Facultad de Economía y Negocios
Universidad Alberto Hurtado
Ex ministro de Economía

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