Por: Eugenio Giolito, Ph.D. en Economía, University of Maryland, EE.UU. Director Magíster en Economía FEN- UAH
Publicado en revista Observatorio Económico Especial Octubre, 2020
Como todos sabemos, el Estado otorga la gratuidad a la educación superior a estudiantes que pertenezcan al 60% mas pobre de la población y que hayan accedido a una institución adscrita. La forma en la que se diseñó la política de gratuidad, (un híbrido entre un subsidio a la demanda y a la oferta), genera dos tipos de asimetrías que, si bien vienen desde el inicio, se vuelven mas graves en el contexto de una crisis económica como la que se ha gestado a partir de la pandemia.
La primera asimetría surge de el hecho de que haya estudiantes que, perteneciendo al mismo o incluso un menor nivel socioeconómico que aquellos que obtienen gratuidad, estén obligados a pagar o su educación, o en su defecto a endeudarse, solo porque estudian en una institución no adscrita.
La Figura 1 muestra la composición de los estudiantes de cuarto medio matriculados en la educación superior al año siguiente de su graduación, según hayan sido clasificados como prioritarios o no prioritarios según los criterios de al Subvención Escolar preferencial. De alguna forma, el número de estudiantes prioritarios nos da una idea de quienes pueden ser candidatos a la gratuidad en la educación superior. Según puede observarse en la Figura, con el advenimiento de la gratuidad, (en 2016 para universidades y en 2017 para IP y CFT), se produjo un aumento en el número de estudiantes prioritarios en instituciones de educación superior adscritas en detrimento de las quedaron fuera de la gratuidad. Específicamente, entre 2015 y 2020 la participación de universidades adscritas dentro del universo de estudiantes prioritarios paso de un 28% a un 37%, y la educación profesional pasó de un 29 a un 33% de los estudiantes prioritarios matriculados. Esos números se contrastan con la caída de la participación de universidades (de 11 a 8%) e IP y CFT (de un 30 a un 20%) no adscritos a la gratuidad. Lo que es llamativo es que, a pesar de la magnitud que ha tenido la gratuidad como política pública, todavía una fracción importante (cerca de un 30%) de quienes serían sus potenciales beneficiarios y se matricularon este año lo hacen en instituciones no adscritas a la gratuidad. En resumen, tenemos que una parte importante de los estudiantes para los cuales se destino la política está hoy pagando su educación porque lo hace en una institución no adscrita a la gratuidad.
Con la notoria caída en la actividad y el aumento del desempleo fruto de la pandemia, es muy probable que la población de estudiantes prioritarios que asisten a instituciones no adscritas quienes vean mas amenazada su continuidad de estudios. Cabe recordar que, particularmente en el caso de estudiantes prioritarios en universidades no cumplen con el requisito de años de acreditación para la gratuidad, que en muchos casos quedan fuera de las universidades gratuitas por no obtener el puntaje PSU requerido. Dado que, como sabemos, el bajo puntaje esta conectado con deficiencias en la educación básica y media a la que pueden acceder los estudiantes vulnerables, esta población de estudiantes se estaría viendo castigada por partida doble.
La segunda asimetría tiene que ver con el “corte” del 60% de los hogares mas pobres. Es difícil de entender que, en el caso de dos estudiantes de condición económica similar que se ubiquen a cada lado del corte, alguien tenga que pagar completamente su educación y la otra persona acceda gratuitamente. Creemos que en este caso seria mas equitativo un caída gradual en la cobertura, con la aparición de becas parciales.
Como dijimos al comienzo, si bien los problemas reseñados vienen desde el inicio de la gratuidad, creemos que, dadas las dificultades económicas que están pasando muchas familias, en este momento debería prestársele especial atención, aunque sea para morigerar estas asimetrías.