Remuneraciones de otras altas autoridades, el Senado ha el resuelto, el pasado 30 de abril, entregar al Consejo de Alta Dirección Pública la responsabilidad de rebajarlas temporalmente, mientras se pronuncia sobre su monto la comisión especial creada por la misma norma.

La propuesta de reducir la dieta parlamentaria data de 2014. Se originó en una moción parlamentaria que no concitó suficiente apoyo por ese entonces. Sin embargo, el estallido social de octubre de 2019 cambió el escenario y abrió la puerta a esta reforma constitucional, por medio de la cual se quiso dar una señal de compromiso con la demanda ciudadana por mayores grados de equidad y contribuir a reestablecer la confianza entre los chilenos y sus instituciones.

El Consejo hizo presente al Congreso su preocupación frente a la eventual reducción de las remuneraciones de los directivos nombrados por Alta Dirección Pública, responsables de gestionar ingentes recursos públicos y liderar la entrega de servicios sociales, advirtiendo que la misma contribuiría a ampliar aún más la brecha con el sector privado y las dificultades que el Estado enfrenta para atraer y retener talento necesario para su adecuado funcionamiento.

En el curso de su tramitación, la Cámara de Diputados aprobó la rebaja transitoria de un 50% de las remuneraciones del Presidente de la República, Parlamentarios y autoridades de la Administración del Estado, norma que el Senado reemplazó por la que encomienda al Consejo la determinación de la rebaja transitoria que, en esta versión, afectará fundamentalmente a autoridades que ejercen cargos de elección popular.

Esta tarea aleja radicalmente al Consejo del rol que le es propio y que no es otro que garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, encargado de proponer a la autoridad nóminas de candidatos a cargos directivos de servicios públicos, propendiendo a profesionalizar su gestión y optimizar la entrega de servicios estatales a la ciudadanía.

En el ejercicio de este rol, el Consejo hizo presente al Congreso su preocupación frente a la eventual reducción de las remuneraciones de los directivos nombrados por Alta Dirección Pública, responsables de gestionar ingentes recursos públicos y liderar la entrega de servicios sociales, advirtiendo que la misma contribuiría a ampliar aún más la brecha con el sector privado y las dificultades que el Estado enfrenta para atraer y retener talento necesario para su adecuado funcionamiento.

El proyecto aprobado por el Senado desdibuja el rol del Consejo y amenaza con afectar el prestigio y la credibilidad alcanzados por la Alta Dirección Pública tras años de arduo e intenso trabajo. Se impone a este cuerpo colegiado una tarea en la que se pretende que aplique su experticia técnica para adoptar una decisión con claras implicancias políticas, ajenas a su genuina naturaleza y cuyos resultados -cualesquiera que estos sean- serán polémicos. El mandato, además, debe cumplirse dentro de un plazo claramente insuficiente, lo que lo hace aún más gravoso.

Finalmente, la propuesta soslaya el evidente conflicto de intereses derivado de que los integrantes del Consejo son nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, dos de las autoridades respecto de cuyas remuneraciones debería pronunciarse (además su presidente es designado por el Presidente de la República). Otra cosa sería si, junto con esta nueva atribución legal, se dotara al Consejo de Alta Dirección Pública de autonomía, se modificara su gobernanza y se le asignara un rol central en la determinación de las condiciones de trabajo de los Altos Directivos públicos, tales como determinación de salarios, convenios de desempeño, desvinculaciones y desarrollo, aparejado de una rendición de cuentas rigurosa y transparente.

Me asiste la convicción de que la solidez de las instituciones constituye un elemento crítico para el desarrollo político, social y económico de las naciones. De prosperar la propuesta del Senado se fragiliza la institucionalidad encargada de cautelar una política pública que ha contribuido a fortalecer la confianza ciudadana en las personas llamadas al servicio público y que favorece la probidad, la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad frente a la ciudadanía. Frente a ello, como Consejero no puedo dejar de manifestar mi preocupación y hacer presente la conveniencia de buscar una solución que permita alcanzar el objetivo esperado sin poner en riesgo parte del capital institucional de nuestro Estado.

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