Por Humberto Borges Quintanilla, Director del Diplomado en Gestión Tributaria Facultad de Economía y Negocios Universidad Alberto Hurtado.
Una de las situaciones más destacadas en el sistema tributario actual es que las exenciones tributarias son la enfermedad que produce la mala distribución de la riqueza. Si nos enfocamos en una reforma a las exenciones tributarias las recaudaciones pueden superan por mucho lo que se espera recaudar por el Impuesto a los Súper Ricos.
A octubre 2019, las exenciones tributarias se estimaban en US$ 9.000 millones, y su reforma provocaría un nivel de impacto más efectivo que la especulación en torno a lo que realmente se logre recaudar del impuesto a los súper ricos.
Una segunda alternativa, respecto al Impuesto a la Renta ya aprobado, establece un 40% de tasa o impuesto a las rentas superiores a los $15.000.000 mensuales; esto podría mejorarse y establecer en un 43% de tasa para un tramo de ingresos superior a $18.000.000 mensuales promedio”. Éstos serían ingresos constantes todos los años, que apoyarían a la distribución regional de los recursos. Recordemos, que se estima que cerca de dos tercios de las rentas más altas se concentran en la Región Metropolitana.
La verdad es que Chile necesita más distribución de la riqueza y un proyecto de crecimiento para el futuro después de la pandemia. Pero el impuesto al patrimonio de los súper ricos, para ser efectivo, se debe concentrar en patrimonios de más fácil fiscalización, ya que con esto se logran sortear los obstáculos que finalmente provocarán una difícil aplicación de este nuevo impuesto.
La nueva discusión de legislar el Impuesto a los Súper Ricos, divide a los expertos atrincherándolos en ideologías, pero ¿qué hay de cierto en la capacidad de distribuir riquezas de este nuevo impuesto?
Este impuesto significaría, según propuesta de los propios parlamentarios, una recaudación entre US$4 o US$6,5 mil millones.
La realidad del impacto del monto en recaudación de este tributo es incierta. La razón de la incertidumbre es variada, y va desde que el impuesto que se quiere cobrar finalmente sería al patrimonio financiero o físico, además, de datos y formas de fiscalizar complejas, hasta la posibilidad de fijar una fecha de base de recaudación del impuesto.
Por ejemplo, la fecha de cálculo del patrimonio base para el impuesto fue fijado el 31 del diciembre 2019, lo que provocó varias complejidades jurídicas, ya que la certeza fiscal es una premisa y se estaría cobrando sobre una estructura patrimonial que no estaba afecta a impuesto. Por otra parte, si se fijara otra fecha, como el 31 de diciembre 2020, daría tiempo para que los patrimonios sean redistribuidos entre los herederos, disminuyendo así la carga fiscal final o simplemente eliminándola.
En resumen, existen muchos vacíos en los procedimientos de recaudación de este impuesto que en la práctica lo harían poco efectivo o muy fácil de burlar.
Para los expertos, los beneficios de esta clase de impuesto serían momentáneos y puede permitir el escape de capitales, pero también puede producir un efecto social, donde se observe que los costos de la pandemia sean pagados por aquellos que tienen más recursos.
Desde un punto de vista de justicia tributaria, los súper ricos son ese grupo que sale de la norma y su acumulación de riqueza en el tiempo, es de tal magnitud, que el patrimonio excede por mucho al resto de las personas que lo rodean.
Por ejemplo, se indica que sólo 140 individuos cuentan con un patrimonio cercano o superior a los US$100 millones, y representan el 18% de la riqueza privada del país (Boston Consulting Group – al 2018). Además, hay estudios actuales que están indicando que han aumentado su patrimonio en pandemia.
Los súper ricos han acumulado sus patrimonios por varias vías, por ejemplo, ocupando exenciones tributarias. Las exenciones son la enfermedad y el síntoma una mala distribución de la riqueza, por lo tanto, hay que ir a la raíz del problema.