El pasado jueves 26 de agosto el académico FEN, Director del Diplomado en Gestión Tributaria e investigador asociado al CiPP , Humberto Borges, participó en el Seminario Internacional de Difusión en la Investigación Contable CAPIC organizado por la Universidad de las Américas. En la oportunidad el académico realizó una ponencia que tituló “Cambios tributarios propuestos por los candidatos presidenciales y efectos en las pymes”, que se centró en los tres grupos que hicieron primarias o consulta ciudadana.
En cifras concretas Borges explica que se invirtieron $5,5 billones, equivalentes a un 2,77% del PIB, y el presupuesto del Gobierno era de $2,9 billones, un 1,46% del PIB. El mayor aumento del gasto destinado a paliar los efectos de la pandemia, se financió en un 58% mediante reasignaciones de los presupuestos de diversos ministerios, servicios y otros órganos públicos. Y el 41,5% restante con recursos adicionales. “Hay muchos recursos públicos que se han perdido o se han tenido que invertir apresuradamente dada la situación de pandemia, para recuperar empresas; la salud; entre otros problemas”, explica Borges.
A raíz de esto y en términos internacionales, hace una comparación con la OCDE destacando tres puntos relevantes en donde existen diferencias marcadas: seguridad social, impuesto sobre la renta de individuos y el IVA. Explica que al ser Chile un país parte de la OCDE deberíamos intentar minimizar la brecha en cuanto a cifras.
En su exposición, analiza cada una de estas propuestas, señalando algunos pro y contra a tener en cuenta, y realiza algunas propuestas. Si hablamos de las propuestas que han realizado los candidatos, dice, surgen seis puntos importantes a analizar: Impuesto al patrimonio; IVA Diferenciado; Royalty Minero; Norma general Anti – Elusión e Impuestos Verdes.
Sobre el Impuesto Patrimonial, señala que surgen problemas al calcular la base patrimonial, pues no hay información, y recuerda que los candidatos en los debates de las primarias señalaron que no existe información en los ministerios, que es donde se podrían encontrar datos del patrimonio de las personas. El patrimonio que se propone se estima que será de US $5 millones, como base, desde ahí hacia arriba se cobraría. Frente a esto señala, “Si se llega a calcular bien la base patrimonial, no se afectaría a muchas personas en el país”, dice el investigador. Explica, además, que es importante considerar el concepto de los “súper ricos”, pues si corresponde sobre 5 millones de dólares, sería un grupo muy pequeño el que se vería afectado. “Yo no estoy de acuerdo con esa visión. En cambio sí con un impuesto muy parecido al que ahora se está estableciendo, aunque también esperaba que para una parte de las empresas este aumente a un 302%, dice.
En cuanto al Royalty Minero explica que se está estableciendo la idea de que sea un 3% progresivo, en términos de toneladas de cobre o litio ya producidas. La alternativa es que sea un 3% fijo, pues al ser progresivo haría más complicado los cálculos y no incentivaría a que se haga bien el trabajo con las toneladas.
Respecto a la norma anti elusión, indica que existen dos puntos de vista: en 2017 el ex director del SII, Michel Jorrat, dijo que existe una evasión del 5,5%. Esto es grave, dice, porque es una cifra alta y se debe disminuir. Por otro lado, nos encontramos con la situación actual, la desintegración de los tributos, que por un lado podría ser positiva, pero también hay que recordar que existe una desintegración mediana que afectó al impuesto global.
Con respecto al IVA diferenciado comenta que se trata de un impuesto muy regresivo. Crear una canasta básica con productos elementales como alimentos, educación y medicamentos, afectos a una tasa del 5% (excluyendo alimentos altos en azúcares y grasas saturadas), en el caso de los demás productos serían afectados con el actual 19%. La recaudación del IVA producirá un mayor ingreso directo a las personas de escasos recursos. Si se aplica sólo a los alimentos saludables en 10 años disminuirían los costos de salud por diabetes, obesidad y algunos cánceres, dice Borges.
Finalmente menciona el Impuesto Verde y aclara que en Chile existe solo para los automóviles nuevos, livianos y medianos, dependiendo de su rendimiento urbano. Pero no existe una política completa sobre los efectos del CO2 ni se visualizan otras formas de impuestos, que podrían ir contra las empresas o, por otro lado, dejar de lado los impuestos.
A modo de síntesis, Borges señala que con todas estas medidas analizadas se generarían efectos tanto para las empresas como para las personas naturales. En cuanto a los primeros, indica el royalty minero, los impuestos verdes, la desintegración y norma general anti elusión. Mientras que, para las personas, se le suma el impuesto al patrimonio y el IVA diferenciado.
Para cerrar, el investigador hace tres críticas generales: en primer lugar, dice que estas no son propuestas que integren crecimientos en regiones, igualdad y apoyos ecológicos. Segundo, que las políticas no están interrelacionadas con un cambio cultural y social (lo que explica el estallido social). Y finalmente, es claro en decir que se requiere de una modernización del Estado. El SII debe tener una nueva estructura, con más dotación y también capacitar. “Pero lo que más necesita, enfatiza, es tener una estructura acorde al momento y desafíos actuales”.
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