La propuesta de nueva Constitución no se queda solo en el principio de probidad, sino que incorpora y amplía muchas de las garantías de la ley 20.285, consagrando como derecho fundamental el acceso a la información pública.
Por: Beatriz Mercado, Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones, Universidad Alberto Hurtado, Chile. Directora Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística, UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 168, 2022.
