“Todo gran cambio tributario debe tener una importante meta que haga posible la recaudación” señala Humberto Borges, director del Diplomado en Gestión Tributaria de Formación Directiva de la FEN-UAH e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) , quien recuerda el caso de la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, donde el objetivo fue “educación gratuita y de calidad”.
La propuesta de reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric, dice el académico, es ambiciosa y necesita ser comunicada de forma atractiva. “Al gobierno le falta comunicar el objetivo de esta reforma tributaria, ya que recaudar por recaudar no es motivante. La meta debería estar enfocada a la pensión universal y a los cambios en el sistema de pensiones”, señala Borges.
El experto enfatiza que una reforma tributaria duradera no se debe mirar parcialmente y señala que los impuestos son una herramienta que pertenece a un sistema, y por tal motivo, al cambiar una parte de él se puede dañar el sistema completo. Un ejemplo de esto, agrega Borges, es la reforma generada para financiar la política de Educación Superior que generó descontento en la clase media y en las pymes, ya que se vieron afectadas con las modificaciones tributarias.
El diagnóstico realizado en la campaña presidencial por Gabriel Boric y su equipo sobre la desigualdad y la reforma tributaria le pareció muy acertado a Borges, “pero las soluciones pueden ser muy ambiciosas y podrían cometer el error, al no incentivar la innovación en algunas áreas claves o dañando a la clase media y baja, aumentando impuestos sin sentido”. El académico agrega que «hay que ser cautelosos a la hora de aumentar los impuestos, ya que no se obtendrán recursos al cobrar una tasa muy elevada que incentive a los inversionistas a irse del país y/o el surgimiento de negocios informales».
Reforma tributaria en dos fases
El académico FEN señala que «desde el punto de vista político, es necesario dividir el proyecto», asegurando que aumentar el impuesto a la renta personal en los tramos más altos, elevar los gravámenes verdes e impulsar propuestas para disminuir la elusión tributaria, serían medidas que no debieran tener problemas para ser respaldadas por la oposición y tener una fácil tramitación en el Congreso. «Ese sería el primer paso», señala el investigador.
Borges explica que aplicaría en esta primera etapa un aumento a la renta personal en los tramos más altos. Las personas que ganan menos de $700.000 quedan exentas y luego se paga en forma escalonada de acuerdo con el segmento. “Para que se aprobara la reforma tributaria de Bachelet se transó el impuesto del tramo más alto, este es uno de los peores males ya que se disminuyeron las tasas o eliminó el impuesto al tramo de ingresos más altos, destruyendo lo progresivo del Impuesto Global Complementario (impuesto a las personas)”, acota el académico.
El investigador del CiPP afirma que en esta primera etapa de la reforma tributaria aplicaría impuestos verdes a las mineras con el objetivo de que se hagan cargo de toda la destrucción que provocan al medio ambiente. Sería un gravamen especial que podría ir disminuyendo en la medida que realicen mejoras a la zona donde se encuentran, opina Borges. “Siempre he pensado que debería existir un impuesto similar a la forma de cobro de la Mutual o la Asociación Chilena de Seguridad que te van bajando el valor si vas mejorando y en este caso se premiaría la inversión en el tema ecológico”, destaca el académico.
Otro caso de gravámenes verdes debería aplicarse a las salmoneras señalando que el impacto ambiental que ha causado esta industria en el sur es enorme y no se han hecho cargo, comenta el investigador.
Humberto Borges recomendaría en esta primera etapa buscar crear mecanismos para enfrentar la elusión tributaria y para esto plantea que «se debe reformar la competencia del director del Servicio de Impuestos (SII) en lo referido a la capacidad de querellarse», y enfatiza que el cargo debe ser por carrera funcionaria y no por criterio de los gobiernos respectivos. “De esa forma se evitarán los perdonazos a empresas y políticos, recobrando un poco de la credibilidad perdida por el SII. A su vez, se debe generar una política de persecución y recaudación de impuestos a evasores, lo que permitirá terminar con la percepción de que existen personas privilegiadas”.
El especialista señala que hay situaciones cometidas por el SII que lo hacen ver como una entidad poco equitativa. “El perdonazo a Johnson creó mucho ruido porque se le otorgó una millonaria condonación de impuestos. ¿Por qué no se hizo eso con las pequeñas empresas? se les cobra una multa e intereses altos (15%) por situaciones de tributos impagos a Pymes y pequeñas empresas“. Humberto Borges dice que la elusión tributaria en Chile es una realidad que hay que combatir y cree que si se lograse controlar hay varios puntos del PIB que se podrían recuperar, pero debe existir una política equitativa con las distintas empresas.
Por otra parte, señala que dejaría para la segunda etapa de la reforma tributaria el impuesto al patrimonio, 
argumentando, que se requiere una muy buena planificación y trabajo de expertos para calcular el patrimonio real. “Hay que ser cuidadoso con este tema. Por ejemplo, una persona que tiene tres propiedades le puede traspasar una a su hijo y baja el monto y por ende ya no paga el impuesto correspondiente. Hay miles de trucos que se pueden hacer para distorsionar el patrimonio”, enfatiza el académico.
En cuanto al royalty minero Borges enfatiza en que «empezaría por aplicarlo a las empresas menos productivas que son aquellas mineras extractivas y que entregan menos valor al no refinar los minerales». Agrega que “se debe consensuar el royalty minero para que la ley afecte a las empresas menos productivas y que entregan menos valor al no refinar los minerales”.
Afirma que se debe acordar el impuesto a los súper ricos, principalmente sólo afectando a grandes fortunas que se dediquen a la especulación y no a empresas productivas. Además, destaca que hay que trabajar un proyecto de eliminación de exenciones, enfocado en la eliminación de las rentas presuntas agrícolas y de transporte, pero consensuando con los actores de estas industrias con una política de apoyo en temas referidos a cambios de matriz energética, urgencias por la guerra en Ucrania y la sequía que afecta a la industria agrícola.