La nueva propuesta se hace cargo estableciendo la creación de una agencia nacional contra la corrupción, que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas. Aunque la propuesta no determina la composición, organización y demás funciones y atribuciones de esta agencia, bajo mi punto de vista la lectura es muy clara: ya no se busca fortalecer el rol fiscalizador del ciudadano común, sino que todo queda entre las cuatro paredes de la administración del Estado.
Beatriz Mercado, Directora de carrera de Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística. Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones, Universidad Alberto Hurtado. Bibliotecaria Documentalista, Universidad Tecnológica Metropolitana.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 183, 2023; Especial nueva propuesta constitucional.
