En la sede de la UAH, se desarrolló una nueva reunión de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, en la que participan 21 organizaciones, entre ellas la UAH, a través de la Facultad de Economía y Negocios (FEN).
En junio del año pasado, el Gobierno anunció que durante este 2024 enviará al Congreso un Proyecto de Ley de
Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos y Empresa. De ahí, la importancia del aporte que podrá hacer a este proceso la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas (Plataforma), en la que actualmente participan 21 organizaciones que se desenvuelven en distintos ámbitos como el sindical, laboral, derechos humanos, medioambiental, académico, migrantes, entre otros. Se conformó en el año 2020 con el principal propósito de: “Lograr que nuestro país cuente con un sistema robusto de protección, denuncia y reparación de las violaciones a los derechos humanos de individuos y comunidades personas por los efectos negativos de la actividad empresarial”.
La Universidad Alberto Hurtado participa en la Plataforma, a través de la Facultad de Economía y Negocios, específicamente del Diplomado de Derechos Humanos y Empresas, dirigido por el académico Yerko Ljubetic y de la Dirección de Vinculación con el Medio y Proyectos (VcM) de la FEN, a cargo de Mauricio Araneda. Entre las organizaciones miembros de la Plataforma están: Amnistía Internacional; Fundación Terram; Fundación Libera contra la trata de personas y esclavitud; Central Unitaria de Trabajadores (CUT Chile); Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP); Defensoría Ambiental; Greenpeace; Observatorio Ciudadano; Comité de Hábitat y Vivienda; Programa Chile Sustentable; Ciudadanía Inteligente; FIMA; Fundación Instituto Estudios Laborales (FIEL); The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights; Ciudad Común; Corporación de Estudios Sociales y Educación (SUR); y la Agrupación Ciudadana Última Esperanza (ACUE).
La reunión, desarrollada en la Sala de Consejo de la UAH el pasado viernes 30 de agosto, se realizó de manera híbrida. El coordinador Ejecutivo de la Plataforma, Roberto Morales, explicó que: “Estamos definiendo nuestra posición institucional sobre la propuesta de Ley de Debida Diligencia que se está trabajando a nivel del Ejecutivo”, precisando que: “Nosotros hemos insistido mucho en que se tome el tema; está en el Programa del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y lo que nosotros estamos ahora construyendo es una propuesta. La idea es salir colectivamente con una posición y, seguramente, va a ser muy pronto”.
En el anuncio de junio del año pasado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que el objetivo del proyecto es: “Establecer una regulación procedimental que le permita a las empresas establecer obligatoriamente mecanismos de diagnósticos sobre los impactos directos e indirectos en general en sus comunidades, como mecanismos de seguimiento para el mismo”.
Consultado sobre los ejes que orientarán la propuesta de la Plataforma, Morales señaló dos aspectos. El primero apunta, obviamente, a la necesidad de que la ley establezca normativa para el comportamiento empresarial en materia de Derechos Humanos, pero, a la vez: “También establezca cuáles son las sanciones por el no cumplimiento”, enfatizando: “Una Ley de Debida Diligencia – que algunos le llaman Responsabilidad Corporativa – hace el quiebre entre lo voluntario y lo obligatorio, por así decirlo. Lo vinculante, eso cualquier ley lo hace, en este caso también, y tiene que ver cómo entonces establece normativa para el comportamiento empresarial. Y en ese sentido, nuestras posiciones son que, efectivamente, la ley que salga tenga claridad en términos de la auditoría hacia estos elementos que deben cumplir las organizaciones, pero también tenga elementos sancionadores”. La idea, agregó, es que no sea una ley: “…que, al final quede en términos voluntarios o que quede, simplemente, como incentivos positivos”.
Luis Cordero, señaló que el objetivo del proyecto es: “Establecer una regulación procedimental que le permita a las empresas establecer obligatoriamente mecanismos de diagnósticos sobre los impactos directos e indirectos en general en sus comunidades, como mecanismos de seguimiento para el mismo”.
El segundo eje gira en torno a que sea una ley actualizada al tenor de legislaciones internacionales: “Tiene que ver también con alinearse con algunas normativas que ya se han definido en el último tiempo, como a nivel europeo, principalmente la Unión Europea, que es un socio muy importante para nosotros, en términos de cómo enfrentar el tema de la responsabilidad corporativa, o sea, alinearse no con las leyes que estuvieron hace 20 años, sino alinearse con las leyes más actuales”.
Y, precisamente, el tema de la Debida Diligencia ha cobrado mayor fuerza cuando, en mayo de este año, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, la primera norma de esta magnitud a nivel mundial que se hace cargo de los efectos adversos (reales y potenciales) que tiene la actividad económica y productiva – tanto de la empresa como de sus filiales y socios comerciales– en los derechos humanos de terceros.
Sobre esta directiva de la UE, Morales dijo que se trata de: “Una directiva que saca la Unión Europea para los países que están en la Unión Europea, pero que, claramente, va a impactar también, porque no solamente tiene que ver con las casas matrices, sino que también con el comportamiento que tienen en otros lugares”.
Cabe resaltar que en todo proceso de Debida Diligencia en el campo de los derechos humanos y empresa: “El actor relevante en términos de los impactos que puede tener, es la empresa, o como se le llama ahora, agente no estatal, es decir: ¿Qué hace o deja de hacer la empresa desde el punto de vista de los impactos que puede tener en personas, comunidades, en territorios?”, explicó Morales.
En tanto, Yerko Ljubetic, manifestó su preocupación respecto de los plazos que el Gobierno se había dado para presentar el Proyecto de Debida Diligencia: “Como Plataforma y específicamente dentro de la coordinación que yo integro, tenemos una cierta preocupación, porque ya estamos muy avanzados en el segundo semestre del 2024 y no vemos señales concretas de que vaya a haber este cumplimiento del compromiso programático de presentar un Proyecto de Ley de Debida Diligencia. No quiero adelantar conclusiones todavía, sino que simplemente expresar nuestra preocupación y eso implica que vamos a redoblar nuestro esfuerzo para generar conciencia y sensibilidad sobre la necesidad de contar con un marco normativo que asegure la protección de los derechos humanos de la actividad de las empresas, que es básicamente el objetivo de un proyecto de Debida Diligencia”.