La UAH fue la sede de la reunión de las y los representantes de las 21 organizaciones que conforman la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, en la cual participa la UAH, a través de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), realizada el pasado viernes 31 de mayo. En la oportunidad, debatieron y diseñaron los lineamientos que guiarán su trabajo para el período 2024- 2026. En la primera parte de este encuentro, estuvo como invitado el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, quien felicitó “el ejercicio colectivo que expresa la Plataforma […]. Seguiremos, por supuesto, siempre con las puertas abiertas para colaborar y encontrar caminos de encuentro, porque sin la sociedad civil no hay derecho humano”.
Un elemento clave para la Plataforma Chilena es la materialización de un Proyecto de Ley de Debida Diligencia en materia de protección y respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Una iniciativa que cobra mayor fuerza en el mundo, toda vez que el pasado 24 de mayo, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobó la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, la primera norma de esta magnitud a nivel mundial que se hace cargo de los efectos adversos (reales y potenciales) que tiene la actividad económica y productiva – tanto de la empresa como de sus filiales y socios comerciales– en los derechos humanos de terceros.
El subsecretario de Derechos Humanos – dependiente del Ministerio de Justicia- Xavier Altamirano, felicitó: “El ejercicio colectivo que expresa la Plataforma, no solo porque requerimos muchas visiones complementarias, requerimos muchas capacidades, muchas voluntades, sino que además, cuando uno está en un cargo de representación o en un cargo de poder, es mucho más fácil llevar adelante discusiones complejas cuando tiene una interlocución organizada, cuanto tiene una interlocución que tiene propuestas, que tiene posiciones críticas, que ayudan a que nosotros hagamos nuestro trabajo legislativo y en el Poder Ejecutivo. Así que, felicitaciones al trabajo de la Plataforma. Seguiremos, por supuesto, siempre con las puertas abiertas para colaborar y encontrar caminos de encuentro, porque sin la sociedad civil no hay derecho humano”.
Subsecretario, ¿qué importancia tiene para el Gobierno la debida diligencia de las empresas en materia de protección de los derechos humanos?
“El Gobierno tiene un compromiso con la conversación respecto de cómo la empresa asume una responsabilidad
en la cultura de derechos humanos. Y en ese contexto, vemos con mucho interés poder avanzar en un proyecto de ley de Debida Diligencia que nos permitirá clarificar cuál es el espacio de intervención de las empresas, y cómo pueden sumarse a un cambio que es cultural, que es de sociedad y que los ciudadanos pidan esto, que nosotros nos hagamos cargo del impacto que tiene su acción productiva, el impacto que tiene el tipo de suministro que ellos favorecen o no con sus compras. Es decir, podemos sumar capacidades desde el mundo privado a una construcción de una sociedad donde los derechos humanos son parte del estándar exigible”.
Sobre este cambio cultural, destacó, como un buen ejemplo: “La discusión que acaban de tomar en Europa, en la Comunidad Europea, asumiendo, a través de su órgano representativo, una decisión que consiste en tener una Ley de Debida Diligencia para sus empresas. Vemos que estamos conversando de derechos humanos en distintos aspectos de la vida social. No solamente, estamos hablando de derechos humanos cuando reivindicamos, como corresponde en la justicia transicional, verdad, justicia, reparación, memoria y garantía de no repetición, sino que también cuando hablamos de niñez, cuando hablamos de discapacidad, de personas mayores y cuando hablamos de medioambiente, empresa y las condiciones laborales”.
FEN y la Plataforma Chilena
La Plataforma se fundó en el 2020. A la fecha ya son 21 las organizaciones que la conforman, entre ellas la UAH, a través de la FEN; Amnistía Internacional Chile; Comisión Chilena de Derechos Humanos; Fundación Libera; Greenpace; ONG FIMA; Universidad Diego Portales (UDP); Universidad de la Frontera; Observatorio Ciudadano; CUT Chile.
La UAH, está representada en la Plataforma por Yerko Ljubetic, docente de la FEN y director del Diplomado Internacional de Derechos Humanos y Empresas, y Proyectos de la FEN.
Ljubetic valoró la reunión con el subsecretario Altamirano, señalando que: “Tuvimos la oportunidad con el subsecretario de conocer el estado de avance en una idea que, para nosotros, como sociedad civil, es muy relevante, que son las posibilidades de tener en Chile, en el futuro, una norma legal que, por la debida diligencia, asegure el respeto a los derechos humanos y vigencia de los derechos humanos en el ámbito de las actividades de las empresas, de las actividades productivas […]. Y, naturalmente, afianzamos aquí el rol de las organizaciones y de la sociedad civil en empujar en alianza este objetivo. Así es que ha sido una reunión muy fructífera”.
Consultado sobre la aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo, aseguró que esta es la primera norma a nivel mundial de tal magnitud, por lo tanto, es un precedente muy importante para Chile, destacando, entre otras aristas, el que la norma involucre a toda la cadena productiva de una empresa: “Aquí, ya no se puede eludir, por la vía de la subcontratación o la externalización de servicios, las propias responsabilidades […]. Entonces, para nosotros, estas normas aprobadas son un ejemplo que seguir. Tenemos mucho intercambio con la Unión Europea y con la sociedad civil europea. Y hay que considerar que Europa es un mercado muy relevante. También los empresarios deberían mirarlo desde una perspectiva muy pragmática […]. Hay mercados que se van a hacer más difíciles de acceder en la medida en que no se acredite un cumplimiento razonable en materia del respeto de los derechos humanos de quienes pueden ser afectados por su actividad. Aquí, hay una mirada de futuro, espero que sectores empresariales vayan incorporando progresivamente y se sumen a esta reflexión y a estas iniciativas”.
Sobre el concepto de “debida diligencia”, explicó: “Es la obligación que tiene cualquier entidad productiva de prevenir, es decir, imaginarse cuáles pueden ser los efectos de su actividad respecto de terceros, impedir que estos efectos sean negativos o mitigarlos en toda la medida de sus posibilidades. Y si, aun así, hubiera estos efectos y que vulneraran derechos de terceros, tiene el deber de reparar el daño producido. Esos son los elementos básicos de este principio de la debida diligencia en materia de derechos humanos de las empresas”.
En esa línea, enfatizó que en juego están, por ejemplo, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, el derecho a un trabajo decente. A ellos se suma, precisó, la idea de incorporar: “Con mucha fuerza, el tema de la corrupción. La corrupción está definida por Naciones Unidas como un elemento que vulnera derechos humanos […]. Es un tema relativo al tema de derechos humanos y empresas, y de actividad económica, tanto pública como privada, así que queremos crear conciencia también en ese tipo de elementos”.
Unión Europea – Plataforma Chilena DDHH y Empresas
Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de la ONG FIMA que vela por los derechos medioambientales, también calificó de positiva la reunión con el subsecretario: “Muy positiva la apertura que tiene el subsecretario para venir a conversar estos temas. Nosotros como plataforma llevamos varios años de trabajo en temas de Derechos Humanos y Empresas y estamos, justamente, esperando que las autoridades políticas estén a la altura de las cosas que propusieron, entre ellos un Proyecto de Ley de Debida Diligencia […] porque en este sentido, estamos muy atrasados”, resaltando, por ejemplo, que Chile: “Tiene muchos conflictos socioambientales y también la alta conflictividad asociada a la crisis planetaria que hay en este momento”.
También comparte que estos temas requieren un cambio cultural: “…donde las empresas tienen que hacerse
cargo de proteger los derechos humanos, efectivamente, pero también hay una responsabilidad muy grande de las empresas estatales, porque muchas veces se lavan las manos y no hacen las cuestiones de debida diligencia que deberían hacer”.
La Plataforma, a través de 3 de sus organizaciones miembros- FIMA (como solicitante) y del Centro de Derechos Humanos de la UDP y del Observatorio Ciudadano (co-solicitantes), está desarrollando un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) que apunta al: “Fortalecimiento de la sociedad civil para participación en el diálogo sobre marcos normativos y políticas públicas que permitan incidir en la protección de los derechos humanos y ambientales en el contexto de la actividad empresarial en Chile”.
Proyecciones de la Plataforma Chilena DDHH y Empresas
La reunión de la Plataforma rindió importantes frutos de cara a su consolidación: “Fue muy positiva. Partimos con una conversación muy abierta, franca, con el subsecretario de Derechos Humanos, que nos dio muchas luces, porque también este trabajo es un trabajo conjunto, entre todos”, contó el coordinador Ejecutivo de la Plataforma Chilena, Roberto Morales.
Con esta reunión, explicó: “Iniciamos un proceso de planificación en esta segunda etapa que tenemos como Plataforma. Nosotros nacimos en el 2020 y ahora en marzo partimos con una nueva etapa, con 21 organizaciones, en que queremos posicionarnos como un actor relevante en este ámbito. Son parte de nuestra organización, organizaciones muy potentes, con mucho prestigio, con mucho trabajo. Y lo que tenemos que hacer entonces son buenas articulaciones, poner primero en la discusión pública este tema y también ponerlo en las políticas públicas”, agradeciendo también a la FEN-UAH: “…que nos hayan proporcionado el lugar y todo lo necesario para hacer también una reunión que tenga efectividad”.
La idea, precisó: “Es incidir de manera oportuna y pertinente para realizar los cambios estructurales, generar normas y leyes, y otro tipo de acciones que permitan incorporar las condiciones, desde el punto de vista de los impactos negativos que están produciendo las empresas en su desarrollo productivo”.
Sobre la evolución en términos de la dimensión que ha ido adquiriendo el concepto de protección de los DDHH, señaló que, hasta hace algunos años, solo se entendía dentro de la diferencia de poder, entre el Estado y la sociedad civil en general, es decir, si bien el Estado sigue teniendo el rol de proteger y promover el respeto a los DDHH, también puede ser un violador de DDHH. Sin embargo, explicó Morales, luego surgió también el concepto de agentes no estatales: “…donde aparecen las empresas. Hoy día, si uno quisiera ponerlo en definición como formal, las empresas son agentes posibles de vulnerar los derechos humanos. Entonces, cuando tú pones a la empresa como un agente no estatal, cambia la conversación. Y eso hay que instalarlo […]. El concepto ha ido evolucionando: “Yo, agente empresarial, persona jurídica, cómo me comporto en relación con la sociedad; hoy se habla de comportamiento corporativo, cómo yo hago las cosas, cómo produzco, cómo me relaciono con el medioambiente, cómo me relaciono con las comunidades, cómo me relaciono con mis trabajadores, cómo me relaciono con los grupos de interés […]. En lo que nosotros queremos avanzar, y en eso está el mundo, es poner normas para que ellos, ahora ya no ciudadanos naturales, sino que personas jurídicas también se comporten como la sociedad quiere que se comporten”.