El docente y director del Diplomado Internacional en Derechos Humanos y Empresa de la FEN-UAH, Yerko Ljubetic, sorteó con éxito la carrera por un cupo en el Consejo Constitucional, quien obtuvo la tercera mayoría en la Región Metropolitana en las elecciones del pasado 7 de mayo, al obtener 278.313 votos.
Instalado ya el Consejo Constitucional, Yerko Ljubetic integra la Comisión de Principios, Derechos Civiles y
Políticos, donde uno de los temas que profundizará para robustecerlo será la consagración constitucional de Chile como un Estado social y democrático de derecho, abogará también por lograr una Carta Magna que dé cuenta de acuerdos mínimos razonables que les hagan sentido a sectores tan diversos de la sociedad chilena y promoverá despejar la cancha para habilitar el debate democrático posterior, en aquellas materias en que no se llegue acuerdo. Esos son temas claves, asegura, que podrían revertir la sensación política de desafección de la ciudadanía hacia la eventual aprobación de una nueva Constitución Política. De estos temas conversamos en esta entrevista.
¿Sorprendido con los resultados del 7 de mayo?
En lo personal, positivamente sorprendido en el sentido que a nuestra Lista le fue bien, y en lo particular creo que fueron buenos los resultados, pero, indudablemente, en una perspectiva general es decepcionante que la suma de un sector haya obtenido esta mayoría circunstancial, que, claramente, condiciona mucho las posibilidades de trabajo y acuerdos en el contexto del Consejo. Lo importante es darnos cuenta, todos y todas, que más que nunca en la política actual, las mayorías son muy circunstanciales, por lo tanto, nadie clava la rueda de la fortuna y hay que estar en disponibilidad de acuerdo para lograr mayorías permanentes en el tiempo.
¿Cómo esperar que esta mayoría circunstancial no clave la rueda de la fortuna en el texto definitivo? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que, en su primera expresión de fuerza, todas las comisiones del Consejo quedaron presididas por representantes de esta mayoría.
El hecho de que una mayoría tan significativa ejerza su derecho a ocupar los cargos administrativos y directivos de distintas instancias del Consejo, significa básicamente, que se pierde la posibilidad de hacer un gesto, pero no es dramático desde el punto de vista de que no es inusual o muy inesperado que se haya optado por esta vía. Más bien, lo importante va a ser la voluntad de acuerdo que exista o no cuando entremos a tratar los temas sustantivos de la Constitución. Eso sí, van a constituir las señales más relevantes acerca de las posibilidades de éxito o no del proceso.
¿La discusión se dará en el espacio entre los 12 bordes o bases constitucionales y el Anteproyecto en sí mismo?
Son las referencias fundamentales y a mi juicio, no podemos ignorarlas, sería un error. Las bases, porque constituyen el acuerdo que configura las referencias básicas que tienen que ser consideradas en cualquier anteproyecto Constitucional. Y el Anteproyecto de la Comisión Experta, porque me declaro, personalmente, muy sorprendido de la capacidad de acuerdo que allí se logró; era mucho más escéptico acerca de lo qué iba a ocurrir con la Comisión. Efectivamente, el Anteproyecto que entregan es una muy buena base de acuerdo para enriquecerlo, perfeccionarlo en el contexto de esta segunda etapa, que es la del Consejo Constitucional. Por lo tanto, creo que una buena ruta sería movernos tratando de replicar el espíritu de acuerdo que hubo en la Comisión Experta, recogiendo lo que yo creo fueron sus consensos esenciales en los temas más relevantes del cuerpo Constitucional definitivo.
En ese marco: ¿Qué principios comparten? ¿Cuáles no y cuáles incorporarán?
Estamos bastante satisfechos con cuestiones bien centrales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la forma de organización del Estado, la descentralización, en general el Sistema Político, y varias otras cuestiones específicas nos parecen necesarias de mantener. Creemos también que es muy positiva la definición y desarrollo que hubo de las normas relativas al Estado Social de Derecho. Nuestra labor va a ser defender aquellas cuestiones del Anteproyecto que nos parecen, como estas que quedaron razonablemente bien y que suscitaron el acuerdo y, sobre todo, que dan cuenta de una demanda ciudadana que estalló el 18 de octubre del 2019. Y, por otro lado, fortalecer algunas cuestiones, por ejemplo, el mismo Estado Social de Derecho para nosotros sería bien importante que algunas normas más específicas profundizaran en su desarrollo, lo consolidaran.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el acuerdo que haya sido en torno a no a declarar que “Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho», si no que “Chile se organiza en un Estado Social y Democrático de Derecho”. Pareciera ser una cuestión de orden semántico, pero queremos saber si eso debilita o no una definición que para nosotros debe ser sólida y robusta.
¿En qué sentido podría debilitarla?
Cuando uno dice “se organiza”, saca la definición de Estado Social de derecho como parte de la identidad del Estado. De alguna manera, le quita peso, no de un modo muy significativo, pero eso es lo que tenemos que discernir acerca de si esa cuestión debilita o no la definición. Si es así, nosotros trataríamos de perfeccionar esto, de tal manera que no quede ninguna duda de que el Estado chileno es un Estado social de derecho y, por lo tanto, tiene que asumir la responsabilidad y la obligación de ir, progresivamente, asegurando y garantizando el ejercicio de los derechos fundamentales para todas las personas.
En el lenguaje Constitucional, dónde está cada cosa, cómo se expresa y la redacción que tiene, todo tiene implicancias. Por eso, hay que ser muy, muy cuidadoso.
A propósito: ¿Cómo observas el Capítulo II del Anteproyecto que establece los derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, que incluye derecho a la Propiedad, a la Salud, Educación, Vivienda, Trabajo Decente, entre otros?
Estoy bien satisfecho, porque amplió el catálogo de Derechos Constitucionales respecto de la Constitución del 80, y eso era bien importante, porque tenemos que ponernos al día desde el punto de vista del reconocimiento y garantías de los derechos de las personas. Por ejemplo, el Derecho a la Propiedad: el hecho que esté condicionado no solo a su función social, se avanzó también en asociarlo al desarrollo sustentable; es una ventana bien interesante para entender en el presente, y sobre todo en el futuro, que el ejercicio legítimo del Derecho a la Propiedad tiene que considerar cuestiones como el equilibrio ambiental, ecológicamente equilibrado; son cuestiones muy interesantes que permiten poner bordes modernos y muy necesarios a temas como el Derecho a la Propiedad. Hay algunas cuestiones que serían interesantes discutir acerca de sí se pueden perfeccionar.
Sobre el Derecho al Trabajo, que es especialmente interesante para mí, tengo una evaluación positiva porque primera vez incorporamos, desde el punto de vista del lenguaje Constitucional, dos conceptos tan importantes como es el Derecho al Trabajo Decente y la Libertad Sindical en sus tres expresiones (organización, Negociación Colectiva y Derecho a Huelga). Eso ya, de por sí, es un avance tremendo respecto a lo que teníamos. Hay cuestiones que para muchos de nosotros son necesarias, tales como la negociación interempresa, ramal o sectorial de manera de estimular la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores en Chile. Y si bien, no queda expresamente establecida, al menos saca la definición de la Negociación Colectiva como que debe desarrollarse en la empresa. Ahí, se da un buen ejemplo de lo que nosotros llamamos – y algo muy importante en este proceso – una Constitución que sea habilitante, es decir, en las cuestiones que no tengamos pleno acuerdo o tengamos desacuerdo, que despejemos la cancha para que los chilenos y chilenas después en los procesos políticos, democráticos correspondiente, vaya avanzando y llegando a acuerdo. En este ejemplo del Derecho al Trabajo, el hecho de haber eliminado la definición anterior de ligar la negociación colectiva a la empresa, permite discutir ahora legítimamente y ojalá con resultados positivos, la necesidad de regular la negociación supra-empresa.
En ese sentido, ¿compartes lo que dijo la presidenta del Consejo Constitucional respecto que no había que constitucionalizar todo, que hay que dejar espacios abiertos al legislador para que vaya adecuando, incorporando temas en el tiempo?
Ha habido por parte de consejeros republicanos, un par de afirmaciones que me parecen muy interesantes y positivas: está la de la presidenta, con la que estoy muy de acuerdo; tiene que ver con lo que decía: aquí van a haber temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo, entonces no dejemos algunas de las alternativas en discusión, constitucionalizadas, porque eso inhibe y limita el debate y los acuerdos posteriores. Y otra afirmación, que hizo en su momento, Luis Silva: que dijo, con mucho pragmatismo, si nos ponemos a discutir sobre el aborto, vamos a estar años discutiendo la Constitución, entonces, más bien reconozcamos los avances que ha habido en el plano legislativo y dejemos abierta la cancha para que eso evolucione en los términos que la sociedad chilena vaya resolviendo por la vía del debate democrático, político que corresponda.
¿Eso implica que el debate no debiese ser tan ideologizado? La Constitución actual lo es, ¿la fallida propuesta de la Convención Constitucional lo fue?
La Constitución del 80 es una Constitución ideológica, hecha para dar ventaja a unos sectores políticos por sobre otros; lo hemos vivido todos estos años. Creo que el paradigma al que tenemos que apuntar es, precisamente, a una Constitución que contenga lo que, a esta altura de la evolución de la sociedad chilena, parecieran ser acuerdos fundamentales en materia de derechos, por ejemplo, pero, insisto, que despeje la cancha para el debate futuro. Y en ese sentido, tiene que ser una Constitución mirada mucho más con pragmatismo que con ideología y, por lo tanto, no tener la pretensión de replicar aquello que ocurrió en la Convención anterior, donde la mayoría circunstancial de ese momento (a propósito de mayorías circunstanciales) pensaba que lo que quedaba contenida en la Constitución, por sí solo iba a representar el pensamiento de la sociedad chilena, bueno, el Plebiscito de septiembre dejó demostrado que no es así. Por lo tanto, el camino que tenemos que recorrer es otro: llegar a los acuerdos fundamentales, despejar la cancha para habilitar el debate democrático y que estos acuerdos reúnan, lo que llamo, los mínimos razonables, porque – dada la sensación política térmica actual, uno ve que hay poca información, poca disposición, poco interés en este proceso- hoy día es probable que cualquier fórmula que se presente a la ciudadanía sea rechazada; ese es el estado de ánimo que apreciamos en la candidatura y que hoy se mantiene. Entonces, el único modo de remontar eso es que la sociedad chilena, la ciudadanía vea que aquí hay un acuerdo de mínimos razonables que le hacen sentido a sectores tan diversos de la política chilena como los que estamos reunidos en el Consejo. Sin esa condición, este proceso va a fracasar.
¿No estás optimista en llegar a buen puerto?
Tengo un optimismo muy moderado
¿Qué pasa si nuevamente se rechaza la propuesta Constitucional?
A mí no me preocupan las dimensiones jurídicas porque habrá el debate de que, bueno, mientras tanto seguiremos con la Constitución vigente, y ver las reformas que se le hicieron para dar lugar a este proceso; me preocupa el análisis político y sociológico sobre lo que ocurre en una sociedad en la que dos procesos formales (además de otros intentos como el de la presidenta Bachelet) de intentos de dotarnos una Constitución, fracasan. Creo que sería un fracaso rotundo de la política. Y si ya estamos en una sociedad, donde la política es mirada con recelo, con desconfianza, creo que esto afectaría muy gravemente el sistema democrático chileno, entendiendo que la política democrática es la forma de convivencia social y política que tenemos que mantener. Me preocupa desde el punto de vista de la pérdida de relevancia de la política en una sociedad como la nuestra, porque eso traería muy graves consecuencias en el corto y mediano plazo desde el punto de vista por donde se canalizan las inquietudes, frustraciones y las demandas de los chilenos. Por eso es que mi empeño – y el de nuestro bloque es realmente y con todas nuestras capacidades – está en lograr acuerdos. Y vamos a asumir nuestra responsabilidad, pero es indudable que, quienes tienen la mayoría circunstancial, en los términos que está en el Consejo, son los que tienen la mayor responsabilidad.
Si de parte de ellos prima una actitud de un poco como la Convención anterior, de llevarse la pelota para la casa, creo que eso es la condena efectiva al fracaso del proceso, con las preocupantes consecuencias que describí. Naturalmente, son tiempos difíciles para predecir cualquier cosa, pero creo que es evidente que quienes creemos en la democracia -y entendemos que la democracia no es algo dado, sino que hay que defender y promover todos los días – un nuevo fracaso del proceso Constitucional, es un riesgo enorme para esta democracia de la que hemos gozado durante todos estos años.
¿Qué acuerdos mínimos razonables debería tener la Propuesta Constitucional para ser lo suficientemente atractiva para la ciudadanía y así aprobarla?
Lo voy a plantear a partir de las percepciones que me fui generando durante la campaña, que tuve la posibilidad de hablar con mucha gente, con muchas organizaciones: es fundamental, y creo que la gente no entendería que fuera de otra manera, que aquí quedara fuertemente consolidado esta idea de Estado social y democrático de derecho. La gente espera, más allá de sus diferencias políticas, que las cuestiones como la vivienda, la salud, la educación, la seguridad social, dejen de ser privilegios de quienes tienen recursos y que quienes no los tienen, no pueden acceder con oportunidad, con dignidad a estos derechos. Ahí, hay una cuestión central porque además no hay que olvidarnos que, si estamos aquí, no es porque estemos haciendo un ejercicio teórico- académico. Aquí estamos porque hubo una capacidad en nuestro país de que una crisis social de la magnitud de la del 2019, finalmente se pudo encausar como corresponde en una democracia, por la vía de la política, a través del roceso constituyente. Creo que sería insólito que el proyecto Constitucional, producto de este proceso, no se haga cargo de la cuestión central que originó nuestra crisis, que es la demanda por una vida digna. Entonces, el Estado social y democrático de derecho es el modo de avanzar en la garantía de las condiciones materiales de vida que aseguren la dignidad de las personas.
Lo segundo es que la ciudadanía vea un buen diseño y buen perfeccionamiento del Sistema Político, especialmente en todo lo que implique cerrar la enorme brecha que hay cada vez más entre la política y la ciudadanía. Y el anteproyecto trae cosas interesantes, es bien novedosa sobre formas de participación directa, a través de iniciativas populares de normas permanentes; iniciativas populares de derogación de normas, consultas regionales y comunales.
Una tercera cuestión que también vi en la campaña, tiene que ver con no retroceder en cuestiones muy importantes en las que la sociedad chilena ha avanzado. Como ejemplo los derechos de la mujer. Esa dimensión en la que se ha avanzado, creo que es una cuestión que la Constitución tiene que reconocer y que les hace mucho sentido a las personas.
Y está el tema medioambiental. La preocupación y el temor de las personas sobre la crisis en la que estamos y lo que puede venir en esta materia, creo que refuerza la idea de que la Constitución se haga cargo de estos asuntos, porque hay que pensar que esta Constitución no solo tiene que solucionar los temas pendientes, sino que tiene que ser una Constitución mirando el futuro. Y el futuro es preocupante por muchas materias, pero particularmente por la condición medio ambiental. Por lo tanto, a las personas les hace mucho sentido que la Constitución tuviera un par de disposiciones bien robustas en esta línea.
¿Tiene carácter vinculante la participación ciudadana contemplada en el Anteproyecto?
En algunos casos, sí. Y aunque no lo fueran, es súper importante porque si haces un proceso, aunque sea consultivo y en este participa mucha gente, no hay autoridad política alguna que vaya a desconocer ese punto de vista. Entonces, es significativo en todo sentido.
Tu integras la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos: ¿qué temas abordarán en esta instancia?
Esto es importante, porque muchas veces los principios, como son más abstractos y genéricos, permiten resolver algunas cuestiones que se pueden trabar. En esta Comisión, al tratarse el tema de los principios, hay un marco general dentro del cual, el resto de los capítulos más específicos tienen que desarrollarse. En ese sentido, esta Comisión es muy importante. Allí se delinean las características fundamentales de la Constitución y, por lo tanto, del modelamiento político de la sociedad chilena. Y derechos civiles y políticos porque es evidente que su aseguramiento y garantía eficaz son clave para el funcionamiento del sistema democrático.
¿Qué temas posicionará en esta Comisión?
Estoy concentrado en la posibilidad de llegar a acuerdos para robustecer los principios relativos al Estado social y democrático de derecho.