Por Eduardo Abarzúa
Ph.D. en Ciencias del Trabajo, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Director Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones y Director del Diplomado en Consultoría y Coaching, Universidad Alberto Hurtado.
¿Cómo dar sentido a lo que sucede en las regiones? ¿Es un asunto político contingente o es un síntoma de un tema no resuelto? Me inclino a pensar lo segundo; nuestro país carece de un modelo consensuado de desarrollo para sus regiones. La forma como Chile se ha armado territorialmente siempre ha sido desde el centro, sin consideración de las particularidades de nuestras regiones. La inspiración a la base de la creación de provincias y regiones, desde la colonia hasta nuestros días, ha estado casi siempre basada en criterios geoestratégicos y políticos más que socioeconómicos y culturales.
Desde un punto de vista organizacional, a nivel de regiones existe un Intendente que, nombrado por el Presidente de la República, reporta al Ministerio del Interior y un conjunto de representantes ministeriales o SEREMIS. El intendente es el Jefe del gabinete regional que integra a SEREMIS y gobernadores. El gobierno regional lo preside el Intendente, quien es un delegado del gobierno central e integra al Consejo Regional (CORE), quienes a su vez son elegidos por los Concejeros Municipales. En este escenario, la dimensión regional (el CORE) está disminuida en sus funciones y atribuciones frente a las del Intendente, quien es también el Jefe Administrativo y tiene la iniciativa en la mayoría de las atribuciones de la instancia regional. Nuestro modelo es de desconcentración y no de descentralización. El resultado es desigualdad, concentración de la riqueza, descontento pues se percibe que el crecimiento no llega a las regiones, Intendentes que no duran más de 18 meses en sus funciones y un Consejo Regional que la ciudadanía no conoce ni legitima.
Próximamente se deberá discutir en el parlamento cómo se implementa la reforma constitucional del 2009 que contempla la elección directa de los Consejeros Regionales, la elección del Presidente del Consejo por mayoría absoluta, el favorecimiento de las zonas extremas (en base a impuestos diferenciados y poderes especiales), entre otros aspectos. Aparentemente es un avance en el empoderamiento de las regiones, pero hace falta avanzar entregando a cada región protagonismo en la construcción de su modelo y proyecto de desarrollo regional (el ejecutivo sería el articulador de esas propuestas con el proyecto de desarrollo nacional). Además, cada región debiera tener un marco presupuestario conocido y estable, ingresos regionales regulares y mecanismos eficaces de coordinación entre los niveles nacional, regional y comunal, todo lo anterior enmarcado en una ley. Empoderar implica que la región tenga autonomía en la asignación, administración y operación de los ingresos del presupuesto regional percibidos ya sea por recaudación propia, coparticipación en impuestos nacionales, o transferencias.
Este escenario para algunos es impensable pues desataría sobregasto y endeudamiento regional. No lo creo; sí pienso que hará falta delegar facultades también en materia de diseño organizacional y de gestión de recursos humanos, para crear unidades técnicas ad hoc y determinar las dotaciones necesarias, de acuerdo a las particularidades de cada región. Por supuesto hay gradualidades que administrar, pero creo que lo más difícil será vencer el temor de los actores políticos al empoderamiento y surgimiento de liderazgos regionales.