Artículo publicado en Observatorio Económico n°52, Mayo 2011
Por Julio Peña Torres, Ph.D. en Economía, Profesor Facultad de Economía y Negocios, UAH.
N°: 90009-120
Si bien tras la tragedia de la central nuclear de Fukushima la opinión pública se ha volcado por un fuerte rechazo a esta tecnología de generación de energía, el debate nuclear no solo trata sobre el riesgo de que ocurran escapes radioactivos, la gestión de los residuos resultantes o el riesgo que el material radiactivo llegue a manos indeseadas. Otro importante problema son los incentivos que tiene la industria nuclear para entregar información opaca.
Dejemos a un lado la opacidad asociada con los intereses militares y geopolíticos involucrados en desarrollar esta industria. Olvidemos también la oposición política que podría nutrirse del temor ciudadano al “peligro invisible”. Aun así, la posibilidad de que se transfieran jugosos subsidios estatales, financiados a partir del interés difuso del ciudadano de la calle, crea incentivos a no decir toda la verdad.
La necesidad de importantes subsidios para la generación nuclear existe desde los tiempos en que esta industria se desarrolló bajo el cobijo directo del Estado. Y esto aún se mantiene como una necesidad vital, incluso en donde se ha buscado privatizar al menos parte de esta industria.
Esta es una tecnología cara y para corredores de maratón. Un reactor de última generación, en los actuales proyectos para EE.UU., cuesta cerca de nueve billones de dólares y sus plazos de construcción pueden tomar hasta una década, además del tiempo requerido para lograr aprobación regulatoria. Por ello, las incertidumbres regulatorias propias del debate nuclear plantean riesgos que un inversor privado no estará dispuesto a soportar por sí solo.
Las posibles caras del subsidio son múltiples. En su presupuesto para 2011, el presidente Obama ofreció (pre Fukushima) “garantía estatal” a préstamos para construir nuevos reactores por un total de 54 billones de dólares. Otro ejemplo: en el mercado de los seguros que todo operador nuclear requiere contratar, para cubrirse ante el riesgo de accidentes que lo obliguen a entregar compensaciones, la mayoría de los países occidentales con energía nuclear otorgan presupuesto estatal a un fondo común de seguro (la llamada “Convención de Viena”), ante la eventualidad que las compensaciones requeridas excedan la obligación legal del operador nuclear (obligación que por cierto es materia de “negociación legislativa”).
Y en el área donde, por lejos, son más graves las incertezas científicas y regulatorias asociadas a la industria nuclear, es decir, en el tratamiento y almacenaje de los residuos radioactivos que quedan una vez que el combustible nuclear completa su vida comercial, los subsidios estatales son indispensables.[i]
Solo un dato al respecto: siendo un hecho indesmentible que aún no existe consenso en el mundo sobre cómo eliminar en forma “segura” y a largo plazo estos desechos de alta toxicidad, su peligrosidad para el medioambiente y los humanos persistirá por “mucho tiempo”. En el caso del plutonio, su peligrosidad radioactiva persiste a lo menos por 250 mil años. Recordemos que los primeros americanos pudieron haber llegado hace unos 40 mil años; y que el homo sapiens habría aparecido hace unos 200 mil años.
Entonces, si de subsidios se trata, cualquier gobierno que diga que le interesa “estudiar” las posibilidades de energía nuclear, sería oportuno que también explicite cuánto y cuándo le interesará “estudiar” la opción de subsidiar a otras tecnologías (fuentes renovables) de generación de energía.
[i]Para una discusión detallada al respecto, véase J. Peña Torres y P.J.G. Pearson (2000). Carbon abatement and new investment in liberalised electricity markets: a nuclear revival in the UK? Energy Policy 28 (February): 115-135