Artículo publicado en Observatorio Económico Nº 58, Noviembre 2011
Por Marcela Perticará, Doctora en Economía, Texas A&M University. Profesora Facultad de Economía y Negocios, UAH.
Código: 50985-07
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El Programa Ingreso Ético Familiar busca beneficiar a unas 620 mil personas, aproximadamente unos 170 mil hogares, que viven en la indigencia. En este sentido, el programa es visto como una continuación del Programa Chile Solidario, cuyo foco de acción hacia el año 2001 eran las 225 mil familias más pobres de Chile. Sin embargo, ha habido muchas discrepancias en torno este proyecto. Hacia inicios del año, por el lanzamiento del Programa de Asignación Social, que fue visto como un tibio comienzo de esta gran promesa de campaña. La semana pasada, por el rechazo de las partidas presupuestarias para el año 2012.
El programa entrega bonos por condición de vulnerabilidad y por cumplir con ciertos requisitos, pero también por lograr metas (educacionales, por ejemplo). Hay diversas iniciativas con el mismo espíritu ya implementadas en América Latina. Desde Familias en Acción en Colombia, Bolsa Scola en Brasil, hasta el mismo Chile Solidario a principios de la década pasada. El programa luce un andamiaje de condicionamientos más denso que estos, a la vez que, al menos en diseño, hace un mayor énfasis en el control de logros familiares e inclusive contempla un subsidio al trabajo femenino[1].
Por el monto de los subsidios involucrados, uno a primera vista no esperaría que se constituyera en sí en un auténtico salvavidas para las familias beneficiarias. Pero si una familia con ingresos iguales a la línea de indigencia lograra obtener el máximo rédito del programa[2] (aproximadamente unos 476 mil pesos anuales), esto pudiera significar un incremento en sus ingresos anuales de aproximadamente 30%. ¿Podría considerarse este ingreso familiar “ético”? Posiblemente no, pero definitivamente para esta familia podría significar comer seis días en vez de cuatro.
¿Podemos esperar que este programa tenga un gran impacto sobre salarios, empleo y otras medidas de bienestar del hogar? Evaluaciones anteriores del Chile Solidario y otros de transferencias condicionadas no muestran grandes impactos en ingresos, aunque en algunos casos se encuentran impactos levemente modestos sobre empleo y materialidad de la vivienda[3]. Estudios para Colombia sí muestran que los subsidios tienen un impacto positivo sobre consumo del hogar ( alimentos ricos en proteínas y ropa y calzado para los niños), a la vez que son altamente efectivos en aumentar la asistencia al sistema educativo y reducir el trabajo infantil en el hogar[4].
Hay que reconocer que el programa incorpora algunos elementos que sí son relevantes y pudieran ser críticos para su éxito, elementos que tal vez han estado ausentes de muchos otros programas similares en Latinoamérica, y en este sentido reflejan mucho de lo que se ha aprendido en esta materia en los últimos años. Primero, incorpora algunos elementos que reconocen la diversidad de las familias, al menos en tamaño y en composición etaria. Segundo, con el subsidio al trabajo de las mujeres, buscaría aminorar el efecto sustitución que el subsidio público puede tener sobre el trabajo remunerado. Tercero, si bien continúa usando como mecanismo de selección la ficha de protección social (mecanismo fácil de tergiversar), avanza en considerar otras fuentes de información (cotizaciones previsionales) para otorgar el subsidio al empleo femenino.
Lo que no queda claro, aun cuando está presente en el discurso de la autoridad[5], es cómo se incorpora el concepto de vulnerabilidad. El nivel de pobreza en Chile, bajo en relación al de otros países latinoamericanos, esconde una alta vulnerabilidad: muchas familias que no son pobres hoy, pueden fácilmente caer en situación de pobreza extrema al enfrentar malas condiciones de salud y/o pérdida de empleo. Dados los alcances del programa (poco más de 600 mil familias), no es claro cómo pasar del discurso a la acción.
[1] Este subsidio parece ir en el espíritu del propuesto por el Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad.
[2] Ver http://as.mideplan.cl/views/html/ejemplo.php. La simulación está hecha asumiendo una familia biparental con dos niños, uno de ellos mayor a 6años y con puntaje en la ficha de protección social inferior a 2.865 puntos.
[3] Ver por ejemplo, Larrañaga, O., Contreras, D. y J. Ruiz Tagle (2009) “Evaluación de impacto de Chile Solidario para la primera cohorte de participantes”, PNUD-Chile. Hoces de la GuardiA, F., Hojman, A. y O Larrañaga (2011) “Evaluating the Chile Solidario program: results using the Chile Solidario panel and the administrative databases”. Estudios de Economía 38 (1), Julio, pp. 129-168.
[4] Attanasio, O. y A. Mesnard (2006). “The impact of a conditional cash transfer programme on consumption in Colombia”, Fiscal Studies 27 (4), Diciembre, pp. 421-442. Attanasio, O. et al. (2006). “Child education and work choices in the presence of a conditional cash transfer programme in rural Colombia”, IFS Working Papers, W06/01, Enero.
[5] Entrevista a Joaquín Lavín, Diario El Mercurio, Domingo 25 de Septiembre de 2011, Sección C, pag. 10.