Por Eugenio Giolito, académico FEN UAH. PhD en Universidad de Maryland, USA y Lucas Navarro, académico FEN UAH. PhD Universidad de Georgetown, USA.
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 101, 2016.
Luego del fallo del Tribunal Constitucional que declaraba arbitrarios y discriminatorios los criterios de elegibilidad de universidades para la gratuidad en la educación superior (que no ponía requisitos para las universidades del Cruch y sí lo hacía para las privadas), la ley corta sancionada definió –a fines de diciembre pasado– al grupo de instituciones que finalmente entraron al sistema. La ley obliga a las 16 universidades estatales, independiente de sus años de acreditación, a dar el beneficio, y establece como condición para las universidades privadas contar con al menos 4 años de acreditación y no contar en su directorio con instituciones con fines de lucro. Dentro de este grupo adscribieron las 9 universidades privadas del Cruch y 5 de las 9 universidades privadas no pertenecientes al Cruch que podrían hacerlo. Como resultado, hay 30 universidades que se estima, recibirán a 178 mil alumnos beneficiados que provienen del 50% de menores ingresos del país (ingreso familiar de 154 mil pesos por persona).
¿Cuál es el balance que se puede hacer a la luz de cómo quedó conformado el nuevo sistema? En este artículo nos concentramos en dos puntos principales: el posible cambio en la composición y cantidad de alumnos entre universidades elegibles y no elegibles y; el financiamiento. Con la información disponible hasta el momento, no pareciera que la gratuidad haya tenido un impacto en el acceso comparable al ocurrido con la implementación del Crédito con Aval del Estado en el año 2006, ya que el número de estudiantes rindiendo la PSU fue similar al año pasado. Cabe destacar, sin embargo, que las postulaciones aumentaron del 13% con respecto al 2015.
En primer lugar, persisten elementos de arbitrariedad en las instituciones y estudiantes elegibles. Bajo la misma argumentación de discriminación que se llegó a plantear originalmente, seguirá siendo cierto que un número importante de alumnos del sistema no podrán acceder a la gratuidad solamente por no estudiar en la institución “correcta”. En esto incluso, el fundamento de que las instituciones deberán contar con una calidad mínima para ser elegibles se cae, ya que hay tres universidades estatales que no cuentan con el requisito de tener al menos 4 años de acreditación. Esto más allá de la discusión del rol diferencial de las universidades estatales respecto a las privadas (que aún no queda del todo claro). También podría resultar discriminatorio entonces, permitir que los alumnos estudien en instituciones de calidades muy heterogéneas. No por estudiar gratis se debiera renunciar al derecho de cualquier alumno, venga de la familia y colegio del que venga, de exigir una educación de calidad. También surgen cuestionamientos de arbitrariedad por el lado de la demanda. Restringir el beneficio al 50% más vulnerable está dejando a muchas familias, con ingresos levemente superiores a los de elegibilidad, a seguir teniendo que soportar una pesada carga financiera por la educación de sus hijos.
A falta de información concreta, creemos que una forma de aproximar el número de alumnos elegibles para la gratuidad consiste en observar a aquellos que actualmente están en el sistema y provienen de colegios municipales. La Figura 1 muestra el número de alumnos matriculados provenientes de colegios municipales en las distintas universidades hacia 2015. En el gráfico se agrupan las universidades en cuatro categorías: Estatales, Privadas Cruch, Privadas No Cruch con gratuidad y el resto de las Privadas No Cruch. Las universidades de los tres primeros grupos accederán a la gratuidad, pero quedarán cerca del 40 % de los alumnos de colegios municipales que estudian en universidades no adscritas a la gratuidad. Muchas de esas universidades tienen más de 5000 alumnos matriculados que provienen de esos colegios. Posiblemente habrá de este último grupo alumnos que deseen cambiarse a otras universidades para aprovechar el beneficio. También es probable que esas universidades no elegibles sean de menor atractivo para los nuevos matriculados. Y si bien esta mayor demanda por universidades gratuitas podría estar limitado por la restricción al crecimiento de los cupos de 2.7% impuesto por la glosa, las universidades siempre cuentan con sobrecupos autorizados que no usan. Más aún, en 2015 solo una universidad del Sistema Único de Admisión (SUA) completó todas sus vacantes regulares (1).
Obviamente, los distintos puntajes de corte en la PSU de las universidades restringe el conjunto de universidades en las que un alumno elegible para la gratuidad podría estudiar. Es bien sabido que los puntajes PSU de alumnos de colegios municipales son muchos más bajos que los de colegios pagos (2). Lo interesante es que al haber muchas universidades con puntajes de corte PSU bajo fuera del sistema se restringe la oferta de universidades para estudiar gratis para muchos alumnos elegibles. Con esto, la gratuidad no será -por ahora- un factor de competencia entre universidades por alumnos de PSU alta, el contar o no con gratuidad podrá ser un factor relevante para atraer alumnos a las universidades con puntajes PSU de corte más bajo. La Figura 2 muestra la relación entre la fracción de estudiantes de colegios municipales y la PSU promedio de lenguaje y matemáticas de las distintas universidades. Dado que los alumnos de colegios municipales tienen en promedio menores puntajes que los de los otros tipos de colegio, no es sorprendente que, tal como se aprecia en el gráfico, las universidades con mayor proporción de alumnos de colegios municipales tengan PSU promedio más bajo. El punto es que a menor PSU promedio, menor también es el conjunto de universidades elegibles para el creciente grupo de alumnos provenientes de colegios municipales.
Por ejemplo, los casos de la Universidad Autónoma de Chile (UAUT) y la Universidad Católica Silva Henríquez (USCH) que entraron a la gratuidad, no están en el SUA y piden puntajes mínimos de 475 puntos han tenido una muy alta demanda a enero de 20163. Esas universidades presentan puntajes promedio de PSU similares a los de la UST, USS y UNAB que también cuentan con una gran cantidad de alumnos provenientes de colegios municipales, pero por diversos motivos no entraron a la gratuidad (tener 3 años de acreditación, como las tres estatales que entraron, o tener fines de lucro).
En síntesis, con el nuevo sistema probablemente exista una mayor captación de alumnos que estudiaron en colegios municipales por universidades elegibles en detrimento de universidades no elegibles similares. No obstante, todo indica que este cambio composicional no será suficiente para absorber a la gran mayoría de estudiantes de colegios municipales elegibles para la gratuidad que han postulado este año a universidades del sistema. De esta forma, el primer efecto no deseado de la reforma sería que muchos de los estudiantes de menores ingresos terminen pagando por su educación superior, en tanto que otros de relativamente mayor ingreso terminen siendo beneficiados por la gratuidad.
1 Ver http://www.emol.com
2 En efecto, entre los alumnos provenientes de colegios municipales que rindieron la PSU en 2015, el 65.1% obtuvo menos de 500 puntos. Ver http://www.diario.latercera.com
3 Ver http://www.latercera.com