Una discusión que quizás es de las más permanentes en política pública es la que relaciona la educación y la desigualdad económica. Muchas veces esa ella refiere, sin mucha precisión, a la segregación en el sistema educativo como potencial causa de la desigualdad, y muchas veces esta deriva en el tema de la participación del sector privado en la enseñanza básica y media. Si bien también forma parte del debate, es menos frecuente el tema de las potenciales falencias en la formación docente. Para este artículo utilizaremos datos recientes sobre evaluación de la formación inicial docente para reflexionar brevemente sobre este tema.
Por: Eugenio Giolito, Ph.D. en Economía, University of Maryland, EE.UU. Académico FEN-UAH
Publicado en revista Observatorio Económico Nº 140, 2019.
Cuando en 2016, con la sanción de la Ley 20.903 se creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, se estableció que, para obtener la acreditación de carreras y programas, las universidades debían participar de dos evaluaciones diagnósticas sobre formación inicial en pedagogía. De estas evaluaciones, una debería tomarse al inicio de la carrera y otra al menos un año antes del egreso. A partir de la sanción de la ley, el MINEDUC crea la Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial de Profesores, de carácter obligatorio (requisito de titulación para los estudiantes), aunque sus resultados no son habilitantes. La primera evaluación se toma en enero de 2017, constando de 3 pruebas:
- Una Prueba de Conocimientos Pedagógicos Generales (PCP), correspondiente a su nivel de enseñanza: Educación Parvularia, Educación Básica (incluye Ed. Especial) y Educación Media.
- Una Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Didácticos (PCDD), de acuerdo con su nivel o disciplina. En el caso de Ed. Media existen 10 PCDD distintas, y cada estudian-te rinde la que corresponda a su carrera
- Una Prueba de Reflexión Pedagógica (PRP) de carácter piloto.
La Evaluación Nacional Diagnóstica reemplazó a la llamada Evaluación Inicia, que se aplicó entre los años 2008 y 2015 y era de carácter voluntario. El carácter obligatorio de la evaluación permite obtener un panorama mucho más acabado de la formación docente entregada en las universidades, al eliminar los incentivos hacia la selección de los estudiantes que toman la prueba.
Si bien el objetivo de la evaluación está relacionado con el análisis del desempeño de las instituciones de educación superior, para este comentario utilizaremos los datos de la prueba para ver si los resultados de esta tienen algún poder predictor sobre el futuro laboral inmediato de los estudiantes. Para ello nos valemos del acceso público a los resultados de la evaluación 2016 (Centro de Estudios del MINEDUC) y los cruzamos con la información del Cargos Docentes 2018, también disponible públicamente. La información nos permite saber en qué colegio y nivel de enseñanza se encuentra trabajando el docente, así como las horas contratadas para cada cargo que tuviera.
Del cruce de ambas bases de datos surge que, del universo de estudiantes que tomó la prueba en enero de 2017 (algo menos de 13 mil estudiantes en el penúltimo año de carrera), alrededor de un 31% se encontraba realizando tareas docentes en 2018. El aparentemente bajo porcentaje podría explicarse por el hecho de que estos estudiantes deberían haber finalizado su carrera no antes de diciembre de 2017.
Lo primero que cabe preguntarse es si existe relación entre el desempeño en la prueba y la probabilidad de conseguir trabajo inmediatamente a la finalización de estudios. La Figura 1 muestra la relación entre el porcentaje de logro en la PCP y la probabilidad de estar trabajando en 2018. Como puede observarse, parece haber una relación directa entre la nota alcanzada en la prueba y el empleo a corto plazo, tanto para estudiantes de educación básica como media. Aunque podría argumentarse que lo que explica la relación entre ambas variables viene por el lado de la universidad a la que asisten, debemos destacar que esta correlación se mantiene incluso controlando por la universidad a la que asisten.
La segunda pregunta que cabe hacerse, y la cual motiva este breve comentario, es si los resultados que pretende captar la evaluación diagnóstica dicen algo acerca del eventual destino laboral de los estudiantes. Para ello lo que hicimos es, para aquellos estudiantes que efectivamente estaban trabajando en 2018, utilizar la información sobre el porcentaje de estudiantes prioritarios (sujetos de la Subvención Escolar Preferencial) del colegio de destino, para capturar el grado de vulnerabilidad de sus estudiantes. Como muestra la Figura 2, tanto para la educación básica como la media existe una correlación negativa entre los conocimientos evaluados y el grado de vulnerabilidad del colegio en el que trabajan. Como en el caso anterior, esta correlación sobrevive cuando se controla por la universidad a la que asisten y tampoco parece que se observe particularmente en un determinado tipo de colegios. La Figura 3 muestra la relación entre vulnerabilidad y resultado de la prueba de Educación Básica según dependencia, pudiéndose observar que la correlación negativa existe tanto para colegios municipales como subvencionados.
Si bien para dar un diagnóstico más preciso hace falta esperar datos de un mayor número de pruebas y más información sobre el destino final de los estudiantes, las primeras cifras son preocupantes, aunque probablemente no sorprendentes. En pocas palabras, si la prueba está midiendo efectivamente los conocimientos pedagógicos de los futuros profesores, lo que puede verse es que los niños más vulnerables reciben los profesores menos capacitados. Como dato positivo hay que destacar que el hecho que ahora podamos contar con una evaluación obligatoria de la formación inicial docente es el primer paso para diagnosticar y atacar el problema. También es auspicioso el hecho de que la evaluación del desempeño posterior docente se está generalizando gradualmente para incluir a colegios subvencionados. Si estas medidas son o no suficientes lo sabremos con el tiempo.
Como decíamos al comienzo, si la relación entre desigualdad y la educación es tema de permanente debate, una forma de abordar directamente el problema es mediante políticas más activas dirigidas a que los alumnos más vulnerables tengan mejores profesores.
Aunque todo indica que hasta el momento las políticas implementadas para que el acceso a la educación de calidad sea generalizado no han sido suficientes, más allá de eslóganes.