Por: Jorge Rodríguez Grossi
La salud de la economía chilena no está en discusión. En la nueva etapa democrática hemos sido serios y responsables. Gozamos de un prestigio que es patrimonio nacional. No presumimos perfección, pero hemos estado entre los mejores del mundo.
Cómo no querer mucho crecimiento, fin de la pobreza y buena distribución del ingreso. Pero el solo querer no moviliza a la economía. Cierto es que no manejamos todas las variables, y que, si queremos transformar una economía sana en otra más atlética, lo que cambiemos generará costos políticos.
De variables que no dominamos sabemos harto. Siempre nos afectarán las fluctuaciones externas: bien o mal. Con Bachelet nos golpeó un mal escenario económico internacional y la coalición hoy en el poder lo minimizó como argumento. Ahora pagará las consecuencias. La guerra comercial frena el crecimiento y eso deteriora la meta gubernamental. Obviamente el costo político será del gobierno actual: creó expectativas demasiado altas.
¿Y qué pasa con los factores que sí manejamos? El gobierno es responsable en su período de cambiar los factores que frenan una mejor economía. Transcurrido el 30% del plazo de gobierno, apenas de aprecian avances.
Habiendo estudios preparados y consensuados el 2017 para mejorar la ineficaz capacitación laboral Sence, y así elevar la productividad laboral, recién en marzo se ha presentado un proyecto modernizador. Todos ganaremos si se aprueba. En el caso de INE, solo recientemente se retomó la tramitación de un proyecto consensuado. Posiblemente el gobierno se ha equivocado al sopesar la urgencia de las prioridades legislativas, dando prioridad a iniciativas controvertidas con escasa posibilidad de impactar positivamente.
Es conocida, por ejemplo, la necesidad de agilizar, sin relajar, las tramitaciones ambientales. Dilatar estos procesos hace más caro invertir. Cuando ello es lo prudente es preferible decir rápido que no al inversionista en vez de tramitarlo.
Si a lo anterior sumamos la necesidad de obtener decenas de permisos una vez superado el examen ambiental, y enfrentar habitualmente litigios legales, tenemos un conjunto de cuellos de botella que frenan inversiones que podrían hoy contrapesar los costos de la guerra comercial. Preocupa, a propósito, la información sobre el mayor desgano de la banca para financiar proyectos inmobiliarios precisamente por estas razones.
El gobierno ha mostrado su disposición a enfrentar el problema, pero qué urgencia le da. El desafío es complejo, y a lo técnico hay que sumar habilidad política. La regulación de lo laboral, la modernización tributaria y la reforma de pensiones son todos aspectos necesarios, pero ya pasado un buen tiempo hay avances modestos en el Parlamento. En todos ellos hay sensibilidades complejas que hay que resolver si queremos cambios perdurables. Hacer estas y otras reformas debiera mejorar el desempeño de la economía local, a pesar del marco deteriorado. Y buscar hacerlo conquistando una gran mayoría del Congreso ayudaría a mejorar el mal clima político que también afecta negativamente el proceso de inversión y crecimiento.
La “Concertación” casi siempre gobernó con minoría en el Congreso. Y lo hizo exitosamente en materia económica y social. Tuvo capacidad de generar acuerdos políticos- económicos y ello atrajo un enorme flujo de inversión, porque aseguró continuidad en el largo plazo. La tensión política actual no muestra un futuro con grandes consensos. Lograr revertir esa atmósfera con buenas iniciativas es el principal desafío gubernamental.
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