La brecha entre el nivel de las pensiones y lo que la ciudadanía considera “razonable” es uno de los principales desafíos de nuestro sistema previsional. A diciembre de 2018, la mitad de los 684 mil pensionados por vejez en el sistema de AFP recibió menos de $152.000. Esta cifra es significativamente inferior al sueldo mínimo y a lo que las encuestas sugieren como una pensión razonable (en torno a los $400 según Clapes).
Pese a sus diferencias ideológicas, eficiencia y efectividad, las propuestas del Gobierno y opositores se basan en cuatro alternativas complementarias: (1) aumentar el ahorro previsional (vía mayor cotización obligatoria y/o incentivos al ahorro), (2) aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones (perfeccionando la regulación de las inversiones), (3) aumentar los aportes del Estado (a través de impuestos y/o reasignaciones presupuestarias), (4) posponer la edad de jubilación (de manera obligatoria y/o vía incentivos).
El resultado común de las propuestas en discusión es que difícilmente lograrán aumentar las pensiones a los niveles que la ciudadanía considera razonables y de manera sostenible. Esto se explica principalmente por características estructurales de nuestra economía que son difíciles de cambiar. A modo de ejemplo, con la tasa de cotización actual del 10%, una mujer que percibe un ingreso de $350.000 y cotiza 45% del tiempo entre los 20 y 60 años, en la práctica ahorra $35.000 mensuales por 18 años. Esto es claramente insuficiente para financiar por 30 años una pensión que sea considerada “digna”. El panorama de los hombres no es mucho mejor.
En este contexto, es necesario aterrizar las aspiraciones de la población y evitar la formación de expectativas que difícilmente se cumplirán. No hacerlo podría alimentar una percepción de engaño y cultivar un estado de descontento en el futuro. En efecto, las marchas que observamos en 2016 dieron una muestra la influencia de la calle en la política previsional. Durante el Gobierno de la presidenta Bachelet se produjo un cambio en la agenda de Gobierno, se realizaron dos anuncios presidenciales en cadena nacional y se presentaron tres proyectos de ley. El tema pensiones estuvo en el centro del debate de la campaña presidencial y dio origen a la propuesta de reforma que se discute actualmente. Algunas AFP empezaron a ofrecer cuentas públicas, aumentaron su gasto en publicidad y educación previsional, redujeron comisiones e incluso ahora ofrecen cupones de descuento.
La percepción de promesas incumplidas, el bajo nivel de conocimiento previsional y un debate polarizado podrían dar sustento político a iniciativas que aumenten innecesariamente los costos del sistema o reduzcan las pensiones en el largo plazo. Algo de esto ya lo hemos visto en propuestas de distintos colores políticos que comprometen aspectos técnicos a cambio de mayor legitimidad.
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