“Consultoría para diagnóstico del expediente digital”, ese es el nombre de la convocatoria pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que fue adjudicada, en abril de este año, a un equipo multidisciplinario de la FEN. La ejecución del proyecto, que se encuentra en su etapa de cierre, contempló en noviembre una visita técnica y estratégica a la sede central de la Corte, ubicada en San José de Costa Rica, oportunidad en la que se reunieron con los encargados de cada una de las áreas que se definieron como integrantes del Comité Técnico del Proyecto y con las autoridades de la institución en orden a intercambiar los elementos centrales para completar la consultoría.
La convocatoria de la Corte IDH se enmarca en su proceso de fortalecimiento institucional que busca optimizar y agilizar todas sus capacidades, de tal manera de “seguir avanzando en este proceso de tramitación electrónica de sus casos con la finalidad de dar los pasos necesarios para crear y contar con un expediente digital de acceso a todas las partes”, consignó la institución en su llamado público. La Corte es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La comisión que viajó hasta San José de Costa Rica estuvo integrada por el decano de la FEN, Eduardo Abarzúa; el coordinador General del proyecto, Andrés Mahnke; Gastón González, experto en sistemas, procesos y arquitectura informática y Andrés Ruz, experto en gestión y procesos. Las reuniones de trabajo se desarrollaron entre el 10 y 12 de noviembre.
Tras el término de las tres jornadas, el secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra, destacó: “El carácter colectivo de su génesis y desarrollo y el carácter integral de este proceso de transformación, el que involucra todo el modelo de funcionamiento de la organización e incorpora a todas y cada una de las unidades que la componen. Su propósito, también común, busca mejorar la calidad de vida de quienes integran la Corte y de la respuesta que brinda a las personas en cumplimiento del mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, impactando en la transparencia, oportunidad, cobertura y fortaleciendo el acceso a la justicia principalmente de quienes se encuentran en complejas condiciones de vulnerabilidad”.
En tanto, el decano Abarzúa, valoró la adjudicación y ejecución de este proyecto en el marco del compromiso de la Facultad, y de la Universidad en su conjunto, con materias vinculadas al desarrollo de la investigación aplicada a políticas públicas, la cual está guiada por la convicción de mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente las más desposeídas, y con pleno respeto a los derechos humanos: «Colaborar en el mejoramiento de la gestión de un organismo internacional como la Corte Interamericana es un aporte a lo público que hoy traspasa las fronteras nacionales, visto el tamaño y la complejidad de los problemas a resolver en el continente».
Disminuir las brechas digitales de acceso a la justicia en las Américas
Mahnke, quien fue Defensor Nacional de nuestro país, explicó que el objetivo general del proyecto apuntó a: “Realizar un diagnóstico integral a partir de la realidad actual de la tramitación electrónica de Casos Contenciosos, Opiniones Consultivas, Medidas Provisionales, y casos en etapa de Supervisión de Cumplimiento, de modo que permita establecerse una hoja de ruta de los diferentes procesos y requerimientos necesarios, para desarrollar y contar con un expediente digital a la medida de las necesidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Para su logro, se conformó un equipo de profesionales con competencias y experiencias dirigiendo
proyectos nacionales e internacionales en distintos ámbitos: planificación, desarrollo y evaluación de políticas públicas en materia de derechos; procesos de reforma y transformación de sistemas de Justicia; modernización del Estado; innovación y desarrollo tecnológico en el sector; abordaje de las problemáticas de brecha digital y diseño y aplicación de ciencias de datos e inteligencia artificial.
Este es un proyecto, sostuvo Mahnke, que: “Vincula la Tecnología con la promoción y protección de los derechos humanos” y contribuirá a: “Posicionar a la Corte como el primer Tribunal Internacional que incorporará tramitación digital a su funcionamiento”, fortaleciendo así, el acceso a la justicia en las Américas al reducir las brechas digitales que obstaculicen su quehacer.
Y, precisamente, robustecer estos mecanismos de tramitación digital implica: “Orientar los procesos de transformación digital al servicio de las personas, especialmente facilitar el acceso de las personas que presentan graves y especiales condiciones de vulnerabilidad, promoviendo así disminuir las brechas de desigualdad y discriminación”, concluyó.